La Inspección de Trabajo multa a empresas por fraude en los ERTE.

La Inspección de Trabajo multa con 16,5 millones de euros a 3.635 empresas por fraude en los ERTE.

A cierre de 2020 quedaban por cerrar casi 9.000 investigaciones a las que se le podrán sumar nuevos casos

La Inspeccion de Trabajo multa a empresas por fraude en los ERTE quattroasesoria - La Inspección de Trabajo multa a empresas por fraude en los ERTE.

Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han sido el salvavidas de miles de empresas y cientos de miles de trabajadores, pero siempre hay quien intenta sacar tajada cuando no le corresponde. Según datos del Ministerio de Trabajo, se han detectado 3.635 infracciones en relación con los ERTE en empresas a las que se ha sancionado por un importe total de 16,5 millones de euros. Estos son los resultados hasta final de 2020 de una campaña de prevención que lanzó el Ministerio de Trabajo para detectar actuaciones fraudulentas.

El balance del año de la inspección sobre los ERTE se conocen en un momento en el que Gobierno y agentes sociales tienen que volver a negociar una nueva prolongación de estas suspensiones temporales de empleo, en vigor hasta el 31 de enero. Tienen previsto reunirse este viernes por la mañana y todas las partes parecen estar de acuerdo en la necesidad de que se amplíen. Eso sí, falta por entrar en el detalle de las condiciones de estos ERTE y ahí es muy probable que vuelvan las tensiones. De hecho, la última prórroga se cerró in extremis, el día antes de que caducase el plazo dado anteriormente.

Según los datos de Trabajo, la Inspección ha iniciado hasta la fecha 33.440 expedientes de posible fraude en los ERTE (en la recepción de las prestaciones por desempleo y exoneraciones en las cotizaciones sociales). De estos, se han finalizado 24.606 casos, entre los que se encuentran las 3.635 infracciones. Es decir, casi un 15% de las investigaciones ha acabado en multa. La sanción a estas empresas asciende a 16.539.433,52 euros, a lo que habría que añadir un importe adicional por la liquidación de las cotizaciones sociales impagadas. La Inspección todavía tiene abiertos 8.834 expedientes, a los que se le podrán seguir sumando nuevos casos.

“Desde la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se han programado actuaciones de control del fraude vinculado a las medidas adoptadas para garantizar el empleo con ocasión de la situación creada por la covid-19 y en particular a los ERTE, mediante una campaña específica, puesta en marcha en abril, dirigida a prevenir y detectar actuaciones fraudulentas en relación con la percepción de las prestaciones por desempleo derivadas de los ERTE vinculadas al covid-19″, explicaba en noviembre el ministerio que dirige Yolanda Díaz.

El porcentaje de sanciones sobre los expedientes iniciados en relación con los ERTE (un 15%) está por encima de los resultados generales de la Inspección en años anteriores (en 2019 se quedó en el 8,4%). Aunque bien es cierto que 2020 ha sido excepcional con la pandemia y la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria.

La campaña de Trabajo se lanzó para prevenir y detectar los casos de fraude, según explicó en su día Yolanda Díaz. De esta forma, el Ejecutivo trata de que las empresas cumplan los requisitos exigidos y que las ayudas lleguen a las firmas y trabajadores que más lo necesitan. Además, con esta campaña, trata de que el dinero público —limitado también por el golpe de la crisis del coronavirus— se utilice para lo que estaba previsto y pueda cubrir a más afectados.

Más investigaciones

Las actuaciones relacionadas con el fraude en los ERTE tienen un doble objetivo, como aseguraba en un recuento anterior de los resultados el Ministerio de Trabajo: “Detectar situaciones de afiliación/alta a la Seguridad Social indebidas tras la declaración del estado de alarma para acogerse a un ERTE junto con la creación de empresas ficticias, así como la percepción fraudulenta de prestaciones por desempleo en ERTE vinculados al covid-19 en situaciones de actividad laboral, más frecuentes, según se observa, en la modalidad de teletrabajo”, sostenía en noviembre.

Estas actuaciones de la Inspección han ido variando con el tiempo. Durante la desescalada se intensificó incluso su presencia en las empresas, según explicaba el Ministerio de Trabajo: “Con el inicio de la desescalada, se ha programado una acción de intensificación de la presencia inspectora en los centros de trabajo, desarrollándose en la última quincena de junio 10.000 visitas inspectoras a centros de trabajo, junto con una campaña informativa de las obligaciones empresariales para la correcta recuperación de empleo en las empresas que han recurrido a ERTE”.

