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Hacienda multará con 50.000 euros a los negocios que utilicen ‘caja B’

EL MINISTERIO ESPERA RECAUDAR 2.000 MILLONES CON ESTA MEDIDA.

El anteproyecto de Ley de Medidas de lucha contra el fraude fiscal establece un régimen sancionador con multas “fijas” de 50.000 euros por ejercicio para los autónomos, comercios y empresas que dispongan del ‘software de doble uso’, que permite desviar a una caja B las ventas e ingresos. Además, las empresas que fabriquen o comercialicen este tipo de programas se enfrentarán a sanciones que ascienden a 150.000 euros. Hacienda estima que 200.000 millones de euros se ocultan al fisco a través del ‘software de doble uso’.

Hacienda ha puesto el foco en el fraude de la ‘caja B’ empleada por algunos autónomos, comercios y empresas. El Anteproyecto de Ley (APL) de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal incorpora un nuevo artículo a la Ley General Tributaria que considera infracción “grave” el fabricar, comercializar o emplear el ‘software de doble uso’. Es decir, programas informáticos que permiten desviar a una caja B los ingresos y ventas reales de los negocios, y que se emplea con el objetivo de evadir impuestos (IVA y Sociedades). l Hacienda estima que unos 200.000 millones de euros se ocultan al fisco a través del ‘software de doble uso’

A este respecto, el APL recoge un régimen sancionador con multas de 50.000 euros para quienes, aunque no lo hayan empleado, dispongan de este tipo de sistemas electrónicos que permiten llevar una contabilidad en negro. Sanciones que se aplicarán por cada uno de los ejercicios que hayan transcurrido desde su adquisición. Estas “multas pecuniarias fijas”, tal y como se mencionan en el texto sacado a consulta pública la pasada semana, se elevarán hasta los 150.000 euros en el caso de los fabricantes o comercializadores.

Además, la Ley penalizará con 1.000 euros a los “productores, comercializadores y usuarios”  que no facturen o lleven la contabilidad de sus negocios con programas o sistemas debidamente certificados y garanticen “la integridad, conservación, trazabilidad e inviolabilidad” de los registros contables y su «legilibilidad» por parte de la inspección. Es más, Hacienda va un paso más allá y, en un futuro, podría decidir establecer una serie de requisitos y especificaciones que deberán incorporar las herramientas contables homologadas.

En cuanto al impacto económico de esta medida, las estimaciones del departamento que dirige María Jesús Montero y que han sido trasladadas a Bruselas junto con el Plan Presupuestario, concretan en 2.000 millones de euros la cantidad que se afloraría en concepto de bases imponibles no declaradas. En términos de recaudación ésto supondría 417,9 millones de euros más. De ellos 313,4 millones de euros procederían de las cuotas adicionales de IVAy 104,5 millones de euros del Impuesto de Sociedades.

No obstante, Hacienda reconoce que dichos cálculos son casi arbitrarios. Según aclara la memoria económica “tampoco cabe estimar la repercusión cuantitativa que en términos de mayor recaudación pueda derivarse de las sanciones que se impongan con ocasión de la aplicación del régimen sancionador específico que se fija en consonancia con dicha obligación”. Y es que las cifras anteriores parten de la premisa de que el 1% de los pagos en efectivo de los consumidores -que sumarían 200.000 millones de euros (50% del total)- son ocultados al fisco a través del ‘software de doble uso’.

Asimismo, el efecto de la medida será más disuasorio que recaudatorio “se estima que se va a producir un importante efecto inducido puesto que quienes utilizan este tipo de herramientaspara defraudar verán cómo se incrementa el riesgo fiscal derivado de su comportamiento al fijarse su erradicación como prioridad de la AEAT (Agencia Tributaria) y aumentar el riesgo de denuncias tributarias”, detalla la citada memoria económica.

Una trampa favorecida por las TPV

El uso de la ‘caja B’ no es exclusivo de los grandes patrimonios. La sustitución de las tradicionales cajas registradoras por TPV’s en los años 80 permitió a su vez la digitalización de los libros negros de contabilidad de los negocios.

Este tipo de programas informáticos dan la posibilidad de ocultar las ventas e ingresos reales sin que el cliente tenga consciencia de ello. De hecho el ticket que se entrega al consumidor cumple con todos los requisitos formales. Ahora bien, en los libros oficiales no queda constancia alguna de la operación.

