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España crea empresas por primera vez en un año con la construcción al frente

El número de empresas vuelve a crecer por primera vez en España desde el inicio de la crisis. Y lo hace independientemente de su tamaño y prácticamente en todos los sectores.

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De acuerdo con los últimos datos del ministerio de Trabajo, el número de sociedades inscritas en la Seguridad Social, que venía cayendo de forma consecutiva desde marzo de 2020 y que cerró el último ejercicio con un descenso del 3,3%, logró repuntar ya un 3% en marzo y otro 4,2% en abril, con lo que consolida así la tendencia de recuperación económica.

Con todo ello, a 30 de abril, había en España un total de 1,28 millones de empresas registradas, muy cerca ya del 1,32 de sociedades existentes en febrero del año pasado, justo antes de iniciarse la pandemia por el Covid-19, que provocó la mayor caída del PIB desde la Guerra Civil.

Estos dos últimos meses han sido especialmente positivos para la construcción, uno de los motores tradicionales de nuestra economía, que incrementó el número de empresas un 14,2% en marzo y un 13,8% en abril. Son en conjunto 16.208 empresas inscritas más que en abril de 2020, lo que supone la mejor cifra de los últimos ocho años, según destacan desde el Observatorio Industrial de la Construcción.

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El sector consolida así su objetivo de liderar la reactivación económica del país tras la crisis y se presenta como un importante generador de empleo y como «principal protagonista dentro de la asignación de los fondos europeos», según aseguró la semana pasada Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y de la Fundación Laboral de la Construcción, durante su intervención en un evento en el que participaron también los sindicatos CCOO y UGT.

Creación de empleo

Su crecimiento es especialmente significativo porque ha logrado asimismo un mayor incremento de la afiliación, retomando desde el pasado mes de noviembre el ritmo de crecimiento que tenía antes del parón provocado por la crisis. Tanto los máximos representantes de la patronal como los sindicatos coinciden así en que el crecimiento registrado en marzo y, sobre todo en abril, «reconfirma el efecto tractor y creador de empleo del sector de la construcción».

Y, aunque a algo más de distancia, destacan también el sector tecnológico, con un aumento del número de empresas en abril del 6,6%; de las actividades de suministro de energía, donde crecen un 6,2% y de la hostelería, uno de los sectores más castigados y que, por primera vez empieza a ver la luz al final del túnel, con un aumento en el número de empresas registradas del 5,6%.

La patronal Hostelería de España apunta que «su previsión es que si la vacunación avanza a buen ritmo y el pasaporte sanitario funciona y permite la llegada de turistas a nuestro país, en verano la caída de ingresos se reducirá de forma significativa y podremos recuperar hasta el 80% del negocio que tuvimos hace dos años».

Y todo ello será posible a pesar de que en el último ejercicio se han perdido un total 85.000 establecimientos, casi un tercio de los que había en total, lo que ha supuesto, además, la destrucción de 300.000 puestos de trabajo.

Empleados en Erte

De hecho, el empleo sigue siendo el gran quebradero de cabeza para los hosteleros, a pesar del crecimiento registrado en el número de empresas. Y es que pese a los indicios de recuperación, la patronal calcula que una gran parte de los 364.000 empleados del sector que a cierre de marzo se encontraban todavía en un ERTE acabarán engrosando las listas del paro debido al impacto de la crisis sanitaria en el sector.

Entre los distintos sectores analizados en las estadísticas del Ministerio de Trabajo, solo hay dos que siguen acusando el deterioro económico causado por la crisis y siguen cayendo en comparación con abril del año pasado, en pleno confinamiento tras el primer Estado de Alarma. En concreto, el sector de la agricultura, pesca y alimentación sufre una caída en el número de empresas del 0,4%, mientras que el sector de los servicios domésticos se reduce un 1,9%, quedando así como farolillo rojo.

