Hacienda multará con 50.000 euros a los negocios que utilicen ‘caja B’

EL MINISTERIO ESPERA RECAUDAR 2.000 MILLONES CON ESTA MEDIDA.

El anteproyecto de Ley de Medidas de lucha contra el fraude fiscal establece un régimen sancionador con multas “fijas” de 50.000 euros por ejercicio para los autónomos, comercios y empresas que dispongan del ‘software de doble uso’, que permite desviar a una caja B las ventas e ingresos. Además, las empresas que fabriquen o comercialicen este tipo de programas se enfrentarán a sanciones que ascienden a 150.000 euros. Hacienda estima que 200.000 millones de euros se ocultan al fisco a través del ‘software de doble uso’.

Hacienda ha puesto el foco en el fraude de la ‘caja B’ empleada por algunos autónomos, comercios y empresas. El Anteproyecto de Ley (APL) de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal incorpora un nuevo artículo a la Ley General Tributaria que considera infracción “grave” el fabricar, comercializar o emplear el ‘software de doble uso’. Es decir, programas informáticos que permiten desviar a una caja B los ingresos y ventas reales de los negocios, y que se emplea con el objetivo de evadir impuestos (IVA y Sociedades). l Hacienda estima que unos 200.000 millones de euros se ocultan al fisco a través del ‘software de doble uso’

A este respecto, el APL recoge un régimen sancionador con multas de 50.000 euros para quienes, aunque no lo hayan empleado, dispongan de este tipo de sistemas electrónicos que permiten llevar una contabilidad en negro. Sanciones que se aplicarán por cada uno de los ejercicios que hayan transcurrido desde su adquisición. Estas “multas pecuniarias fijas”, tal y como se mencionan en el texto sacado a consulta pública la pasada semana, se elevarán hasta los 150.000 euros en el caso de los fabricantes o comercializadores.

Además, la Ley penalizará con 1.000 euros a los “productores, comercializadores y usuarios”  que no facturen o lleven la contabilidad de sus negocios con programas o sistemas debidamente certificados y garanticen “la integridad, conservación, trazabilidad e inviolabilidad” de los registros contables y su “legilibilidad” por parte de la inspección. Es más, Hacienda va un paso más allá y, en un futuro, podría decidir establecer una serie de requisitos y especificaciones que deberán incorporar las herramientas contables homologadas.

En cuanto al impacto económico de esta medida, las estimaciones del departamento que dirige María Jesús Montero y que han sido trasladadas a Bruselas junto con el Plan Presupuestario, concretan en 2.000 millones de euros la cantidad que se afloraría en concepto de bases imponibles no declaradas. En términos de recaudación ésto supondría 417,9 millones de euros más. De ellos 313,4 millones de euros procederían de las cuotas adicionales de IVAy 104,5 millones de euros del Impuesto de Sociedades.

No obstante, Hacienda reconoce que dichos cálculos son casi arbitrarios. Según aclara la memoria económica “tampoco cabe estimar la repercusión cuantitativa que en términos de mayor recaudación pueda derivarse de las sanciones que se impongan con ocasión de la aplicación del régimen sancionador específico que se fija en consonancia con dicha obligación”. Y es que las cifras anteriores parten de la premisa de que el 1% de los pagos en efectivo de los consumidores -que sumarían 200.000 millones de euros (50% del total)- son ocultados al fisco a través del ‘software de doble uso’.

Asimismo, el efecto de la medida será más disuasorio que recaudatorio “se estima que se va a producir un importante efecto inducido puesto que quienes utilizan este tipo de herramientaspara defraudar verán cómo se incrementa el riesgo fiscal derivado de su comportamiento al fijarse su erradicación como prioridad de la AEAT (Agencia Tributaria) y aumentar el riesgo de denuncias tributarias”, detalla la citada memoria económica.

Una trampa favorecida por las TPV

El uso de la ‘caja B’ no es exclusivo de los grandes patrimonios. La sustitución de las tradicionales cajas registradoras por TPV’s en los años 80 permitió a su vez la digitalización de los libros negros de contabilidad de los negocios.

Este tipo de programas informáticos dan la posibilidad de ocultar las ventas e ingresos reales sin que el cliente tenga consciencia de ello. De hecho el ticket que se entrega al consumidor cumple con todos los requisitos formales. Ahora bien, en los libros oficiales no queda constancia alguna de la operación.

La Agencia Tributaria ha abierto 16 grandes grandes operaciones desde 2013 para luchar contra este fraude. La última, la que se lanzó la pasada semana contra 75 locales de venta de frutas y verduras ubicados en 13 comunidades autónomas y que afectarían a un total de 80 contribuyentes (62 sociedades y 18 personas físicas). Cabe destacar que la restauración es uno de los sectores más vigilado por el uso de la ‘caja B’. De hecho, uno de los casos más sonados fue el del restaurante malagueño Los Mellizos, que en 2013 tuvieron que asumir una sanción de cerca de 3,5 millones de euros por emplear el ‘software de doble uso’. También cabe recordar, la operación Scarpe de 2014 sacó a la luz las prácticas 29 establecimientos del sector del calzado y del textil pertenecientes a 11 sociedades que llegaban a ocultar más del 30% de sus ventas empleando estos programas de actuación contable.

