Inspección de Trabajo se lanza a perseguir la figura del falso becario en las empresas

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El Gobierno sigue dando pasos con el Plan Director por un Trabajo Digno. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha apuntado que la Inspección de Trabajo está haciendo hincapié en perseguir la figura del falso becario en las empresas.

Según la socialista, su departamento se ha puesto como objetivo regularizar la situación laboral de este colectivo para que los becarios sean “realmente becarios”. “Nuestro compromiso pasa por acabar con los becarios en trabajos ordinarios”, ha apostillado.

En este sentido, Valerio ha adelantado que el Gobierno de Pedro Sánchez está trabajando en un plan de choque por el empleo joven. Una de las líneas de esta iniciativa pasará por velar por el buen uso del contrato en prácticas.

“Hay que darle una vuelta”, ha señalado. Para ello, ha apuntado que el Gobierno creará una nueva regulación para las prácticas no laborales, un nuevo Estatuto del Becario y se eliminarán las prácticas extracurriculares.

Valerio ha denunciado que no se puede permitir “que estos trabajadores engorden las bolsas de pobreza y no generen derechos que les permitan generar cotizaciones para el desempleo o para el futuro”.

Al mismo tiempo, ha destacado que el Gobierno está trabajando en diversas medidas para revertir la precarización juvenil que llegó con la crisis.

Fuente: El Boletín.

Sánchez reducirá a tres el número de contratos de trabajo

 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado este lunes que el Ejecutivo reducirá a tres el número de contratos de trabajo. Esto es: los dejará en uno indefinido, uno temporal y otro de formación o relevo. Esta nueva estructura se está ultimando en el marco del diálogo social con los sindicatos y la patronal, según precisó el propio Sánchez. Además de estas medidas y en el mismo contexto, impulsará la recuperación de las jubilaciones forzosas por edad en los convenios colectivos y establecerá el registro obligatorio de los horarios de trabajo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un evento organizado por Expansión.

Sánchez ha citado estas decisiones como parte de su “agenda de cambio”, unas reforams que, según ha asegurado en su intervención en un acto organizado por el diario Expansión, prevé que se conviertan en realidad en los próximos meses.

Ante un auditorio en el que se encontraban varios ministros y el líder del PP, Pablo Casado, ha enumerado una lista de iniciativas futuras dominadas por el ámbito laboral, con el objetivo de “reducir la precariedad y la dualidad” y “relanzar el crecimiento”.

En su opinión, recuperar las jubilaciones forzosas por edad puede ayudar a generar empleo. Y la creación de un registro obligatorio de los horarios evitará los abusos y facilitará la resolución de discrepancias, ha aclarado.

También ha mencionado su intención de recuperar el valor de la negociación colectiva y reforzar la causalidad de la contratación temporal.

De la misma forma, ha apostado por recortar el número de bonificaciones y deducciones a la contratación, dejando solo aquellas que afectan a los colectivos más vulnerables y necesitados.

Su “agenda del cambio” incluye también para antes de fin de año un plan de choque por el empleo joven, en el que se contratarán unos 3.000 orientadores laborales poniendo el énfasis en la mejora de las competencias digitales y de las competencias en lengua extranjera. “También apoyaremos a las personas en el exterior, donde se incentivará su retorno y el de su talento”, ha dicho.

Además, ha ratificado una próxima ley de Formación Profesional para desarrollar el modelo de FP dual, incorporando a las empresas mediante fórmulas flexibles y creando consorcios en todo el territorio nacional.

En el sector financiero, ha recordado que se reforzará la arquitectura institucional de los organismos de regulación y supervisión mediante la creación de una autoridad que llevará por nombre Autoridad Nacional de Estabilidad Financiera, y una Autoridad Independiente para la Protección del Cliente Financiero.

En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado, Sánchez ha afirmado que su gabinete “no tira la toalla” y que confía en lograr un acuerdo con el resto de fuerzas parlamentarias para aprobarlos. “Por eso tendemos la mano al resto de fuerzas parlamentarias”, ha declarado.

Fuente: El país

ATA propone ampliar “hasta el último día de plazo” el pago de impuestos

Que las domiciliaciones bancarias no tengan que abonarse cinco días antes de que finalice el plazo de presentación como ocurre actualmente. Esta propuesta es sólo una de la batería que la Federación Nacional de Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) presentó este lunes ante los responsables del Ministerio de Hacienda. Además, denuncian la paradoja de que, a veces, la digitalización se convierte en un importante escollo a la hora de realizar ciertos trámites online con la Administración.

Los autónomos se podrían ahorrar un pico en intereses de demora y recargos si Hacienda acepta la propuesta de ATA de que los impuestos domiciliados se puedan abonar “hasta el último día de plazo”.

