Os dejamos unos breves comentarios al Real Decreto 1461/2018 por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta, en materia de deducciones en la cuota diferencial por circunstancias familiares, obligación de declarar, pagos a cuenta, rentas vitalicias aseguradas y obligaciones registrales:
COMENTARIOS REAL DECRETO 1461/2018
La Firma Apunta En Un Comunicado Que Ha Habilitado Una Herramienta Online Para Declarar Correctamente La Información Reclamada Para El IRPF U Otros Impuestos De Carácter Turístico
Airbnb, plataforma de alquileres privados vacacionales, compartirá con la Agencia Tributaria a partir del próximo 1 de enero la información disponible sobre las transacciones de los anfitriones desde 2018. Ello supone postergar la fecha de inicio que en un principio estaba prevista para octubre pero que poco a poco se ha ido retrasando. La firma ha apuntado en un comunicado que ha habilitado una herramienta online para declarar correctamente los datos reclamados.
En concreto, la información que tienen previsto compartir la plataforma irán desde los ingresos de los anfitriones a detalles de sus anuncios como el nombre o la dirección.
Como ha declarado Patrick Robinson, el director de Políticas Públicas de Airbnb en un comunicado, el objetivo consiste en hacer lo más simple posible el proceso del Impuesto sobre la Renta. Para ello, la plataforma está colaborando con la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) y la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC). En concreto, se entregará a los anfitriones una guía de impuestos y se abrirá una línea directa gratuita para aquellos que quiera obtener una mayor información.
De cualquier modo, se trata de una experiencia similar a la desarrollada en otros países. Como han recordado desde la compañía, han apoyado ya incentivos fiscales para los anfitriones en Dinamarca así como establecido una colaboración similar a la que tendrán con Hacienda en Irlanda desde 2016.
En este sentido, desde la plataforma han apuntado que un anfitrión se queda con 97 céntimos de cada euro del precio que cobran a quienes alquilan su espacio, y que ya están colaborando con más de 500 gobiernos de todo el mundo automatizando el cobro de tasas turísticas en ciudades como Lisboa u Oporto.
Fuente: 24 España
La justicia aclara que el Estado debe demostrar una conexión directa entre dueños, plantilla y actividad
Desde el inicio de la crisis financiera en septiembre de 2008 hasta ahora, 10 años después, se han disuelto en España más de 210.000 empresas, muchas de las cuáles dejaron cuantiosas deudas pendientes con el fisco. En este mismo plazo, sin embargo, se han constituido a su vez más de 908.000 nuevas compañías, según los datos recopilados por Instituto Nacional de Estadística (INE). En algunos casos, se trata de negocios que heredan la actividad, pero también las responsabilidades fiscales, de las firmas extintas. Así, en los últimos años, se ha convertido en una práctica habitual de la Agencia Tributaria la realización de actuaciones masivas para tratar de recobrar las deudas pendientes reclamándolas a esas empresas sucesorias. La justicia, sin embargo, acaba de acotar estas campañas advirtiendo a Hacienda de que debe probar fehacientemente la vinculación entre ambos negocios si quiere cobrar.
El procedimiento que activa Hacienda en estos casos es el de derivación de responsabilidad tributaria por sucesión empresarial, que está previsto en el artículo 42.1 c) de la Ley General Tributaria. Este establece que “serán responsables solidarios de la deuda tributaria” las personas o empresas que “sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio”.
Hacienda ejecuta esta vía en tres casos. El más claro es cuando se produce la transmisión de la titularidad de la empresa jurídicamente, quedando acreditado el traspaso de la actividad y de las deudas. Una segunda opción es que la administración entienda que se da una “sucesión de facto”, en la que una empresa cesa su actividad aparentemente pero esta continúa en manos de otra persona o entidad que evitan certificar la sucesión para tratar de eludir la deuda. Finalmente, Hacienda también aplica la derivación de responsabilidad cuando detecta que una firma adquiere elementossuficientes de una empresa en extinción como para entender que continúa la actividad de la anterior.
De esta herramienta se sirvió la delegación de Valencia de la Agencia Tributaria para reclamar una deuda de 724.606 euros a una compañía S.L. alegando que sucedía a una S.A. deudora. Ante el recurso presentado por la firma afectada, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana tumbó la actuación de Hacienda al considerar que esta no había justificado con pruebas fehacientes la conexión entre ambas compañías.
Las evidencias aceptables para la justicia son, fundamentalmente, que haya coincidencia en la actividad o explotación de ambas sociedades; que se dé una vinculación personal entre sus socios y administradores o que se repitan los proveedores, clientes y trabajadores. Aunque el fisco apuntó a la confluencia de varios de estos supuestos en el caso judicializado, el tribunal valenciano le advierte de que no basta con que lo denuncie pues en la documentación aportada “no consta” prueba que justifique sus conclusiones.
La resolución, a la que ha tenido acceso este diario, recuerda que tanto la Ley General Tributara como el Tribunal Económico-Administrativo Central(TEAC) son claros a la hora de imponer al Estado la carga de la prueba.
“Para el tribunal, un informe no tiene, a diferencia de las diligencias y actas de la inspección, carácter probatorio pleno”, explica el abogado Salvador Salcedo, socio del bufete Ático Jurídico, subrayando que “es la administración la que deberá acreditar, en cada caso, los elementos materiales y formales, en base a los que considere que ha existido una sucesión en la actividad empresarial”. “Y en caso de no justificarse los mismos, la derivación de responsabilidad podrá anularse en los tribunales”, aduce Salcedo.
El fallo del tribunal, asevera el letrado, abre la puerta a que otras empresas que estén siendo objeto de un procedimiento de derivación de responsabilidadtributaria puedan paralizar o anular las exigencias de cobro injustificadas.
Fuente: Economía
Estimado Cliente;
Le informamos de que hoy se ha publicado el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidasurgentes en materia de vivienda y alquiler.
Dicho Real Decreto-Ley se resume en 3 modificaciones fundamentales para el mercado de la vivienda y el alquiler, que detallaremos a continuacion y varias medidas fiscales.
Conservar facturas completas de IVA, la documentación soporte de los gastos contabilizados y cualquier justificante que acredite que están relacionados con la actividad de la empresa para evitar problemas con el fisco. Esos son algunos de los consejos ofrecidos en la jornada de la Asociación de Asesores Fiscales de la Comunitat sobre el cierre contable y fiscal de 2018.
Según los expertos, la mayor parte de las reclamaciones de fondos que realizan los inspectores de la Agencia Tributaria giran en torno a la correcta acreditación de que el gasto contabilizado y deducido está correlacionado con los ingresos de la empresa, y «no siempre es fácil de probar». En este sentido, recuerdan que es el contribuyente quien debe probar que un gasto es deducible.
Respecto a las dietas y kilometraje de trabajadores, en la jornada se insistió en que la empresa debe conservar toda la documentación que justifique que el gasto «corresponde a un desplazamiento o visita cierta y necesaria para la actividad mercantil».
