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La Inspección de Trabajo endurece el control de cotizaciones por accidente

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social está llevando a cabo un amplio plan de inspección a las empresas para comprobar sus cotizaciones sociales por accidentes de trabajo con una aplicación de la ley mucho más severa que antes. Las inspecciones se están cerrando con reclamaciones millonarias en muchos casos.

Las cuotas que se abonan para cubrir las contingencias de accidentes de trabajo se calculan en función de una tarifa que incluye tipos de cotización diferentes en función de la actividad de la empresa y de la ocupación del trabajador. Lógicamente, cuanto más riesgo tiene la actividad, la cuota a la Seguridad Social para cubrir las consecuencias de un accidente de trabajo es mayor. Así, el tipo máximo es el 7,15% que se aplica a los mineros, seguido del 6,70% para los trabajadores de la construcción y el 6,20% de los espectáculos taurinos. La cotización más baja es el 0,90% aplicada a la confección de prendas de vestir. Eso por lo que se refiere a la actividad de la empresa, pero hay un segundo cuadro de tarifas subsidiario que se refiere a los tipos aplicables a ocupaciones y situaciones en todas las actividades. En este último se encuadran los conductores de camiones (con un tipo del 6,70%), el personal de limpieza (cuota del 3,60%) o el personal de oficina (con un tipo del 1%).shutterstock_166288760

Y aquí es donde está la clave de este plan de control del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que se está resolviendo con decenas de actas de inspección.

Una empresa que esté encuadrada en un sector de riesgo y, por tanto, soporte un tipo de cotización elevado, normalmente cuenta con personal de oficina por el que cotiza sólo al 1%. Este sistema, vigente desde 2007, permitía que determinado personal de una empresa dedicada a una actividad de riesgo cotizara por un tipo más bajo al realizar trabajos de oficina. Las empresas, señalan desde el Ministerio, aprovechaban para ‘engordar’ lo que encuadraban dentro del personal de oficina con el fin de cotizar menos, aunque estrictamente esos empleados no fueran oficinistas. Y, hasta ahora, la Administración tenía una actitud un poco «laxa» en este aspecto.

Sin embargo, en la actualidad, la Administración “le ha dado una vuelta de tuerca” a la aplicación de la tabla de cotizaciones y es mucho más dura. De tal manera que la inspección está exigiendo que todos los trabajadores de una empresa coticen por accidentes de trabajo en el epígrafe que corresponde a la empresa, independientemente del trabajo que realicen dentro de ella.

En esta nueva actitud de la inspección han influido dos elementos. El primero, una sentencia de la Audiencia Nacional de noviembre de 2014 en la que estima un recurso de la Tesorería de la Seguridad Social. La Audiencia dictamina que, para poder cotizar al 1% correspondiente al personal de oficina, no sólo basta que se trabaje únicamente en oficina sino que es necesario que en esos puestos se desempeñe una ocupación que difiera de la actividad de la empresa. El supuesto planteado era si se podía aplicar la tarifa de personal de oficina al personal técnico de ingenieros y consultores, no administrativo, de una empresa de ingeniería que desempeña su trabajo exclusivamente en oficinas. La Audiencia concluye que debe aplicarse el tipo de cotización de la actividad de la empresa (servicios técnicos de arquitectura e ingeniería) y no el de personal de oficina, que sólo son los administrativos. Apoyándose en esta sentencia, la Administración está echando abajo muchas adscripciones de trabajadores como personal de oficina y exigiendo cotizaciones más altas a las empresas. A ello se añade que en el nuevo sistema de liquidación electrónica de cuotas de la Seguridad Social se exige el convenio colectivo y ahí queda rápidamente adscrito a la actividad de la empresa.

El impacto de estos controles y aplicación de la norma en los pagos de las empresas y, en consecuencia, en los ingresos de la Seguridad Social, es muy relevante. Por ejemplo, una empresa dedicada a la ingeniería civil tiene un tipo de cotización del 6,70%, lo que supone 5,7 puntos porcentuales más que la cuota por el personal adscrito a oficina. El porcentaje se aplica sobre la base de cotización, que es básicamente el sueldo (aunque la base reguladora está topada en 3.605 euros).

Las actas son verdaderamente elevadas. Suponiendo una empresa de 1.000 trabajadores con un sueldo medio de 2.500 euros que tuviera a la mitad cotizando como personal de oficina y a la otra mitad como trabajadores de ingeniería, la nueva interpretación de la Administración le supone un acta de inspección de más de tres millones y medio de euros (la revisión incluye los últimos cuatro años) y, a futuro, tener que cotizar anualmente 900.000 euros más (por los cinco puntos más de cotización cada mes en ese medio millar de trabajadores).

