Hacienda pierde ante la justicia el 50% de los pleitos que plantea el contribuyente

Los asesores fiscales denuncian el ‘gatillo fácil’ de la Agencia Tributaria y advierten de que hay más de 300.000 asuntos pendientes de resolución.

Cuando la Agencia Tributaria presenta los datos correspondientes a los resultados de la lucha contra el fraude, que últimamente viene arrojando unos 15.000 millones de recaudación extra al año, omite un dato esencial. Muchas de esas actas de liquidación que se levantan a los contribuyentes decaen tiempo después en los tribunales porque se basaban en presupuestos no acordes a la ley.

La Asociación Española de Asesores Fiscales ha denunciado este jueves que los contribuyentes ganan el 50% de los pulsos que echan a Hacienda en los tribunales. Y no son pocos. Los últimos datos indican que hay 300.000 asuntos fiscales pendientes de resolución en las diferentes instancias judiciales.

“Hacienda pierde el 40% de los litigios en la instancia económico-administrativa y una tercera parte de los casos que superan esa criba se fallan a favor de los contribuyentes en instancia judicial”, ha explicado Javier Gómez Taboada, asesor fiscal y responsable del área de estudios de Aedaf.

Para el presidente de la organización, José Ignacio Alemany, el dato es heredero de la situación de grave inseguridad jurídica que se vive en el ámbito fiscal, alimentada por una hiperproducción de normas fiscales – Aedaf ha detectado épocas de norma tributaria aprobada por semana- y el espíritu combativo de la Agencia Tributaria frente a los contribuyentes, que se concreta en la resolución por la vía de la sanción de las discrepancias fiscales que surgen en su relación con los contribuyentes. “Creemos que la sociedad española no es consciente de cómo está siendo vapuleada en términos tributarios”.

Las críticas de los asesores se centran en la inestabilidad del marco fiscal, en la aplicación punitiva de criterios intuitivos o pseudo-morales en la aplicación de las normas fiscales y en una política fiscal que “se ha convertido en una suerte de ariete ideológico utilizado con fines electoralistas y recaudatorios”.

Resolviendo los casos de los 90

Un cóctel al que se agrega la falta de especialización de los tribunales en la resolución de muchos de los casos que deben analizar y la exasperante lentitud en resolver. Los asesores fiscales ilustran la situación con una reciente sentencia de la Audiencia Nacional que ha resuelto un litigio sobre el ejercicio fiscal de 1996.

Aedaf reclama la creación de tribunales específicos en materia fiscal con jueces especializados en materia tributaria no solo para desembalsar los cientos de miles de asuntos pendientes de resolución -una acumulación, recuerdan, que no es ajena a la combatividad del Fisco español- y proporcionar certidumbre y seguridad jurídica a los agentes económicos.

También reivindican la habilitación de canales de mediación y arbitraje independientes para impedir que todas las discrepancias entre contribuyentes y Hacienda Pública terminen en los tribunales.

Fuente: Bruno Pérez

El retraso en la actualización del salario mínimo puede implicar un recargo del 10%

El trabajador puede reclamar hasta un año de atrasos impagados de cualquier tipo

Los trabajadores que a finales de 2018 percibían el salario mínimo interprofesional (SMI) de entonces (735,90 euros mensuales en 14 pagas) y en enero de 2019 no hayan recibido el incremento del 22,3% de su sueldo (hasta los 900 euros mensuales), tal y como estipula la ley, podrán reclamarlo y cobrar un 10% más por el retraso en el abono de esta nueva renta mínima legal.

Así lo advierten los expertos laboralistas de Abdon Pedrajas Abogados, quienes ayer precisaban que este retraso en la actualización del salario mínimo podría llevar al trabajador a hacer una reclamación de cantidad por ello ante los tribunales.

En este caso, si la justicia diera la razón al trabajador, este podría cobrar la diferencia entre el anterior salario mínimo y la nueva cuantía, de los meses que se le adeuden –con un máximo de un año por el plazo de prescripción– incrementado en un 10%. Esto se produciría en aplicación del artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores que establece que “el interés por mora en el pago del salario será el 10% de lo adeudado”.

Durante un análisis técnico de las últimas novedades legislativas en materia laboral, desde este bufete también han alertado sobre ciertos pronunciamientos de la Inspección de Trabajo que han considerado ya que el nuevo salario mínimo de 1.050 euros al mes en 12 pagas (o 900 euros mensuales en 14 pagas) debe figurar como salario base.