La Agencia Tributaria ha abierto 16 grandes grandes operaciones desde 2013 para luchar contra este fraude. La última, la que se lanzó la pasada semana contra 75 locales de venta de frutas y verduras ubicados en 13 comunidades autónomas y que afectarían a un total de 80 contribuyentes (62 sociedades y 18 personas físicas). Cabe destacar que la restauración es uno de los sectores más vigilado por el uso de la ‘caja B’. De hecho, uno de los casos más sonados fue el del restaurante malagueño Los Mellizos, que en 2013 tuvieron que asumir una sanción de cerca de 3,5 millones de euros por emplear el ‘software de doble uso’. También cabe recordar, la operación Scarpe de 2014 sacó a la luz las prácticas 29 establecimientos del sector del calzado y del textil pertenecientes a 11 sociedades que llegaban a ocultar más del 30% de sus ventas empleando estos programas de actuación contable.

Desde 2014 hasta ahora, según los datos de la AEAT, se habrían levantado casi 17.000 actas de inspección el conjunto de operaciones en las que participan las unidades de auditoría informática habiéndose liquidado cuotas por importe superior a los 1.300 millones de euros. Parte de este importe se correspondería con la ‘caja B’ de los pequeños negocios.

Fuente: Autónomos y emprendedor.es

La Agencia Tributaria lanza una operación contra las ventas en negro en el sector cárnico a nivel nacional

La Agencia Tributaria lanza una operación contra las ventas en negro en el sector cárnico a nivel nacional

 Operación ‘Presunto’

  

  • Un total de 330 funcionarios de la AEAT, con el apoyo de 45 efectivos policiales, han registrado 73 sociedades de toda la cadena de producción y comercio al por mayor del sector en 15 comunidades autónomas
  • Las personaciones, que cuentan con la asistencia de personal de Auditoría Informática de la Agencia, implican el inicio de inspecciones sobre todas las sociedades y sobre 25 personas físicas vinculadas
  • Las empresas inspeccionadas cuentan con un margen de beneficios declarados sensiblemente inferior a la media del sector y, en algunos de los casos, las ventas en efectivo suponen más del 90% del total
  • En algunos de los socios se ha detectado el ingreso de grandes cantidades de efectivo en cuentas, la posesión de bienes en el extranjero y el mantenimiento de altos niveles de vida no justificados por sus ingresos regulares

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ATENCION¡¡¡ QUE VIENE EL LOBO

Hacienda incrementa los controles informáticos a empresas gallegas

En nueve meses hizo 200 inspecciones

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) está aumentando los controles informáticos en las empresas gallegas en busca de fraude fiscal. Solo hasta el mes de septiembre de este año se han hecho 200 inspecciones en la comunidad, las mismas que se llevaron a cabo durante todo el 2014. La labor de supervisión en Galicia la están desarrollando las Unidades de Auditoría Informática (UAI), grupos de trabajo en los que además de los inspectores participan, como apoyo, técnicos superiores de sistemas. Esta es la principal novedad. Determinados usos de nuevas herramientas tecnológicas se ha convertido en una bolsa de fraude y de ocultación de datos contables en las empresas para no rendir cuentas al fisco.

que viene el lobo

Fuentes consultadas en la Agencia Tributaria han precisado que el trabajo más duro consiste en la extracción de información a partir de discos que han sido deliberadamente borrados para eliminar cualquier rastro. En otras ocasiones, el esfuerzo se centra reconocer las posibilidades que dan los programas instalados por los propios contribuyentes para omitir registros.

Las UAI se han dotado de un software con herramientas informáticas de recuperación de datos y de lectura. Y en los últimos tiempos están contando con el apoyo de los ciudadanos que presentan denuncias tributarias sobre cómo funcionan los sistemas de ocultación, lo que facilita los registros informáticos de Hacienda, y el trabajo posterior con los datos.

En las auditorías a firmas gallegas dentro del plan contra la economía sumergida, Hacienda está poniendo el foco en negocios que facturan directamente al público, pero también en compañías mayoristas de otros sectores.

Las fuentes consultadas revelan que el desarrollo de planes coordinados a nivel nacional ha sido un elemento introducido recientemente en la actuación de las UAI y, en general, en toda la inspección. El objetivo pasaría por abordar actuaciones sincronizadas sobre un sector de actividad concreto, de forma que tenga un impacto en todos los negocios y así modificar sus comportamientos fiscales. Las UAI dependen de una unidad central que se integra en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF).

