Entradas

Hacienda debe probar que una empresa sucede a otra para exigirle sus deudas

La justicia aclara que el Estado debe demostrar una conexión directa entre dueños, plantilla y actividad

Desde el inicio de la crisis financiera en septiembre de 2008 hasta ahora, 10 años después, se han disuelto en España más de 210.000 empresas, muchas de las cuáles dejaron cuantiosas deudas pendientes con el fisco. En este mismo plazo, sin embargo, se han constituido a su vez más de 908.000 nuevas compañías, según los datos recopilados por Instituto Nacional de Estadística (INE). En algunos casos, se trata de negocios que heredan la actividad, pero también las responsabilidades fiscales, de las firmas extintas. Así, en los últimos años, se ha convertido en una práctica habitual de la Agencia Tributaria la realización de actuaciones masivas para tratar de recobrar las deudas pendientes reclamándolas a esas empresas sucesorias. La justicia, sin embargo, acaba de acotar estas campañas advirtiendo a Hacienda de que debe probar fehacientemente la vinculación entre ambos negocios si quiere cobrar.

El procedimiento que activa Hacienda en estos casos es el de derivación de responsabilidad tributaria por sucesión empresarial, que está previsto en el artículo 42.1 c) de la Ley General Tributaria. Este establece que “serán responsables solidarios de la deuda tributaria” las personas o empresas que “sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio”.

Hacienda ejecuta esta vía en tres casos. El más claro es cuando se produce la transmisión de la titularidad de la empresa jurídicamente, quedando acreditado el traspaso de la actividad y de las deudas. Una segunda opción es que la administración entienda que se da una “sucesión de facto”, en la que una empresa cesa su actividad aparentemente pero esta continúa en manos de otra persona o entidad que evitan certificar la sucesión para tratar de eludir la deuda. Finalmente, Hacienda también aplica la derivación de responsabilidad cuando detecta que una firma adquiere elementossuficientes de una empresa en extinción como para entender que continúa la actividad de la anterior.

De esta herramienta se sirvió la delegación de Valencia de la Agencia Tributaria para reclamar una deuda de 724.606 euros a una compañía S.L. alegando que sucedía a una S.A. deudora. Ante el recurso presentado por la firma afectada, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana tumbó la actuación de Hacienda al considerar que esta no había justificado con pruebas fehacientes la conexión entre ambas compañías.

Las evidencias aceptables para la justicia son, fundamentalmente, que haya coincidencia en la actividad o explotación de ambas sociedades; que se dé una vinculación personal entre sus socios y administradores o que se repitan los proveedoresclientes y trabajadores. Aunque el fisco apuntó a la confluencia de varios de estos supuestos en el caso judicializado, el tribunal valenciano le advierte de que no basta con que lo denuncie pues en la documentación aportada “no consta” prueba que justifique sus conclusiones.

La resolución, a la que ha tenido acceso este diario, recuerda que tanto la Ley General Tributara como el Tribunal Económico-Administrativo Central(TEAC) son claros a la hora de imponer al Estado la carga de la prueba.

“Para el tribunal, un informe no tiene, a diferencia de las diligencias y actas de la inspección, carácter probatorio pleno”, explica el abogado Salvador Salcedo, socio del bufete Ático Jurídico, subrayando que “es la administración la que deberá acreditar, en cada caso, los elementos materiales y formales, en base a los que considere que ha existido una sucesión en la actividad empresarial”. “Y en caso de no justificarse los mismos, la derivación de responsabilidad podrá anularse en los tribunales”, aduce Salcedo.

El fallo del tribunal, asevera el letrado, abre la puerta a que otras empresas que estén siendo objeto de un procedimiento de derivación de responsabilidadtributaria puedan paralizar o anular las exigencias de cobro injustificadas.

Fuente: Economía

NOTA DE AVISO – AYUDAS PROGRAMA DE FOMENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO EN LAS PYMES DE NUEVA CREACIÓN

Estimado Cliente;

Se remite información de la convocatoria de AYUDAS PARA EL FOMENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL EMPLEO A TRAVÉS DEL PROGRAMA I, PARA LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, (TR807I) Y DEL PROGRAMA II, DE INCENTIVOS A LAS EMPRESAS CUALIFICADAS COMO INICIATIVAS DE EMPLEO DE BASE TECNOLÓGICA (TR340E). DOG núm 19 de viernes 26 de enero de 2018.

Le recordamos que quattroasesoria – grupo quattro tramitamos, ejecutamos algunas de las actuaciones subvencionables y justificamos estas ayudas. En caso de que estuviera interesado quedamos a su disposición para que nos consulte.

A continuación se detallan los puntos destacados de la convocatoria: Leer más

NOTA DE AVISO – Se eliminan la posibilidad de Aplazamiento o fraccionamiento de determinadas obligaciones tributarias

El Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social (BOE del 3) procede a la eliminación de la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de determinadas obligaciones tributarias.

  • Se elimina la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de los tributos repercutidos (IVA), dado que el efectivo pago de dichos tributos por el obligado a soportarlos implica la entrada de liquidez en el sujeto que repercute. Por tanto, sólo serán aplazables en el caso de que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas.
  • Se suprime la excepción normativa que abría la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de las retenciones e ingresos a cuenta.
  • Solo serán aplazables el impuesto sobre Sociedades y la Declaracion de la Renta, el resto no.
  • No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las liquidaciones tributarias confirmadas total o parcialmente en virtud de resolución firme cuando previamente hayan sido suspendidas durante la tramitación del correspondiente recurso o reclamación en sede administrativa o judicial.
  • Se elimina la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.
  • No podra “jugarse” con esos dias de gracia que a veces se utilizan pidiendo aplazamiento y en caso de denegacion pagarlo una vez comunicado; al igual que si se solicita el aplazamiento sin AVAL,en ambos casos constara como no presentado el impuesto automaticamente y con lo que ello supone: recargos del 20% mas intereses de demora y la sancion correspondiente de no presentacion

El tipo de gravamen efectivo en las grandes empresas se sitúa en el 7,3%

Así lo han adelantado fuentes de la Agencia Tributaria: “los grupos consolidados han tributado en España a un tipo de gravamen efectivo del 7,3% en el impuesto sobre sociedades”. Además, se destacó que, al inicio de la legislatura, este tipo de gravamen estaba situado en el 3,8%, lo que confirma los efectos de la reducción y eliminación de deducciones y la mejora de los beneficios de determinadas grandes empresas.