Sin embargo, esto no es, en opinión de estos abogados, lo que pone la ley en la actualidad, que estipula que la nueva cuantía del salario mínimo debe alcanzarse con los ingresos que “por todos los conceptos viniesen percibiendo los trabajadores en cómputo anual y jornada completa”. Esto quiere decir que los 12.600 euros al año como mínimo incluye salario base y los conceptos variables.

“Se trata de tener en cuenta toda la masa salarial anual, sin contar los conceptos extrasalariales”, precisó ayer Tomás Sala, director de Formación de Abdón Pedrajas. Si bien, acto seguido admitió que en muchas empresas es difícil distinguir los conceptos salariales de aquellas retribuciones que no lo son.

En este sentido, Sala también recordó que no serán de aplicación las subidas salariales, ya superiores a la nueva cuantía del salario mínimo, pero referenciadas en los convenios a lo que se incremente el SMI.

Fuente: Cincodías.

Consecuencias para el autónomo que pague tarde la cuota en 2019

Penalizaciones que Seguridad Social mantiene activas frente a autónomos que se retrasen al pagar su cotización mensual

Los autónomos deben abonar a final de mes sus cuotas a la Seguridad Social. La mayoría de los profesionales tienen domiciliado el pago en su propia cuenta bancaria, de manera que la institución extraen los últimos días de cada mes la cantidad correspondiente. Incluso bajo esta metodología pueden surgir problemas. Por ejemplo, si hay un cambio de cuenta, que no ha sido advertido a la Seguridad Social. O si, por cualquier circunstancia, no hay fondos para afrontar dicho pago.

Estos u otro problemas, derivados de otras fórmulas de pago permitidas, pueden generar retrasos en el pago a la Seguridad Social. Sea cual sea la causa, no afrontarlo en el momento marcado genera penalizaciones, que repasamos a continuación

Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo

La última Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo determina una serie de recargos para las cuotas que se abonen fuera de plazo, activándose un sistema de recargos al transcurrir el plazo para el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Si el abono se produce dentro del primer mes tras el vencimiento, se aplicará una reducción del 10% del recargo. Mientras que si se deja pasar dos meses el recargo ascendería al 20% de la deuda.

Los recargos pueden ser incluso superiores cuando sea la Seguridad Social quien reclame la deuda. Se mantendrán en el 20% de la deuda, si el autónomo paga las cuotas antes del plazo que marque en su acta de liquidación de deuda.

Sin embargo, el recargo puede ascender hasta el 35% si se pagara la cantidad adeudada más allá del plazo dictaminado en el acta, según queda recogido en el Artículo 1 de la mencionada  Ley de Reformas Urgentes, que modifica el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social que regula esta cuestión.

Diferencias con los aplazamientos

Es importante destacar que este tipo de consecuencias no tendrán lugar si hay un aplazamiento acordado con la Seguridad Social para pagar las cuotas en fecha posterior. Existen mecanismos para que el autónomo, en ciertas situaciones, pueda aplazar el pago de cuotas, siempre y cuando lo comunique pertinentemente a la Seguridad Social, y reciba una respuesta positiva aprobando la solicitud de aplazamiento.

Fuente: Cincodías.

Hacienda obligará a los padres a devolver lo desgravado por cuotas a los colegios concertados porque no son donativos

La ministra de Hacienda asegura que ha sido siempre así la interpretación de la Agencia Tributaria, por lo que no hay un ‘cambio de criterio’ al respecto.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado este martes que aquellas familias que se hayan desgravado en el IRPF las cuotas satisfechas a los colegios concertados donde estudian sus hijos deberán devolverlo mediante una declaración complementaria porque no se trata de donativos con derecho a deducción, y añadió que esta ha sido siempre la interpretación de la Agencia Tributaria, por lo que no hay un “cambio de criterio” al respecto.

Montero, en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, indicó que algunas familias se han desgravado estas cuotas al considerarlas como una donación, cuando en realidad se trata de “un dinero que se entrega a cambio de una prestación” y, por tanto, “no puede seguir estos parámetros”.

La ministra apuntó que la “mayoría de las familias” han consignado estas cuotas “adecuadamente” y no ha habido “ningún problema”, y añadió que en el caso de los padres que han declarado las cantidades como donación, le corresponderá a la Agencia Tributaria decidir si ha habido una “clara interpretación de la norma” y si no es así, se le pedirá a la familia que haga una declaración complementaria para devolver lo desgravado.

