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Inspecciones por videoconferencia: Hacienda impulsa las investigaciones telemáticas tras el Covid

  • La Aeat destaca que la herramienta «acerca» la oficina al contribuyente
  • Los asesores critican que carga con más obligaciones a los ciudadanos

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Trabajo busca una solución con Hacienda para que los trabajadores en Erte no tributen de más en la Renta.

El SEPE comunicará en breve los cobros indebidos de forma automatizada

El Servicio Público de Empleo (Sepe) ha cerrado un acuerdo con la Agencia Tributaria (Aeat) para actualizar cada mes los datos de los ingresos percibidos por los trabajadores en Erte con el fin de evitar que cuando llegue la declaración de la Renta de 2020 -que arrancará el 7 de abril- muchos de los beneficiarios de la prestación se lleven la sorpresa de que deben declarar a Hacienda más dinero del que les ha correspondido, según fuentes del Ministerio de Trabajo.

Trabajo busca una solucion con Hacienda para que los trabajadores en Erte no tributen de mas en la Renta. - Trabajo busca una solución con Hacienda para que los trabajadores en Erte no tributen de más en la Renta.

Desde Hacienda aclaran que no se trata de un acuerdo como tal sino el compromiso de que el Sepe mande a la Agencia Tributaria datos actualizados antes del inicio de campaña para tener más afinados los borradores y datos fiscales de la gente en Erte con vistas a la campaña de renta.

La avalancha de prestaciones por Erte ha disparado los cobros indebidos, generalmente por exceso, aunque el Ministerio no ha cuantificado cuántas personas se han visto afectadas por estos errores de gestión. Un problema que se ha agudizado por la lentitud en la gestión de estos cobros indebidos que ha provocado que muchos de los afectados todavía no hayan recibido la comunicación ni la carta de pago que les permita hacer la devolución de lo cobrado por exceso.

Fuentes de la plantilla del Sepe señalan que muchos afectados se han puesto en contacto con ellos para saber cuánto dinero han cobrado de más y expresar su preocupación por la declaración de la Renta, pues les pueden reclamar en función de lo que el Sepe les ha entregado y no por lo que legalmente les correspondía. En definitiva, la diferencia la tendrán que devolver antes o después al Sepe.

Las fuentes del Ministerio de Trabajo explican a elEconomista que además de la actualización de los datos a la Agencia Tributaria se ha establecido un procedimiento abreviado para agilizar la comunicación de los cobros indebidos a los afectados. Desde la plantilla del Sepe explican que se ha producido una mejora en el sistema informático ligado al Covid que permite que cuando el sistema detecta que un trabajador que está o haya estado incluido en un expediente de regulación temporal de empleo haya cobrado de más, le remitirá de forma automatizada la comunicación de lo cobrado en exceso para que pueda realizar sus alegaciones y la carta de transferencia al Banco de España para saldar la cuenta en caso de estar conforme.

Hasta ahora, cuando el sistema detecta abonos irregulares remite una alerta al departamento de cobros indebidos que debe iniciar la tramitación del expediente a mano, lo que ha causado un gran atasco y explica que mucha gente no sepa si ha cobrado de más ni a cuánto asciende su deuda con el Sepe.

Como consecuencia, en las próximas semanas empezarán a llegar las notificaciones alertando del cobro indebido. Sin embargo, el sistema se está implantando de forma gradual en las delegaciones provinciales, por lo que en muchas todavía se sigue realizando toda la tramitación de forma manual. Especialmente en las grandes ciudades.

Además, el sistema detectará los errores aunque la gente siga cobrando, pues hasta ahora se producía cuando un trabajador se diese de alta o de baja. Y acelerará los expedientes que todavía siguen pendientes de notificación.

Fuente: El Economista

El Gobierno impulsará las inspecciones fiscales con otros países a las multinacionales

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Estima que evitará así «controversias futuras», mientras potenciará las medidas cautelares sí cree que el cobro de deudas va a ser obstaculizado o ante insolvencias sospechosas

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El Gobierno fía a una mayor intensidad en la lucha contra el fraude un aumento de los ingresos públicos en al menos 830 millones de euros, según ha comunicado a Bruselas en la actualización de su Programa de Estabilidad 2019-2022. Y una de sus nuevas medidas es impulsar las inspecciones internacionales conjuntas a las grandes multinacionales, fundamentalmente a aquellas que operan en diferentes países pero sitúan su sede en territorios ‘offshore’, esto es, de muy baja tributación como ocurre con algunos de los gigantes de internet.

