Las reclamaciones de deuda de Hacienda pueden quedar sin efecto si no avisa por e-mail

Un tribunal admite recurrir fuera de plazo un aviso que no fue alertado por correo electrónico

Las notificaciones y reclamaciones tributarias que remite Hacienda a los contribuyentes pueden quedar sin efectos si la administración rompe el hábito adquirido de avisar al interesado mediante el envío de un correo electrónico de alerta. Así lo acaba de dictaminar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un fallo que promete dar un margen de actuación adicional a miles de contribuyentes a los que la Agencia Tributaria les haya impuesto cargas sin notificarlo debidamente.

El fallo judicial versa sobre un buzón virtual oficial del que Hacienda se sirve a menudo para remitir a los contribuyentes sus notificaciones. Se trata de la llamada Dirección Electrónica Habilitada (DEH), que es de obligado uso para determinados colectivos, fundamentalmente empresas. Una vez depositadas en el DEH, estas comunicaciones se tienen por notificadas al contribuyente en el plazo de 10 días, aunque este no haya accedido en ese tiempo al buzón virtual.

Para dar garantías adicionales, la administración permite a los interesados inscribir también un correo electrónico al que se remite un aviso cuando haya nuevas notificaciones en el DEH. Hacienda venía defendiendo que no está obligada a realizar esta comunicación adicional por lo que si el sistema falla y el aviso no se envía al correo del contribuyente, la notificación se daba por válida pasados los citados 10 días, limitando, por ejemplo, el plazo efectivo para recurrir.

Recientemente además, el Tribunal Constitucionalha declarado, con relación a las notificaciones remitidas por Lexnet, que la falta de remisión del correo electrónico no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. Y ahí es donde entra en juego la reciente sentencia del alto tribunal de Cataluña

La sentencia afecta a una empresa constructora a la que Hacienda remitió una reclamación económico–administrativa a través del DEH en mayo de 2015 exigiéndole un pago correspondiente a la liquidación del impuesto de Sociedades del ejercicio 2011, pero sin avisarle por mail como solía.

El tribunal ha dictaminado que aunque Hacienda no tenga la obligación de remitir un correo electrónico al contribuyente advirtiéndole de que hay una notificación tributaria pendiente de revisión en el DEH, el hecho de que haya venido enviándolo con regularidad en ocasiones anteriores sí le compromete a seguir haciéndolo en virtud del “principio de confianza legítima”, que también defiende el Constitucional.

“Esa confianza legítima motivó que el obligado no entrara en su buzón electrónico, a la vista de que no había recibido un aviso en su dirección de correo, como siempre había ocurrido hasta ese momento. Es decir, era una actitud esperable en el obligado tributario, sin que pueda tildarse de negligente la falta de acceso a su buzón”, explica el abogado José María Salcedo, socio del bufete Ático Jurídico.

Como consecuencia del fallo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña permite a la empresa presentar un recurso, sobre 28.231 euros de la deuda reclamada, que el Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) se había negado a admitir alegando que estaba ya fuera de plazo para hacerlo.

Fuente: CincoDías


No olviden seguir usando sus vales guardería, la DGT confirma su compatibilidad con la nueva deducción por gastos de guardería

Mucho se ha escrito durante las últimas semanas acerca de la nueva deducción por gastos de guardería. Este nuevo beneficio, aprobado por la Ley de Presupuestos de 2018, permite a las madres trabajadoras que tengan gastos por guardería incrementar hasta un máximo de 1.000 euros la ya existente deducción por maternidad.

Aunque se trata de una medida aparentemente sencilla, la realidad es que esta deducción ha suscitado abundante debate y controversia. Y, especialmente, ante la llegada del plazo de presentación del nuevo modelo 233 que impone a las guarderías (no a los padres) la obligación de informar del importe de gasto por guardería satisfecho en el ejercicio 2018.

Entre los temas que han suscitado más polémica a este respecto se encuentra el de la compatibilidad de esta nueva deducción con la utilización de los vales guardería. Y ello, porque la redacción de la nueva deducción establece que los gastos satisfechos en guardería no podrán tener la consideración de rendimientos del trabajo exentos, consideración que, con carácter general, merecen los vales de guardería.

Ante tanto revuelo, y puesto que era necesario determinar en qué medida la deducción era compatible o no con la utilización de vales guardería, la DGT ha emitido una consulta vinculante en la que se establece un régimen de compatibilidad casi total. Y decimos casi porque, evidentemente, lo que en ningún caso puede admitirse es que el importe de gasto de guardería que se beneficia de la deducción quede asimismo exento.

¿En qué consiste por tanto este régimen de compatibilidad confirmado por la DGT?

Por un lado, en que se permita seguir aplicando la exención de los vales guardería por el importe que exceda de la deducción. De esta forma, si, por ejemplo, el importe de la deducción asciende a 1.000 euros y el importe anual de guardería es de 2.500 euros anuales, la cantidad de 1.500 euros podrá seguir beneficiándose de la exención por pago mediante vales guardería.