Pequeñas y grandes

Al margen de los sectores, destaca, sobre todo, que el número de empresas crece tanto en el caso de las pymes como en el de las más grandes. El mayor crecimiento se da, no obstante, en las compañías que tienen entre 3 y 5 trabajadores, con un 5,2% más de sociedades al cierre de abril que hace un año. También es significativo el incremento, en este caso del 3,2%, entre las que tienen una plantilla de entre 10 y 49 empleados. En las más grandes, lógicamente, el crecimiento es menor. El número de sociedades entre 50 y 249 trabajadores sube un 1,4%; entre 250 y 499 se incrementa un 1,7% y el de las de más de 500 aumenta, por último, un 0,6%.

Recuperación del empleo

A finales de marzo de este año había 13.648.916 trabajadores, un 2% más que en la misma fecha de 2020, lo que supone un aumento de 266.098 en valores absolutos. El número de empleados crece de hecho en las empresas de todos los tamaños, excepto en las que tienen de 240 a 499 trabajadores, según los datos del Ministerio de Trabajo. El mayor aumento en las contrataciones se produce, no obstante, en las compañías que tienen un mayor tamaño, aquellas que suman más de 499 empleados en plantilla, hasta 121.982 trabajadores (un 2,7% más). El mayor incremento relativo se observa en los trabajadores con contrato indefinido a tiempo completo (4,5%), mientras que el único decrecimiento es en el caso de los contratos temporales a tiempo parcial, de un -0,5%. En términos absolutos, el número de trabajadores con contrato indefinido a tiempo completo aumentó en 139.881 trabajadores. Por tipo de jornada, el 76,3% de los trabajadores tenía contratos a tiempo completo y el 23,7% a tiempo parcial.

Fuente: El Economista

INNOVAPEME 2021- Nueva Ayuda para la Innovación de las empresas gallegas

AYUDAS PARA LA MEJORA DE LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS EN GALICIA, A TRAVÉS DE LA FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INTEGRADAS EN PLANES DE INNOVACIÓN ENMARCADOS EN PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DE LA RIS3 (2021)

Actividades que constituyan un conjunto completo y homogéneo que permita implementar o incrementar las capacidades innovadoras de la empresa incluidas en un plan de innovación desarrolladas en Galicia. Deberá estar alineado con alguna de las prioridades de la RIS3 para Galicia.

Recomendaciones a tener en cuenta antes de final de ano para la RENTA 2020 - INNOVAPEME 2021- Nueva Ayuda para la Innovación de las empresas gallegas

Presupuesto subvencionable entre 80.000 € – 200.000€

A. Actividades de innovación
  1. Auditoría/consultoría en producto/servicio. Análisis de cartera de productos/servicios dirigidos a actividades de innovación.
  2. Estudios de viabilidad técnica, económica y/o de mercado previos al desarrollo de producto/servicio; Estudios de satisfacción y detección de necesidades de los mercados.
  3. Protección de la propiedad industrial.
  4. Elaboración de estudios del estado del arte previos a la gestión de la propiedad industrial, a la solicitud de patentes, modelos de utilidad y otras licencias; vigilancia y prospectiva tecnológica.
  5. Gestión de la solicitud de patentes, modelos de utilidad, y otras licencias.
  6. Asesoramiento para la transferencia de tecnología.
  7. Obtención de certificaciones oficiales vinculadas con la capacidad innovadora
  8. Asesoramiento para la gestión de proyectos colaborativos de I+D+i.
  9. Asesoramiento para el acceso a la financiación de la innovación a través de instrumentos financieros o fondos de capital riesgo.
  10. Asesoramiento o servicio relacionados con el posicionamiento, marketing o comercialización de productos y servicios innovadores.
B. Innovación en materia de procesos y organización
  • Diseño y desarrollo de nuevos procesos productivos y organización de la producción.
  • Implantación de herramientas de Lean productivity, Lean manufacturing o similares.
  • Incorporación de tecnologías facilitadoras (TFE):
  • Tecnologías que conecten el mundo físico con digital.(Realidad aumentada, 3D, automatización….)
  • Tecnologías que permitan la comunicación y el tratamiento de los datos: Cloud-computing. Ciberseguridad.
  • Tecnologías que faciliten la gestión inteligente de las operaciones, así como el trabajo colaborativo con otras empresas: Big Data. Inteligencia de negocio. Desarrollo de plataformas de trabajo colaborativo.
C. Innovación en materia de organización
  • Implementación de nuevos métodos organizacionales en el negocio
  • Creación de departamentos/unidades de I+D+i, creación y ampliación de la capacidad tecnológica y creación de estructuras de investigación e innovación de dimensión apropiada para la generación de desarrollo tecnológico y no asociadas a la actividad productiva.

