Cada año queda sin usar el 20% de las cuotas de formación empresarial

  • El Gobierno abordará pronto la reforma de la ley 30/2015 para flexibilizarla
  • Fuentes sindicales resaltan que actualmente hay un remanente de 2.500 millones

Los agentes sociales, tanto empresarios como sindicatos, llevan un par de años reclamando la reforma de la Ley 30/2015 por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral por su excesiva rigidez. La exigencia de someter a control posterior las acciones formativas está provocando que el 20% de las cuotas que cada año aportan las empresas para formación queden sin cubrir, según señala  Sebastián Pacheco, secretario de Formación de UGT.

Formación empresarial

 

Cada ejercicio, las empresas aportan con sus cuotas alrededor de 2.500 millones de euros -varía anualmente, pues depende del número de afiliados a la Seguridad Social-, de los que más o menos quedan si utilizar unos 500 millones. Puesto que la ley establece que estos fondos solo puedan ser empleados para la formación de los empleados, el remanente sube a unos 2.500 millones de euros sin gastar, según denuncia Pacheco.

Año y medio o dos años

En opinión del miembro del Comité Ejecutivo del sindicato, la exigencia de que el 40% de las subvenciones que reciben las empresas o los centros formativos quede en suspenso para ulteriores comprobaciones está en el fondo de que se queden recursos sin utilizar.

La ley 30/2015, aprobada por el Partido Popular, establece que se «podrán» hacer entregas de fondos con carácter previo de la actividad formativa con un máximo del 25% del importe de la subvención concedida. También «podrá» preverse el pago de hasta un 35% adicional una vez acreditado el inicio de la actividad formativa.

Pero, establece que «como mínimo» el 40% del importe concedido se hará efectivo una vez finalizado y «justificado» la actividad formativa subvencionada. Lo que puede significar demoras de año y medio e incluso dos años. «Muchas empresas o centros formativos no pueden asumir semejante coste financiero», lo que redunda en un menor uso de los fondos destinados a formación, dice Pacheco. Según el sindicalista, la primera convocatoria después de la entrada de la ley, la correspondiente a 2016, fue un desastre por la escasa afluencia de peticiones.

Ante esta situación, el Gobierno se ha comprometido a modificar la ley 30/2015 para reducir la burocracia y dotarla de mayor atractivo y flexibilidad. Y lo ha hecho por partida doble, con los compromisos del Ministerio de Educación y del Ministerio de Trabajo, pues con el nuevo Gobierno, el primero ha adquirido competencias en la formación para el empleo en todo lo referente a la cualificación, dejando para el ministerio de Yolanda Díaz la parte referida a los certificados profesionales.

Pacheco resalta que están esperando el borrador de la futuro ley para empezar a negociar las nuevas reglas que han de regir las subvenciones para la formación de los ocupados. Parte del trabajo ya está hecho, pues hace dos años presentaron un informe conjunto los sindicatos con las patronales.

Igualmente, el Ministerio de Educación se ha comprometido a presentar modificaciones de la Ley de Formación Profesional. Todo ello se enmarca en el objetivo del Ejecutivo de Sánchez de impulsar la Formación Profesional, según anunció este verano el presidente en una acto lleno de simbolismo en La Moncloa donde presentó el Plan de Modernización de la FP que está dotado con 1.500 millones de euros.

Tiempo y metodología

Aunque ni el Ministerio de Educación ni el de Trabajo han adelantado las líneas de la reforma de la ley 30/2015 a los agentes sociales, más allá de una mayor flexibilidad a la hora de recibir los fondos de las subvenciones, también abordará cuestiones como el tiempo de la formación, la situación de muchos trabajadores que tienen varios trabajos precarios que no le abren las puertas al reciclaje o la metodología de la teleformación, antes más denostada, pero que cobra vigencia con el teletrabajo.

