Así quedan todas las cotizaciones de los autónomos desde enero próximo

Cotizaciones de los autónomos a partir de Enero 2019

La cuota mínima mensual sube cinco euros en 2019 hasta 283 euros al mes, a cambio de varias mejoras de prestaciones

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, selló ayer finalmente, con las asociaciones más representativas de los trabajadores autónomos (ATA, UPTA, Uatae y CEAT), el acuerdo que fija cuánto cotizarán los miembros de este colectivo a la Seguridad Social el próximo año. Este pacto ya quedó cerrado hace unas semanas tras numerosos desencuentros, pero ayer se escenificó la firma del acuerdo, que ha quedado recogido legalmente en el proyecto de Real Decreto-Ley en materia de Seguridad Social que aprobará el próximo viernes el último Consejo de Ministros del año.

Las bases mínimas de cotización de los autónomos subirán un 1,25% en 2019, hasta los 944,40 euros al mes. Esta subida se decidió después de que las asociaciones que representan a estos trabajadores presionaran para que no se trasladara la subida del salario mínimo a las bases de los autónomos como dice la ley.

Junto a esto, también subirá el tipo mínimo de cotización general del 29,80% a un tipo obligatorio del 30% en 2019. Este nuevo tipo, además de la incapacidad temporal incluye las cotizaciones por cese de actividad y formación.

De esta forma, la cuota mensual mínima de que pagaban la mayoría de los autónomos en 2018 (278 euros) aumentará cinco euros desde el 1 de enero hasta 283 euros al mes (64 euros más al año). Por su parte, la cuota mínima mensual de los autónomos societarios se elevará en 6,89 euros al mes (83 al año)

Al hacer obligatoria la cotización por todas las contingencias con un tipo del 30% hay alrededor de medio millón de autónomos que verán incluso rebajado su tipo de cotización ya que ahora, para reunir voluntariamente todas estas contingencias (IT, cese de actividad y contingencias profesionales) cotizaban cerca del 33%, según cálculos de la asociación de autónomos ATA.

Se da la circunstancia de que, por primera vez la base mínima de cotización del autómo será inferior a la del asalariado del Régimen General (fijada en 1.050 euros al mes). Para evitar que haya un trasvase de asalariados a falsos autónomos, Trabajo aprobará una nueva infracción laboral, sancionada con entre 3.126 y 10.000 euros para el empresario que de de baja a un empleado y lo mantenga como falso autónomo. Si bien desde el Ministerio de Trabajo sugirieron ayer que podría extender también esta infracción a todos los falsos autónomos y no solo a los que procedan del Régimen General.

Autónomos de 47 años y más

Autónomos de mas de 47 años

Además de esta cotización general, la ley establece todos los años unos límites máximos de cotización para los autónomos de más edad, con el fin de evitar la ‘compra’ de pensiones si se les perimitiese elevar cuanto quisieran su base de cotización en los úlitmos años de vida laboral.

Así, el Real Decreto-Ley que se aprobará el viernes especifica que sólo los autónomos que el 1 de enero de 2019 tengan menos de 47 años podrán elegir libremente su base de cotización entre la base mínima (944,40 euros) y la máxima (4.070 euros). También tendrán esa libertad de elección aquellos de 47 años cuya base de cotización de diciembre de 2018 fuera igual o superior a 2.052 euros al mes. De lo contrario, su base máxima de cotización será de 2.077,80 euros al mes, salvo que eleven su base por encima de los citados 2.052 euros antes del 30 de junio de 2019.

48 o más años

La base de cotización de los autónomos que a 1 de enero de 2019 tengan cumplidos 48 o más años estará comprendida entre los 1.018,50 y 2.077,80 euros mensuales en líneas generales. Hay una excepción: que se trate del cónyuge supérsite del titular del engocio que como consecuencia del fallecimiento de este, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este régimen especial con 45 o más años de edad. Solo en este caso las bases de cotización se podrán elegir entre un mínimo de 944,40 euros y 2.077,80 euros.

En el caso de que el autónomo, con anterioridad a los 50 años, hubiera cotizado cinco o más años en algún otro sistema de Seguridad Social podrán elegir la base entre 944,40 euros mensuales y 2.077,80 euros, siempre que su última base de cotización fuera igual o inferior a 2.052 euro.