SISTEMA DE BAJAS MEDICAS – UNA LOCURA ?

«Es una locura», «no estamos preparados», «nadie nos ha preguntado». Son algunas de las frases que los médicos de Atención Primaria exclaman cuando hablan de la nueva norma que el Ministerio de Empleo ha aprobado para regular las bajas médicas y que, si no lo remedia nadie, entrará completamente en vigor el próximo 1 de diciembre. Fecha que piden retrasar tanto los médicos de familia como los de urgencias y los inspectores de Sanidad, alegando que el sistema no está preparado y que se colapsará con el nuevo Real Decreto (RD).14473413272314

La normativa por la que los trabajadores se acogen a una incapacidad temporal (IT) -más conocida como baja médica- está a sólo unas semanas de cambiar por completo. Aunque en su momento pasó desapercibido, el pasado mes de julio, el Ministerio de Empleo aprobó un RD por el que se regulan aspectos sustanciales de esta prestación. Aunque varios de sus puntos ya han entrado en vigor, será el próximo 1 de diciembre cuando comiencen a aplicarse el grueso de las medidas.

Sin embargo, los médicos de familia, representados en el Foro de Atención Primaria, han pedido en varias ocasiones al Gobierno la paralización de esta reforma, al menos hasta que el sistema esté listo para asumir los cambios que introduce. Pero no son los únicos descontentos con el texto resultante: los inspectores de Sanidad tampoco están satisfechos, mientras que las Mutuas de trabajo, por el contrario, sí que ven con buenos ojos la nueva norma. También la defiende, evidentemente, su responsable, el ministro de Empleo. Desde este departamento explican a EL MUNDO que su objetivo es «hacer un sistema más cómodo para el usuario y los servicios públicos de salud».

Cuatro tipos de bajas

Entre los cambios que se prevén, está que el médico tendrá que determinar desde el primer día cuánto va a durar una baja. Porque el Decreto agrupa ahora todas las IT en cuatro tipos, en función de la dolencia del paciente y del tiempo que el facultativo estime oportuno que deberá quedarse en casa.

También cambia la frecuencia con la que el trabajador debe acudir a su médico de cabecera para que le renueve el alta. Hasta ahora, debía acudir a consulta una vez a la semana, pero a partir del 1 de diciembre, esto será distinto. Si la baja es de cinco días naturales o menos, el paciente no tiene que acudir a renovar su baja en ningún momento, puesto que el parte de alta y baja se realizará en el mismo acto médico. Cuando la baja oscile entre los cinco y 30 días, el primer parte de confirmación se realizará a los siete días, y los siguientes, cada dos semanas. Para los enfermos cuyo médico establezca una baja entre los 30 y 60 días naturales, el primer parte será los siete días, y los siguientes, cada 28. Y por último, para las bajas de 61 días o más, el primero se renovará a los 14 días y los posteriores, cada 35.

Se agilizan, pues, los trámites, porque en el caso de que la persona esté de baja más de cinco días, ya no tendrá que acudir al médico cada semana. Sin embargo, los médicos de familia advierten de que el sistema no está preparado para que la nueva rutina entre en vigor en apenas dos semanas. «Va a ser incumplible», señala Francisco José Sáez, vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y coordinador del Grupo de IT del Foro de Médicos de Atención Primaria, quien señala que «por el momento, ninguna Comunidad Autónoma (CCAA) tiene los nuevos partes de baja: sólo están publicados en el BOE».

Este médico explica que «en ninguna CCAA se ha desarrollado el procedimiento para que el RD pueda entrar en vigor». «En el futuro, cuando todo esto se desarrolle, sí que será mejor que la anterior norma, pero, por ahora, estamos pidiendo la paralización porque, a fecha de hoy, es imposible que se pueda empezar a cumplir el 1 de diciembre», explica Sáez en conversación con EL MUNDO.

La burocracia también cambia para las personas ingresadas en un hospital. Ahora el centro da un documento en el que se acredita su situación y, con ese papel, un familiar se dirige al médico de familia para que le dé la baja. «Pero en ese documento no se dice qué le pasa al paciente. No sé si está ingresado por una apendicitis o por un cáncer», explica Sáez.

