Los MSE, el mecanismo con el que el Gobierno quiere sustituir los ERTE

La nueva fórmula que sustituiría a los ERTE actuales en casos de crisis imprevista, se conoce como los MSE (Mecanismos de Sostenibilidad del Empleo).

En momentos de crisis como la vivida con la pandemia, las empresas puedan recurrir a estos MSE y no destruir empleos.

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Cómo elaborar un plan de igualdad sin cometer errores

Las principales equivocaciones se cometen en el cómputo de los trabajadores, el proceso de negociación, los planes de grupo o en el ámbito de aplicación, entre otros asuntos.

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La Inspección de Trabajo multa a empresas por fraude en los ERTE.

La Inspección de Trabajo multa con 16,5 millones de euros a 3.635 empresas por fraude en los ERTE.

A cierre de 2020 quedaban por cerrar casi 9.000 investigaciones a las que se le podrán sumar nuevos casos

La Inspeccion de Trabajo multa a empresas por fraude en los ERTE quattroasesoria - La Inspección de Trabajo multa a empresas por fraude en los ERTE.

Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han sido el salvavidas de miles de empresas y cientos de miles de trabajadores, pero siempre hay quien intenta sacar tajada cuando no le corresponde. Según datos del Ministerio de Trabajo, se han detectado 3.635 infracciones en relación con los ERTE en empresas a las que se ha sancionado por un importe total de 16,5 millones de euros. Estos son los resultados hasta final de 2020 de una campaña de prevención que lanzó el Ministerio de Trabajo para detectar actuaciones fraudulentas.

El balance del año de la inspección sobre los ERTE se conocen en un momento en el que Gobierno y agentes sociales tienen que volver a negociar una nueva prolongación de estas suspensiones temporales de empleo, en vigor hasta el 31 de enero. Tienen previsto reunirse este viernes por la mañana y todas las partes parecen estar de acuerdo en la necesidad de que se amplíen. Eso sí, falta por entrar en el detalle de las condiciones de estos ERTE y ahí es muy probable que vuelvan las tensiones. De hecho, la última prórroga se cerró in extremis, el día antes de que caducase el plazo dado anteriormente.

Según los datos de Trabajo, la Inspección ha iniciado hasta la fecha 33.440 expedientes de posible fraude en los ERTE (en la recepción de las prestaciones por desempleo y exoneraciones en las cotizaciones sociales). De estos, se han finalizado 24.606 casos, entre los que se encuentran las 3.635 infracciones. Es decir, casi un 15% de las investigaciones ha acabado en multa. La sanción a estas empresas asciende a 16.539.433,52 euros, a lo que habría que añadir un importe adicional por la liquidación de las cotizaciones sociales impagadas. La Inspección todavía tiene abiertos 8.834 expedientes, a los que se le podrán seguir sumando nuevos casos.

“Desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se han programado actuaciones de control del fraude vinculado a las medidas adoptadas para garantizar el empleo con ocasión de la situación creada por la covid-19 y en particular a los ERTE, mediante una campaña específica, puesta en marcha en abril, dirigida a prevenir y detectar actuaciones fraudulentas en relación con la percepción de las prestaciones por desempleo derivadas de los ERTE vinculadas al covid-19″, explicaba en noviembre el ministerio que dirige Yolanda Díaz.

El porcentaje de sanciones sobre los expedientes iniciados en relación con los ERTE (un 15%) está por encima de los resultados generales de la Inspección en años anteriores (en 2019 se quedó en el 8,4%). Aunque bien es cierto que 2020 ha sido excepcional con la pandemia y la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria.

La campaña de Trabajo se lanzó para prevenir y detectar los casos de fraude, según explicó en su día Yolanda Díaz. De esta forma, el Ejecutivo trata de que las empresas cumplan los requisitos exigidos y que las ayudas lleguen a las firmas y trabajadores que más lo necesitan. Además, con esta campaña, trata de que el dinero público —limitado también por el golpe de la crisis del coronavirus— se utilice para lo que estaba previsto y pueda cubrir a más afectados.