Pero si su última base fue superior a esa cantidad, el autónomo podrá cotizar por una base de entre los 944,40 euros y su última base de cotización incrementada en un 7%, siempre con el tope de la base máxima (4.070 euros al mes).

Tarifa plana

La tarifa plana durante los 12 primeros meses de actividad de los nuevos autónomos o aquellos que no hayan estado de alta en el Regimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en los últimos 24 meses y vuelvan a darse de alta, pasará de 50 a 60 euros, incluyendo la cotización por incapacidad temporal causada por contigencias comunes y profesionales, pero no la cobertura de cese de actividad ni la de formación.

Pluriactividad

Pluriactividad

Aquellos autónomos que también coticen de forma simultánea en el Régimen General de trabajadores asalariados tendrán derecho al reintegro del 50%  del exceso en que sus cotizaciones por contingencias comunes –contabilizando las aportaciones del empresario y el trabajador por cuenta ajena y las del autónomo– superen la cuantía que se establezca a tal efecto por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio, con el tope del 50 por ciento de las cuotas ingresadas en este régimen especial en razón de su cotización por las contingencias comunes.

MEJORAS SOCIALES A CAMBIO DE CINCO EUROS MÁS AL MES

El aumento de las bases y los tipos de cotización de los autónomos, por el que pagarán cinco euros más al mes a partir de enero del año que viene, está destinado a financiar una mejora de las prestaciones sociales .

Una de las principales mejoras de las que podrán beneficiarse es del cobro de la prestación por cese de actividad por el doble de tiempo –de dos a cuatro meses el mínimo y de 12 a 24 meses el máximo–. El proyecto de Real Decreto-Ley que aprobará el viernes el Consejo de Minstros establece una nueva escala que permite cobrar un mínimo de cuatro meses de esta prestación si se han cotizado entre 12 y 17 meses por cese de actividad y un máximo de 24 meses de cobro si se han cotizado de 48 meses en adelante (cuatro años). A los asalariados les cuesta seis años cobrar el máximo de 24 meses de prestación por desmpleo.

Asimismo, se intentará facilitar el acceso a esta prestación, ya que actualmente las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social rechazan la mayoría de las solicitudes. El Gobierno aprobará el viernes la creación de comisiones gestoras donde estará un rerpresentante de la mutua, otro del autónomo y otro de la Seguridad Social para dirimir si se tiene derecho o no a esta prestación. El informe será vinculante y recurrible a los tribunales.

Entre el resto de mejoras sociales está que tendrán derecho a cobrar la prestación por accidente de trabajo o enfermedad profesional desde el primer día de baja. Además, podrán no abonar la cuota a la Seguridad Social a partir del segundo mes en caso de baja por enfermedad o incapacitación temporal hasta el momento del alta. Y las madres autónomas, dentro de los 24 meses posteriores a la prestación por baja de maternidad, podrán acceder a la tarifa plana de 60 euros durante un año sin cesar su actividad.

Fuente: Cinco Días

Trabajo planea encarecer un 40% la cotización de los contratos de cinco días o menos

La medida pretende disuadir al empresario de la realización de estos contratos y aumentar la recaudación de la Seguridad Social

El último Consejo de Ministros del año, que se celebrará pasado mañana, tiene previsto aprobar un Real Decreto-Ley de los denominados escoba –por la cantidad y diversidad de medidas que incluye– en materia de Seguridad Social. Este texto, aún provisional, al que ha tenido acceso Cinco Días, recoge varias novedades en materia de cotizaciones y prestaciones para los trabajadores.

Este encarecimiento no se aplicará, no obstante, a los contratos encuadrados en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, precisa este texto.

Se trata de una medida que no se había anunciado hasta ahora y que según este texto legal, “va a tener una incidencia positiva en los ingresos del sistema de la Seguridad Social, ya que implicará una mayor recaudación, a la vez que puede ser desincentivadora para que el empresario recurra a este tipo de contratos”.

Además, se modificará la Ley de Seguridad Social para aplicar a los días efectivamente trabajados y cotizados un “coeficiente de temporalidad”, que permitirá al trabajador reunir un mayor número de días en alta para el acceso a las prestaciones del sistema de la Seguridad Social.

