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Esto es lo que Hacienda entiende cómo infracción: ¿a qué cantidad ascenderá la multa?

El Gobierno ha elegido la lucha contra el fraude como uno de sus caballos de batalla. Por este motivo, Hacienda ha aumentado los factores a tener en cuenta a la hora de analizar qué es y qué no es una infracción. Por este motivo, es importante que los profesionales tengan la certeza de que considera el fisco como tal, así como el grado de gravedad.

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Hacienda eleva el control sobre los españoles que simulan vivir fuera en plena fuga de youtubers a Andorra

La Agencia Tributaria «impulsará una línea específica para el refuerzo del control de personas físicas que aparentan ser no residentes en España»

Hacienda eleva el control sobre los espanoles que simulan vivir fuera en plena fuga de youtubers a Andorra - Hacienda eleva el control sobre los españoles que simulan vivir fuera en plena fuga de youtubers a Andorra

La Agencia Tributaria está decidida a «reforzar el control» sobre los «españoles que simulan residir en el extranjero». Así está recogido en el Plan Anual de Control Tributario que Hacienda ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y en un momento marcado por la huida de numerosos youtubers a Andorra para eludir el pago de impuestos.

«La Agencia Tributaria impulsará en 2021 una línea específica para el refuerzo del control de personas físicas que aparentan ser no residentes en España«, explican desde el organismo dirigido por Jesús Gascón. «La posibilidad de un control reforzado mediante herramientas de análisis masivos de datos supone una novedad en el ámbito de los patrimonios relevantes ‘deslocalizados’ y marca un nuevo impulso para la comprobación tributaria de este perfil de contribuyente», añade. Esto es, que Hacienda utilizará lo que se denomina como Big Data para realizar ese control.

Este reforzamiento de la Agencia Tributaria se produce apenas unos días después de que Rubén Doblas Gundersen, videoproductor conocido como El Rubius y youtuber con más seguidores de España, anunciase su decisión de mudarse a Andorra para pagar menos impuestos. Siguió de esta manera el ejemplo de otros youtubers que en los últimos años han hecho lo mismo, como Willyrex, Vegetta777, Lolito o Wall Street Wolverine.

Todos ellos presentan un perfil similar: altos ingresos, por lo que deben tributar al tipo máximo en el IRPF, la posibilidad de realizar su trabajo desde cualquier lugar del mundo y la convicción de que pagan demasiados impuestos. Algunos de ellos, como el propio El Rubius, han señalado que también existen otros motivos como «tener cerca a sus amigos» o gozar de una mayor anonimato. Pero en todos los casos reconocen que el pago de unos impuestos sensiblemente más bajos ha sido crucial. Esa situación se constata claramente en el IRPF, que en Andorra se queda en el 10% mientras que el tipo máximo ronda el 50%.

Según los requisitos de Hacienda, «una persona física es residente en territorio español cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias». «Que permanezca más de 183 días, durante el año natural, en territorio español, que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos de forma directa o indirecta o que residan habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de esta persona física. Este tercer supuesto admite prueba en contrario».

Y eso es lo que Hacienda va a comprobar especialmente a partir de este año, situación que además de a los mencionados youtubers también afecta, por ejemplo, a deportistas españoles que tienen fijada su residencia fiscal en países con baja tributación.

Fuente: El mundo

La Inspección de Trabajo multa a empresas por fraude en los ERTE.

La Inspección de Trabajo multa con 16,5 millones de euros a 3.635 empresas por fraude en los ERTE.

A cierre de 2020 quedaban por cerrar casi 9.000 investigaciones a las que se le podrán sumar nuevos casos

La Inspeccion de Trabajo multa a empresas por fraude en los ERTE quattroasesoria - La Inspección de Trabajo multa a empresas por fraude en los ERTE.

Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han sido el salvavidas de miles de empresas y cientos de miles de trabajadores, pero siempre hay quien intenta sacar tajada cuando no le corresponde. Según datos del Ministerio de Trabajo, se han detectado 3.635 infracciones en relación con los ERTE en empresas a las que se ha sancionado por un importe total de 16,5 millones de euros. Estos son los resultados hasta final de 2020 de una campaña de prevención que lanzó el Ministerio de Trabajo para detectar actuaciones fraudulentas.

El balance del año de la inspección sobre los ERTE se conocen en un momento en el que Gobierno y agentes sociales tienen que volver a negociar una nueva prolongación de estas suspensiones temporales de empleo, en vigor hasta el 31 de enero. Tienen previsto reunirse este viernes por la mañana y todas las partes parecen estar de acuerdo en la necesidad de que se amplíen. Eso sí, falta por entrar en el detalle de las condiciones de estos ERTE y ahí es muy probable que vuelvan las tensiones. De hecho, la última prórroga se cerró in extremis, el día antes de que caducase el plazo dado anteriormente.

