Hacienda ¿acorta? el plazo de presentación del primer trimestre del IVA

Toda una sorpresa para los cerca de cuatro millones de contribuyentes obligados a hacer la declaración trimestral del IVA. Según ha podido averiguar elEconomista, la Agencia Tributaria (AEAT) ya aplicaba ayer recargos (del 5 por ciento) a los autónomos, pymes o profesionales liberales que acudieron a cumplir con ese trámite.

AEAT

Lo hicieron pensando que nada había cambiado y que, como siempre ha ocurrido, contaban de plazo hasta el día 20 del mes siguiente al trimestre que ha vencido. En este caso, se trata del primer trimestre de 2014 y, dado que el pasado día 20 de abril cayó en domingo, el periodo debía extenderse hasta la jornada de ayer, día 21, e incluso hasta hoy, en el caso de las comunidades autónomas en el que ese día (el de ayer) fue también festivo, como es el caso de Cataluña.

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UPyD propone en el Congreso el debate del contrato único con indemnización creciente

El Pleno del Congreso debate este martes la proposición de ley presentada por UPyD para crear un contrato único indefinido con una indemnización creciente en función de los años trabajados y con una mayor racionalidad en las bonificaciones y reducciones de cuota a la Seguridad Social que se pueden aplicar.

La formación magenta asegura que con el contrato único, su principal reivindicación en materia laboral, se podría reducir la segmentación del mercado de trabajo, luchar contra la precariedad, y simplificar las cargas administrativas “realmente, y no con campañas de publicidad engañosa como la supuesta reducción de modelos” que ha aplicado el Ministerio de Empleo. El contrato único también redundaría, dice UPyD, en una mayor flexibilidad para las empresas, garantizando a la vez la seguridad para los trabajadores.

En concreto, la iniciativa, que recoge Europa Press, pasa por modificar normas como el Estatuto de los Trabajadores, la Ley para la regulación del régimen de las empresas de inserción o la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, entre otras.

Indefinidos o por sustitución

Así, se podrán firmar contratos por tiempo indefinido o para cubrir una interinidad para sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto. Los contratos por obra y servicio no podrán tener más de dos años de duración (ampliables doce meses por convenio). Transcurrido ese plazo, no se podrá alegar como causa objetiva de despido el fin de la obra o servicio.

La indemnización será de doce días de salario el primer año de contrato, aumentando en dos días por año hasta el límite de 24 días, prorrateándose por meses los periodos inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades.

Si el despido es improcedente, la indemnización se elevará a 22 días de salario por el primer año y dos más por cada ejercicio adicional hasta 34 días con un máximo de 24 mensualidades.

Además, se plantea que cuando “se prevea que se podrán extinguir” los contratos por algunos de los supuestos previstos en el Estatuto de los Trabajadores se elevará en dos puntos la cotización empresarial a la Seguridad Social mientras duren esas posibles causas para “financiar el desempleo”.

También se da opción a suscribir un contrato a tiempo parcial por tiempo indefinido o interinidad, aunque el empresario estará obligado a hacer constar en el contrato el número de horas ordinarias por día, semana, mes o año, y su distribución durante la jornada. Si la actividad es discontinua también deberá figurar una estimación sobre la duración de la jornada.

La parte variable del tiempo de trabajo no podrá exceder del 10% de la parte fija y su comunicación deberá llegarle al trabajador con al menos cinco días de preaviso. Además, los contratados a tiempo parcial no podrán hacer horas extraordinarias salvo en los casos previstos en el Estatuto de los Trabajadores.

UPyD propone también que sólo se puedan convertir contratos a tiempo completo en tiempo parcial (o viceversa) de manera voluntaria para el trabajador y “impuestos de forma unilateral” ni ser causa de despido o sanción por rechazar la conversión. Los trabajadores de esta modalidad deberán asimismo contar con medidas para facilitar su acceso a la formación profesional continua.

En los contratos a tiempo parcial se concederá derecho a prestación por desempleo a los trabajadores durante sus periodos de inactividad y para poder acceder a la jubilación parcial deberán acordar con la empresa una reducción de jornada y salario de entre el 25% y el 60%. Además, la compañía estará obligada a concertar simultáneamente un contrato de trabajo único indefinido para sustituir la parte de jornada que queda vacante.

Periodos formativos

Por otra parte, se acepta que se pueda acordar la existencia de un periodo de prácticas siempre y cuando se firme dentro de los cinco años siguientes a la terminación de los correspondientes estudios o de ocho años si el contrato es para un trabajador con capacidad reducida o limitada.

