La reforma del impuesto de sociedades: más ruido que nueces

Los expertos coinciden en que el establecimiento de un tipo mínimo efectivo, como plantea Hacienda, apenas tendrá impacto recaudatorio, puesto que las empresas ya tributan por encima de ese umbral. Los ingresos crecerán, dicen, cuando las empresas agoten los créditos fiscales por pérdidas pasadas

La crisis ya ha pasado. O esa es, al menos, la foto fija que ofrecen las estadísticas oficiales. Por ejemplo, la de la recaudación de impuestos: si no hay sorpresas, los ingresos de la Agencia Tributaria habrán cerrado el 2018 en niveles casi idénticos (si no superiores) a los del 2007, el último año de vino y rosas de la economía española. Claro que las cargas están ahora bastante más desequilibradas. Así, mientras que el impuesto sobre la renta, que grava principalmente las rentas del trabajo, marcó ya en el 2017 un récord de recaudación, el de sociedades, en el que tributan los beneficios empresariales (que han crecido muy por encima de los salarios en los últimos cinco años), apenas ingresa la mitad que antes del crac económico.

Para revertir esta situación y equilibrar la presión fiscal, el Gobierno anunció, nada más tomar posesión, una reforma del impuesto de sociedades que se ha plasmado en el proyecto de Presupuestos para el 2019 y que tiene, como eje principal, la imposición de un tipo mínimo efectivo que garantice un umbral mínimo de tributación (del 15 %, que se elevaría al 18 para bancos y petroleras), frente a la situación actual, en la que pese a haber un tipo nominal elevado (el general está en el 25 %), las empresas, sobre todo las más grandes, acaban reduciendo su factura fiscal aplicándose una catarata de exenciones y deducciones.

Esa batalla para reclamar a las grandes corporaciones una mayor contribución fiscal la inició, aunque solo dialécticamente, el ex ministro Cristóbal Montoro: «No es explicable que cuando cualquiera de nosotros tributa lo que tributa por el impuesto de la renta y una pyme lo hace al 18 %, las grandes empresas tengan un tipo efectivo de entre el 7 y el 8 %, no se puede aceptar», clamó en el Congreso. La Agencia Tributaria, por su parte, publicó el mes pasado un informe que cuantifica la aportación efectiva de las empresas de los diferentes sectores. Los bancos, según estas cifras, solo aportan al Estado, vía impuestos, un 5,24 % de sus beneficios, un porcentaje que se reduce a apenas un 2,8 % en el caso de los grandes grupos, que consolidan las ganancias de todas sus filiales y participadas en el mundo.

Argumentos que rebaten desde el sector financiero, el más señalado por el informe del fisco: «Me parece injusto, además de erróneo, decir que los bancos españoles apenas pagamos impuestos», remarcaba en Twitter el vicepresidente de Santander España, Juan Manuel Cendoya, que recordaba que una cosa es el resultado contable y otra, muy distinta, la base imponible, que es sobre la que hay que calcular el impuesto y que es mucho más reducida, gracias al sinfín de bonificaciones de las que se pueden beneficiar las grandes corporaciones. La principal, la exención sobre los dividendos y beneficios recibidos desde las filiales en otros países, que quedan libres de tributar en España, ya que se persigue evitar la doble imposición. Solo por esta vía, el beneficio declarado por las empresas (198.202 millones en el 2016) se reduce a menos de la mitad, ya que 105.332 se pueden acoger a esa exención.

Escaso margen de actuación

Hechos todos los ajustes, el tipo efectivo medio del impuesto de sociedades se eleva del 10,45 % (cuando se mide sobre las ganancias totales) a más del 21 % (sobre la base imponible). Por eso, los expertos coinciden, con independencia de su sesgo ideológico, en que la imposición de un umbral mínimo de tributación, en la horquilla que maneja el Gobierno, no tendrá apenas efectos sobre la recaudación, ya que la inmensa mayoría de las empresas ya lo superan.