Sin embargo, a partir de diciembre, esa información sí que será necesaria, porque en función del diagnóstico, el tipo de baja será una u otra. Sin embargo, según apunta Sáez, el desarrollo de esta medida tampoco está contemplado: «Algo tan sencillo como que exista una comunicación estable con el hospital para saber qué le pasa al trabajador no se ha establecido», dice. José María Morán, médico inspector y Vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios (FAISS), se expresa en la misma línea: «Ni nuestros programas informáticos ni los de ningún médico de Atención Primaria se han adaptado en ninguna CCAA para poder aplicar esta norma».

Semejante descontrol se niega desde el Ministerio de Empleo: «No tenemos constancia de que haya problemas», aseguran. El Ministerio de Sanidad, por su parte, recalca que este asunto está en manos de la cartera de Empleo y que, en cualquier caso, las competencias de política sanitaria están transferidas a las CCAA. Los médicos aseguran que Empleo «no les reconoce como interlocutores», mientras que desde Empleo señalan que «han tenido en cuenta a todas las partes implicadas». Un cruce de acusaciones donde nadie parece ponerse de acuerdo.

Con el número de su Clasificación Nacional de Ocupación aprendido. Así es como va a tener que acudir al médico el trabajador cuando solicite una baja. Desde el 1 de diciembre, «el código nacional de ocupación pasa a ser un requisito obligatorio para dar la baja», cuenta Sáez. Hasta ahora, «le preguntábamos a los pacientes en qué trabajaban y, en función de eso, decidíamos si debíamos darle la baja o no, pero ahora, si el paciente no conoce su código, no podremos darte la baja».

Da la baja quien hace el reconocimiento

Además, la baja, advierten los médicos de familia, ahora deberá ser emitida no por ellos sino por el médico que haya atendido al paciente, que puede ser el de Urgencias. Porque, el RD 625/2014 recoge literalmente que «la declaración de baja médica, en los procesos de incapacidad temporal, cualquiera que sea la contingencia determinante, se formulará en el correspondiente parte médico de baja expedido por el médico del servicio público de salud que haya efectuado el reconocimiento del trabajador afectado».

De esta forma, la IT debería darla quien reconozca al paciente, que es, en muchísimos casos, un médico de urgencias hospitalarias. «Nosotros, como médicos de cabecera, hacíamos hasta ahora una interpretación de lo que al paciente le habían dicho en el hospital y le dábamos la baja, pero esto ahora quedaría derogado», señala Sáez.

Desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) admiten que no estaban al tanto de este cambio que les atribuiría nuevas funciones, y se quejan de que nadie «les haya preguntado» a la hora de redactar el RD. Juan González, presidente de SEMES, explica que la norma ha sido «muy mal acogida por las CCAA», y asegura que «si esto se va a tener que hacer sí o sí, va a haber problemas».

Según explica González, en realidad, «la idea de que se de la baja en Urgencias, en vez de que el enfermo tenga que ir dando vueltas de un lado a otro pidiendo su baja, está bien, pero el problema es que todo esto no está automatizado». «Si yo le asignase a un paciente en Urgencias un diagnóstico directamente, y después él se fuera a la ventanilla, y ahí el dieran la baja firmada por el médico responsable de ese día, sería perfecto. El problema es que no creo que eso vaya a funcionar así», relata el presidente de SEMES, quien recuerda que Urgencias es un servicio «con una actividad clínica enorme» y donde «ni siquiera hay una tabla de códigos de diagnósticos implementada».

Portavoces del Ministerio de Empleo llaman a la calma y señalan que se está haciendo una «interpretación» errónea de esta parte de la norma. «Una cosa es quién reconoce y otra quién atiende», apuntan, pero sin aclarar mucho más.

Interpretación o no, lo cierto es que la norma no está 100% clara, y el Foro de Atención Primaria ya ha mandado un aviso, solicitando a los médicos que sean «absolutamente estrictos en el cumplimiento del RD«, lo que supone que «sólo asumirían la IT en aquellas patologías cuyo diagnóstico y seguimiento realicen directamente». «Vamos a cumplir rigurosamente la ley, aunque somos conscientes de que esto va a generar problemas a nuestros pacientes», señala Sáez, quien explica que se van a distribuir unas hojas informativas para dejar claro «que si no damos una baja no es porque no queramos, sino porque no podemos».

