El canal de denuncias contra el blanqueo de capitales se convierte en obligatorio

Todos los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales -incluidos los abogados, procuradores y otros profesionales independientes en aquellas cuestiones que les afactan- deberán contar a partir de ahora con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad para permitir el cumplimiento de la misma.

También las Administraciones

Así se establece en el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, que transpone la Cuarta Directiva europea sobre la materia, y que extiende la obligación de crear canales de denuncia a las Administraciones Públicas para que puedan recibir avisos sobre potenciales incumplimientos por los sujetos obligados sobre las exigencias de la normativa de prevención del blanqueo.

En un amplio informe sobre esta norma, que publica la revista digital Buen Gobierno y RSC de elEconomista, se explica que los sujetos obligados por esta normativa deben establecer procedimientos internos para que sus empleados, directivos o agentes puedan comunicar, incluso anónimamente, información relevante sobre posibles incumplimientos de esta ley, su normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados, cometidos en el seno del sujeto obligado.

Estos procedimientos podrán integrarse en los sistemas de compliance establecidos para la comunicación de informaciones sobre la comisión de actos o conductas que puedan ser contrarios a la restante normativa aplicable. A estos sistemas y procedimientos se les debe aplicar lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal para los sistemas de información de denuncias internas.

También deberán los sujetos obligados adoptar medidas para garantizar que los empleados, directivos o agentes que informen de las infracciones cometidas en la entidad sean protegidos frente a represalias, discriminaciones y cualquier otro trato injusto.

No obstante, el RD-L advierte que este mecanismo no sustituye la existencia necesaria de mecanismos específicos e independientes de comunicación interna de operaciones sospechosas de estar vinculadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo por parte de empleados.

Por otra parte, la normativa extiende el tratamiento de las medidas de diligencia reforzada a todas las personas con responsabilidad pública, tanto nacionales como extranjeras. Hasta ahora, solo las personas con responsabilidad pública extranjeras eran objeto de aplicación automática de estas medidas.

Registros centralizados

En otro orden de cosas, se refuerza la eficacia de las Unidades de Información Financiera (UIF) y se establece la obligación de crear registros centralizados de cuentas bancarias o sistemas de recuperación de información para una mejor orientación de las solicitudes.

Unas normas más estrictas sobre la cooperación entre las autoridades competentes, incluidas las autoridades supervisoras, permitirán un intercambio de información eficaz. Se detallará, además, en mayor grado el contenido de las medidas reforzadas de debida diligencia con respecto al cliente que se aplicarán para los terceros países con un nivel de riesgo elevado, con el fin de establecer un enfoque más armonizado en este sentido.

 

Fuente: El Economista.es

Montero avanza que el gravamen para rentas superiores a 140.000 podría llegar al 52%

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado hoy que la subida del tipo del IRPF que se está estudiando para rentas a partir de 140.000 o 150.000 euros es de «tres o cuatro puntos», con lo que el tipo máximo subiría al 51% o el 52%.

En declaraciones a la Cadena COPE, Montero ha explicado que en la actualidad el tipo más alto -que es del 45 % a partir de 60.000 euros de renta- alcanza el 48 % en las comunidades que han llevado el tramo autonómico al máximo, y que es a ese 48% a lo que se está planteando sumar tres o cuatro puntos.

Montero ha negado que un tipo del 52% sea confiscatorio y ha recordado que el contribuyente de IRPF no tributa toda la renta ganada por el último tramo, sino que a cada intervalo de renta se le aplica el tipo marginal correspondiente.

En la actualidad, ha explicado la ministra, las rentas que llegan al tipo marginal máximo pagan una media o tipo efectivo de IRPF de «en torno al 31%, al 32% o al 33%».

Fuentes del Ministerio de Hacienda han explicado que con los tipos actuales las rentas de entorno a 80.000 euros pagan una media de IRPF del 30%, mientras que las de 140.000 euros están en una media del 37% como consecuencia de la progresividad del impuesto.

Montero ha incidido en que todavía se están ajustando los detalles de un subida que afectará a «un colectivo que no llega al 0,5 % de los contribuyentes».

«El rango es pequeño y la recaudación no es significativa, no tiene afán recaudatorio está más en el marco de la negociación con Unidos Podemos(…) para ellos era importante plantear que las grandes rentas también van a contribuir más», ha afirmado.

Fuente: Cinco Dias

Hacienda estudia rebajar Sociedades para pymes del 25% al 23%

  Hacienda estudia rebajar el tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades para pymes del 25% al 23%. Así lo analiza dentro de la negociación presupuestaria con Podemos, según trasladan fuentes de la negociación. Fuentes oficiales de Hacienda declinan pronunciarse. Con esta medida, se acabaría con la unificación del tipo nominal de Sociedades que estableció el Gobierno de Mariano Rajoy.

Con la reforma fiscal de Cristóbal Montoro, se estableció que en 2015 el tipo nominal sería del 28% para todas las empresas, y del 25% a partir de 2016 también para todas. Se quería así impedir que el tipo más bajo fuera un incentivo para que las empresas no crecieran.