No obstante, este periodo deberá realizarse en un puesto que permita obtener unas experiencia profesional “adecuada al nivel de estudios o formación cursada” y su duración deberá ser de entre los seis meses y los dos años. No se podrá estar en prácticas más de dos años en la misma o distinta empresa en virtud de la misma titulación o certificado de profesionalidad, ni tampoco en el mismo puesto aunque se pretenda obtener otra titulación.

También se fijan máximos de uno o dos meses –según el nivel de cualificación– en los periodos de pruebas para quienes sean contratados tras tener un contrato de prácticas, y las retribuciones durante este tiempo deberán ser de al menos el 60% el primer año o del 75% el segundo del salario fijado en convenio para un trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo. El tiempo en prácticas contará para la antigüedad.

Al margen del contrato en prácticas también se podrá acordar con trabajadores mayores de 16 años sin cualificación profesional un periodo de formación, alternando la actividad laboral retribuida con actividad formativa en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo, incluido el universitario.

La duración de este periodo formativo irá de dos a cinco años según el nivel de formación, aunque los convenios podrán fijar diferentes duraciones según las necesidades organizativas o productivas de la empresa, aunque siempre dentro de la horquilla que va de los seis meses a los cinco años.

En lo que respecta a la actividad laboral durante el periodo de formación, la jornada de trabajo no podrá superar el 75% de la jornada máxima legal o fijada en el convenio, no se podrán realizar horas extraordinarias ni trabajos nocturnos ni turnos. La retribución se fijará en proporción al trabajo efectivo pero nunca podrá ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en proporción a la jornada.

El periodo formativo también computará en la antigüedad y el trabajador en estas circunstancias “podrá concertar un pacto de permanencia (de dos años como máximo) en la empresa para el periodo inmediatamente posterior a la finalización de la formación“. Si el empleado se marcha a otro trabajo en ese tiempo, la empresa que le pagó la formación tendrá derecho a una compensación económica del nuevo empleador.

OTROS CAMBIOS

Finalmente, la proposición de ley de UPyD plantea otras medidas para reforzar el poder de la Inspección de Trabajo al “hacer que sus actas sean directamente ejecutables” o para que los contratos de colaboración que duren más de seis meses dentro del mismo ejercicio se firmen como contratos laborales por cuenta ajena o, en su defecto, sean considerados indefinidos.

También se fija que los autónomos dependientes coticen un punto más a la Seguridad Social y se pide al Gobierno que las bonificaciones y reducciones de las cuotas a la Seguridad Social sean sólo para los contratos “que más se prolonguen en el tiempo de forma progresiva”.

La formación magenta reclama asimismo una reforma de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y precisa que esta proposición de ley debería entrar en vigor dos meses después de ser publicada en el BOE, aunque sólo con efecto para los contratos firmados a partir de esa fecha.

FUENTE: Lexnova

El REAF-REGAF del CGC ha solicitado al Ministerio y a la AEAT la ampliación del plazo para presentar las autoliquidaciones de 1T de 2014

El REAF-REGAF, órgano especializado del Consejo General de Economistas de España, ha solicitado la ampliación del plazo para presentar las autoliquidaciones del 1T de 2014 y del mes de marzo de este año, que finaliza, en general, el 21 de abril (el 22 en las Comunidades Autónomas en las que el 21 es festivo también), por coincidir los últimos días de plazo con la Semana Santa. Esta solicitud se enmarca en la continua reclamación de simplificar nuestro sistema tributario, tanto en cuanto a la complejidad y velocidad de modificación normativa como en lo que se refiere al creciente número de obligaciones tributarias y a la dificultad para cumplir con ellas.

Según los profesionales del Registro, en dicho plazo se han de presentar declaraciones del primer trimestre y del mes de marzo correspondientes al IRPF -modelos de retenciones y pagos fraccionados-, del Impuesto sobre Sociedades -modelos de retenciones y primer pago fraccionado-, modelos de IVA, de Impuestos Especiales de Fabricación, etc.

Por un lado, los plazos para declarar ya son muy ajustados, teniendo en cuenta que algunas facturas del mes de marzo se pueden recibir hasta el 15 de abril y, por otro, en esta ocasión los últimos día del plazo son festivos.