Las mutuas ganan poder

El tema de las mutuas ha sido otra de las grandes batallas de este RD. Con la norma, según cree el vicepresidente de FAISS, «se ha puesto al mando de todo el sistema de IT a las mutuas, que no son más que asociaciones de empresarios». Esta federación afirma que la nueva ley deja a los inspectores «sometidos a la censura de las mutuas en su gestión de la IT». Se trata de una opinión compartida por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), cuyo presidente, Manuel Martín, considera que el RD «refuerza el papel de las mutuas, que son empresas al servicio de las patronales».

En algún borrador de la norma se planteó la posibilidad de que los médicos de las mutuas pudieran realizar propuestas de alta por contingencia común [esto es, por una enfermedad no laboral] que, si no eran respondidas en un plazo de cinco días por los médicos del sistema público, obligaría al trabajador a reincorporarse inmediatamente a su puesto.

No obstante, el texto definitivo ha suavizado este punto, matizando que si las propuestas de alta no son respondidas, la inspección médica «podrá acordar el alta médica, efectiva e inmediata». De esta forma, señalan desde el Ministerio, «siempre tiene la última palabra un médico del sistema público». Sin embargo, desde FAISS consideran que «en cinco días, es imposible responder una propuesta de alta, es un aquí te pillo aquí te mato«.

«Los inspectores no somos la correa de transmisión de una decisión apresurada, y no vamos a dar de alta a un paciente sin verlo», señala Morán, quien recuerda que cuando a un inspector le llega una propuesta de alta de una mutua, éste tiene que «enviarla a su médico de cabecera, para que llame al paciente, y si lo localiza a tiempo, razonar, en el caso de que discrepe con la Mutua, por qué mantiene a la persona de baja». Todo esto, hasta ahora, se determinaba en un plazo de 15 días, pero la nueva norma acorta este período a cinco. «Se han puesto los plazos cortos para forzar una respuesta, es una coacción temporal«, opina Morán, quien puntualiza que, en la actualidad, esta medida, que ya está en vigor, se está incumpliendo, porque «el plazo no es realista».

Por su parte, desde la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), el director de su departamento jurídico, José Antonio Meneses, explica a EL MUNDO que la valoración que hacen las mutuas de este RD es «positiva», aunque no haya ido tan lejos como a ellos, en un principio, les hubiera gustado. Su reivindicación original era que los médicos de las mutuas, «como especialistas en el ámbito laboral que son», pudieran dar de alta a los pacientes por contingencia común sin pasar por el médico de cabecera. «Es lo que venimos haciendo desde hace años con la contingencia profesional sin ningún tipo de controversia», apunta Meneses, al tiempo que asegura que las Mutuas «no quieren dar altas prematuras» pero sí «evitar abusos indebidos de las IT».

Igualmente, en la nueva Ley de Mutuas que acompaña al RD, se establece que estas entidades «podrán realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores [al paciente que está de baja], con la finalidad de evitar la prolongación innecesaria [de la IT]». Esto supone que la mutua podrá adelantar a un paciente que está de baja esa rehabilitación o ese TAC que necesita hacerse pero que, por las listas de espera, se está demorando. Más tarde, facturaría el coste de estas prestaciones al Sistema Nacional de Salud.

En opinión de Morán, esta medida, en teoría, sería positiva «porque el paciente recibe una asistencia más pronta y la mutua tiene a su trabajador menos tiempo de baja». Sin embargo, de facto, «es sumamente preocupante, porque significa, en realidad, que la persona que está de baja tiene una vía prioritaria a los servicios del sistema que el resto de contribuyentes», considera Morán, que interpreta que estar de baja podría ser una forma de sortear las listas de espera de la Sanidad Pública.

Más burocracia

La idea de cambiar la legislación, según explica el Gobierno, vino motivada por el deseo de «agilizar los trámites, ahorrar costes burocráticos y reducir el número de partes». Sin embargo, los médicos de familia discrepan con esta visión y creen que, en realidad, el efecto podría ser contraproducente. «Al final, para curarnos en salud, los médicos acabaremos dando bajas largas a todos», apunta Sáez.

Otra de las quejas de los médicos es la exigencia de presentar unos informes complementarios que acompañen a ese segundo parte de confirmación de la baja, y que se irían actualizando, necesariamente, con cada dos partes de confirmación. En ellos, el facultativo deberá explicar «las dolencias padecidas por el trabajador, el tratamiento médico prescrito, las pruebas médicas en su caso realizadas, la evolución de las dolencias y su incidencia sobre la capacidad funcional del interesado».