Pese a que el plazo de presentación ante Hacienda finaliza los días 20 de cada trimestrelos pagos vía domiciliación bancaria de las declaraciones positivas -las que salen a pagar- han de realizarse cinco días antes, como mínimo. Así lo denunció este lunes la Federación que preside Lorenzo Amor ante los responsables del Ministerio de Hacienda en la jornada que cada año se celebra bajo el Convenio para la detección de trabas administrativas para el colectivo de autónomos, en vigor desde 2014. “No tiene lógica ninguna. La administración debe equiparar ambos plazos”, afirmó Amor tras la reunión. Más aún si se tienen en cuenta las fechas en las que los autónomos cobran sus facturas, “muchas pasado el día 15”.

Llevar la medida adelante no debería ser complejo. De hecho, en las comunidades forales de País Vasco y Navarra no se da esta brecha y tanto la presentación como los plazos pueden efectuarse hasta el día 25 de cada mes. Adolfo Jiménez, vicepresidente de la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FETTAF), integrada en ATA, comenta a este respecto que “ya no es que pidamos que se amplíe hasta el día 25 como ocurre en estas comunidades autónomas y que, dicho sea de paso, no entendemos por qué no podría hacerse, pero sí insistimos en que se las domiciliaciones puedan efectuarse hasta el día 20”.

De eliminarse esta traba, se reducirían los costes que han de soportar los autónomos. De hecho, para evitar que Hacienda aplique el recargo de hasta el 20% por haber presentado el impuesto y no haberlo podido abonar, muchos autónomos optan por pedir un aplazamiento. Práctica que, desde FETTAF afirman “resulta bastante habitual, ya que con ello se gana tiempo y los intereses de demora se reducen al 3,75%”.

En los cuatro años de vigencia del convenio se han detectado y comunicado a los sucesivos Gobiernos más de 240 trabas (aproximadamente 30 cada anualidad) que complican el día a día de los trabajadores por cuenta propia. Muchas de ellas han quedado recogidas en la Ley de Medidas Urgentes para el Trabajo Autónomo, como por ejemplo la posibilidad de cambiar de base de cotización hasta cuatro veces durante cada ejercicio o que las altas y las bajas tengan efecto el día que se producen y el primer o último día de mes.

Cabe destacar que los dos últimos logros que se han conseguido en materia fiscal. El primero el mantenimiento del mes de febrero como tope para presentar el modelo 347, que recoge la declaración anual de operaciones con terceras personas por importe superior a 3.005 euros. El segundo el anunciado este martes por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por el que se prorrogará un año más los límites de 150.000 y 250.000 euros establecidos para los autónomos que tributan en el régimen de módulos.  En este sentido Lorenzo Amor, recordó que “cuando se ponen las cosas fáciles la gente se anima a emprender y los autónomos consiguen mantenerse en su actividad”.

Las trabas del cese de actividad y los errores bancarios

En palabras de Lorenzo Amor, otra de las trabas que el Ejecutivo ha de solucionar de manera “urgente” es el cese de actividad o paro de los autónomos. “Como ya dijo el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, cotizar por cese de actividad es una estafa. La mayoría de los autónomos que cotizan por esta contingencia están en el sistema de módulos que son, precisamente, los que más dificultades tienen a la hora de demostrar que están en pérdidas”. Punto éste en el que rechazó de forma tajante la intención de Trabajo de hacer obligatoria la cotización por esta eventualidad. “No estoy dispuesto a aceptar parches”, aseveró.

Que la Administración correspondiente devuelva o las entidades financieras asuman los intereses de recargo en el caso de los autónomos que se hayan demorado en el pago de sus obligaciones (devoluciones…) y se demuestre que se debe a un error bancario, es otra de las cuestiones sobre las que Hacienda tendrá que poner negro sobre blanco en los próximos meses.

También se trasladó la necesidad de que el elenco de entidades financieras del país trabajen con todas y cada una de las Administraciones (central, regional y local). “Hemos tenido el caso de una señora de 80 años que tuvo que sacar 12.000 euros de un entidad y trasladarse, dinero en mano, a otra para poder cumplir con sus obligaciones fiscales”, relata Jiménez.

Digitalización y duplicidades

No son estas las únicas trabas que ATA y sus Federaciones asociadas han trasladado a Hacienda y que según Lorenzo Amor “este año superarán la treintena”. Se da la circunstancia de que la digitalización se ha convertido en un escollo a la hora de realizar trámites como darse de alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos). Esta gestión sólo puede realizarse de forma telemática a través del sistema RED. La paradoja se da a la hora de obtener la autorización que permite operar en el sistema, “sólo puede hacerse personándose en las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social”, denuncian desde ATA y FETTAF.