Por sectores, según los datos ya publicados por Trabajo previamente, al que se le han abierto más expedientes es la hostelería, uno de los más afectados por la crisis del coronavirus. Le siguen, de lejos, comercio y reparación de vehículos, así como compañías industriales. Y si se fija el foco en el reparto por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid es donde más actuaciones se han abierto, seguidas de Canarias y País Vasco.

Fuente: El País Economía.

Inspección de Trabajo prevé convertir 80.000 temporales en indefinidos

  • El organismo creará una oficina contra la discriminación laboral por género

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social se estrena esta año como un Organismo Autónomo, y por tanto, con líneas de actuación propias. Entre una de las primeras medidas que adoptará, es la creación de una Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Esta oficina potenciará las inspecciones en esta materia, según se recoge en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

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El retraso en la actualización del salario mínimo puede implicar un recargo del 10%

El trabajador puede reclamar hasta un año de atrasos impagados de cualquier tipo

Contratos de formación 1 - El retraso en la actualización del salario mínimo puede implicar un recargo del 10%

Los trabajadores que a finales de 2018 percibían el salario mínimo interprofesional (SMI) de entonces (735,90 euros mensuales en 14 pagas) y en enero de 2019 no hayan recibido el incremento del 22,3% de su sueldo (hasta los 900 euros mensuales), tal y como estipula la ley, podrán reclamarlo y cobrar un 10% más por el retraso en el abono de esta nueva renta mínima legal.

Así lo advierten los expertos laboralistas de Abdon Pedrajas Abogados, quienes ayer precisaban que este retraso en la actualización del salario mínimo podría llevar al trabajador a hacer una reclamación de cantidad por ello ante los tribunales.

En este caso, si la justicia diera la razón al trabajador, este podría cobrar la diferencia entre el anterior salario mínimo y la nueva cuantía, de los meses que se le adeuden –con un máximo de un año por el plazo de prescripción– incrementado en un 10%. Esto se produciría en aplicación del artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores que establece que “el interés por mora en el pago del salario será el 10% de lo adeudado”.

Durante un análisis técnico de las últimas novedades legislativas en materia laboral, desde este bufete también han alertado sobre ciertos pronunciamientos de la Inspección de Trabajo que han considerado ya que el nuevo salario mínimo de 1.050 euros al mes en 12 pagas (o 900 euros mensuales en 14 pagas) debe figurar como salario base.

Sin embargo, esto no es, en opinión de estos abogados, lo que pone la ley en la actualidad, que estipula que la nueva cuantía del salario mínimo debe alcanzarse con los ingresos que “por todos los conceptos viniesen percibiendo los trabajadores en cómputo anual y jornada completa”. Esto quiere decir que los 12.600 euros al año como mínimo incluye salario base y los conceptos variables.

“Se trata de tener en cuenta toda la masa salarial anual, sin contar los conceptos extrasalariales”, precisó ayer Tomás Sala, director de Formación de Abdón Pedrajas. Si bien, acto seguido admitió que en muchas empresas es difícil distinguir los conceptos salariales de aquellas retribuciones que no lo son.

En este sentido, Sala también recordó que no serán de aplicación las subidas salariales, ya superiores a la nueva cuantía del salario mínimo, pero referenciadas en los convenios a lo que se incremente el SMI.

Fuente: Cincodías.

El calendario laboral de 2019 tendrá 14 festivos: ocho nacionales, cuatro autonómicos y dos locales

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Las festividades de Reyes y de la Inmaculada pasan de domingo a lunes

Todas las regiones menos Cataluña harán fiesta el Jueves Santo

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará previsiblemente a lo largo de este mes el calendario laboral oficial para 2019. Sin embargo, las comunidades autónomas ya han ido dando el visto bueno a sus respectivos calendarios de festivos, con lo que ya se puede conocer de forma fiable cuales serán estas fiestas.El próximo año habrá ocho festivos nacionales que no serán sustituibles, lo que significa que se celebrarán en toda España. Junto a estos días, habrá otros cuatro festivos cuya fijación corresponde a la potestad de cada comunidad autónoma. Y, finalmente, cada municipio podrá escoger otros dos días festivos solo para su localidad.