La inspiración de este «decidido refuerzo» de la cooperación internacional surge de los debates sobre fiscalidad en el G-20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde el Ejecutivo se alineará «por norma y salvo causa justificada con las propuestas más ambiciosas». En España lo ha impulsado la Alianza por la Responsabilidad Fiscal, compuesta por la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, la ONG Oxfam Intermón, la escuela de negocios Esade y la consultora Sustentia.

En un acto que celebraron el 25 de abril el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, anunciaba que ya se lo estaban «planteando seriamente». Y apenas una semana después el Gobierno lo ha esgrimido ante la Comisión Europea (CE) entre sus medidas más destacadas en el «reforzamiento del control de grupos multinacionales y grandes empresas». Hacienda ha colaborado antes con sus homólogas de otros países, aunque ahora se busca normalizarlo y potenciarlo. En su plan habla de «controles simultáneos con otras jurisdicciones», sin perder cada Estado sus propias competencias.

Con ello espera «evitar controversias futuras entre países» –la propia UE ha evidenciado la dificultad de coordinar decisiones, pese a que la armonización fiscal sigue siendo una de las pretensiones de sus principales socios– y, a la vez, potenciar los procedimientos «amistosos» (MAP por sus siglas en inglés) para resolver conflictos ya planteados entre distintas Administraciones nacionales. Gascón reconoció en aquel acto –donde se presentó una nueva herramienta para verificar el compromiso de las empresas con una fiscalidad «justa»– que Latinoamérica podría ser una región con la que se aumente más la colaboración.

Impacto recaudatorio

El responsable de la Agencia avanzó a principios de año que los por la lucha contra el se habían recuperado durante 2018 hasta superar los , acercándose así a los 15.500 millones de 2015, su cifra más alta desde antes de la crisis. En su paquete de el desglosaba el impacto recaudatorio de tres de sus nuevas medidas contra la evasión fiscal, que finalmente se han retrasado a 2020 tras el rechazo al proyecto presupuestario para este año.

A través de la «adopción de las mejores prácticas internacionales» se espera ingresar 500 millones –otros 218 con la limitación de pagos en efectivo a 1.000 euros y 110 millones reduciendo a 600.000 euros la deuda mínima para aparecer en la lista de morosos–, y entre aquellas había nuevas herramientas de análisis de riesgos «a partir de la correcta imputación de la titularidad de activos financieros». También se buscará información «indiciaria» sobre «signos externos de riqueza y actividad para detectar bienes y derechos ocultos o rentas no declaradas».

Y es que la necesidad de una «permanente adaptación a un entorno cambiante» hace que Hacienda priorice, asimismo, las actuaciones preventivas y en la fase recaudatoria. Entre las primeras, «se potenciarán los avisos» a los contribuyentes sobre todas sus fuentes de renta de las que sepa el fisco, a fin de «favorecer el cumplimiento voluntario» de sus obligaciones. También para «inducir un mejor comportamiento futuro», hará «un especial seguimiento de los motivos de regularización como esencial fuente de información para la planificación de nuevas actuaciones de control», llegando a «constatar» que los contribuyentes que incurrieron en irregularidades «cambian» realmente de actitud.

En las segundas, es decir, de cara al cobro «efectivo» de las deudas, se mejorará la evaluación del riesgo, tanto para identificar a terceros responsables de ellas como para adoptar medidas cautelares «cuando existan indicios racionales de que el deudor o terceros vayan a obstaculizar o impedir la acción de cobro». Y cuando exista apariencia de insolvencia de éstos, tratará de demostrar que es «punible» si el sujeto participa en la creación de sucesivas sociedades que luego vuelven a defraudar.

El sector público no escapa

La mano de Hacienda, según ha prometido el Ejecutivo, también será , . Además, coordinará los embargos con otras administraciones mediante «» que se pondrán en marcha este año. Eso sí, del conflicto con por la ni una palabra, pese a que la Comisión viene advirtiendo desde 2015 de que choca con la normativa europea y podría acabar en los tribunales.