Los asesores fiscales del Consejo de Economistas lamentan también que se continúe con un plazo reducido de presentación de declaraciones en las que el pago se realiza por domiciliación, que en este supuesto es del 1 al 15 de los meses de abril, julio, octubre y enero en las declaraciones trimestrales, y del 1 al 15 del mes siguiente en las declaraciones mensuales.

Por último, y como repetidamente manifestaron en el trámite de información pública de varias normas reglamentarias, los responsables del REAF-REGAF dicen no comprender el empeño del Ministerio en eliminar la excepción al plazo de presentación de autoliquidaciones del mes de julio que antes, y en atención a la realidad económica y social de nuestro país, se efectuaba en el mes de septiembre y, ya en este ejercicio, se tendrá que realizar del 1 al 20 de agosto, en pleno periodo vacacional y haciendo coincidir el fin del plazo con la semana del año en la que, empresas y profesionales, tienen trabajando a menos empleados.

Fuente: REAF-REGAF

Hacienda restringe los aplazamientos en el IRPF

La Agencia Tributaria recaudó el año pasado 15.651 millones de euros por el cobro de deudas, lo que supone un 10,4% más que en 2012, según avanzó este martes Soledad García, directora del área de recaudación, que explicó que se han restringido los aplazamientos de pago de las retenciones del IRPF.

García manifestó que en los últimos años estos aplazamientos se habían disparado (crecieron un 91% entre 2010 y 2011), lo que provocó un alargamiento excesivo de los plazos de cobro y podría esconder supuestamente un fraude. Para evitarlo, Hacienda aprobó una norma para inadmitir los aplazamientos de las retenciones del IRPF. Estos se han reducido un 58,5% entre enero de 2014 y el mismo mes de 2013. El periodo medio de aplazamientos es de dos años.

Por su parte, el año pasado la Agencia Tributaria realizó 7,6 millones de diligencias de embargo (entre las que se encuentran las derivadas de multas de trafico), un 58% más. De estas, 5,5 millones corresponden a embargos en cuentas corrientes; las de créditos y valores, 1,09 millones; y otras, 934.916 diligencias.

Cajas de seguridad

En el ámbito de las actuaciones de investigación del fraude, la Agencia puso en marcha en diciembre del año pasado un plan para descubrir a contribuyentes con deudas que eran titulares de cajas de seguridad en entidades financieras. El objetivo era tratar de detectar la existencia de bienes ocultos y proceder a su embargo para regularizar las deudas tributarias.

El fisco investigó 542 cajas de seguridad pero solo embargó 357, ya que en muchos casos no ha sido posible encontrar al titular, el titular no era el deudor sino un autorizado, o el contrato se canceló antes del embargo. En plan afectaba a 317 millones en fase de embargo, pero el importe pendiente de los deudores realmente embargados se ha reducido a 187 millones.

La Agencia Tributaria ha ingresado por la apertura de cajas solo dos millones de euros, entre los que se hayan cantidades embargadas directamente de las cajas y dinero que los propietarios de las cajas han pagado de su deuda tributaria para impedir que se abrieran. El fisco también encontró 17 cajas con joyas y otras dos con objetos de arte.

Fuente: El Pais

 

La Tarifa reducida Seguridad Social es incompatible con los aplazamientos de deudas

Con el paso de los días se van conociendo más detalles sobre el funcionamiento de la nueva tarifa reducida de la Seguridad Social para las nuevas contrataciones. Un nuevo aspecto a considerar es que la aplicación de la reducción de la cuota es incompatible con los aplazamientos de deudas.

La norma indica que para tener derecho a esta reducción es imprescindible no tener deudas ni con la Seguridad Social ni con Hacienda, pero la obligación de estar al corriente ha de mantenerse durante el tiempo que dure dicha reducción.

Por tanto, en el momento en que la empresa genera alguna deuda por impago de alguna cuota se perderá el derecho a la reducción. Esa pérdida del derecho será definitiva, no se podrá reanudar una vez abonada la deuda.

No servirá, para evitar esta situación, la solicitud del aplazamiento de cuotas de la Seguridad Social, ya que dicho aplazamiento no se puede solicitar previamente a la generación de la deuda.

El caso de Hacienda es distinto, ya que sí se puede solicitar el aplazamiento antes de generar la deuda. Al presentar una liquidación podemos solicitar el aplazamiento del pago de la cantidad resultante en el periodo voluntario, por lo que no se genera deuda.

Sin embargo, en este último caso, el impago de una cuota aplazada sí supondrá la pérdida del derecho a la reducción.

Fuente: pymesyautonomos