En total, la mayoría de los trabajadores podrán disfrutar en 2019 de 14 días festivos entre semana.
Los ocho días que no podrán ser sustituidos y deberán celebrarse en todo el territorio nacional son:

-1 de enero, Año Nuevo (martes)

– 19 de abril, Viernes Santo

– 1 de mayo, Fiesta del Trabajo (miércoles)

– 15 de agosto, Asunción de la Virgen (jueves)

– 12 de octubre, Día de la Hispanidad (sábado)

– 1 de noviembre, Día de Todos los Santos (viernes)

– 6 de diciembre, Día de la Constitución (viernes)

– 25 de diciembre, Navidad (miércoles)

Además, los otros festivos elegidos por un mayor número de comunidades son el 6 de enero (fiesta de Reyes) y el 8 de diciembre (Día de la Inmaculada), que el próximo año caen en domingo y se trasladan al lunes 7 de enero y 9 de diciembre. Asimismo, el 18 de abril, Jueves Santo es festivo en toda España menos en Cataluña.

La relación de otras fiestas autonómicas es la siguiente:

-7 de enero, Epifanía del Señor trasladada al lunes. Festivo en: Asturias, Navarra, Castilla y León, Madrid, Aragón, Murcia, Andalucía, Extremadura, Canarias, Ceuta.

-22 de enero (martes), festivo en la Comunidad Valenciana.

-28 de febrero (jueves), festivo en Andalucía, Día de la Comunidad.

-1 de marzo (viernes), festivo en las Islas Baleares, Día de la Comunidad.

– 19 de marzo (martes), San José. Festivo en: Galicia, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana,  Murcia y Melilla.

– 18 de abril, Jueves Santo. Festivo en todas las comunidades autónomas excepto en Cataluña.

– 22 de abril, Lunes de Pascua. Festivo en: Cantabria, País Vasco, Navarra, Cataluña, Castilla-La Mancha, C. Valenciana, Islas Baleares y La Rioja.

-23 de abril (martes), festivo en Castilla y León y Aragón, Día de la Comunidad en ambos casos.

-2 de mayo (jueves), festivo en Madrid, Día de la Comunidad.

-17de mayo (viernes), festivo en Galicia, Día de las Letras Gallegas.

– 30 de mayo (jueves), festivo en Canarias, Día de la Comunidad.

– 31 de mayo (viernes), festivo en Castilla-La Mancha, Día de la Comunidad.

– 10 de junio (lunes), festivo en Murcia y La Rioja, Día de la Comunidad.

– 25 de julio (jueves), festivo en Galicia (Día de la Comunidad), Cantabria y País Vasco.

– 12 de agosto (lunes), festivo en Ceuta, Fiesta del Sacrificio.

– 2 de septiembre (lunes), festivo en Ceuta, Día de la Ciudad Autónoma

-17 de septiembre (martes), festivo en Melilla, Día de la Ciudad Autónoma.

– 3 de diciembre (martes), festivo en Navarra, Día de la Comunidad.

-9 de octubre (miércoles), festivo en Valencia Día de la Comunidad.

– 9 de diciembre (lunes). Fiesta de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, se traslada al lunes. Festivo en: Asturias, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Aragón, Andalucía, Extremadura, la Rioja y Melilla.

– 26 de diciembre (jueves), festivo en Cataluña e Islas Baleares.

Teniendo todo esto en cuenta, y sin contabilizar los dos festivos que puede establecer cada ayuntamiento, el próximo año se presentan varios fines de semana largos en toda España, bien porque el festivo cae en viernes (como el 1 de noviembre) o en lunes (es el caso del 7 de enero y 8 de diciembre). Asimismo habrá algunos puentes como el que podrá hacerse en Año Nuevo, que tomando el lunes 31 de diciembre (que es laborable) podrán juntarse cuatro días libres. No faltarán incluso los conocidos como macropuentes, como el que se producirá en las comunidades que han trasladado la fiesta del 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) al lunes, día 9. En este caso, y sin tomar ningún día laborable, juntarán cuatro días libres (6, 7, 8 y 9 de diciembre).

Fuente: Cincodías.

Más del 20% de los afectados por la subida del IRPF son autónomos

Unos 25.000 autónomos tendrán que pagar más a Hacienda si sale adelante la propuesta del Gobierno dirigida a aquellos contribuyentes que declaren ingresos por encima de 140.000 euros anuales. A todo ellos se les aplicaría una subida de cuatro puntos en su IRPF. Es decir, pasarían de una retención del 22,5% a otra del 26,5% en el tramo estatal, al que habrá que sumar el tramo autonómico, con lo que el IRPF de estos autónomos superará el 50% en una buena parte de los territorios.