También en materia de gestión laboral ocurre que en el momento en el que se da de baja a un empleado se inactiva la cuenta de cotización asociada. Esto obliga a esperar varios meses hasta poder dar de alta a un nuevo trabajador o hacerlo días antes de que el antiguo deje de ejercer en la empresa o negocio con carácter definitivo. Si bien en el primero de los casos, esto supone una traba a la creación de empleo, en el segundo, se produce un incremento de los costes del empleador.

Otra de las barreras a los que se enfrentan los autónomos día tras día es que las herramientas digitales de las distintas administraciones no son homogéneas. Realizar un mismo trámite es completamente distinto en las 17 comunidades autónomas. Lo mismo ocurre a la hora de solicitar información, ayudas, subvenciones… Según la Administración será más o menos complejo.  “Además de ser funcionarios sin sueldo, tenemos que ser expertos informáticos”, apuntan con sorna desde FETTAF.

Fuente: autónomos y emprendedores

Hacienda obligará a tributar en Galicia por la venta de viviendas heredadas en vida

El valor del piso será el que pagó el donante para hacer declarar a los descendientes las ganancias – El Gobierno habla de “operaciones abusivas” para ahorrar las plusvalías.

En Galicia, al igual que en País Vasco, Navarra, Cataluña, Baleares y Aragón, es posible hacer un pacto sucesorio para reducir e incluso quitarse de encima la factura fiscal en el legado de propiedades. Tienen su propio derecho civil y amparan las conocidas como herencias en vida. No es que en el resto del país estén prohibidas las donaciones antes del fallecimiento, pero solo en estas seis comunidades los padres pueden mejorar lo que a sus descendientes les tocaría en un testamento convencional. Cada día en Galicia se firman 45 pactos sucesorios (16.500 en total en 2017, según los datos de los notarios), el doble que en el ejercicio anterior, coincidiendo con la decisión de la Xunta de eliminar el pago del impuesto de Sucesiones en casos de padres a hijos, de abuelos a nietos y entre cónyuges si no superan los 400.000 euros. El otro importante ahorro tributario está en la posibilidad de vender una vivienda inmediatamente después de heredarla en vida. No hay supuestamente ganancia y, por tanto, no hay que declarar una plusvalía. Pero eso tiene los días contados.

La ley actual establece que el inmueble en cuestión se actualiza a la fecha de la donación. Es decir, si un hijo recibe un piso, su valor será el que tenga en ese momento. Si opta por venderlo a un tercero sin que pase más tiempo, la tasación se mantiene igual entre las dos operaciones. El heredero no gana nada teóricamente y, por tanto, no tiene que incorporar un beneficio extra en su campaña de la Renta. No sucedería lo mismo si la venta se realizara por parte del propietario original, al que no le quedaría otro remedio que computar la plusvalía generada en todo Renta que va desde que se hizo con la vivienda hasta ese instante.

“Se ha detectado un mayor número de operaciones en las que, una vez recibidos los bienes a través del pacto sucesorio, son enajenados por los nuevos propietarios”, asegura el Ministerio de Hacienda en el anteproyecto de ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que incorpora una crucial modificación para evitar lo que el departamento dirigido por María Jesús Montero califica de “importante desimposición” y “operaciones abusivas”.

El cambio afectará al artículo de la ley del IRPF que regula el valor de adquisición, estableciendo una regla especial para el supuesto de que la compra se efectúe a través de un pacto sucesorio. “Con la finalidad de que el nuevo adquiriente -explica la memoria del anteproyecto- se subroge en el valor y fecha de adquisición del bien que tenía en el titular original”. O, lo que es lo mismo, el precio del piso para el heredero en vida será la mismo que abonó en su día el padre y deberá tributar por la correspondiente plusvalía. La medida, destaca Hacienda, solo se aplicará cuando la venta se efectúe antes de que el titular original fallezca.

La herencia se ha convertido en una de las principales fórmulas en Galicia para el cambio de manos de una vivienda. En 2017 fueron 8.202, un 19% más que en 2016. Las compraventas ascendieron a 14.594.

También la Xunta tiene bajo la lupa el fenómeno de las herencias en vida ante la multiplicación de las operaciones y las dudas de si todas las bonificaciones son correctas. El Plan de Control de la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) para este ejercicio recoge expresamente entre sus nuevas incorporaciones la “comprobación de las reducciones subjetivas en el impuesto sobre Sucesiones y, en especial, la correcta aplicación de la reducción por parentesco cuando se formalizaron pactos sucesorios con anterioridad al fallecimiento del causante”.

Fuente: Faro de Vigo.

El Tribunal considera necesario la implantación de programas Compliance para prevenir delitos.

Una nueva sentencia lo reafirma: El Tribunal Supremo considera esencial la implantación de programas de Compliance en la empresa para prevenir delitos.