La formación profesional para el empleo se financia por cuatro vías: la principal proviene de las cuotas de formación profesional, un 0,7% en contingencias comunes –0,6% aportado por la empresa y 0,1% por el trabajadores–; aportación del Estado, aportación de las comunidades autónomas y del Fondo Social Europeo (FSE). Según datos de 2016, el 86% de la financiación provino de las cuotas, el 8% de los Presupuestos Generales del Estado y un 5% del FSE.

Según los datos recogidos en la web de la Fundae (heredera del Forcem), responsable de gestionar los fondos para formación, el presupuesto de 2019, con el que se gestiona la formación de este año, es de 2.414 millones de euros, 2.100 millones procedentes de cuotas y 312 de aportaciones del Estado. Es la prórroga del 2018. En 2017, fue algo inferior, 2.405 millones de euros.

Fuente: elEconomista.es

Hacienda oculta en la ley antifraude una fuerte subida de impuestos en Sucesiones y Patrimonio

  • Formaliza las elevadas tasaciones autonómicas de los inmuebles
  • Rechaza el criterio del Supremo, que exige utilizar el valor real
  • El Catastro seguirá decidiendo a través de su ‘valor de referencia’

El proyecto de ley contra el fraude fiscal presentado ayer por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esconde una fuerte subida de impuestos en Patrimonio y aquellas figuras relacionadas con la trasmisión de inmuebles. La normativa consolida las elevadas tasaciones que hacen las Haciendas autonómicas. El texto formaliza, en contra del criterio del Tribunal Supremo, que el Catastro establezca el valor de los inmuebles que sirve como base imponible a la hora calcular la liquidación de los impuestos.

 

El Gobierno descarga así la tasación en el llamado Valor de Referencia del Mercado (VRM), calculado por el Catastro a través de una serie de variables que permite a las Haciendas autonómicas superar el valor real de los inmuebles. En la mayoría de casos, el valor no se corresponde con el de la escritura y puede exceder el verdadero precio de mercado del inmueble, por lo que exigen más impuestos.

«Esas comprobaciones masivas, automáticas y fáciles, sin visita del perito, siempre me han parecido un fraude», señala el fiscalista Alejandro del Campo

El Supremo, en una sentencia de 23 de mayo de 2018, rechazó que las Haciendas autonómicas puedan comprobar los valores de los inmuebles aplicando coeficientes sobre los valores catastrales y en otras sentencias viene a exigir que, para conocer el valor real de una vivienda, el perito se desplace al lugar. Sin embargo, el proyecto de ley presentado ayer apuntala, «en alas de la seguridad jurídica», las tasaciones por parte de las Comunidades Autónomas a través del Catastro. El texto recoge que «el valor de referencia que establece el Catastro se convierte en la base imponible de los tributos patrimoniales, de forma objetiva». Según Hacienda, la medida «cuenta con el apoyo de las Comunidades Autónomas de forma unánime».

Alejandro del Campo coincide con el magistrado del Supremo Francisco José Navarro Sanchís. En su revolucionaria sentencia de 2018, que tumbó las comprobaciones masivas de las comunidades autónomas basadas en aplicar coeficientes sobre valores catastrales, subrayó que «el método de aplicar coeficientes sobre valores catastrales es legal pero no es idóneo para determinar el valor real de inmuebles». El magistrado entiende que «tal método se debe acompañar de actividad comprobadora respecto del inmueble en cuestión».

Sortear a la Justicia

Los tribunales tumban de forma sistemática las tasaciones de los inmuebles en compraventas, herencias o donaciones que efectúan las Haciendas autonómicas para recaudar más por los impuestos que tienen cedidos, como Trasmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados o Sucesiones y Donaciones. Ahora, el proyecto antifraude de Hacienda quiere sortear estos fracasos judiciales. El texto facilita a las comunidades autónomas que sigan en esta línea y que realicen las comprobaciones con base en el nuevo Valor de Referencia de Mercado (VRM), que Hacienda considera que es «transparente y justo».

Fuentes de Hacienda sostienen que «ese valor de referencia de cada inmueble se basa en todas las compraventas de inmuebles efectivamente realizadas y formalizadas ante fedatario«. Explican que «se calcula con unas reglas técnicas justas y transparentes y se fijará por Catastro mediante un garantista procedimiento administrativo para su general conocimiento».