Según los datos de Trabajo, la Inspección ha iniciado hasta la fecha 33.440 expedientes de posible fraude en los ERTE (en la recepción de las prestaciones por desempleo y exoneraciones en las cotizaciones sociales). De estos, se han finalizado 24.606 casos, entre los que se encuentran las 3.635 infracciones. Es decir, casi un 15% de las investigaciones ha acabado en multa. La sanción a estas empresas asciende a 16.539.433,52 euros, a lo que habría que añadir un importe adicional por la liquidación de las cotizaciones sociales impagadas. La Inspección todavía tiene abiertos 8.834 expedientes, a los que se le podrán seguir sumando nuevos casos.

“Desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se han programado actuaciones de control del fraude vinculado a las medidas adoptadas para garantizar el empleo con ocasión de la situación creada por la covid-19 y en particular a los ERTE, mediante una campaña específica, puesta en marcha en abril, dirigida a prevenir y detectar actuaciones fraudulentas en relación con la percepción de las prestaciones por desempleo derivadas de los ERTE vinculadas al covid-19″, explicaba en noviembre el ministerio que dirige Yolanda Díaz.

El porcentaje de sanciones sobre los expedientes iniciados en relación con los ERTE (un 15%) está por encima de los resultados generales de la Inspección en años anteriores (en 2019 se quedó en el 8,4%). Aunque bien es cierto que 2020 ha sido excepcional con la pandemia y la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria.

La campaña de Trabajo se lanzó para prevenir y detectar los casos de fraude, según explicó en su día Yolanda Díaz. De esta forma, el Ejecutivo trata de que las empresas cumplan los requisitos exigidos y que las ayudas lleguen a las firmas y trabajadores que más lo necesitan. Además, con esta campaña, trata de que el dinero público —limitado también por el golpe de la crisis del coronavirus— se utilice para lo que estaba previsto y pueda cubrir a más afectados.

Más investigaciones

Las actuaciones relacionadas con el fraude en los ERTE tienen un doble objetivo, como aseguraba en un recuento anterior de los resultados el Ministerio de Trabajo: “Detectar situaciones de afiliación/alta a la Seguridad Social indebidas tras la declaración del estado de alarma para acogerse a un ERTE junto con la creación de empresas ficticias, así como la percepción fraudulenta de prestaciones por desempleo en ERTE vinculados al covid-19 en situaciones de actividad laboral, más frecuentes, según se observa, en la modalidad de teletrabajo”, sostenía en noviembre.

Estas actuaciones de la Inspección han ido variando con el tiempo. Durante la desescalada se intensificó incluso su presencia en las empresas, según explicaba el Ministerio de Trabajo: “Con el inicio de la desescalada, se ha programado una acción de intensificación de la presencia inspectora en los centros de trabajo, desarrollándose en la última quincena de junio 10.000 visitas inspectoras a centros de trabajo, junto con una campaña informativa de las obligaciones empresariales para la correcta recuperación de empleo en las empresas que han recurrido a ERTE”.

Por sectores, según los datos ya publicados por Trabajo previamente, al que se le han abierto más expedientes es la hostelería, uno de los más afectados por la crisis del coronavirus. Le siguen, de lejos, comercio y reparación de vehículos, así como compañías industriales. Y si se fija el foco en el reparto por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid es donde más actuaciones se han abierto, seguidas de Canarias y País Vasco.

Fuente: El País Economía.

Hacienda multará con 50.000 euros a los negocios que utilicen ‘caja B’

EL MINISTERIO ESPERA RECAUDAR 2.000 MILLONES CON ESTA MEDIDA.

2 2 - Hacienda multará con 50.000 euros a los negocios que utilicen ‘caja B’

El anteproyecto de Ley de Medidas de lucha contra el fraude fiscal establece un régimen sancionador con multas “fijas” de 50.000 euros por ejercicio para los autónomos, comercios y empresas que dispongan del ‘software de doble uso’, que permite desviar a una caja B las ventas e ingresos. Además, las empresas que fabriquen o comercialicen este tipo de programas se enfrentarán a sanciones que ascienden a 150.000 euros. Hacienda estima que 200.000 millones de euros se ocultan al fisco a través del ‘software de doble uso’.