Su duración mínima será de 1 año y la máxima se extenderá hasta el 30/09/2022.

Plazos de justificación:

  • En 2021 sólo se admitirán aquellos gastos desde la fecha de solicitud y el 30/11/2021.
  • Para la anualidad 2022, se admitirán los gastos realizados entre 01/12/ 2021 y el 30/09/ 2022.

Cuantía de la ayuda

50% del gasto subvencionable

Costes subvencionables:

A) PARA ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN:
  • Costes de obtención, validación y defensa de patentes
  • Costes de envío en comisión de servicio de personal altamente cualificado
  • Costes de servicios de asesoramiento en materia de innovación
  • Costes de servicios de apoyo en materia de innovación
B) y C) PARA INNOVACIÓN EN MATERIA DE PROCESOS/ DE ORGANIZACIÓN:
  • Costes de personal propio
  • Costes de personal de nueva contratación
  • Costes de equipamiento y material instrumental de nueva adquisición
  • Costes de adquisición de licencias de propiedad industrial
  • Costes de material, suministros y productos similares
  • Costes de subcontratación de actividades

Beneficiario

Las microempresas, pequeñas y medianas empresas con domicilio social o un centro de trabajo en Galicia, donde deberán desarrollar las actividades para las que se solicita la ayuda.

EXCLUSIONES: 1-Empresas que ya resultaran beneficiarias del Programa InnovaPeme 2017 O 2019. 2-  CNAES en el momento de la publicación de las bases:  Sección J. Información y comunicación: quedan excluidas como beneficiarias las em­presas de las divisiones 61: telecomunicación; 62: programación, consultoría y otras activi­dades relacionadas con la informática; y 63: servicios de información.

Plazo de solicitud hasta el 07/06/2021.

En concurrencia competitiva (Por puntos).

Para cualquier aclaración al respecto, estamos a su disposición tanto en fiscal@quattroasesoria.com como en el 986226483

quattroasesoria.

La Inspección de Trabajo multa a empresas por fraude en los ERTE.

La Inspección de Trabajo multa con 16,5 millones de euros a 3.635 empresas por fraude en los ERTE.

A cierre de 2020 quedaban por cerrar casi 9.000 investigaciones a las que se le podrán sumar nuevos casos

La Inspeccion de Trabajo multa a empresas por fraude en los ERTE quattroasesoria - La Inspección de Trabajo multa a empresas por fraude en los ERTE.

Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han sido el salvavidas de miles de empresas y cientos de miles de trabajadores, pero siempre hay quien intenta sacar tajada cuando no le corresponde. Según datos del Ministerio de Trabajo, se han detectado 3.635 infracciones en relación con los ERTE en empresas a las que se ha sancionado por un importe total de 16,5 millones de euros. Estos son los resultados hasta final de 2020 de una campaña de prevención que lanzó el Ministerio de Trabajo para detectar actuaciones fraudulentas.

El balance del año de la inspección sobre los ERTE se conocen en un momento en el que Gobierno y agentes sociales tienen que volver a negociar una nueva prolongación de estas suspensiones temporales de empleo, en vigor hasta el 31 de enero. Tienen previsto reunirse este viernes por la mañana y todas las partes parecen estar de acuerdo en la necesidad de que se amplíen. Eso sí, falta por entrar en el detalle de las condiciones de estos ERTE y ahí es muy probable que vuelvan las tensiones. De hecho, la última prórroga se cerró in extremis, el día antes de que caducase el plazo dado anteriormente.

