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Hacienda bate récords en la lucha contra el fraude con una plantilla en mínimos

Hacienda enfrenta dificultades para combatir el fraude fiscal pero también para encontrar efectivos que engrosen sus plantillas y se unan a una guerra que nunca cesa: la que se dirige contra el dinero «en B». La Agencia Tributariaelevó el año pasado sus efectivos en 396 personas y este año también planeaba un aumento considerable, de 1.400 personas. Sin embargo, el envejecimiento avanza entre los empleados: aun con este crecimiento en cuanto a personal, el incremento neto queda en 400 por el elevado ritmo de jubilaciones, de 900.

Si durante la crisis se impusieron los ajustes de plantilla para tratar de embridar el gasto público, dejando de cubrir las jubilaciones hasta 2015, ahora el problema es que en la próxima década se va a retirar la mayor parte de los empleados de una vetusta Agencia cuyos empleados tienen una edad media de 54 años, es decir, siete más que antes de la crisis. Aun así, esto no significa necesariamente un problema grave en cuanto a formación. «Los jóvenes vienen con más conocimientos en informática y tecnologías pero los mayores aportan mayor seguridad en los procedimientos de inspección», dice Francisco Terrón, profesor de IE Law School. En otras palabras, que los más veteranos siempre tendrán el plus de la experiencia.

El dilema llega con la renovación paulatina del personal. Con este ritmo de retiros, la Agencia Tributaria cree que las jubilaciones provocarán que se tarde diez años en alcanzar en la institución los niveles de empleo precrisis. Una estimación que, en palabras del miembro de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, José María Peláez, asciende a veinte años, ya que, en los próximos ejercicios, el número de jubilaciones irá a más.

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Lucha contra el fraude

Esta planificación pone en peligro el horizonte de lucha contra el fraude, que en los últimos años ha cosechado máximos históricos: el año pasado los ingresos por combatir estas prácticas superaron los 15.000 millones y vuelven a acercarse al máximo de 15.664 millones de 2015, después de dos años de ligeras bajadas.

Sin embargo, las necesidades no son homogéneas en todas las ramas. Salvador Ruiz, profesor asociado de Esade Law School y antiguo director general de la Agencia Tributaria, señala que «donde faltan más funcionarios es en control. Con más medios humanos, la lucha contra el fraude es más efectiva. En todo caso, algunos de los criterios de control deberían revisarse porque resultan excesivos para muchos ciudadanos o empresas». Así las cosas, Ruiz destaca que España sale mal parada en los ratios de habitantes por número de empleados en la Administración tributaria, aunque también ha de valorarse que nuestro país no requiere de las necesidades de otras jurisdicciones. Es decir, que debido a la tecnología que ha implantado la Administración tributaria y a la existencia de, por ejemplo, el sistema de la autoliquidación a cargo del propio contribuyente, España puede ahorrarse muchos empleos públicos en procesos que en otros Estados se hacen por ventanilla. En suma, tareas administrativas.

Aun así, no hay que olvidar la posición de nuestro país con respecto a la economía sumergida. España sigue siendo uno de los territorios europeos con mayor actividad en la sombra. Durante la expansión económica se fue reduciendo hasta el 18,4% del PIB en 2008; con la recesión y el aumento del paro, el dinero en negro volvió a repuntar hasta superar el 19%, según datos del profesor Friedrich Schneider basados en flujos monetarios. Ahora ha vuelto a bajar, por la mejora económica en el mercado laboral y el trabajo del Fisco, al 17,2%, con datos de 2017. Una reducción en riesgo si la Agencia Tributaria debilita el celo de su personal.

Este porcentaje, pese a todo, supera el del 12,8% de Francia, el 16,6% de Portugal o el 10,4% de Alemania, aunque queda cerca de la media del 17,1% de la UE. Los países del Este -Bulgaria cuenta con un fraude del 29,6% de su PIB- y del Sur de Europa -con Grecia (21,5%) e Italia (19,8%) al frente-, explican estas cifras. El país de la UE con menor tasa sería Austria, con un 7,1% de su economía en negro.

En España, las regiones con más paro son las que tienen mayor economía sumergida: Canarias (26% del PIB), Andalucía (23,3%), Galicia (22,8%), Castilla-La Mancha (22,3%) y Extremadura (21,8%), frente a las que menos, País Vasco (16,5%) y Madrid (16,7%), según un informe de Funcas.

