Las reclamaciones de deuda de Hacienda pueden quedar sin efecto si no avisa por e-mail

Un tribunal admite recurrir fuera de plazo un aviso que no fue alertado por correo electrónico

Las notificaciones y reclamaciones tributarias que remite Hacienda a los contribuyentes pueden quedar sin efectos si la administración rompe el hábito adquirido de avisar al interesado mediante el envío de un correo electrónico de alerta. Así lo acaba de dictaminar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un fallo que promete dar un margen de actuación adicional a miles de contribuyentes a los que la Agencia Tributaria les haya impuesto cargas sin notificarlo debidamente.

El fallo judicial versa sobre un buzón virtual oficial del que Hacienda se sirve a menudo para remitir a los contribuyentes sus notificaciones. Se trata de la llamada Dirección Electrónica Habilitada (DEH), que es de obligado uso para determinados colectivos, fundamentalmente empresas. Una vez depositadas en el DEH, estas comunicaciones se tienen por notificadas al contribuyente en el plazo de 10 días, aunque este no haya accedido en ese tiempo al buzón virtual.

Para dar garantías adicionales, la administración permite a los interesados inscribir también un correo electrónico al que se remite un aviso cuando haya nuevas notificaciones en el DEH. Hacienda venía defendiendo que no está obligada a realizar esta comunicación adicional por lo que si el sistema falla y el aviso no se envía al correo del contribuyente, la notificación se daba por válida pasados los citados 10 días, limitando, por ejemplo, el plazo efectivo para recurrir.

Recientemente además, el Tribunal Constitucionalha declarado, con relación a las notificaciones remitidas por Lexnet, que la falta de remisión del correo electrónico no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. Y ahí es donde entra en juego la reciente sentencia del alto tribunal de Cataluña

La sentencia afecta a una empresa constructora a la que Hacienda remitió una reclamación económico–administrativa a través del DEH en mayo de 2015 exigiéndole un pago correspondiente a la liquidación del impuesto de Sociedades del ejercicio 2011, pero sin avisarle por mail como solía.

El tribunal ha dictaminado que aunque Hacienda no tenga la obligación de remitir un correo electrónico al contribuyente advirtiéndole de que hay una notificación tributaria pendiente de revisión en el DEH, el hecho de que haya venido enviándolo con regularidad en ocasiones anteriores sí le compromete a seguir haciéndolo en virtud del “principio de confianza legítima”, que también defiende el Constitucional.

“Esa confianza legítima motivó que el obligado no entrara en su buzón electrónico, a la vista de que no había recibido un aviso en su dirección de correo, como siempre había ocurrido hasta ese momento. Es decir, era una actitud esperable en el obligado tributario, sin que pueda tildarse de negligente la falta de acceso a su buzón”, explica el abogado José María Salcedo, socio del bufete Ático Jurídico.

Como consecuencia del fallo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña permite a la empresa presentar un recurso, sobre 28.231 euros de la deuda reclamada, que el Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) se había negado a admitir alegando que estaba ya fuera de plazo para hacerlo.

Fuente: CincoDías


Hacienda pierde ante la justicia el 50% de los pleitos que plantea el contribuyente

Los asesores fiscales denuncian el ‘gatillo fácil’ de la Agencia Tributaria y advierten de que hay más de 300.000 asuntos pendientes de resolución.

Cuando la Agencia Tributaria presenta los datos correspondientes a los resultados de la lucha contra el fraude, que últimamente viene arrojando unos 15.000 millones de recaudación extra al año, omite un dato esencial. Muchas de esas actas de liquidación que se levantan a los contribuyentes decaen tiempo después en los tribunales porque se basaban en presupuestos no acordes a la ley.

La Asociación Española de Asesores Fiscales ha denunciado este jueves que los contribuyentes ganan el 50% de los pulsos que echan a Hacienda en los tribunales. Y no son pocos. Los últimos datos indican que hay 300.000 asuntos fiscales pendientes de resolución en las diferentes instancias judiciales.

“Hacienda pierde el 40% de los litigios en la instancia económico-administrativa y una tercera parte de los casos que superan esa criba se fallan a favor de los contribuyentes en instancia judicial”, ha explicado Javier Gómez Taboada, asesor fiscal y responsable del área de estudios de Aedaf.

Para el presidente de la organización, José Ignacio Alemany, el dato es heredero de la situación de grave inseguridad jurídica que se vive en el ámbito fiscal, alimentada por una hiperproducción de normas fiscales – Aedaf ha detectado épocas de norma tributaria aprobada por semana- y el espíritu combativo de la Agencia Tributaria frente a los contribuyentes, que se concreta en la resolución por la vía de la sanción de las discrepancias fiscales que surgen en su relación con los contribuyentes. “Creemos que la sociedad española no es consciente de cómo está siendo vapuleada en términos tributarios”.