Según los datos de Trabajo, la Inspección ha iniciado hasta la fecha 33.440 expedientes de posible fraude en los ERTE (en la recepción de las prestaciones por desempleo y exoneraciones en las cotizaciones sociales). De estos, se han finalizado 24.606 casos, entre los que se encuentran las 3.635 infracciones. Es decir, casi un 15% de las investigaciones ha acabado en multa. La sanción a estas empresas asciende a 16.539.433,52 euros, a lo que habría que añadir un importe adicional por la liquidación de las cotizaciones sociales impagadas. La Inspección todavía tiene abiertos 8.834 expedientes, a los que se le podrán seguir sumando nuevos casos.

“Desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se han programado actuaciones de control del fraude vinculado a las medidas adoptadas para garantizar el empleo con ocasión de la situación creada por la covid-19 y en particular a los ERTE, mediante una campaña específica, puesta en marcha en abril, dirigida a prevenir y detectar actuaciones fraudulentas en relación con la percepción de las prestaciones por desempleo derivadas de los ERTE vinculadas al covid-19″, explicaba en noviembre el ministerio que dirige Yolanda Díaz.

El porcentaje de sanciones sobre los expedientes iniciados en relación con los ERTE (un 15%) está por encima de los resultados generales de la Inspección en años anteriores (en 2019 se quedó en el 8,4%). Aunque bien es cierto que 2020 ha sido excepcional con la pandemia y la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria.

La campaña de Trabajo se lanzó para prevenir y detectar los casos de fraude, según explicó en su día Yolanda Díaz. De esta forma, el Ejecutivo trata de que las empresas cumplan los requisitos exigidos y que las ayudas lleguen a las firmas y trabajadores que más lo necesitan. Además, con esta campaña, trata de que el dinero público —limitado también por el golpe de la crisis del coronavirus— se utilice para lo que estaba previsto y pueda cubrir a más afectados.

Más investigaciones

Las actuaciones relacionadas con el fraude en los ERTE tienen un doble objetivo, como aseguraba en un recuento anterior de los resultados el Ministerio de Trabajo: “Detectar situaciones de afiliación/alta a la Seguridad Social indebidas tras la declaración del estado de alarma para acogerse a un ERTE junto con la creación de empresas ficticias, así como la percepción fraudulenta de prestaciones por desempleo en ERTE vinculados al covid-19 en situaciones de actividad laboral, más frecuentes, según se observa, en la modalidad de teletrabajo”, sostenía en noviembre.

Estas actuaciones de la Inspección han ido variando con el tiempo. Durante la desescalada se intensificó incluso su presencia en las empresas, según explicaba el Ministerio de Trabajo: “Con el inicio de la desescalada, se ha programado una acción de intensificación de la presencia inspectora en los centros de trabajo, desarrollándose en la última quincena de junio 10.000 visitas inspectoras a centros de trabajo, junto con una campaña informativa de las obligaciones empresariales para la correcta recuperación de empleo en las empresas que han recurrido a ERTE”.

Por sectores, según los datos ya publicados por Trabajo previamente, al que se le han abierto más expedientes es la hostelería, uno de los más afectados por la crisis del coronavirus. Le siguen, de lejos, comercio y reparación de vehículos, así como compañías industriales. Y si se fija el foco en el reparto por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid es donde más actuaciones se han abierto, seguidas de Canarias y País Vasco.

Fuente: El País Economía.