Desde 2014 hasta ahora, según los datos de la AEAT, se habrían levantado casi 17.000 actas de inspección el conjunto de operaciones en las que participan las unidades de auditoría informática habiéndose liquidado cuotas por importe superior a los 1.300 millones de euros. Parte de este importe se correspondería con la ‘caja B’ de los pequeños negocios.

Fuente: Autónomos y emprendedor.es

Hacienda perseguirá las sociedades pantalla con una nueva herramienta más «eficaz»

El Colegio de Registradores presenta un sistema para dar respuesta a las más de 16.000 alertas que reciben al año sobre blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

El Colegio de Registrados creó hace tres años el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), que recibe cada año más de 16.000 alertas procedentes de los registros sobre posibles casos de blanqueo de capitales. Ahora la institución presenta el Registro de Titularidades Reales, una nueva herramienta contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El sistema, que responde a la transposición de la directiva europea aprobada en agosto, permitirá a los registradores renovar y reforzar su compromiso en esta lucha y las actividades que suelen encontrarse detrás, como «el narcotráfico, el contrabando o el terrorismo», ha explicado este jueves la decana María Emilia Adán, que ha definido la herramienta como más «eficaz» y «útil» que los sistemas actuales.

¿Qué diferencias tiene con sistemas anteriores? Contiene información completa y actualizada -al menos una vez al año, ya que las empresas tienen esta obligación anual- sobre las titularidades reales de las sociedades mercantiles. Es decir, se podrá conocer quién es la persona física que tiene el control de la empresa de manera directa o indirecta por muchas sociedades pantalla que haya detrás.

En cuanto a los plazos de implantación, el vicedecano José Miguel Tabarés, ha explicado que habrá tres fases. En la primera, podrán consultar el registro las entidades públicas de lucha contra el blanqueo. La segunda está destinada a los sujetos obligados. Mientras que en la tercera fase, más tarde (aunque no hay fechas concretas), se podrán realizar consultas por parte del público en general. Eso sí, ha dejado claro que las respuestas no serán iguales que las que reciben las instituciones, sino que habrá una petición al Registro Mercantil que se responderá según cada caso.

Además, se asegurará la cooperación internacional con otras instituciones con un acceso a los datos estandarizado. «Hemos creado este registro que se adapta a las necesidades contra el blanqueo, es público, está reglado, con pleno respeto a la protección de datos, actualizado y sin costes adicionales», ha asegurado la decana del Colegio de Registradores, quien también ha subrayado la interconexión del registro con los países de la Unión Europea a través del proyecto BRIS.

Fuente: El Economista.

 

Hacienda baja los recargos por pagar impuestos fuera de plazo

Los tipos oscilan entre el 1% por retraso superior a un día -frente al 5% actual- y el 15% para los retrasos de más de un año en vez del 20%

Hacienda cree que los recargos excesivamente elevados a la hora de pagar impuestos fuera de plazo pueden ser «disuasorios» y «contraproducentes» ya que, en vez de incentivar a que se presente la declaración, se disuade al contribuyente por su elevado coste. En ocasiones el precio del recargo es similar al de la multa en caso de que Hacienda descubra el engaño, y puede haber personas que decidan esperar por si no son pillados. Por ello, este jueves la ministra Montero confirmó la rebaja de estos recargos para aquellos retrasos que no hayan sido advertidos previamente por la AEAT.

Así, la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal incluirá la modificación de las comisiones que establece la Agencia Tributaria por la presentación extemporánea de declaraciones, por las que no se aplican sanciones, sino recargos.

El cambio en los recargos van desde el 1% por cada mes completo de retraso hasta el 15% cuando pase del año. Por motivos de «proporcionalidad y justicia tributaria», se establece este sistema «creciente» buscando una «mayor proporcionalidad» al actualizar los porcentajes de recargo que paga el contribuyente. Anteriormente, estos recargos eran del 5% mesual y el 20% al cabo del año.

Así, a mayor retraso, los recargos van subiendo pero con porcentajes inferiores a los actuales. «Con esta reforma, el contribuyente paga lo que le corresponde», aseguran a este periódico fuentes de Hacienda. Eso sí, el Gobierno quiso dejar claro que con esta modificación «no hay ningún tipo de perdón ni atajo tributario como ha ocurrido con otros gobiernos», en referencia a la amnistía fiscal del Gobierno del PP de 2012.