Este es un problema que se ensombrece ante la situación de personal de la Agencia Tributaria, que ha recortado en unos 2.400 efectivos su plantilla precrisis -llegó a tener 27.961 empleados en 2008- hasta los 25.555 de 2018.

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Pese a que el organismo encadenará tres años de aumento de la plantilla, nuevos problemas acechan en las filas del cuerpo tributario y las alarmas no solo se han disparado en el Ministerio de Hacienda: también la propia Comisión Europea alertó hace unos días de que el 80% de sus trabajadores tienen más de 45 años y en los próximos ejercicios se van a suceder numerosas jubilaciones, por lo que advierte del tapón que se podría originar en la nómina del organismo. El propio director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, así lo expuso cuando compareció ante el Congreso de los Diputados hace unas semanas.

«Necesitamos otra cosa muy importante: que vuelva a haber cantera de opositores, porque para los procesos selectivos necesitamos personas que concurran a los mismos con la suficiente preparación como para superar esos exámenes y, desgraciadamente, en estos últimos años, como ha habido menos convocatorias, esa cantera de opositores se ha perdido y estamos teniendo problemas», advirtió Gascón.

Peláez describe que la Agencia Tributaria en sus últimos planes de incentivos está garantizando un número mínimo de horas extraque pueden ayudar a paliar este escenario de pérdida de recursos a corto plazo. «No hay infraestructura suficiente para elevar las ofertas de empleo por encima de lo que están saliendo en la Escuela de la Hacienda Pública -donde los futuros empleados pasan algo menos de un año de formación-, así que, aunque aumenten las jubilaciones, no se podrá contratar a más gente año a año. Una medida que puede suponer un balón de oxígeno es contratar a más personal administrativo que asista a inspectores y técnicos de Hacienda y les libere de tareas administrativas y, poco a poco, irlos promocionando internamente para que puedan llegar a técnicos e inspectores. Así se podría contratar a mil o dos mil personas», describe Peláez.

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Delitos denunciados

Otro dato que alarma en las organizaciones de la Agencia Tributaria es el de delitos fiscales denunciados. Se ha pasado de 1.014 en 2011 a 225 en 2017. Una cuarta parte en cuestión de seis ejercicios. Hay quien lo achaca a la escasez de personal, pero también quien habla de «aprendizaje» de la institución. Es el caso del ex director general de la Agencia -y socio director de Fiscalidad de Equipo Económico- Salvador Ruiz: «Plantean expedientes de delito por siete cuestiones distintas y hay dos tipos que siempre rechazan los tribunales. Entonces, deciden dejar de plantearlos como delito y lo hacen por vía administrativa». Todo sea por recuperar el mayor dinero posible, cuando Hacienda cada vez son menos.

Fuente: ABC

SORPRESAS TE DA LA VIDA ¡¡¡

Sorpresas te da la vida ¡¡¡¡ Las notificaciones y reclamaciones tributarias que remite Hacienda a los contribuyentes pueden quedar sin efectos si la administración rompe el hábito adquirido de avisar al interesado mediante el envío de un correo electrónico de alerta. Así lo acaba de dictaminar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un fallo que promete dar un margen de actuación adicional a miles de contribuyentes a los que la Agencia Tributaria les haya impuesto cargas sin notificarlo debidamente. Todo ello, después de que tanto a los asesores fiscales como a los contribuyentes se les dijese hasta la saciedad desde la administración que no estaban vinculados.

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Las reclamaciones de deuda de Hacienda pueden quedar sin efecto si no avisa por e-mail

Un tribunal admite recurrir fuera de plazo un aviso que no fue alertado por correo electrónico

Las notificaciones y reclamaciones tributarias que remite Hacienda a los contribuyentes pueden quedar sin efectos si la administración rompe el hábito adquirido de avisar al interesado mediante el envío de un correo electrónico de alerta. Así lo acaba de dictaminar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un fallo que promete dar un margen de actuación adicional a miles de contribuyentes a los que la Agencia Tributaria les haya impuesto cargas sin notificarlo debidamente.

El fallo judicial versa sobre un buzón virtual oficial del que Hacienda se sirve a menudo para remitir a los contribuyentes sus notificaciones. Se trata de la llamada Dirección Electrónica Habilitada (DEH), que es de obligado uso para determinados colectivos, fundamentalmente empresas. Una vez depositadas en el DEH, estas comunicaciones se tienen por notificadas al contribuyente en el plazo de 10 días, aunque este no haya accedido en ese tiempo al buzón virtual.