En España, solo en el primer semestre, la labor de estos grupos de trabajo ha permitido que aflorasen 183 millones de euros, casi lo mismo que en todo el 2014 y un 14,3 % más que en el 2013. Sobre el peso que tiene la economía sumergida en España se ha escrito mucho. El informe The Shadow Economy in Europe revela que mientras que en Francia y Alemania está en el 16 % del PIB, en España llega al 22,6 %, algo por encima de la media de la OCDE.

Un plan que va más allá del control de cajas registradoras trucadas

El plan para incrementar las auditorías informáticas en las empresas como estrategia para combatir la economía sumergida incluye una línea de trabajo enfocada al comercio y la hostelería. Es decir, en paralelo a grandes actuaciones, a lo largo del 2015 también se ha puesto el foco en el control de cajas registradoras trucadas que permiten llevar una doble contabilidad en pequeños negocios. Herramientas tecnológicas que suprimen ventas del establecimiento. Y a menor facturación, menor carga tributaria en IVA e IRPF. La totalidad de las cajas y los TPV pueden incorporar tecnología que borra y reduce el importe abonado por el cliente. Incorporar esta tecnología en sí no constituye un delito, pero sí el uso que se hace de ella. La Agencia Tributaria considera que esta práctica está muy arraigada en pequeños establecimientos de comercio y hostelería.

Sin embargo, este no es un problema exclusivo de España. Otras administraciones fiscales de países de la OCDE han abordado este asunto, como es el caso de Canadá, Alemania, Holanda y Suecia. Los expertos internacionales recuerdan que todos los fabricantes de cajas registradoras y de TPV incorporan ya herramientas que permiten alterar las ventas. Y mantienen estos dispositivos por temor a perder clientes. Estos instrumentos también pueden filtrar, duplicar o incluso añadir nuevos registros para alterar las cuentas y defraudar al fisco.

Fuente: La Voz de Galicia

Procesados 3 empresarios por defraudar 230.000 euros

Tres empresarios del sector de la seguridad se enfrentan cada uno a 3 años de cárcel y una multa de 470.000 euros, así como a la indemnización con 236.422 euros a la Agencia Tributaria. La Fiscalía les acusa de un delito contra la Hacienda Pública en el ejercicio del 2004 a través del IVA. El juicio iba a celebrarse ayer en el penal número 2 de Vigo pero fue suspendido hasta nueva fecha. La empresa incluyó en su declaración 258.775 euros como gastos deducibles de IVA pese a ser comidas y cenas de Navidad, y compras y operaciones financieras o de seguro que estaban exentas. En realidad, solo tenían derecho a deducir 22.352 euros.

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Los implicados son los hermanos Alfredo y Manuel H.R. y su madre María Elva R.G. Los tres eran socios y poseían el 33% cada uno de la empresa Compavi de Protección Viguesa SA, con sede en la calle Pintor San Luis, de Vigo y que se dedica a vigilar y proteger bienes, locales, espectáculos, certámenes o convenciones y custodiar explosivos.

Según relata el escrito fiscal, María Elva era administradora única desde el 2004 pero, en la realidad, los tres ejercían de hecho funciones de administración de la empresa junto con otras integrantes de un grupo familiar de empresas y «actuaban de mutuo acuerdo en todas las facetas de la administración, incluida la elaboración de declaraciones tributarias».

En el 2004, la firma declaró una base imponible de 1,97 millones con un resultado de la liquidación de 57.160 euros, que ingresaron. Según el fiscal, los importes no respondían a la realidad porque la Agencia Tributaria tras examinar sus movimientos de las cuentas bancarias y de las facturas de pagos y ventas de sus clientes y proveedores.

Según el fiscal, la empresa, a lo sumo, solo hizo compras que podrían deducirse de 139.704 euros, con unas cuotas de IVA de 22.352 euros, muy alejados de los 258.775 que incluían en su declaración. También hallaron dos facturas de Gestión Social Vigo SL por importes de 10.130 euros que tampoco eran deducibles porque respondían a comidas y cestas de Navidad. También existían imputaciones de Banco de Galicia SA y Mutual Flequera de Catalunya exentas de IVA por tratarse de operaciones financieras y de seguro. El fiscal estima que habrían defraudado 236.422 euros.

Fuente: La Voz de Galicia