¿Cómo evitar que se produzcan delitos en el seno de la empresa? Es la pregunta clave que hoy día debe hacerse toda empresa. Ya no vale el simple cumplimento normativo: tenemos que ser proactivos y tomar medidas que realmente ayuden a evitar los delitos. La respuesta es concreta: el programa de compliance o prevención de delitos.

Sólo mediante este sistema una empresa puede estar segura de que no se producirán delitos en su seno. Y de que, si alguna persona llegase a cometer un delito en la empresa, la compañía quedaría, por así decirlo “libre de pecado”. Y eso gracias a poder demostrar que ha tomado medidas preventivas. Que con un sistema de compliance ha puesto en marcha los mecanismos adecuados para evitar que el delito tuviese lugar.

Sentencias Compliace penal: Los jueces, los tribunales valoran muy positivamente la existencia en la empresa de un programa de Compliance.

Incluso en el Tribunal Supremo. Lo hemos visto hace pocos meses, en una reciente Sentencia del Tribunal Supremo, dictada por la Sala 2ª, en fecha 28 de junio de 2018.

En el supuesto enjuiciado el Administrador solidario de la mercantil resulta finalmente condenado como autor de un delito continuado de apropiación indebida y administración desleal. La condena es de cuatro años de prisión, manteniendo la pena de multa y accesoria impuesta, así como la responsabilidad civil cuantificada en 2.043.877,01 euros.

En este caso concreto, dichos concretos ilícitos penales no son susceptibles de derivar responsabilidad penal a la empresa.

Y, sin embargo, el Tribunal Supremo hace alusiones muy positivas a los programas de Compliance.

En el texto de la setencia nos indica que, junto al Código Olivenza, ha resultado capital para el buen gobierno de la administración en las empresas “la introducción de los programas de Compliance en las mismas”. Y que esos programas de Compliance evitarían casos como el sentenciado.

Se nos sigue diciendo que “De haber existido un adecuado programa de cumplimiento normativo, casos como el aquí ocurrido se darían con mayor dificultad, ya que en la mayoría de los supuestos el conocimiento de actividades, como las aquí declaradas probadas de apropiación de fondos y de abuso de gestión, no se hubieran dado…de ahí la importancia de que en las sociedades mercantiles se implanten estos programas de cumplimiento normativo”.

Y es que el sistema de Compliance Programe ha demostrado ser una técnica verdaderamente eficaz como método anti delitos en la empresa. Un método que se basa en un conjunto de normas de carácter interno, establecidas en la empresa a iniciativa del órgano de administración, con la finalidad de implementar en ella un modelo de organización y gestión ético y riguroso en el cumplimiento legal. Así las empresas reducen el riesgo de la comisión de delitos y pueden ser exoneradas, así como el órgano de administración, de la responsabilidad penal de los delitos cometidos por sus directivos y empleados.

Es igualmente interesante la diferenciación que establece el Tribunal entre ilícitos penales ad extra (aquellos en los que los perjudicados son terceros/acreedores que son sujetos pasivos por delitos tales como estafas, alzamiento de bienes, etc.) e ilícitos penales ad intra como los delitos enjuiciados de apropiación indebida y administración desleal.

Se indica igualmente en la Sentencia analizada que el Administrador societario condenado vulneró los deberes de diligencia y de lealtad ante la sociedad, inherentes a su cargo.

Contar con un programa de Compliance, es hoy una necesidad para las empresas

“Una buena praxis corporativa en la empresa es la de implementar estos programas de cumplimiento normativo que garanticen que este tipo de hechos no se cometan, o dificulten las acciones continuadas de distracción de dinero, o abusos de funciones que un buen programa de cumplimiento normativo hubiera detectado de inmediato”, indica el Tribunal Supremo.

“Es evidente que el programa de cumplimiento lo que traslada al administrador societario que tiene en mente realizar este tipo de conductas es saber la existencia de un control”, reitera el Tribunal Supremo en la sentencia.

Con estas ideas, no se está más que poniendo el foco en la necesidad de proactividad de las empresas. El premio para esa proactividad (además del placer de hacer las cosas bien) es que la existencia de instrumentos adecuados de prevención del delito se tienen en cuenta para limitar la responsabilidad penal de la empresa o lograr su absolución. En cambio, si la empresa carece de estos mecanismos sí puede enfrentarse a una “pena de banquillo”. Además de los problemas de reputación y pérdida de contratos y clientes…

Por eso nuestro consejo es claro: toda empresa debe tener su programa de Compliance Penal.

La implantación de un programa de Compliance o sistema de prevención de delitos es además totalmente modular, por lo que el tamaño o la actividad de la empresa no importan. Se trata de una solución personalizada que asegura el cumplimiento normativo, pero va más allá: es proactiva en el buen gobierno y por eso reduce de forma tan drástica las posibilidades de que se comenta un delito en el seno de la empresa