Desde siempre hemos tenido la idea de que la gran empresa paga pocos impuestos, en comparación con cualquier pyme, y estos datos lo confirman. Aunque aún no se trata de datos definitivos, es más que evidente que ese 7,3% se aleja sustancialmente del tipo de gravamen nominal que, en 2014, era del 30%, en 2015 se sitúa en el 28% y, en 2016 será del 25%.

los grupos consolidados han tributado en España a un tipo de gravamen efectivo del 7,3% en el impuesto sobre sociedades”

¿Por qué tenemos estas diferencias?

La explicación es muy simple: deducciones, ajustes contables y beneficios fiscales. Sin embargo, las grandes empresas se alejan de estas evidencias y alegan que la gran diferencia entre el tipo efectivo y el tipo nominal se encuentra en que gran parte de sus beneficios se obtienen en el extranjero y que, por tanto, tributan en el país de origen y en España se encuentran exentos gracias a la aplicación de las deducciones por doble imposición.

Ciertamente, fuentes de la Agencia Tributaria reconocieron esta circunstancia y que se logró incrementar el tipo de gravamen efectivo de 3,8% en 2011 al 7,3% actual gracias a la supresión de deducciones y a las medidas adoptadas por el Gobierno desde el inicio de la legislatura.

A simple vista podemos recordar algunos ejemplos como la limitación a la deducibildiad de los gastos financieros, del fondo de comercio o, incluso, de las pérdidas en entidades participadas. Además, desde la reciente reforma fiscal, también se consideraron como no deducibles el deterioro de los elementos patrimoniales del inmovilizado material, de inmovilizados intangibles, inversiones inmobiliarias o de valores representativos de deuda admitidos a cotización. Como último apunte, en la misma reforma se limitó la deducción por los gastos de representación empresariales al 1%.

Mientras que fuentes de la oposición consideran que las grandes empresas aportan a la administración menos de lo que debería, desde la Agencia Tributaria se remarca que el aumento de recaudación por impuesto sobre sociedades fue sustancialmente superior respecto al aumento por IRPF o IVA entre los períodos 2011 y 2013.

Sin embargo, si nos fijamos en 2014, estos datos no se repiten: los ingresos por IRPF en la legislatura fueron de 2.859 millones de euros en IRPF y 6.800 millones en IVA, mientras que los ingresos por Impuesto sobre sociedades alcanzaron solamente los 2.100 millones de euros.

Los partidos de la oposición, PSOE, Podemos y Ciudadanos, se ponen de acuerdo al remtipo de gravamen - INEAFarcar la necesidad de limitar aún más las deducciones existentes en el impuesto sobre sociedades. Algunos partidos incluso proponen fijar un tipo mínimo efectivo del 15% sobre el resultado contable para que dejen de suceder estas diferencias con el tipo nominal.

No obstante, recordemos que fijar un tipo mínimo del 15% puede suponer duplicar la carga tributaria para algunas grandes empresas, lo que fomentaría enormemente la salida de capitales de España e incluso, el fraude fiscal.

Según encuestas recientes, el 94% de los españoles opina que en nuestro país existe mucho o bastante fraude fiscal y que la Administración no se esfuerza lo suficiente para erradicar este problema. A lo mejor, en lugar de debatir la necesidad de aplicar o eliminar deducciones, sería una buena opción combatir con firmeza el fraude fiscal.

Sólo basta con poner cualquier día un telediario o ponernos a leer un periódico cualquiera: la evasión fiscal existe en nuestro día a día. Proponer medidas para incrementar la recaudación puede servir de poco si la gran mayoría de beneficios de las empresas terminan en paraísos fiscales sin tributar en nuestro país.

Extinción y cese de actividad de la empresa en un acto – Se aprueba el DUE

En el Consejo de Ministros del viernes uno de las novedades aprobadas fue el DUE, Documento Único Electrónico, para la extinción y cese de actividad de la empresa. En este documento se regulan todos los datos que se deben consignar referentes al empresario individual y las sociedades de responsabilidad limitada que tienen que remitirse a Registro Mercantil, de la Propiedad o Seguridad Social y Agencia Tributaria.

Después de crear este documento el sistema de tramitación telemática se encargará de asignar el número CIRCE correspondiente, identificando de manera inequívoca el DUE para proceder a realizar el resto de los trámites. La cumplimentación de este documento se puede realizar desde los diferentes Puestos de Atención al Emprendedor habilitados a tal efecto.

Se espera que con esta medida se consiga un ahorro para las empresas en cargas administrativas aproximadamente de unos 90 millones de euros al año, pero también en tiempo si todo funciona como se supone que debe hacerlo y ahorrarnos dolores de cabeza para finiquitar la actividad empresarial.

A esto le tenemos que sumar la aprobación del nuevo Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado, que busca llegar a un nuevo modelo de prestación de servicios más racional, construidos en torno a servicios compartidos que sustituya a los existentes. Esperemos que esto se traduzca en un acceso más cómodo y eficiente para las empresas, ya que a mayoría de ellas están obligadas a tramitar de forma telemática.