Más investigaciones

Las actuaciones relacionadas con el fraude en los ERTE tienen un doble objetivo, como aseguraba en un recuento anterior de los resultados el Ministerio de Trabajo: “Detectar situaciones de afiliación/alta a la Seguridad Social indebidas tras la declaración del estado de alarma para acogerse a un ERTE junto con la creación de empresas ficticias, así como la percepción fraudulenta de prestaciones por desempleo en ERTE vinculados al covid-19 en situaciones de actividad laboral, más frecuentes, según se observa, en la modalidad de teletrabajo”, sostenía en noviembre.

Estas actuaciones de la Inspección han ido variando con el tiempo. Durante la desescalada se intensificó incluso su presencia en las empresas, según explicaba el Ministerio de Trabajo: “Con el inicio de la desescalada, se ha programado una acción de intensificación de la presencia inspectora en los centros de trabajo, desarrollándose en la última quincena de junio 10.000 visitas inspectoras a centros de trabajo, junto con una campaña informativa de las obligaciones empresariales para la correcta recuperación de empleo en las empresas que han recurrido a ERTE”.

Por sectores, según los datos ya publicados por Trabajo previamente, al que se le han abierto más expedientes es la hostelería, uno de los más afectados por la crisis del coronavirus. Le siguen, de lejos, comercio y reparación de vehículos, así como compañías industriales. Y si se fija el foco en el reparto por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid es donde más actuaciones se han abierto, seguidas de Canarias y País Vasco.

Fuente: El País Economía.

Inspección de Trabajo prevé convertir 80.000 temporales en indefinidos

  • El organismo creará una oficina contra la discriminación laboral por género

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social se estrena esta año como un Organismo Autónomo, y por tanto, con líneas de actuación propias. Entre una de las primeras medidas que adoptará, es la creación de una Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Esta oficina potenciará las inspecciones en esta materia, según se recoge en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

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El retraso en la actualización del salario mínimo puede implicar un recargo del 10%

El trabajador puede reclamar hasta un año de atrasos impagados de cualquier tipo

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Los trabajadores que a finales de 2018 percibían el salario mínimo interprofesional (SMI) de entonces (735,90 euros mensuales en 14 pagas) y en enero de 2019 no hayan recibido el incremento del 22,3% de su sueldo (hasta los 900 euros mensuales), tal y como estipula la ley, podrán reclamarlo y cobrar un 10% más por el retraso en el abono de esta nueva renta mínima legal.

Así lo advierten los expertos laboralistas de Abdon Pedrajas Abogados, quienes ayer precisaban que este retraso en la actualización del salario mínimo podría llevar al trabajador a hacer una reclamación de cantidad por ello ante los tribunales.

En este caso, si la justicia diera la razón al trabajador, este podría cobrar la diferencia entre el anterior salario mínimo y la nueva cuantía, de los meses que se le adeuden –con un máximo de un año por el plazo de prescripción– incrementado en un 10%. Esto se produciría en aplicación del artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores que establece que “el interés por mora en el pago del salario será el 10% de lo adeudado”.

Durante un análisis técnico de las últimas novedades legislativas en materia laboral, desde este bufete también han alertado sobre ciertos pronunciamientos de la Inspección de Trabajo que han considerado ya que el nuevo salario mínimo de 1.050 euros al mes en 12 pagas (o 900 euros mensuales en 14 pagas) debe figurar como salario base.

Sin embargo, esto no es, en opinión de estos abogados, lo que pone la ley en la actualidad, que estipula que la nueva cuantía del salario mínimo debe alcanzarse con los ingresos que “por todos los conceptos viniesen percibiendo los trabajadores en cómputo anual y jornada completa”. Esto quiere decir que los 12.600 euros al año como mínimo incluye salario base y los conceptos variables.

“Se trata de tener en cuenta toda la masa salarial anual, sin contar los conceptos extrasalariales”, precisó ayer Tomás Sala, director de Formación de Abdón Pedrajas. Si bien, acto seguido admitió que en muchas empresas es difícil distinguir los conceptos salariales de aquellas retribuciones que no lo son.

En este sentido, Sala también recordó que no serán de aplicación las subidas salariales, ya superiores a la nueva cuantía del salario mínimo, pero referenciadas en los convenios a lo que se incremente el SMI.

Fuente: Cincodías.