NOTA DE AVISO – Préstamos Directos para a Financiación Empresarial – Inversions Estratéxicas – IGAPE

Resolución de 2 de julio de 2019 por la que se da publicidad al acuerdo del Consello de Dirección IGAPE que aprueba las bases reguladoras de préstamos directos para la financiación empresarial en Galicia, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva

Podrán ser beneficiarias de los préstamos regulados en estas bases aquellas empresas que cumplan los siguientes requisitos: Leer más

Hacienda debe probar que una empresa sucede a otra para exigirle sus deudas

1 1 - Hacienda debe probar que una empresa sucede a otra para exigirle sus deudas

La justicia aclara que el Estado debe demostrar una conexión directa entre dueños, plantilla y actividad

Desde el inicio de la crisis financiera en septiembre de 2008 hasta ahora, 10 años después, se han disuelto en España más de 210.000 empresas, muchas de las cuáles dejaron cuantiosas deudas pendientes con el fisco. En este mismo plazo, sin embargo, se han constituido a su vez más de 908.000 nuevas compañías, según los datos recopilados por Instituto Nacional de Estadística (INE). En algunos casos, se trata de negocios que heredan la actividad, pero también las responsabilidades fiscales, de las firmas extintas. Así, en los últimos años, se ha convertido en una práctica habitual de la Agencia Tributaria la realización de actuaciones masivas para tratar de recobrar las deudas pendientes reclamándolas a esas empresas sucesorias. La justicia, sin embargo, acaba de acotar estas campañas advirtiendo a Hacienda de que debe probar fehacientemente la vinculación entre ambos negocios si quiere cobrar.

El procedimiento que activa Hacienda en estos casos es el de derivación de responsabilidad tributaria por sucesión empresarial, que está previsto en el artículo 42.1 c) de la Ley General Tributaria. Este establece que “serán responsables solidarios de la deuda tributaria” las personas o empresas que “sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio”.

Hacienda ejecuta esta vía en tres casos. El más claro es cuando se produce la transmisión de la titularidad de la empresa jurídicamente, quedando acreditado el traspaso de la actividad y de las deudas. Una segunda opción es que la administración entienda que se da una “sucesión de facto”, en la que una empresa cesa su actividad aparentemente pero esta continúa en manos de otra persona o entidad que evitan certificar la sucesión para tratar de eludir la deuda. Finalmente, Hacienda también aplica la derivación de responsabilidad cuando detecta que una firma adquiere elementossuficientes de una empresa en extinción como para entender que continúa la actividad de la anterior.

De esta herramienta se sirvió la delegación de Valencia de la Agencia Tributaria para reclamar una deuda de 724.606 euros a una compañía S.L. alegando que sucedía a una S.A. deudora. Ante el recurso presentado por la firma afectada, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana tumbó la actuación de Hacienda al considerar que esta no había justificado con pruebas fehacientes la conexión entre ambas compañías.

Las evidencias aceptables para la justicia son, fundamentalmente, que haya coincidencia en la actividad o explotación de ambas sociedades; que se dé una vinculación personal entre sus socios y administradores o que se repitan los proveedoresclientes y trabajadores. Aunque el fisco apuntó a la confluencia de varios de estos supuestos en el caso judicializado, el tribunal valenciano le advierte de que no basta con que lo denuncie pues en la documentación aportada “no consta” prueba que justifique sus conclusiones.

La resolución, a la que ha tenido acceso este diario, recuerda que tanto la Ley General Tributara como el Tribunal Económico-Administrativo Central(TEAC) son claros a la hora de imponer al Estado la carga de la prueba.

“Para el tribunal, un informe no tiene, a diferencia de las diligencias y actas de la inspección, carácter probatorio pleno”, explica el abogado Salvador Salcedo, socio del bufete Ático Jurídico, subrayando que “es la administración la que deberá acreditar, en cada caso, los elementos materiales y formales, en base a los que considere que ha existido una sucesión en la actividad empresarial”. “Y en caso de no justificarse los mismos, la derivación de responsabilidad podrá anularse en los tribunales”, aduce Salcedo.

El fallo del tribunal, asevera el letrado, abre la puerta a que otras empresas que estén siendo objeto de un procedimiento de derivación de responsabilidadtributaria puedan paralizar o anular las exigencias de cobro injustificadas.

Fuente: Economía