Desde el Foro de Atención Primaria creen que este sistema establece «una burocracia basada en la desconfianza al profesional«, y consideran que los partes de confirmación de baja ya son una justificación suficiente de que el paciente continúa enfermo. Por su parte, en la FADSP apuntan que el RD también «establece una desconfianza en el trabajador, al que se le presupone un ansia de defraudar, y atenta contra el papel que de coordinación de un servicio de atención integral que hasta ahora tenían los médicos de familia».

Así las cosas, desde el Foro de Atención Primaria consideran que la entrada en vigor de lo que todavía no se está aplicando de este RD generará «un conflicto entre profesionales», pero recuerdan que son ellos quienes tienen enfrente al paciente, y por tanto, quienes más perjudicados pueden resultar: «Estamos lanzando un grito desesperado de que esto no puede empezar a cumplirse el 1 de diciembre. Si alguien llega con una necesidad médica y quiere pedir una baja pero tú no puedes dársela, puede que haya problemas», dice Sáez, que resume esta situación como «absurda».

Fuente: EL MUNDO

Novedades en la Gestión con las Mutuas

Desde el pasado 1 de enero, ha entrado en vigor la nueva Ley de Mutuas

Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación al régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y  Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.

Tal como se señala en el preámbulo de la norma, ésta tiene por objetivo modernizar el funcionamiento y gestión de las mutuas, reforzando los niveles de transparencia y eficiencia y contribuyendo a la lucha contra el absentismo laboral injustificado y a la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.

Los aspectos más relevantes son:

  • Cambio en la denominación

Pasan a denominarse por la presente ley, Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

  • Eliminación del uso de servicio de terceros

Se elimina, respecto a la anterior legislación, la posibilidad del pago de los servicios de terceros para realizar las gestiones de índole administrativa que correspondan a las mutuas como complemento de su administración directa. Así, ya no podrán retribuirse estas actividades a partir de la entrada en vigor de la presente ley y consecuentemente, los contratos suscritos para tal finalidad quedan rescindidos.

  • Respuesta a las Reclamaciones

Las mutuas responderán directamente las reclamaciones que se les efectúen, con posterior remisión de dichas reclamaciones junto con la respuesta emitida por la mutua al Órgano de dirección y tutela.

  • Asociación de empresas y adhesión de trabajadores por cuenta propia

Se determina un plazo de vigencia de documentos de asociación y de adhesión de un año, que podrá prorrogarse por periodos de igual duración, finalizando así, el periodo de moratoria. Se articula un periodo transitorio para aplicar los plazos de vigencia de los convenios de asociación y adhesión. En el plazo de seis meses, se habilita al Gobierno para que apruebe reglamentariamente los procedimientos de formalización de los documentos de asociación, su contenido y efectos.

  • Actuaciones en Incapacidad Temporal derivada de Contingencias comunes

Se faculta a las mutuas para realizar actuaciones de control y seguimiento en contingencia común desde el día de la baja médica. También se posibilita a las mutuas la realización de pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores, principalmente en los centros asistenciales propios, con la finalidad de evitar la prolongación innecesaria de los procesos previa autorización del médico del Servicio Público de Salud. La norma también regula el procedimiento de las propuestas de alta médica que las mutuas pueden plantear en casos de contingencia común.

  • Cese de actividad de los Trabajadores autónomos

Respecto al sistema específico por cese de actividad de los trabajadores autónomos, la cobertura pasa a ser potestativa y desligada de la de accidente de trabajo. También se flexibilizan las condiciones de acceso a la prestación.

  • Regulación interna de las mutuas

Se regulan determinados aspectos de la estructura interna de las mutuas y se articula la participación de los agentes sociales. Se dispone la incorporación de un trabajador por cuenta propio adherido en la Junta Directiva de las mutuas.

  • Sociedades de Prevención de las mutuas

Se obliga a la enajenación de las Sociedades de Prevención. Hasta el 31 de marzo de 2015 deben presentarse propuestas de venta y como fecha límite 30 de junio deberán sido enajenadas 100%. En caso contrario, se producirá la disolución de la Sociedad.

  • Cotización por contingencias profesionales

El Gobierno abordará en el plazo de un año la actualización de la regulación de la cotización por contingencias profesionales en relación con los siguientes aspectos: actualización de la Tarifa de cotización por contingencias profesionales y la modificación de la regulación del Sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, con el fin de agilizar su tramitación e implementación de un sistema objetivo basado en el comportamiento de la siniestralidad. Asimismo, la Ley contempla la posibilidad, pendiente de reglamento, de la participación de las mutuas en estos incentivos, previo acuerdo con la empresa y autorización del Ministerio.