Fuente: Las Provincias

Hacienda ha descubierto 1.300 millones de euros en sus inspecciones en las sedes de las empresas

Las actuaciones inspectoras realizadas en las sedes de las empresas se elevan en 2018 ha supuesto el levantamiento de más de 3.600 actas por un total de 214 millones de euros. Desde 2014 se han descubierto con la entrada en las empresas 1.300 millones de euros de un total de 17.000 actas, según los datos aportados por el director general de la Agencia Tributaria (Aeat).

Destacan especialmente las actuaciones realizadas mediante 15 macrooperaciones coordinadas a nivel nacional desarrolladas en los últimos años., con más de 1.190 expedienes iniciados,131,8 millones de euros.

Estas actuaciones, explicó el director de la Aeat, se realizan por las Unidades de Informática (UAI), que obtienen directamente los datos informáticos con trascendencia tributaria en la sede del contribuyente, evitando el tratamiento previo por parte de los obligados tributarios.

En el transcurso de su intervención en el XXVIII Congreso de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que se celebra en Alicante, Jesús Gascón explicó que la Aeat ha recibido a través del intercambio de información, que ya se realiza entre más de un centenar de países 1,6 millones de registros, referidos a 2016 y 2017, con un volumen global de 457.000 millones de euros.

Este intercambio de información -denominado Common Reporting Estándar- se está empleando también para el análisis de información y determinación de perfiles de riesgo. Tras analizar los casos y remitir la información a la Inspección, en mayo de 2018 se iniciaron las primeras inspecciones y actualmente se han iniciado un total de 102 actuaciones, a las que se suman decenas de actuaciones de verificación de datos, visitas presenciales y requerimientos de información.

Estas actuaciones han tenido un efecto inducido, que ha supuesto que entre 2013 y 2016 se haya incrementado la base imponible del IRPF en un 25,2 por ciento y el importe a ingresar en un 14,3 por ciento. Además, en el Impuesto sobre el Patrimonio, el total de activos financieros se ha incrementado en un 23,2 por ciento y la cuota íntegra en un 27,4 por ciento.

Tres tipos de infracciones

Los tres tipos de posibles infracciones detectadas se refieren a contribuyentes residentes con rentas de origen extranjero no declaradas total o parcialmente; contribuyentes teóricamente no residentes con información de intercambio entre países contradictoria; y contribuyentes no residentes con obligación real incumplida (fundamentalmente extranjeros con inmuebles en España).

Finalmente, el director de la Aeat ha explicado que la Onfi) ha finalizado en 2017 un total de 200 actuaciones, En este capítulo se incluyen los acuerdos previos de valoración (APA), de los que se estimaron 25 de los 39 casos finalizados, cinco fueron desestimados y en nueve casos, los solicitantes desistieron.

La Onfi particip de 259 procedimientos amistosos en materia de imposición directa, de los que se finalizaron 53 en los que se debatía sobre bases imponibles de 930 millones de euros. En los tres últimos años, entre 2015 y 2017, la participación de la Onfi en actuaciones inspectoras ha permitido incrementar las bases imponibles por más de 8.600 millones de euros.

Fuente. Xavier Gil Pecharromán.

La nueva ley antifraude limitará los pagos en efectivo a tan solo 1000 euros

Una de las medidas incluida dentro del borrador de Presupuestos Generales del Estado que PSOE y Podemos presentaron la semana pasada era la limitación de los pagos en efectivo a tan solo 1000 € con el fin de reducir la economía sumergida y el fraude fiscal. Esta reducción supondrá un 60% menos que el anterior límite, de 2500 €.

Se trata de una medida que ya estaba proyectada en 2016 pero que el anterior ejecutivo nunca llegó a materializar. Es ahora cuando se quiere recuperar, dando un paso más en la eliminación del dinero en efectivo, tal y como están haciendo otros países como Dinamarca, con el objetivo de luchar contra el fraude fiscal.

Ha sido durante el Consejo de Ministros del pasado viernes, donde se ha presentado el anteproyecto de ley antifraude, una serie de medidas para luchar contra el fraude fiscal, que ahora tiene que pasar por la aprobación del Congreso y el Senado antes de su aprobación definitiva.

Hay que decir que esta restricción en los pagos en efectivo se limita a los transacciones realizadas entre profesionales, dejando fuera a los pagos que se efectúan entre particulares y, en principio, también las restricciones de 15.000 euros vigentes en la actualidad cuando el pagador es una persona física que justifique que su domicilio social no está en España y no actúe como profesional o empresario.

Dentro de esta misma ley también se encuadran otras medidas para luchas contra el fraude fiscal, como la prohibición del software de doble uso para esconder contabilidades en B; un mayor control tributario contra las criptomonedas y la reducción de la cuantía que tiene en cuenta Hacienda para entrar en una lista de morosos, que descenderá desde el millón de euros hasta los 600.000 euros. Con todas estas medidas, el Gobierno pretende recaudar unos 822 millones de euros.

Fuente: Pymes y autónomos