Hacienda ha puesto el foco en el fraude de la ‘caja B’ empleada por algunos autónomos, comercios y empresas. El Anteproyecto de Ley (APL) de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal incorpora un nuevo artículo a la Ley General Tributaria que considera infracción “grave” el fabricar, comercializar o emplear el ‘software de doble uso’. Es decir, programas informáticos que permiten desviar a una caja B los ingresos y ventas reales de los negocios, y que se emplea con el objetivo de evadir impuestos (IVA y Sociedades). l Hacienda estima que unos 200.000 millones de euros se ocultan al fisco a través del ‘software de doble uso’

A este respecto, el APL recoge un régimen sancionador con multas de 50.000 euros para quienes, aunque no lo hayan empleado, dispongan de este tipo de sistemas electrónicos que permiten llevar una contabilidad en negro. Sanciones que se aplicarán por cada uno de los ejercicios que hayan transcurrido desde su adquisición. Estas “multas pecuniarias fijas”, tal y como se mencionan en el texto sacado a consulta pública la pasada semana, se elevarán hasta los 150.000 euros en el caso de los fabricantes o comercializadores.

Además, la Ley penalizará con 1.000 euros a los “productores, comercializadores y usuarios”  que no facturen o lleven la contabilidad de sus negocios con programas o sistemas debidamente certificados y garanticen “la integridad, conservación, trazabilidad e inviolabilidad” de los registros contables y su «legilibilidad» por parte de la inspección. Es más, Hacienda va un paso más allá y, en un futuro, podría decidir establecer una serie de requisitos y especificaciones que deberán incorporar las herramientas contables homologadas.

En cuanto al impacto económico de esta medida, las estimaciones del departamento que dirige María Jesús Montero y que han sido trasladadas a Bruselas junto con el Plan Presupuestario, concretan en 2.000 millones de euros la cantidad que se afloraría en concepto de bases imponibles no declaradas. En términos de recaudación ésto supondría 417,9 millones de euros más. De ellos 313,4 millones de euros procederían de las cuotas adicionales de IVAy 104,5 millones de euros del Impuesto de Sociedades.

No obstante, Hacienda reconoce que dichos cálculos son casi arbitrarios. Según aclara la memoria económica “tampoco cabe estimar la repercusión cuantitativa que en términos de mayor recaudación pueda derivarse de las sanciones que se impongan con ocasión de la aplicación del régimen sancionador específico que se fija en consonancia con dicha obligación”. Y es que las cifras anteriores parten de la premisa de que el 1% de los pagos en efectivo de los consumidores -que sumarían 200.000 millones de euros (50% del total)- son ocultados al fisco a través del ‘software de doble uso’.

Asimismo, el efecto de la medida será más disuasorio que recaudatorio “se estima que se va a producir un importante efecto inducido puesto que quienes utilizan este tipo de herramientaspara defraudar verán cómo se incrementa el riesgo fiscal derivado de su comportamiento al fijarse su erradicación como prioridad de la AEAT (Agencia Tributaria) y aumentar el riesgo de denuncias tributarias”, detalla la citada memoria económica.

1 1 - Hacienda multará con 50.000 euros a los negocios que utilicen ‘caja B’

Una trampa favorecida por las TPV

El uso de la ‘caja B’ no es exclusivo de los grandes patrimonios. La sustitución de las tradicionales cajas registradoras por TPV’s en los años 80 permitió a su vez la digitalización de los libros negros de contabilidad de los negocios.

Este tipo de programas informáticos dan la posibilidad de ocultar las ventas e ingresos reales sin que el cliente tenga consciencia de ello. De hecho el ticket que se entrega al consumidor cumple con todos los requisitos formales. Ahora bien, en los libros oficiales no queda constancia alguna de la operación.

La Agencia Tributaria ha abierto 16 grandes grandes operaciones desde 2013 para luchar contra este fraude. La última, la que se lanzó la pasada semana contra 75 locales de venta de frutas y verduras ubicados en 13 comunidades autónomas y que afectarían a un total de 80 contribuyentes (62 sociedades y 18 personas físicas). Cabe destacar que la restauración es uno de los sectores más vigilado por el uso de la ‘caja B’. De hecho, uno de los casos más sonados fue el del restaurante malagueño Los Mellizos, que en 2013 tuvieron que asumir una sanción de cerca de 3,5 millones de euros por emplear el ‘software de doble uso’. También cabe recordar, la operación Scarpe de 2014 sacó a la luz las prácticas 29 establecimientos del sector del calzado y del textil pertenecientes a 11 sociedades que llegaban a ocultar más del 30% de sus ventas empleando estos programas de actuación contable.

Desde 2014 hasta ahora, según los datos de la AEAT, se habrían levantado casi 17.000 actas de inspección el conjunto de operaciones en las que participan las unidades de auditoría informática habiéndose liquidado cuotas por importe superior a los 1.300 millones de euros. Parte de este importe se correspondería con la ‘caja B’ de los pequeños negocios.

Fuente: Autónomos y emprendedor.es

CUIDADO – la Agencia Tributaria advierte de diversos intentos de fraude por cauces tecnológicos

La Agencia Tributaria advierte de diversos intentos de fraude por cauces tecnológicos: