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Hacienda modifica el sistema de declaraciones informativas

La Agencia Tributaria (Aeat) ha establecido que la próxima campaña de declaraciones informativas 2018 -a presentar a partir del 1 de enero de 2019- implicará una modificación sustancial en la parte técnica de remisión de la información. Según la Aeat, se va a sustituir el sistema actual de TGVI – que consiste en la presentación de grandes volúmenes de información con validación en un momento posterior- por el nuevo TGVI online, que supone la presentación de la información con validación previa de la misma.

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El tipo de gravamen efectivo en las grandes empresas se sitúa en el 7,3%

Así lo han adelantado fuentes de la Agencia Tributaria: “los grupos consolidados han tributado en España a un tipo de gravamen efectivo del 7,3% en el impuesto sobre sociedades”. Además, se destacó que, al inicio de la legislatura, este tipo de gravamen estaba situado en el 3,8%, lo que confirma los efectos de la reducción y eliminación de deducciones y la mejora de los beneficios de determinadas grandes empresas.

Desde siempre hemos tenido la idea de que la gran empresa paga pocos impuestos, en comparación con cualquier pyme, y estos datos lo confirman. Aunque aún no se trata de datos definitivos, es más que evidente que ese 7,3% se aleja sustancialmente del tipo de gravamen nominal que, en 2014, era del 30%, en 2015 se sitúa en el 28% y, en 2016 será del 25%.

los grupos consolidados han tributado en España a un tipo de gravamen efectivo del 7,3% en el impuesto sobre sociedades”

¿Por qué tenemos estas diferencias?

La explicación es muy simple: deducciones, ajustes contables y beneficios fiscales. Sin embargo, las grandes empresas se alejan de estas evidencias y alegan que la gran diferencia entre el tipo efectivo y el tipo nominal se encuentra en que gran parte de sus beneficios se obtienen en el extranjero y que, por tanto, tributan en el país de origen y en España se encuentran exentos gracias a la aplicación de las deducciones por doble imposición.

Ciertamente, fuentes de la Agencia Tributaria reconocieron esta circunstancia y que se logró incrementar el tipo de gravamen efectivo de 3,8% en 2011 al 7,3% actual gracias a la supresión de deducciones y a las medidas adoptadas por el Gobierno desde el inicio de la legislatura.

A simple vista podemos recordar algunos ejemplos como la limitación a la deducibildiad de los gastos financieros, del fondo de comercio o, incluso, de las pérdidas en entidades participadas. Además, desde la reciente reforma fiscal, también se consideraron como no deducibles el deterioro de los elementos patrimoniales del inmovilizado material, de inmovilizados intangibles, inversiones inmobiliarias o de valores representativos de deuda admitidos a cotización. Como último apunte, en la misma reforma se limitó la deducción por los gastos de representación empresariales al 1%.

Mientras que fuentes de la oposición consideran que las grandes empresas aportan a la administración menos de lo que debería, desde la Agencia Tributaria se remarca que el aumento de recaudación por impuesto sobre sociedades fue sustancialmente superior respecto al aumento por IRPF o IVA entre los períodos 2011 y 2013.

Sin embargo, si nos fijamos en 2014, estos datos no se repiten: los ingresos por IRPF en la legislatura fueron de 2.859 millones de euros en IRPF y 6.800 millones en IVA, mientras que los ingresos por Impuesto sobre sociedades alcanzaron solamente los 2.100 millones de euros.

Los partidos de la oposición, PSOE, Podemos y Ciudadanos, se ponen de acuerdo al remtipo de gravamen - INEAFarcar la necesidad de limitar aún más las deducciones existentes en el impuesto sobre sociedades. Algunos partidos incluso proponen fijar un tipo mínimo efectivo del 15% sobre el resultado contable para que dejen de suceder estas diferencias con el tipo nominal.

No obstante, recordemos que fijar un tipo mínimo del 15% puede suponer duplicar la carga tributaria para algunas grandes empresas, lo que fomentaría enormemente la salida de capitales de España e incluso, el fraude fiscal.

Según encuestas recientes, el 94% de los españoles opina que en nuestro país existe mucho o bastante fraude fiscal y que la Administración no se esfuerza lo suficiente para erradicar este problema. A lo mejor, en lugar de debatir la necesidad de aplicar o eliminar deducciones, sería una buena opción combatir con firmeza el fraude fiscal.