Hasta 2014, con un tipo nominal del 30% en el Impuesto, las pymes con una cifra de negocio de menos de 5 millones y una plantilla de menos de 25 empleados tributaban al 20% en su parte de base imponible hasta 300.000 euros, y el resto, al 25%. Y las empresas de reducida dimensión con una cifra de negocio de menos de 10 millones de euros tributaban al 25% en su parte de base imponible hasta 300.000 euros, y el resto al 30%. Las entidades de nueva creación también tenían la posibilidad de tributar al 15% y al 20%.

En 2015, cuando eliminó el tipo reducido para pymes, Hacienda creó dos deducciones para estas empresas, las reservas de nivelación y de capitalización.

Hacienda y Podemos también estudian una subida del Impuesto sobre Sociedades con un tipo mínimo del 15% para empresas con una facturación de más de 8 millones, entre otras alzas fiscales.

De momento, Hacienda y Podemos sólo plantean esta rebaja de impuestos para pymes, junto con una disminución del IVA a productos de higiene femenina por determinar.

Fuente: Expansión.

Italia, ¿nuevo paraíso para los superricos? La tarifa plana fiscal atrae a grandes fortunas

El año pasado, el Gobierno de Matteo Renzi desató ríos de tinta al anunciar una nueva ley que permitiría pagar una tarifa plana de 100.000 dólares en impuestos a aquellos superricos que moviesen su residencia fiscal a Italia. La medida estaba pensada para atraer grandes fortunas que ayudasen a sanear las maltrechas arcas italianas, especialmente aquellas que se disponían a salir del Reino Unido a consecuencia del Brexit.

La iniciativa parece estar funcionando: según el jefe de la oficina del ministro de Economía y Finanzas, Fabrizio Pagani, unos 150 multimillonariosse han interesado por poner en práctica esta medida. «Tenemos personas del Reino Unido, Suiza, Rusia y de los EEUU», ha indicado en una entrevista en Londres. «Pero también tenemos noruegos y algunos holandeses. Algunas de esas personas son coleccionistas de arte. Estamos hablando de gente muy, muy rica«, ha asegurado.

Los ‘superricos’ también emigran

La regulación, aprobada en marzo de 2017, aplica ese impuesto de 100.000 dólares anuales sobre los ingresos de ese contribuyente en todo el mundo, aunque no en Italia: las actividades económicas generadas por esa persona en el propio país están sujetas a la misma tasación que el resto de individuos. Para que esta cantidad le salga rentable, el individuo debe ser propietario de una riqueza por valor de al menos 15 millones de euros, según cálculos de Stephen Loconte, de la consultora británica Loconte & Partners.

La medida está pensada sobre todo para atraer capitales extranjeros, y no para italianos que hubiesen movido su residencia fiscal a otras latitudes para pagar menos impuestos. Por este motivo, aquellos compatriotas que deseen regresar al fisco italiano deben demostrar que han permanecido en el extranjero durante al menos nueve de los 10 años anteriores. La promulgación de esta ley no fue fortuita: se anunció poco antes de que Londres se dispusiese a recortar el régimen especial de muchas de sus grandes fortunas, a las que, en caso de haber permanecido en el Reino Unido durante más de 15 años, se permitía abonar una tarifa plana de 65.000 libras esterlinas por sus ingresos en el extranjero.

Otros beneficios

En Italia, los que se acojan a este régimen podrán beneficiarse de otros suplementos, como la exención de impuestos en donaciones y herencias relacionadas con activos y propiedades inmobiliarias en el extranjero o remesas económicas, según explica un documento analítico publicado por la asesoría legal BDO. Además, si el contribuyente quiere añadir también a otros miembros de su familia como residentes fiscales en Italia, debe abonar otros 25.000 dólares adicionales anuales por cada uno de ellos.

Los ricos ocultan su dinero durante sus divorcios

La medida ha generado polémica desde el primer momento: mientras figuras como el diseñador Gianni Versace la defendieron, asegurando que la llegada de riqueza termina por beneficiar a todo el mundo, otros, como el líder del Partido Comunista de Italia, Marco Rizzo, la calificó de “socialismo para los ricos”. “Competir con los ingleses tras el Brexit, intentando a cualquier precio la llegada de ricos, solo sirve para crear un mundo de desigualdades y alimentar el populismo”, afirmó por su parte el exministro de Finanzas progresista Vincenzo Fisco.

Pero Italia no quiere quedarse atrás frente a otros países como Portugal, donde se han aplicado con éxito medidas similares. Pagani ha asegurado que, igual que sucedió en la Administración lusa, el número de solicitantes atraídos por la medida “crecerá exponencialmente”. “150 es una cifra muy buena para el primer año”, ha subrayado

Fuente: Elconfidencial

El IVA electrónico rebaja de un mes a tres días la entrega de facturas a Hacienda

El sistema automatizado SII se implanta con éxito en un año

Más del 95% de las 55.000 firmas afectadas cumplen ya la nueva medida

Hace apenas un año, las compañías españolas esperaban hasta finales de mes, o incluso del trimestre en función de su tamaño, para informar a Hacienda de las facturas que emitían o recibían. Es decir, que la Agencia Tributaria podía tardar de 30 a 90 días en conocer la facturación realizada del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Un plazo que, en solo 12 meses, ha descendido al entorno de solo tres días.