El polémico VRM se introdujo en la Ley de Presupuestos del Estado para 2018. Se modificó la Ley del Catastro Inmobiliario para que la descripción catastral de los inmuebles incluya, además del valor catastral, ese VRM que el Catastro estimará para cada inmueble, con base en precios comunicados por fedatarios contrastados con otras fuentes.  «Consciente el legislador de que el valor catastral tiene poca flexibilidad, de que es muy diferente del valor de mercado, se quiere fijar ese VRM para que esté disponible para las diferentes Administraciones Tributarias», señala el fiscalista Alejandro del Campo. «En definitiva, se permitirá a las comunidades autónomas seguir ignorando sistemáticamente los valores de los inmuebles declarados en las escrituras, que podrán comprobarse con base en el VRM, de forma masiva, automática, fácil, sin visita de los peritos, para exigir más impuestos a todo el que compre o herede una vivienda, y no solo a los ricos», añade.

Alzas en Patrimonio

La Ley reguladora del Impuesto sobre Patrimonio, que se ha prorrogado durante 2020, establece en el artículo 10.1 que los inmuebles se computarán «por el mayor valor de los tres siguientes: El valor catastral, el comprobado por la Administración a efectos de otros tributos o el precio, contraprestación o valor de la adquisición». De esta forma, la Administración se garantiza que el inmueble será valorado a través del VRM si es el de más valor.

La situación afecta a muchos contribuyentes que actualmente no tributan por este impuesto porque tienen inmuebles adquiridos hace años con valores de adquisición reducidos, y con valores catastrales no muy elevados. Sin embargo, ahora tendrán que pagar al computar el VRM de sus inmuebles y los que ya tributaban pagarán mucho más.

Tal incremento de la tributación afectará especialmente en aquellas comunidades autónomas que tienen los tipos más altos, como es el caso de Baleares. La Administración balear ha establecido tipos de gravamen más elevados en el Impuesto sobre Patrimonio y que tienen un mercado inmobiliario pujante.

Fuente: ElEconomista.

Calendario laboral 2021: Estos son los doce días festivos (nacionales y autonómicos) que tendrá el año que viene

Los ayuntamientos elegirán dos días festivos más, con lo que sumarán un total de 14 festividades no laborables el próximo año; la mayoría de los festivos son lunes o viernes

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará en próximas fechas cuál será el calendario laboral oficial de 2021 con las 12  festividades que tendrá el próximo año en cada comunidad autónoma. De estos festivos habrá ocho de carácter estatal que serán «días inhábiles a efectos laborales, de carácter retribuido y no recuperable» y no sustituibles por otras fechas, según lo define la legislación nacional, y otros cuatro festivos que serán elegidos por las comunidades.

A estos 12 días que no serán laborables y que se disfrutarán de lunes a sábado, habrá que sumar otras dos jornadas festivas de carácter local, que fijará cada ayuntamiento. En total, habrá 14 días festivos en 2021.

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Con el auge del teletrabajo, Trabajo considera «acoso» el envío de mails, fuera de horario laboral.

Trabajo considera que enviar ‘mails’ fuera del horario laboral es «acoso» y amenaza con multas de hasta 187.515 euros

  • La Inspección endurece el tono y advierte ya en actas de estas sanciones
  • Habitualmente, estas actuaciones se enmarcaban en materia de jornada
  • El Ministerio aprovecha el auge del teletrabajo y prepara más inspecciones

Trabajo endurece sus inspecciones contra las empresas por la desconexión digital en pleno auge del teletrabajo. Los inspectores consideran que enviar correos electrónicos fuera del horario es «acoso» y piden multas de hasta 187.515 euros. La Inspección ha comenzado a abrir actas de advertencia a empresas por este motivo. Trabajo señala que esta situación «afecta a la conciliación de su vida familiar y laboral e intimidad debida».

Trabajo en casa. regulación

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