Hacienda pierde ante la justicia el 50% de los pleitos que plantea el contribuyente

Los asesores fiscales denuncian el ‘gatillo fácil’ de la Agencia Tributaria y advierten de que hay más de 300.000 asuntos pendientes de resolución.

Cuando la Agencia Tributaria presenta los datos correspondientes a los resultados de la lucha contra el fraude, que últimamente viene arrojando unos 15.000 millones de recaudación extra al año, omite un dato esencial. Muchas de esas actas de liquidación que se levantan a los contribuyentes decaen tiempo después en los tribunales porque se basaban en presupuestos no acordes a la ley.

La Asociación Española de Asesores Fiscales ha denunciado este jueves que los contribuyentes ganan el 50% de los pulsos que echan a Hacienda en los tribunales. Y no son pocos. Los últimos datos indican que hay 300.000 asuntos fiscales pendientes de resolución en las diferentes instancias judiciales.

“Hacienda pierde el 40% de los litigios en la instancia económico-administrativa y una tercera parte de los casos que superan esa criba se fallan a favor de los contribuyentes en instancia judicial”, ha explicado Javier Gómez Taboada, asesor fiscal y responsable del área de estudios de Aedaf.

Para el presidente de la organización, José Ignacio Alemany, el dato es heredero de la situación de grave inseguridad jurídica que se vive en el ámbito fiscal, alimentada por una hiperproducción de normas fiscales – Aedaf ha detectado épocas de norma tributaria aprobada por semana- y el espíritu combativo de la Agencia Tributaria frente a los contribuyentes, que se concreta en la resolución por la vía de la sanción de las discrepancias fiscales que surgen en su relación con los contribuyentes. “Creemos que la sociedad española no es consciente de cómo está siendo vapuleada en términos tributarios”.

Las críticas de los asesores se centran en la inestabilidad del marco fiscal, en la aplicación punitiva de criterios intuitivos o pseudo-morales en la aplicación de las normas fiscales y en una política fiscal que “se ha convertido en una suerte de ariete ideológico utilizado con fines electoralistas y recaudatorios”.

Resolviendo los casos de los 90

Un cóctel al que se agrega la falta de especialización de los tribunales en la resolución de muchos de los casos que deben analizar y la exasperante lentitud en resolver. Los asesores fiscales ilustran la situación con una reciente sentencia de la Audiencia Nacional que ha resuelto un litigio sobre el ejercicio fiscal de 1996.

Aedaf reclama la creación de tribunales específicos en materia fiscal con jueces especializados en materia tributaria no solo para desembalsar los cientos de miles de asuntos pendientes de resolución -una acumulación, recuerdan, que no es ajena a la combatividad del Fisco español- y proporcionar certidumbre y seguridad jurídica a los agentes económicos.

También reivindican la habilitación de canales de mediación y arbitraje independientes para impedir que todas las discrepancias entre contribuyentes y Hacienda Pública terminen en los tribunales.

Fuente: Bruno Pérez

DONATIVOS Y COLEGIOS CONCERTADOS. NUEVO LIO A LA VISTA

Hacienda asegura que no es un donativo porque hay una contraprestación y Las familias deberán devolver la desgravación con intereses de demora,  se abre la puerta a las posibles inspecciones a los padres de alumnos escolarizados en colegios concertados que se han desgravado donaciones por esa formación en su Declaración de la Renta.

Desde el ministerio de Hacienda se aclara que “no se ha producido ningún cambio legal ni de criterio. La actuación de la Agencia Tributaria en este ámbito sigue siendo la misma que en los últimos años y, como no puede ser de otra manera, se exigirá la regularización cuando se detecte que un contribuyente se ha deducido como donación lo que en realidad es el pago por un servicio”.

La ministra de Educación y Formación Profesional ha confirmado que el Gobierno pretende reclamar con carácter retroactivo a los padres estas desgravaciones. Además, Celaá ha subrayado que aunque la mayoría de las familias no se lo hayan deducido como donación en los casos que haya sido así se procederá a una regularización y deberán devolver el beneficio fiscal obtenido, con intereses de demora.

En noviembre pasado, el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) alertó ya de que la Administración Tributaria está interpretando que los pagos que las familias hacen en las escuelas concertadas no se pueden considerar donativos y por tanto no son deducibles en la declaración de la renta.

¿Qué impacto tiene en los centros?

La AEAT cuestiona que algunos centros se apliquen como gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades estos servicios y prestaciones. Esta situación puede verse agravada si se hace a través de una fundación creada únicamente con ese fin. Estarían librados de este escrutinio los centros religiosos amparados por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

¿Tienen los padres que devolver lo deducido indebidamente?

Sí. Aquellas familias que se hayan desgravado en el IRPF las cuotas que pagan a los colegios concertados por la escolarización de sus hijos deberán devolver lo gravado a la Agencia Tributaria por las cantidades no prescritas, es decir, las de los últimos cuatro ejercicios fiscales desde 2015.

¿Es mejor regularizarlo voluntariamente? 