Sólo basta con poner cualquier día un telediario o ponernos a leer un periódico cualquiera: la evasión fiscal existe en nuestro día a día. Proponer medidas para incrementar la recaudación puede servir de poco si la gran mayoría de beneficios de las empresas terminan en paraísos fiscales sin tributar en nuestro país.

ATENCION¡¡¡ QUE VIENE EL LOBO

Hacienda incrementa los controles informáticos a empresas gallegas

En nueve meses hizo 200 inspecciones

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) está aumentando los controles informáticos en las empresas gallegas en busca de fraude fiscal. Solo hasta el mes de septiembre de este año se han hecho 200 inspecciones en la comunidad, las mismas que se llevaron a cabo durante todo el 2014. La labor de supervisión en Galicia la están desarrollando las Unidades de Auditoría Informática (UAI), grupos de trabajo en los que además de los inspectores participan, como apoyo, técnicos superiores de sistemas. Esta es la principal novedad. Determinados usos de nuevas herramientas tecnológicas se ha convertido en una bolsa de fraude y de ocultación de datos contables en las empresas para no rendir cuentas al fisco.

que viene el lobo

Fuentes consultadas en la Agencia Tributaria han precisado que el trabajo más duro consiste en la extracción de información a partir de discos que han sido deliberadamente borrados para eliminar cualquier rastro. En otras ocasiones, el esfuerzo se centra reconocer las posibilidades que dan los programas instalados por los propios contribuyentes para omitir registros.

Las UAI se han dotado de un software con herramientas informáticas de recuperación de datos y de lectura. Y en los últimos tiempos están contando con el apoyo de los ciudadanos que presentan denuncias tributarias sobre cómo funcionan los sistemas de ocultación, lo que facilita los registros informáticos de Hacienda, y el trabajo posterior con los datos.

En las auditorías a firmas gallegas dentro del plan contra la economía sumergida, Hacienda está poniendo el foco en negocios que facturan directamente al público, pero también en compañías mayoristas de otros sectores.

Las fuentes consultadas revelan que el desarrollo de planes coordinados a nivel nacional ha sido un elemento introducido recientemente en la actuación de las UAI y, en general, en toda la inspección. El objetivo pasaría por abordar actuaciones sincronizadas sobre un sector de actividad concreto, de forma que tenga un impacto en todos los negocios y así modificar sus comportamientos fiscales. Las UAI dependen de una unidad central que se integra en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF).

En España, solo en el primer semestre, la labor de estos grupos de trabajo ha permitido que aflorasen 183 millones de euros, casi lo mismo que en todo el 2014 y un 14,3 % más que en el 2013. Sobre el peso que tiene la economía sumergida en España se ha escrito mucho. El informe The Shadow Economy in Europe revela que mientras que en Francia y Alemania está en el 16 % del PIB, en España llega al 22,6 %, algo por encima de la media de la OCDE.

Un plan que va más allá del control de cajas registradoras trucadas

El plan para incrementar las auditorías informáticas en las empresas como estrategia para combatir la economía sumergida incluye una línea de trabajo enfocada al comercio y la hostelería. Es decir, en paralelo a grandes actuaciones, a lo largo del 2015 también se ha puesto el foco en el control de cajas registradoras trucadas que permiten llevar una doble contabilidad en pequeños negocios. Herramientas tecnológicas que suprimen ventas del establecimiento. Y a menor facturación, menor carga tributaria en IVA e IRPF. La totalidad de las cajas y los TPV pueden incorporar tecnología que borra y reduce el importe abonado por el cliente. Incorporar esta tecnología en sí no constituye un delito, pero sí el uso que se hace de ella. La Agencia Tributaria considera que esta práctica está muy arraigada en pequeños establecimientos de comercio y hostelería.

Sin embargo, este no es un problema exclusivo de España. Otras administraciones fiscales de países de la OCDE han abordado este asunto, como es el caso de Canadá, Alemania, Holanda y Suecia. Los expertos internacionales recuerdan que todos los fabricantes de cajas registradoras y de TPV incorporan ya herramientas que permiten alterar las ventas. Y mantienen estos dispositivos por temor a perder clientes. Estos instrumentos también pueden filtrar, duplicar o incluso añadir nuevos registros para alterar las cuentas y defraudar al fisco.

Fuente: La Voz de Galicia