En concreto, la norma indicará que “a efectos de acreditar los periodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, maternidad y paternidad, de los contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea igual o inferior a cinco días, regulados en el artículo 151 de esta ley, cada día de trabajo se considerará como 1,4 días de cotización”. Se trata de un mecanismo similar al de los contratos a tiempo parcial.

Esta medida no es del todo novedosa, ya que en la actualidad, los contratos de duración inferior a siete días ya tienen un recargo en la cotización del 36%. Por lo que, ahora, se tratará de encarecer cuatro puntos más los de duración igual o inferior a cinco días.

Según los últimos estudios realizados, en la actualidad aproximadamente uno de cada cuatro contratos que se firman (el 26%) tiene una duración inferior a los siete días. Mientras que hace diez años el peso de estos contratos de corta duración era del 15% del total.

Multas por falsos autónomos

El proyecto de Real Decreto-Ley incluye más medidas que repercutirán sobre las decisiones de contratación de los empresarios. Así, la ley creará una nueva infracción con sus correspondientes sanciones para aquellos que usen la figura del falso autónomo.

En concreto, Trabajo pretende evitar que, debido a que por primera vez la base mínima de cotización de los asalariados es mayor que la de los autónomos, se produzca un trasvase el Régimen General al de Trabajadores por cuenta propia, convirtiendo a empleados en falsos autónomos.

Para disuadir de esta posible maniobra fraudulenta empresarial se crea una nueva infracción “muy grave” con su correspondiente sanción en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el orden social. Por tanto, el empresario que cometa esta infracción será multado con entre 3.126 y 10.000 euros –dependiendo de la gravedad de la infracción—por cada trabajador afectado.

De esta forma, y según este texto aún provisional, cometerán esta nueva infracción quien “comunique la baja en un régimen de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta ajena pese a que continúen la misma actividad laboral o mantengan idéntica prestación de servicios, sirviéndose de un alta indebida en un régimen de trabajadores por cuenta propia. A estos efectos se considerará una infracción por cada uno de los trabajadores afectados”.

Sin bonificaciones por baja siniestralidad

Otra de las vías por las que la Seguridad Social pretende aumentar sus ingresos, es suspendiendo las bonificaciones a las empresas que reduzcan su siniestralidad laboral.

Para ello el Real Decreto “suspende la aplicación del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral, prevista en el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, para las cotizaciones que se generen durante el año 2019”.

Según la argumentación de la Seguridad Social, esta medida se toma “una vez comprobadas las distorsiones y desproporcionada disminución de ingresos” que las nuevas bonificaciones aprobadas en 2017 generaban en la recaudación de la cuota de contingencias profesionales. Es más, esta medida añade que la intención del Gobierno no es solo suspender estas bonificaciones sin que “además, durante el año 2019 se procederá a la reforma del real decreto antes citado” y que fijaba esas bonificaciones.

Alza de bases de cotización

Tras varias especulaciones en las últimas semanas por parte de la Autoridad Fiscal Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y de distintos miembros del Gobierno sobre cuánto subirían en 2019 las bases máximas de cotización a la Seguridad Social, este Real Decreto confirma que se incrementarán un 7%.

Así, la norma indica que “durante el año 2019, la cuantía del tope máximo de la base de cotización a la Seguridad Social en aquellos regímenes que lo tengan establecido y de las bases máximas de cotización aplicables en cada uno de ellos, se establece en 4.070,10 euros mensuales”.

Mientras que el texto confirma también que la base mínima de cotización “subirá lo mismo que el salario mínimo interprofesional”. Esto es que el incremento será del 22%, con lo que dicha base mínima quedará así fijada en 1.050 euros al mes (12.600 euros al año).

Tarifa plana de autónomos

Este proyecto de Real Dreceto-Ley recoge también el acuerdo entre Trabajo y las asociaciones de autónomos para, entre otras cosas incrementar la base mínima de cotización del colectivo un 1,25% con lo que queda fijada en 944,40 euros mensuales. Asimismo, el tipo global de cotización de estos trabajadores será del 30% en 2019, incluyendo contengencias comunes, profesionales y cese de actividad, que pasan a ser todas obligatorias. Con ello se aplican también las mejoras de prestaciones acordadas entre el Gobierno y los autónomos.