Semejante revolución se debe a la entrada en vigor, el 1 de julio de 2017, del Suministro Inmediato de Información (SII), el nuevo modelo de intercambio de información en tiempo real del IVA por medios electrónicos. En el aniversario de este cambio, tanto Hacienda como los asesores fiscales y las empresas a las que asisten coinciden en señalar que la implantación de la medida ha sido un “éxito”, pese a que el proceso no ha estado exento de dificultades.

La exigencia impuesta por Hacienda suponía que el periodo para informar de las facturas emitidas o recibidas debía descender a ocho días en el segundo semestre de 2017 y a solo cuatro a partir de 2018. Los datos recopilados por la Agencia Tributaria apuntan que el plazo medio de remisión de facturas emitidas entre enero y junio de este año ha bajado ya a 3,14 días naturales (pese a que la exigencia son cuatro días laborables), mientras que el periodo de entrega de facturas recibidas cae hasta 1,91 días, de media.

Todo un hito teniendo en cuenta que 57.000 compañías, responsables del 80% de toda la facturación nacional, son sujetos pasivos del IVA integrados en el SII. Se trata de todas las empresas que facturan más de seis millones de euros al año, además de las que solicitan la liquidación mensual del impuesto. El grado de cumplimiento de sus obligaciones “supera el 95%”, según la Agencia Tributaria. Si del colectivo de empresas obligadas a cumplir el SII se excluyen las entidades exentas de presentar liquidaciones de IVA, el porcentaje de cumplimiento llega al 98%.

A 9 de julio, el sistema del SII había incorporado más de 3.800 millones de registros de facturación. De ellos, 2.800 millones se corresponden con apuntes en el libro de registro de facturas expedidas, por importe de más de 2,47 billones de euros, y casi 1.000 millones proceden de facturas recibidas, por un importe de más de 2,24 billones de euros.

El objetivo de Hacienda con este sistema es contar con información prácticamente en tiempo real, que le permita cruzar facturas emitidas y recibidas para contrastar la información, acelerando la recaudación –que aspira a elevar en 350 millones, al prevenir el fraude– y adelantando las devoluciones. Además, el proceso se simplifica al evitar la obligación de presentar los modelos 347 (información de terceros), 340 (operaciones en libros registro) y 390 (resumen anual del IVA).

De momento, el cambio normativo ha rebajado la recaudación del IVA en 421 millones respecto a 2017, según el último informe de la Agencia Tributaria, de mayo. El documento detalla que el descenso se debe de un lado a los 178 millones devueltos con mayor celeridad que el año anterior y, de otro, a que los ingresos caen en 243 millones por el efecto del calendario, ya que el SII supuso dar 10 días más a las empresas para liquidar el IVA (del día 20 al 30), lo que difiere un mes los ingresos y crea diferencias que se diluirán cuando la comparación se haga sobre un ejercicio completo con el SII en marcha.

“Las compañías se han adaptado perfectamente y ha sido un golpe de productividad para el país, porque ha permitido una gran velocidad en el control de las operaciones y en el envío de las facturas. No solo ha sido bueno para la Administración”, expone Jesús Sanmartín, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF)

Reconoce, eso sí, que “la implantación de este sistema ha supuesto un incremento de la carga de trabajo administrativo para las empresas, la necesidad de adaptación de los programas informáticos, así como la implementación de protocolos para la gestión del nuevo sistema”, lo que ha supuesto costes y dificultades especialmente indigestos para las empresas de menor tamaño. Con todo, alega, su productividad ha mejorado al modernizar sus sistemas contables. Un éxito que está por ver si en el futuro lleva a implantar el SII en las pymes.

MULTAS Y RETRASOS

Sanciones. El nuevo sistema de intercambio automático de información del IVA con la Agencia Tributaria (SII) conlleva importantes sanciones para las compañías que incumplan el plazo máximo de cuatro días para informar de las facturas emitidas o recibidas. Deberán pagar el 0,5% del importe de la factura, por un mínimo de 300 euros al trimestre y un máximo de 6.000 euros.

Plazos. “No tenemos conocimiento de que se estén produciendo sanciones por retrasos”, expone Jaime Santonja, miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), que asevera que la Agencia Tributaria está siendo flexible con los primeros meses de implantación del SII. Advierte, eso sí, de que la Administración tiene cuatro años para aplicar las multas, por lo que habrá que esperar a ver si castiga los retrasos.

Devoluciones. A la par que se acelera el plazo para informar de las facturas, Hacienda ha agilizado las devoluciones correspondientes –en noviembre pasó ya de 55 a 43 días– si bien desde Aedaf advierten que en sectores de difícil contraste de datos, como las constructoras o las empresas recién llegadas al sistema, el plazo medio de cuatro a seis semanas llega a dispararse a seis meses.