Las críticas de los asesores se centran en la inestabilidad del marco fiscal, en la aplicación punitiva de criterios intuitivos o pseudo-morales en la aplicación de las normas fiscales y en una política fiscal que “se ha convertido en una suerte de ariete ideológico utilizado con fines electoralistas y recaudatorios”.

Resolviendo los casos de los 90

Un cóctel al que se agrega la falta de especialización de los tribunales en la resolución de muchos de los casos que deben analizar y la exasperante lentitud en resolver. Los asesores fiscales ilustran la situación con una reciente sentencia de la Audiencia Nacional que ha resuelto un litigio sobre el ejercicio fiscal de 1996.

Aedaf reclama la creación de tribunales específicos en materia fiscal con jueces especializados en materia tributaria no solo para desembalsar los cientos de miles de asuntos pendientes de resolución -una acumulación, recuerdan, que no es ajena a la combatividad del Fisco español- y proporcionar certidumbre y seguridad jurídica a los agentes económicos.

También reivindican la habilitación de canales de mediación y arbitraje independientes para impedir que todas las discrepancias entre contribuyentes y Hacienda Pública terminen en los tribunales.

Fuente: Bruno Pérez

La UE permitirá aplicar un IVA reducido a los libros electrónicos y prensa online

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la unión Europea, Pierre Moscovici, ha celebrado la adopción de la normativa, que ha calificado como un “verdadero avance”.

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han aprobado una normativa que permitirá a los países que deseen aplicar un IVA reducido, o incluso nulo, a los libros electrónicos y las publicaciones digitales.

Los socios del bloque comunitario han sido capaces de sacar adelante la nueva legislación tras haber fracasado en tres ocasiones en el pasado por el veto que mantenía República Checa sobre la medida, que necesitaba el visto bueno de todas las capitales.

En la actualidad, los países están obligados a gravar los libros electrónicos con el tipo estándar del IVA, que está fijado en al menos un 15%. De hecho, el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) tumbó leyes en Francia y Luxemburgo que aplicaban a estas publicaciones el tipo reducido.

Sin embargo, las nuevas normas darán la opción de equiparar el impuesto al consumo que aplican a las publicaciones tanto en su versión física como en su versión digital. España grava con un 4% las publicaciones en papel y con un 21% las digitales.

“Esta propuesta es parte de nuestros esfuerzos para modernizar el IVA para la economía digital, y permite que sigamos el ritmo del proceso tecnológico”, ha destacado el ministro de Finanzas de Austria, Hartwig Löger, que este semestre ostenta la presidencia de turno del Ecofin.

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, ha celebrado la adopción de la normativa, que ha calificado como un “verdadero avance”, y ha defendido que “un libro es un libro independientemente del soporte”.

Los socios de una SL deben prestar los servicios profesionales que son objeto de la entidad

los socios de una Sociedad Limitada deben prestar atención a la tributación de este tipo de empresas. Y es que a cambio del trabajo realizado en su propia empresa, el socio recibe una remuneración, y aquí es donde se plantean unas dudas sobre su tributación.

La actividad desarrollada por el socio en la sociedad debe encontrarse encuadrada en la Sección Segunda de las Tarifas del IAE, según reflejan en e-autónomos.es. De hecho, la actividad desarrollada por el socio en la sociedad debe ser, precisamente, la realización de los servicios profesionales que constituyen el objeto de la entidad.

Más del 75% de los ingresos

Hacienda mira con lupa las relaciones económicas entre una sociedad y sus socios para evitar que haya traspasos artificiales de ingresos, por lo que en este punto, más del 75% de los ingresos del socio deben proceder del desarrollo de actividades profesionales.

Además, la retribución de cada socio debe determinarse en función de la contribución efectuada por cada uno en la sociedad. En este sentido, si el beneficio contable de la sociedad, antes de la deducción de las retribuciones entregadas a los socios, es de 100.000 euros, las retribuciones entregadas a los socios no pueden ser inferior a 75.000 euros

Por escrito

Aparte de eso, la retribución no debe ser inferior a 1,5 veces el salario medio de los asalariados de la sociedad que cumplan funciones análogas a las de los socios profesionales. Si no hay trabajadores en la sociedad, la retribución no debe ser inferior a 5 veces el IPREM.

La retribución de cada socio debe determinarse en función de la contribución efectuada por cada uno a la buena marcha de la sociedad, siendo necesario que conste por escrito los criterios cualitativos o cuantitativos aplicables.

Fuente: Cinco Días.