Sí. El exdirector de la Agencia Tributaria Ignacio Ruiz Jarabo recomienda que voluntariamente presenten una declaración complementaria para evitarse la correspondiente sanción. Por ello, ha animado a que quienes se hayan desgravado por esos gastos como donaciones regularicen voluntariamente su situación respecto a los cuatro últimos ejercicios (periodo no prescrito), ya que con ello se pueden evitar una sanción que “por lo menos” será del 50 %, y que se sumaría a los intereses de demora que indefectiblemente se han de abonar

Declaración informativa de operaciones con terceras personas – MODELO 347 2018

El modelo 347 es una declaración informativa de operaciones con terceras personas. Al tratarse de una declaración informativa, no existe pago (o devolución) de importe alguno.

Mediante este modelo se informa a Hacienda de operaciones en las que se hayan superado 3.005,06€ (suma de todas las operaciones del ejercicio, IVA incluido, con el cliente o proveedor) durante el ejercicio anterior.

 

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El retraso en la actualización del salario mínimo puede implicar un recargo del 10%

El trabajador puede reclamar hasta un año de atrasos impagados de cualquier tipo

Los trabajadores que a finales de 2018 percibían el salario mínimo interprofesional (SMI) de entonces (735,90 euros mensuales en 14 pagas) y en enero de 2019 no hayan recibido el incremento del 22,3% de su sueldo (hasta los 900 euros mensuales), tal y como estipula la ley, podrán reclamarlo y cobrar un 10% más por el retraso en el abono de esta nueva renta mínima legal.

Así lo advierten los expertos laboralistas de Abdon Pedrajas Abogados, quienes ayer precisaban que este retraso en la actualización del salario mínimo podría llevar al trabajador a hacer una reclamación de cantidad por ello ante los tribunales.

En este caso, si la justicia diera la razón al trabajador, este podría cobrar la diferencia entre el anterior salario mínimo y la nueva cuantía, de los meses que se le adeuden –con un máximo de un año por el plazo de prescripción– incrementado en un 10%. Esto se produciría en aplicación del artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores que establece que “el interés por mora en el pago del salario será el 10% de lo adeudado”.

Durante un análisis técnico de las últimas novedades legislativas en materia laboral, desde este bufete también han alertado sobre ciertos pronunciamientos de la Inspección de Trabajo que han considerado ya que el nuevo salario mínimo de 1.050 euros al mes en 12 pagas (o 900 euros mensuales en 14 pagas) debe figurar como salario base.

Sin embargo, esto no es, en opinión de estos abogados, lo que pone la ley en la actualidad, que estipula que la nueva cuantía del salario mínimo debe alcanzarse con los ingresos que “por todos los conceptos viniesen percibiendo los trabajadores en cómputo anual y jornada completa”. Esto quiere decir que los 12.600 euros al año como mínimo incluye salario base y los conceptos variables.

“Se trata de tener en cuenta toda la masa salarial anual, sin contar los conceptos extrasalariales”, precisó ayer Tomás Sala, director de Formación de Abdón Pedrajas. Si bien, acto seguido admitió que en muchas empresas es difícil distinguir los conceptos salariales de aquellas retribuciones que no lo son.

En este sentido, Sala también recordó que no serán de aplicación las subidas salariales, ya superiores a la nueva cuantía del salario mínimo, pero referenciadas en los convenios a lo que se incremente el SMI.

Fuente: Cincodías.

Consecuencias para el autónomo que pague tarde la cuota en 2019

Penalizaciones que Seguridad Social mantiene activas frente a autónomos que se retrasen al pagar su cotización mensual

Los autónomos deben abonar a final de mes sus cuotas a la Seguridad Social. La mayoría de los profesionales tienen domiciliado el pago en su propia cuenta bancaria, de manera que la institución extraen los últimos días de cada mes la cantidad correspondiente. Incluso bajo esta metodología pueden surgir problemas. Por ejemplo, si hay un cambio de cuenta, que no ha sido advertido a la Seguridad Social. O si, por cualquier circunstancia, no hay fondos para afrontar dicho pago.

Estos u otro problemas, derivados de otras fórmulas de pago permitidas, pueden generar retrasos en el pago a la Seguridad Social. Sea cual sea la causa, no afrontarlo en el momento marcado genera penalizaciones, que repasamos a continuación

Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo

La última Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo determina una serie de recargos para las cuotas que se abonen fuera de plazo, activándose un sistema de recargos al transcurrir el plazo para el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Si el abono se produce dentro del primer mes tras el vencimiento, se aplicará una reducción del 10% del recargo. Mientras que si se deja pasar dos meses el recargo ascendería al 20% de la deuda.

Los recargos pueden ser incluso superiores cuando sea la Seguridad Social quien reclame la deuda. Se mantendrán en el 20% de la deuda, si el autónomo paga las cuotas antes del plazo que marque en su acta de liquidación de deuda.

Sin embargo, el recargo puede ascender hasta el 35% si se pagara la cantidad adeudada más allá del plazo dictaminado en el acta, según queda recogido en el Artículo 1 de la mencionada  Ley de Reformas Urgentes, que modifica el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social que regula esta cuestión.

Diferencias con los aplazamientos

Es importante destacar que este tipo de consecuencias no tendrán lugar si hay un aplazamiento acordado con la Seguridad Social para pagar las cuotas en fecha posterior. Existen mecanismos para que el autónomo, en ciertas situaciones, pueda aplazar el pago de cuotas, siempre y cuando lo comunique pertinentemente a la Seguridad Social, y reciba una respuesta positiva aprobando la solicitud de aplazamiento.

Fuente: Cincodías.