Otra novedad para los autónomos es que la tarifa plana durante los primeros 12 meses de actividad para los trabajadores que ya la estuvieran pagando y para los nuevos que se den de alta en 2019 pasa a ser de 60 euros al mes desde el 1 de enero próximo. Cotizarán así por contingencias profesionales pero no por cese de actividad ni por formación.

Además, Trabajo extiende esta tarifa plana a los trabajadores por cuenta propia agraria, que hasta ahora no la disfrutaban.

Para lo que tendrán que esperar los autónomos es para cotizar a tiempo parcial, ya que este Real Decreto aplaza una vez más esta posibilidad.

Cotización de los cuidadores 

El Gobierno recupera en esta norma la financiación con dinero público de la Administración General del Estado de las cuotas del convenio especial de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia.

Igualmente, se recupera la prestación por desempleo en los contratos para la formación y el aprendizaje suscritos con alumnos trabajadores en los programas públicos de empleo y formación, incluyendo los programas de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo.

Las medidas incluidas en este texto de la Secretaría de Estado de Seguridad Social –cuya urgencia justifica el Gobierno por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para 2019 en la mayoría de los casos– no serán definitivas hasta su aprobación por el Consejo de Ministros. De hecho, el Gobierno se lo ha enviado a la patronal y a los sindicatos, que harán sus alegaciones entre hoy y mañana.

Una de esas novedades incluidas en el borrador de este Proyecto de Real Decreto-Ley pretende luchar contra el empleo precario, “y más concretamente contra el abuso en la celebración de contratos temporales de corta duración”. Para eso, el Ministerio de Trabajo ha decidido que “en los contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea igual o inferior a cinco días, la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes se incrementará en un 40%”.

Fuente: Cinco Días.

Airbnb Compartirá Con El Fisco Desde 2019 Los Datos De Los Anfitriones

La Firma Apunta En Un Comunicado Que Ha Habilitado Una Herramienta Online Para Declarar Correctamente La Información Reclamada Para El IRPF U Otros Impuestos De Carácter Turístico

Airbnb, plataforma de alquileres privados vacacionales, compartirá con la Agencia Tributaria a partir del próximo 1 de enero la información disponible sobre las transacciones de los anfitriones desde 2018. Ello supone postergar la fecha de inicio que en un principio estaba prevista para octubre pero que poco a poco se ha ido retrasando. La firma ha apuntado en un comunicado que ha habilitado una herramienta online para declarar correctamente los datos reclamados.

En concreto, la información que tienen previsto compartir la plataforma irán desde los ingresos de los anfitriones a detalles de sus anuncios como el nombre o la dirección.

Como ha declarado Patrick Robinson, el director de Políticas Públicas de Airbnb en un comunicado, el objetivo consiste en hacer lo más simple posible el proceso del Impuesto sobre la Renta. Para ello, la plataforma está colaborando con la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) y la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC). En concreto, se entregará a los anfitriones una guía de impuestos y se abrirá una línea directa gratuita para aquellos que quiera obtener una mayor información.

De cualquier modo, se trata de una experiencia similar a la desarrollada en otros países. Como han recordado desde la compañía, han apoyado ya incentivos fiscales para los anfitriones en Dinamarca así como establecido una colaboración similar a la que tendrán con Hacienda en Irlanda desde 2016.

En este sentido, desde la plataforma han apuntado que un anfitrión se queda con 97 céntimos de cada euro del precio que cobran a quienes alquilan su espacio, y que ya están colaborando con más de 500 gobiernos de todo el mundo automatizando el cobro de tasas turísticas en ciudades como Lisboa u Oporto.

Fuente: 24 España

Hacienda debe probar que una empresa sucede a otra para exigirle sus deudas

La justicia aclara que el Estado debe demostrar una conexión directa entre dueños, plantilla y actividad

Desde el inicio de la crisis financiera en septiembre de 2008 hasta ahora, 10 años después, se han disuelto en España más de 210.000 empresas, muchas de las cuáles dejaron cuantiosas deudas pendientes con el fisco. En este mismo plazo, sin embargo, se han constituido a su vez más de 908.000 nuevas compañías, según los datos recopilados por Instituto Nacional de Estadística (INE). En algunos casos, se trata de negocios que heredan la actividad, pero también las responsabilidades fiscales, de las firmas extintas. Así, en los últimos años, se ha convertido en una práctica habitual de la Agencia Tributaria la realización de actuaciones masivas para tratar de recobrar las deudas pendientes reclamándolas a esas empresas sucesorias. La justicia, sin embargo, acaba de acotar estas campañas advirtiendo a Hacienda de que debe probar fehacientemente la vinculación entre ambos negocios si quiere cobrar.

El procedimiento que activa Hacienda en estos casos es el de derivación de responsabilidad tributaria por sucesión empresarial, que está previsto en el artículo 42.1 c) de la Ley General Tributaria. Este establece que “serán responsables solidarios de la deuda tributaria” las personas o empresas que “sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio”.

Hacienda ejecuta esta vía en tres casos. El más claro es cuando se produce la transmisión de la titularidad de la empresa jurídicamente, quedando acreditado el traspaso de la actividad y de las deudas. Una segunda opción es que la administración entienda que se da una “sucesión de facto”, en la que una empresa cesa su actividad aparentemente pero esta continúa en manos de otra persona o entidad que evitan certificar la sucesión para tratar de eludir la deuda. Finalmente, Hacienda también aplica la derivación de responsabilidad cuando detecta que una firma adquiere elementossuficientes de una empresa en extinción como para entender que continúa la actividad de la anterior.

De esta herramienta se sirvió la delegación de Valencia de la Agencia Tributaria para reclamar una deuda de 724.606 euros a una compañía S.L. alegando que sucedía a una S.A. deudora. Ante el recurso presentado por la firma afectada, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana tumbó la actuación de Hacienda al considerar que esta no había justificado con pruebas fehacientes la conexión entre ambas compañías.

Las evidencias aceptables para la justicia son, fundamentalmente, que haya coincidencia en la actividad o explotación de ambas sociedades; que se dé una vinculación personal entre sus socios y administradores o que se repitan los proveedoresclientes y trabajadores. Aunque el fisco apuntó a la confluencia de varios de estos supuestos en el caso judicializado, el tribunal valenciano le advierte de que no basta con que lo denuncie pues en la documentación aportada “no consta” prueba que justifique sus conclusiones.

La resolución, a la que ha tenido acceso este diario, recuerda que tanto la Ley General Tributara como el Tribunal Económico-Administrativo Central(TEAC) son claros a la hora de imponer al Estado la carga de la prueba.

“Para el tribunal, un informe no tiene, a diferencia de las diligencias y actas de la inspección, carácter probatorio pleno”, explica el abogado Salvador Salcedo, socio del bufete Ático Jurídico, subrayando que “es la administración la que deberá acreditar, en cada caso, los elementos materiales y formales, en base a los que considere que ha existido una sucesión en la actividad empresarial”. “Y en caso de no justificarse los mismos, la derivación de responsabilidad podrá anularse en los tribunales”, aduce Salcedo.

El fallo del tribunal, asevera el letrado, abre la puerta a que otras empresas que estén siendo objeto de un procedimiento de derivación de responsabilidadtributaria puedan paralizar o anular las exigencias de cobro injustificadas.

Fuente: Economía

Asesores fiscales aconsejan guardar los justificantes de gastos para probar que son deducibles

Conservar facturas completas de IVA, la documentación soporte de los gastos contabilizados y cualquier justificante que acredite que están relacionados con la actividad de la empresa para evitar problemas con el fisco. Esos son algunos de los consejos ofrecidos en la jornada de la Asociación de Asesores Fiscales de la Comunitat sobre el cierre contable y fiscal de 2018.

Según los expertos, la mayor parte de las reclamaciones de fondos que realizan los inspectores de la Agencia Tributaria giran en torno a la correcta acreditación de que el gasto contabilizado y deducido está correlacionado con los ingresos de la empresa, y «no siempre es fácil de probar». En este sentido, recuerdan que es el contribuyente quien debe probar que un gasto es deducible.

Respecto a las dietas y kilometraje de trabajadores, en la jornada se insistió en que la empresa debe conservar toda la documentación que justifique que el gasto «corresponde a un desplazamiento o visita cierta y necesaria para la actividad mercantil».