Para dar garantías adicionales, la administración permite a los interesados inscribir también un correo electrónico al que se remite un aviso cuando haya nuevas notificaciones en el DEH. Hacienda venía defendiendo que no está obligada a realizar esta comunicación adicional por lo que si el sistema falla y el aviso no se envía al correo del contribuyente, la notificación se daba por válida pasados los citados 10 días, limitando, por ejemplo, el plazo efectivo para recurrir.

Recientemente además, el Tribunal Constitucionalha declarado, con relación a las notificaciones remitidas por Lexnet, que la falta de remisión del correo electrónico no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. Y ahí es donde entra en juego la reciente sentencia del alto tribunal de Cataluña

La sentencia afecta a una empresa constructora a la que Hacienda remitió una reclamación económico–administrativa a través del DEH en mayo de 2015 exigiéndole un pago correspondiente a la liquidación del impuesto de Sociedades del ejercicio 2011, pero sin avisarle por mail como solía.

El tribunal ha dictaminado que aunque Hacienda no tenga la obligación de remitir un correo electrónico al contribuyente advirtiéndole de que hay una notificación tributaria pendiente de revisión en el DEH, el hecho de que haya venido enviándolo con regularidad en ocasiones anteriores sí le compromete a seguir haciéndolo en virtud del “principio de confianza legítima”, que también defiende el Constitucional.

“Esa confianza legítima motivó que el obligado no entrara en su buzón electrónico, a la vista de que no había recibido un aviso en su dirección de correo, como siempre había ocurrido hasta ese momento. Es decir, era una actitud esperable en el obligado tributario, sin que pueda tildarse de negligente la falta de acceso a su buzón”, explica el abogado José María Salcedo, socio del bufete Ático Jurídico.

Como consecuencia del fallo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña permite a la empresa presentar un recurso, sobre 28.231 euros de la deuda reclamada, que el Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) se había negado a admitir alegando que estaba ya fuera de plazo para hacerlo.

Fuente: CincoDías


DONATIVOS Y COLEGIOS CONCERTADOS. NUEVO LIO A LA VISTA

Hacienda asegura que no es un donativo porque hay una contraprestación y Las familias deberán devolver la desgravación con intereses de demora,  se abre la puerta a las posibles inspecciones a los padres de alumnos escolarizados en colegios concertados que se han desgravado donaciones por esa formación en su Declaración de la Renta.

Desde el ministerio de Hacienda se aclara que “no se ha producido ningún cambio legal ni de criterio. La actuación de la Agencia Tributaria en este ámbito sigue siendo la misma que en los últimos años y, como no puede ser de otra manera, se exigirá la regularización cuando se detecte que un contribuyente se ha deducido como donación lo que en realidad es el pago por un servicio”.

La ministra de Educación y Formación Profesional ha confirmado que el Gobierno pretende reclamar con carácter retroactivo a los padres estas desgravaciones. Además, Celaá ha subrayado que aunque la mayoría de las familias no se lo hayan deducido como donación en los casos que haya sido así se procederá a una regularización y deberán devolver el beneficio fiscal obtenido, con intereses de demora.

En noviembre pasado, el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) alertó ya de que la Administración Tributaria está interpretando que los pagos que las familias hacen en las escuelas concertadas no se pueden considerar donativos y por tanto no son deducibles en la declaración de la renta.

¿Qué impacto tiene en los centros?

La AEAT cuestiona que algunos centros se apliquen como gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades estos servicios y prestaciones. Esta situación puede verse agravada si se hace a través de una fundación creada únicamente con ese fin. Estarían librados de este escrutinio los centros religiosos amparados por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

¿Tienen los padres que devolver lo deducido indebidamente?

Sí. Aquellas familias que se hayan desgravado en el IRPF las cuotas que pagan a los colegios concertados por la escolarización de sus hijos deberán devolver lo gravado a la Agencia Tributaria por las cantidades no prescritas, es decir, las de los últimos cuatro ejercicios fiscales desde 2015.

¿Es mejor regularizarlo voluntariamente? 

Sí. El exdirector de la Agencia Tributaria Ignacio Ruiz Jarabo recomienda que voluntariamente presenten una declaración complementaria para evitarse la correspondiente sanción. Por ello, ha animado a que quienes se hayan desgravado por esos gastos como donaciones regularicen voluntariamente su situación respecto a los cuatro últimos ejercicios (periodo no prescrito), ya que con ello se pueden evitar una sanción que “por lo menos” será del 50 %, y que se sumaría a los intereses de demora que indefectiblemente se han de abonar