Según los datos de la Agencia Tributaria (AEAT) un total de 25.021 afiliados al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) declararon más de 150.000 euros de rendimientos netos en 2016 (últimos datos publicados). De ellos 24.666 lo hicieron vía estimación directa y 355 por el sistema de módulos. En suma, el peso relativo sobre los 2,23 millones de contribuyentes que ejercen una actividad por cuenta propia y están encuadrados en el RETA, fue del 1,12%, cifra más de medio punto por encima que la de los trabajadores por cuenta ajena. En este último caso fueron un total de 91.408 aquellos que superaron la citada franja de ingresos, lo que representa un peso del 0,53% sobre el total.     Feliz día de santiago apostol - Más del 20% de los afectados por la subida del IRPF son autónomos

Si el PSOE consigue los apoyos necesarios para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado del 2019, el número de autónomos que deberán contribuir más será superior, ya que el acuerdo alcanzado por ambos líderes de izquierdas la pasada semana rebaja el listón a las rentas que se sitúen por encima de los 140.000. Esto es 10.000 euros por debajo de la propuesta inicial de Sánchez.

La intención del Ejecutivo es incrementar cuatro puntos el tramo estatal del IRPF para los contribuyentes con las rentas más altas, que pasará del 22,5% actual al 26,5%. A ello hay que sumar el tramo autonómico que varía según las comunidades autónomas, siendo Madrid, el que aplica el tipo más bajo (21%) y Cataluña el más elevado (25,5%). El resultado de ello es la falta de equidad fiscal entre las distintas regiones. Por ejemplo, la retención que se aplicará a un autónomo madrileño que declare unos ingresos netos de 160.000 euros anuales será 58.125 euros mientras que la del catalán será de 59.780 euros.

En 2017 Hacienda recaudó 77.000 millones de euros por IRPF. Con la subida del tipo para las rentas altas la previsión que maneja el fisco es que se ingresen en torno a 500 millones de euros más cada ejercicio. De lo que todavía no hay detalle es de cuánto de esa recaudación provendrá del colectivo de autónomos que, cabe destacar, tienen más facilidades a la hora de declarar sus rendimientos netos reales.

El incremento del IRPF no será lo único que afectará al bolsillo del colectivo de autónomos con las rentas más altas. Además de tener que hacer frente a la reforma del Impuesto de Sociedades, con la que se pretende fijar un tipo mínimo del 15%, el Gobierno socialista planea una subida del precio del diésel cercana al 5% , es decir de entre 9 y 13 céntimos por litro más sobre el precio actual. Asimismo, queda pendiente por ver si la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, da el visto bueno a la prórroga para mantener vigentes durante el próximo año los límites de 250.000 y 125.000 euros de ingresos para aquellos profesionales que tributan por el sistema de módulos.

Se desmonta el bulo de que los autónomos contribuyen menos

La tozudez de datos desmontan la leyenda de que los autónomos son los que menos contribuyen a las arcas de Hacienda. Cierto es que en términos absolutos, según los datos de la AEAT, el número de quienes cuentan con mayores ingresos es inferior al de los trabajadores por cuenta ajena por la propia distribución del mercado laboral. Ahora bien, al analizar el peso que tienen los autónomos y los asalariados en sus respectivos grupos, los contribuyentes del RETA que facturan más de 30.000 euros en estimación directa al año suponen un 22,7% sobre un total de 1,83 millones, dos puntos por encima de los del Régimen General (20,7% sobre 19,62 millones). Dato al que hay que añadir otro 8,90% sobre los 665.962 autónomos que tributan por el sistema de módulos y declaran rendimientos netos superiores a la citada cantidad.

Si subimos un escalón hasta el tramo de ingresos a partir de 60.000 euros, el peso de los trabajadores por cuenta propia en estimación directa es del 8,08, frente al 3,75% de los asalariados. Así, en el supuesto de que la subida del IRPF se aplicase a las rentas a partir de esta franja, tal y como proponía la formación morada, las cuentas de 148.271 autónomos resultarían perjudicadas.

Por otra parte, cabe destacar la mejora que desde 2008 se viene dando en la tributación del colectivo. En 2016 fueron los trabajadores por cuenta propia en estimación directa declararon 12496€ de media, más de 400 euros por encima de los que se produjeron ocho años atrás. Tendencia que se habría mantenido en 2017, año para el que la Agencia Tributaria prevé un crecimiento del 5,3%, aproximándose a los datos pre-crisis.

Fuente: Autónomos y emprendedores.