Fuentes de la Agencia Tributaria precisaron a Europa Press que no existe una campaña de inspección sobre los donativos a colegios concertados, pero sí admitieron que se vienen realizando “controles puntuales desde hace tiempo en distintos puntos del territorio”, y aseguran que estas cuotas no son deducibles en el IRPF. Lo que sí se puede desgravar, añaden desde Hacienda, son los donativos que se hacen a fundaciones de los colegios concertados.

La regularización, explica la Agencia Tributaria, se produce cuando se detecta una contraprestación por ese pago, es decir, cuando el supuesto donativo financia una actividad ordinaria del colegio que repercute en el alumno. “En este caso no es un donativo y se elimina la deducción en el IRPF”, subraya.

1.000 millones de euros

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha señalado este martes en el Congreso que corresponde al Ministerio de Hacienda la revisión de las desgravaciones a los padres de la escuela concertada y apunta que, según “sus noticias”, el cómputo de esas deducciones supera los 1.000 millones de euros.

Celaá respondía así, durante su comparecencia en la Cámara baja, a las preguntas de la portavoz de Ciudadanos en materia de Educación, Marta Martín. La diputada cuestionaba a la ministra la decisión del Ejecutivo de revisar las deducciones a los padres de la concertada por considerar que se trata un “hachazo” a la clase media, ya que “podría suponer hasta 3.000 euros por familia”.

Fuente: Cincodías

120.000 contribuyentes han declarado alquileres tras ser avisados por Hacienda

La campaña de avisos sobre alquileres ha aflorado 120.000 arrendamientos sin declarar desde 2015. Así lo ha anunciado Jesús Gascón, director de la Agencia Tributaria (AEAT), en su comparecencia en el Congreso para explicar los Presupuestos.

Gascón ha detallado que en los casos mas flagrantes se han realizado actuaciones de control. La AEAT empezó a avisar a los contribuyentes de que conocía que tenían alquileres, entre ellos, turísticos, en 2016, en la Campaña de la Renta de 2015. Según informó entonces, se avisó a 21.500 contribuyentes.

En este sentido, ha indicado que este afloramiento de declarantes podría haber tenido un “gran impacto recaudatorio” si se hubiesen producido liquidaciones por la vía inspectora o de gestión tributaria en vez de “transparentarlo” como se ha preferido, para contribuir al cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes.

Según ha explicado, cuando el organismo obtiene información sobre casos de incumplimientos “flagrantes”, hay que iniciar actuación inspectora o tributaria de control, pero en “muchos casos” se puede establecer el sistema de avisos de alerta en la Campaña de la Renta para que los contribuyentes sean “consecuentes” y “declaren mejor”.

Gascón avanzó la semana pasada que en la Campaña de la Renta de 2018, que empieza en abril, va a avisar a los contribuyentes que conoce que tienen cuentas en el extranjero, en concreto, tiene registros de 1,5 millones de cuentas gracias al sistema CRS de intercambios entre más de 100 países de cuentas bancarias. En este caso, se han iniciado ya más de 100 acciones inspectoras.

Más de 15.000 millones contra el fraude

Gascón ha adelantado que se van a ingresar más de 15.000 millones por la lucha contra el fraude en 2018, lo que supone un aumento de, al menos, el 2% respecto a los 14.792 millones de 2017, tras dos ejercicios de caída. La barrera de los 15.000 millones sólo se alcanzó en 2015 por unas actas excepcionales a grandes empresas.

Gascón ha restado importancia a esta cifra, ya que, a su juicio, hay que darle prioridad al cumplimiento voluntario de los contribuyentes, teniendo como “verdadero objetivo” que las bases imponibles agregadas crezcan un 6%, si el PIB nominal se eleva un 3,6%.

De cara a las actuaciones de lucha contra el fraude para este año, ha precisado que el 80% de los esfuerzos se destinarán al control de grandes empresas multinacionales, el control de actividades económicas, análisis patrimoniales y societarios, patrimonios relevantes, ocultación de actividades, abusos o auxilio judicial, y el 20% restante de recursos a actuaciones inspectoras.

Asimismo ha señalado que se estudia poder incorporar la posibilidad del pago con tarjeta en la web de la AEAT para todos los contribuyentes, lo que beneficia a los ciudadanos que pueden apurar los plazos de declaración, ya que las domiciliaciones obligaban a hacer los abonos con antelación.

Fuente: Expansión