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La reforma del impuesto de sociedades: más ruido que nueces

Los expertos coinciden en que el establecimiento de un tipo mínimo efectivo, como plantea Hacienda, apenas tendrá impacto recaudatorio, puesto que las empresas ya tributan por encima de ese umbral. Los ingresos crecerán, dicen, cuando las empresas agoten los créditos fiscales por pérdidas pasadas

La crisis ya ha pasado. O esa es, al menos, la foto fija que ofrecen las estadísticas oficiales. Por ejemplo, la de la recaudación de impuestos: si no hay sorpresas, los ingresos de la Agencia Tributaria habrán cerrado el 2018 en niveles casi idénticos (si no superiores) a los del 2007, el último año de vino y rosas de la economía española. Claro que las cargas están ahora bastante más desequilibradas. Así, mientras que el impuesto sobre la renta, que grava principalmente las rentas del trabajo, marcó ya en el 2017 un récord de recaudación, el de sociedades, en el que tributan los beneficios empresariales (que han crecido muy por encima de los salarios en los últimos cinco años), apenas ingresa la mitad que antes del crac económico.

Para revertir esta situación y equilibrar la presión fiscal, el Gobierno anunció, nada más tomar posesión, una reforma del impuesto de sociedades que se ha plasmado en el proyecto de Presupuestos para el 2019 y que tiene, como eje principal, la imposición de un tipo mínimo efectivo que garantice un umbral mínimo de tributación (del 15 %, que se elevaría al 18 para bancos y petroleras), frente a la situación actual, en la que pese a haber un tipo nominal elevado (el general está en el 25 %), las empresas, sobre todo las más grandes, acaban reduciendo su factura fiscal aplicándose una catarata de exenciones y deducciones.

Esa batalla para reclamar a las grandes corporaciones una mayor contribución fiscal la inició, aunque solo dialécticamente, el ex ministro Cristóbal Montoro: «No es explicable que cuando cualquiera de nosotros tributa lo que tributa por el impuesto de la renta y una pyme lo hace al 18 %, las grandes empresas tengan un tipo efectivo de entre el 7 y el 8 %, no se puede aceptar», clamó en el Congreso. La Agencia Tributaria, por su parte, publicó el mes pasado un informe que cuantifica la aportación efectiva de las empresas de los diferentes sectores. Los bancos, según estas cifras, solo aportan al Estado, vía impuestos, un 5,24 % de sus beneficios, un porcentaje que se reduce a apenas un 2,8 % en el caso de los grandes grupos, que consolidan las ganancias de todas sus filiales y participadas en el mundo.

Argumentos que rebaten desde el sector financiero, el más señalado por el informe del fisco: «Me parece injusto, además de erróneo, decir que los bancos españoles apenas pagamos impuestos», remarcaba en Twitter el vicepresidente de Santander España, Juan Manuel Cendoya, que recordaba que una cosa es el resultado contable y otra, muy distinta, la base imponible, que es sobre la que hay que calcular el impuesto y que es mucho más reducida, gracias al sinfín de bonificaciones de las que se pueden beneficiar las grandes corporaciones. La principal, la exención sobre los dividendos y beneficios recibidos desde las filiales en otros países, que quedan libres de tributar en España, ya que se persigue evitar la doble imposición. Solo por esta vía, el beneficio declarado por las empresas (198.202 millones en el 2016) se reduce a menos de la mitad, ya que 105.332 se pueden acoger a esa exención.

Escaso margen de actuación

Hechos todos los ajustes, el tipo efectivo medio del impuesto de sociedades se eleva del 10,45 % (cuando se mide sobre las ganancias totales) a más del 21 % (sobre la base imponible). Por eso, los expertos coinciden, con independencia de su sesgo ideológico, en que la imposición de un umbral mínimo de tributación, en la horquilla que maneja el Gobierno, no tendrá apenas efectos sobre la recaudación, ya que la inmensa mayoría de las empresas ya lo superan.

«Tiene más impacto mediático que real», explica el economista Venancio Salcines, que cree que la recaudación del impuesto de sociedades está frenada porque las empresas aún pueden compensar las pérdidas en las que incurrieron en los años más duros de la crisis. Esa acumulación de créditos fiscales (por un importe cercano a los 100.000 millones de euros solo en las empresas del Ibex) es la que explica que el tributo haya perdido parte de su potencia recaudatoria, remarca Salcines, en línea con lo que ha advertido en muchas ocasiones la Autoridad Fiscal. Si la economía sigue creciendo y las empresas se van quedando sin esos comodines para reducir su factura fiscal, los ingresos volverán a aumentar, dice el economista, que cree que la reforma tributaria que se necesita en España debería hacerse sobre el IVA, eliminando los tipos reducidos, una medida que permitiría recaudar más de 20.000 millones de euros adicionales al año y que sería asumible para casi todos los contribuyentes, salvo para los de rentas muy bajas, a los que el Estado debería compensar, propone, con una transferencia de renta para amortiguar el sobrecoste que sufrirían en los productos básicos de la cesta de la compra.

Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales, cree también que no existe mucho margen de actuación sobre el impuesto de sociedades, que está homologado en tipos al de los países de nuestro entorno

Incluso desde Gestha, sindicato de los técnicos de Hacienda, reconocen que «no salen las cuentas» que hace el Gobierno sobre la inyección recaudatoria que se podría conseguir con la imposición de ese tipo mínimo efectivo. Por eso, desde la organización, explica su secretario general, José María Mollinedo, proponen una reforma más ambiciosa, que pasaría por modificar el régimen fiscal de esos dividendos repatriados de las filiales extranjeras.

Frente a la propuesta del Ejecutivo, que pasa por rebajar el exención del 100 al 95 % (lo que permitiría ingresar unos 750 millones más), desde Gestha apuestan por transformarla en una deducción, de forma que la cuota del impuesto en España se calcule sobre todo el beneficio de la sociedad, que luego podría descontar de la misma su contribución fiscal en los países de los que hayan repatriado parte de las ganancias, para evitar así la doble imposición. De esta forma se taponaría, dicen, el coladero que permite la actual ley (que solo exige que en esos terceros países haya fijado un tipo nominal de sociedades del 10 %, aunque luego en la práctica el tipo efectivo sea irrisorio) y se podría recaudar, como mínimo, unos 5.200 millones más.

Y es que, explica Mollinedo, detrás de este beneficio fiscal no hay una lógica fiscal, ya que «tiene que ver con cuestiones no tributarias, puesto que con él se quería favorecer la internacionalización de la empresa española», por lo que no tiene sentido, defiende, mantenerlo en su configuración actual.

Fuente. La Voz de Galicia

Hacienda estudia rebajar Sociedades para pymes del 25% al 23%

  Hacienda estudia rebajar el tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades para pymes del 25% al 23%. Así lo analiza dentro de la negociación presupuestaria con Podemos, según trasladan fuentes de la negociación. Fuentes oficiales de Hacienda declinan pronunciarse. Con esta medida, se acabaría con la unificación del tipo nominal de Sociedades que estableció el Gobierno de Mariano Rajoy.

Con la reforma fiscal de Cristóbal Montoro, se estableció que en 2015 el tipo nominal sería del 28% para todas las empresas, y del 25% a partir de 2016 también para todas. Se quería así impedir que el tipo más bajo fuera un incentivo para que las empresas no crecieran.

Hasta 2014, con un tipo nominal del 30% en el Impuesto, las pymes con una cifra de negocio de menos de 5 millones y una plantilla de menos de 25 empleados tributaban al 20% en su parte de base imponible hasta 300.000 euros, y el resto, al 25%. Y las empresas de reducida dimensión con una cifra de negocio de menos de 10 millones de euros tributaban al 25% en su parte de base imponible hasta 300.000 euros, y el resto al 30%. Las entidades de nueva creación también tenían la posibilidad de tributar al 15% y al 20%.

En 2015, cuando eliminó el tipo reducido para pymes, Hacienda creó dos deducciones para estas empresas, las reservas de nivelación y de capitalización.

Hacienda y Podemos también estudian una subida del Impuesto sobre Sociedades con un tipo mínimo del 15% para empresas con una facturación de más de 8 millones, entre otras alzas fiscales.

De momento, Hacienda y Podemos sólo plantean esta rebaja de impuestos para pymes, junto con una disminución del IVA a productos de higiene femenina por determinar.

Fuente: Expansión.

Las grandes empresas tributarán al menos al 15% en un nuevo diseño del Impuesto de Sociedades

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Congreso que pretende «rediseñar» el Impuesto de Sociedades con el fin de que el tipo efectivo de las grandes empresas se acerque al tipo nominal y fijar una tributación real mínima del 15% para los grandes conglomerados empresariales.

«Eso se llama justicia social y es lo que va a aprobar y por lo que va a apostar el nuevo Gobierno», ha asegurado Sánchez, durante su comparecencia ante el Pleno, al que ha acudido este martes para exponer las líneas generales de la política que aplicará su Ejecutivo.

FISCALIDAD AMBIENTAL E IMPUESTO FINALISTA PARA PAGAR PENSIONES

Asimismo, Sánchez ha confirmado que el nuevo sistema fiscal tendrá «en cuenta el impacto de las grandes compañías tecnológicas que no pagan impuesto», incluirá «figuras tributarias» para «desincentivar prácticas que perjudiquen el medioambiente» y un impuesto finalista al sector financiero para pagar las pensiones.

Así, Sánchez ha asegurado que esta «figura impositiva finalista» estará «vinculada al sector financiero» y servirá para complementar las cotizaciones, como vía de ingresos a la Seguridad Social, y contribuirá «a sostener el sistema público de pensiones y la dignidad de las jubilaciones de los mayores».

LEY PARA EVITAR NUEVAS AMNISTÍAS

Por otro lado, ha avanzado que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude, con la que incluir a los responsables solidarios en la lista de morosos, modificar la lista de paraísos fiscales y asegurar que no vuelva a haber una nueva amnistía fiscal.

Sánchez ha confirmado también que no publicará la lista de personas que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012, como exigió estando en la oposición, justificando tal renuncia a que, al declarar su nulidad, el Tribunal Constitucional «se pronunció expresamente sobre su irretroactividad».

«Desgraciadamente, no es posible revisar los casos y esa imposibilidad afecta a la publicación de los nombres de las personas que se acogieron a la misma. Desafortunadamente, no podemos modificar un pasado ya sentenciado. Ya me gustaría, créanme», ha aseverado.

Fuente: Europa Press