Por otro lado, la DGT ha confirmado que no es necesario para poder beneficiarse de la deducción que se sustituya el pago del gasto de guardería mediante vales guardería por un pago dinerario. Si el importe de los vales guardería equivalente a la deducción es considerado como una retribución dineraria ordinaria no exenta sujeta a retención, podrán simultanearse ambas medidas (deducción y utilización de los vales guardería) no solo por el exceso de la deducción, sino por el total del gasto. De este modo, si la deducción asciende a 1.000 euros y el importe anual de guardería es de 2.500 euros anuales, podrá seguir realizándose el pago mediante vales guardería por el total de 2.500 euros, siempre y cuando los 1.000 euros que coinciden con el importe de la deducción se consideren no como una retribución en especie, sino como una mediación en el pago (sujeta y no exenta de tributación).

Si bien este doble tratamiento del vale guardería como mediación en el pago (renta sujeta) y retribución en especie (renta exenta) podría plantear algunas cuestiones de complejidad práctica de cara a los usuarios de estos vales, la Administración ya ha resuelto internamente cómo obtener esta información de los contribuyentes.

Así, a finales de 2018 se aprobó una modificación del modelo 190 (resumen anual de retenciones de IRPF) que, entre otras cuestiones, añadía una nueva clave de identificación en el caso de entrega a los trabajadores de vales guardería exentos del IRPF. Con la información que las guarderías reporten en el modelo 233 y la que las empresas empleadoras consignen en el nuevo modelo 190, la Administración tendrá un control absoluto de qué madres van a poder beneficiarse de la deducción.

Valoramos muy positivamente este pronunciamiento y consideramos que llega justo en el momento en el que tanto madres, como guarderías, empresas y emisores de vales guardería vivían con incertidumbre cómo articular el pago de guarderías para este ejercicio 2019.

Parece, por tanto, que las dudas acerca de la compatibilidad de la nueva deducción por gastos de guardería y vales guardería ha quedado resuelta. Esperemos que este pronunciamiento de la DGT ayude a conseguir que este beneficio para las madres trabajadoras que llevan a sus hijos a la guardería potencie la aplicación de la deducción y, efectivamente, sea un paso más en el avance de la sociedad en un asunto tan relevante como lo es la política familiar.

Fuente: Expansión

Hacienda pierde ante la justicia el 50% de los pleitos que plantea el contribuyente

Los asesores fiscales denuncian el ‘gatillo fácil’ de la Agencia Tributaria y advierten de que hay más de 300.000 asuntos pendientes de resolución.

Cuando la Agencia Tributaria presenta los datos correspondientes a los resultados de la lucha contra el fraude, que últimamente viene arrojando unos 15.000 millones de recaudación extra al año, omite un dato esencial. Muchas de esas actas de liquidación que se levantan a los contribuyentes decaen tiempo después en los tribunales porque se basaban en presupuestos no acordes a la ley.

La Asociación Española de Asesores Fiscales ha denunciado este jueves que los contribuyentes ganan el 50% de los pulsos que echan a Hacienda en los tribunales. Y no son pocos. Los últimos datos indican que hay 300.000 asuntos fiscales pendientes de resolución en las diferentes instancias judiciales.

«Hacienda pierde el 40% de los litigios en la instancia económico-administrativa y una tercera parte de los casos que superan esa criba se fallan a favor de los contribuyentes en instancia judicial», ha explicado Javier Gómez Taboada, asesor fiscal y responsable del área de estudios de Aedaf.

Para el presidente de la organización, José Ignacio Alemany, el dato es heredero de la situación de grave inseguridad jurídica que se vive en el ámbito fiscal, alimentada por una hiperproducción de normas fiscales – Aedaf ha detectado épocas de norma tributaria aprobada por semana- y el espíritu combativo de la Agencia Tributaria frente a los contribuyentes, que se concreta en la resolución por la vía de la sanción de las discrepancias fiscales que surgen en su relación con los contribuyentes. «Creemos que la sociedad española no es consciente de cómo está siendo vapuleada en términos tributarios».

Las críticas de los asesores se centran en la inestabilidad del marco fiscal, en la aplicación punitiva de criterios intuitivos o pseudo-morales en la aplicación de las normas fiscales y en una política fiscal que «se ha convertido en una suerte de ariete ideológico utilizado con fines electoralistas y recaudatorios».

Resolviendo los casos de los 90

Un cóctel al que se agrega la falta de especialización de los tribunales en la resolución de muchos de los casos que deben analizar y la exasperante lentitud en resolver. Los asesores fiscales ilustran la situación con una reciente sentencia de la Audiencia Nacional que ha resuelto un litigio sobre el ejercicio fiscal de 1996.

Aedaf reclama la creación de tribunales específicos en materia fiscal con jueces especializados en materia tributaria no solo para desembalsar los cientos de miles de asuntos pendientes de resolución -una acumulación, recuerdan, que no es ajena a la combatividad del Fisco español- y proporcionar certidumbre y seguridad jurídica a los agentes económicos.

También reivindican la habilitación de canales de mediación y arbitraje independientes para impedir que todas las discrepancias entre contribuyentes y Hacienda Pública terminen en los tribunales.

Fuente: Bruno Pérez

El retraso en la actualización del salario mínimo puede implicar un recargo del 10%

El trabajador puede reclamar hasta un año de atrasos impagados de cualquier tipo

Los trabajadores que a finales de 2018 percibían el salario mínimo interprofesional (SMI) de entonces (735,90 euros mensuales en 14 pagas) y en enero de 2019 no hayan recibido el incremento del 22,3% de su sueldo (hasta los 900 euros mensuales), tal y como estipula la ley, podrán reclamarlo y cobrar un 10% más por el retraso en el abono de esta nueva renta mínima legal.

Así lo advierten los expertos laboralistas de Abdon Pedrajas Abogados, quienes ayer precisaban que este retraso en la actualización del salario mínimo podría llevar al trabajador a hacer una reclamación de cantidad por ello ante los tribunales.

En este caso, si la justicia diera la razón al trabajador, este podría cobrar la diferencia entre el anterior salario mínimo y la nueva cuantía, de los meses que se le adeuden –con un máximo de un año por el plazo de prescripción– incrementado en un 10%. Esto se produciría en aplicación del artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores que establece que “el interés por mora en el pago del salario será el 10% de lo adeudado”.

Durante un análisis técnico de las últimas novedades legislativas en materia laboral, desde este bufete también han alertado sobre ciertos pronunciamientos de la Inspección de Trabajo que han considerado ya que el nuevo salario mínimo de 1.050 euros al mes en 12 pagas (o 900 euros mensuales en 14 pagas) debe figurar como salario base.

Sin embargo, esto no es, en opinión de estos abogados, lo que pone la ley en la actualidad, que estipula que la nueva cuantía del salario mínimo debe alcanzarse con los ingresos que “por todos los conceptos viniesen percibiendo los trabajadores en cómputo anual y jornada completa”. Esto quiere decir que los 12.600 euros al año como mínimo incluye salario base y los conceptos variables.

“Se trata de tener en cuenta toda la masa salarial anual, sin contar los conceptos extrasalariales”, precisó ayer Tomás Sala, director de Formación de Abdón Pedrajas. Si bien, acto seguido admitió que en muchas empresas es difícil distinguir los conceptos salariales de aquellas retribuciones que no lo son.

En este sentido, Sala también recordó que no serán de aplicación las subidas salariales, ya superiores a la nueva cuantía del salario mínimo, pero referenciadas en los convenios a lo que se incremente el SMI.

Fuente: Cincodías.

Consecuencias para el autónomo que pague tarde la cuota en 2019

Penalizaciones que Seguridad Social mantiene activas frente a autónomos que se retrasen al pagar su cotización mensual

Los autónomos deben abonar a final de mes sus cuotas a la Seguridad Social. La mayoría de los profesionales tienen domiciliado el pago en su propia cuenta bancaria, de manera que la institución extraen los últimos días de cada mes la cantidad correspondiente. Incluso bajo esta metodología pueden surgir problemas. Por ejemplo, si hay un cambio de cuenta, que no ha sido advertido a la Seguridad Social. O si, por cualquier circunstancia, no hay fondos para afrontar dicho pago.

Estos u otro problemas, derivados de otras fórmulas de pago permitidas, pueden generar retrasos en el pago a la Seguridad Social. Sea cual sea la causa, no afrontarlo en el momento marcado genera penalizaciones, que repasamos a continuación

Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo

La última Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo determina una serie de recargos para las cuotas que se abonen fuera de plazo, activándose un sistema de recargos al transcurrir el plazo para el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Si el abono se produce dentro del primer mes tras el vencimiento, se aplicará una reducción del 10% del recargo. Mientras que si se deja pasar dos meses el recargo ascendería al 20% de la deuda.

Los recargos pueden ser incluso superiores cuando sea la Seguridad Social quien reclame la deuda. Se mantendrán en el 20% de la deuda, si el autónomo paga las cuotas antes del plazo que marque en su acta de liquidación de deuda.

Sin embargo, el recargo puede ascender hasta el 35% si se pagara la cantidad adeudada más allá del plazo dictaminado en el acta, según queda recogido en el Artículo 1 de la mencionada  Ley de Reformas Urgentes, que modifica el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social que regula esta cuestión.

Diferencias con los aplazamientos

Es importante destacar que este tipo de consecuencias no tendrán lugar si hay un aplazamiento acordado con la Seguridad Social para pagar las cuotas en fecha posterior. Existen mecanismos para que el autónomo, en ciertas situaciones, pueda aplazar el pago de cuotas, siempre y cuando lo comunique pertinentemente a la Seguridad Social, y reciba una respuesta positiva aprobando la solicitud de aplazamiento.

Fuente: Cincodías.