«Tiene más impacto mediático que real», explica el economista Venancio Salcines, que cree que la recaudación del impuesto de sociedades está frenada porque las empresas aún pueden compensar las pérdidas en las que incurrieron en los años más duros de la crisis. Esa acumulación de créditos fiscales (por un importe cercano a los 100.000 millones de euros solo en las empresas del Ibex) es la que explica que el tributo haya perdido parte de su potencia recaudatoria, remarca Salcines, en línea con lo que ha advertido en muchas ocasiones la Autoridad Fiscal. Si la economía sigue creciendo y las empresas se van quedando sin esos comodines para reducir su factura fiscal, los ingresos volverán a aumentar, dice el economista, que cree que la reforma tributaria que se necesita en España debería hacerse sobre el IVA, eliminando los tipos reducidos, una medida que permitiría recaudar más de 20.000 millones de euros adicionales al año y que sería asumible para casi todos los contribuyentes, salvo para los de rentas muy bajas, a los que el Estado debería compensar, propone, con una transferencia de renta para amortiguar el sobrecoste que sufrirían en los productos básicos de la cesta de la compra.

Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales, cree también que no existe mucho margen de actuación sobre el impuesto de sociedades, que está homologado en tipos al de los países de nuestro entorno

Incluso desde Gestha, sindicato de los técnicos de Hacienda, reconocen que «no salen las cuentas» que hace el Gobierno sobre la inyección recaudatoria que se podría conseguir con la imposición de ese tipo mínimo efectivo. Por eso, desde la organización, explica su secretario general, José María Mollinedo, proponen una reforma más ambiciosa, que pasaría por modificar el régimen fiscal de esos dividendos repatriados de las filiales extranjeras.

Frente a la propuesta del Ejecutivo, que pasa por rebajar el exención del 100 al 95 % (lo que permitiría ingresar unos 750 millones más), desde Gestha apuestan por transformarla en una deducción, de forma que la cuota del impuesto en España se calcule sobre todo el beneficio de la sociedad, que luego podría descontar de la misma su contribución fiscal en los países de los que hayan repatriado parte de las ganancias, para evitar así la doble imposición. De esta forma se taponaría, dicen, el coladero que permite la actual ley (que solo exige que en esos terceros países haya fijado un tipo nominal de sociedades del 10 %, aunque luego en la práctica el tipo efectivo sea irrisorio) y se podría recaudar, como mínimo, unos 5.200 millones más.

Y es que, explica Mollinedo, detrás de este beneficio fiscal no hay una lógica fiscal, ya que «tiene que ver con cuestiones no tributarias, puesto que con él se quería favorecer la internacionalización de la empresa española», por lo que no tiene sentido, defiende, mantenerlo en su configuración actual.

Fuente. La Voz de Galicia

Hacienda eleva un punto la presión fiscal a costa de grandes empresas y rentas altas

Montero ve más conservadora que la del PP su previsión de alza de ingresos del 9,5%

No podemos aspirar a un Estado del bienestar de primera con unos ingresos de tercera”, defendió este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras entregar una copia del proyecto de Presupuestos Generales del Estado a la presidenta del Congreso, Ana Pastor. El objetivo del Ejecutivo, expuso la ministra, es elevar progresivamente la presión fiscal española, actualmente en el 34,5%, para acercarla al 41,4% que rige de media en la UE. Como primer paso, anunció, la reforma fiscal que incluyen sus cuentas de 2019 aumentará el esfuerzo tributario en un punto, hasta el 35,5%, a costa de elevar el gravamen a las grandes empresas y las rentas más altas. Un paso, subrayó, que se da “sin subir impuestos a las clases medias, a los trabajadores, a los autónomos ni a las pymes”.

Hacienda prevé que la recaudación tributaria de 2019 se incremente en 20.000 millones de euros, un 9,5% frente al cierre de 2018, hasta los 227.356 millones. La diferencia sería del 7,3% sin contar con el efecto del nuevo sistema automático de información (SII) del IVA, que ha ido retrasando un mes la liquidación del impuesto. De hecho, este efecto aportará 5.000 millones adicionales al Estado este año, de los que la mitad irá a compensar a las comunidades por los ingresos perdidos en 2017 y el resto será aprovechado por el Gobierno para compensar la tardía entrada en vigor, en el mejor de los casos, de sus nuevas figuras tributarias. Para evitar que esto siga ocurriendo, el Ministerio cerrará 10 días antes la liquidación del IVA de diciembre este año para computarlo en el mismo año fiscal.

En todo caso, este ambicioso incremento de la recaudación solo obtendrá 5.654 millones de las modificaciones impositivas planeadas por el Ejecutivo, mientras que Hacienda confía en lograr el resto gracias al buen tono de la economía.

Pese a ello, Montero aseveró a quien puso en duda sus previsiones que sus estimaciones son “más moderadas” que las de su antecesor, Cristóbal Montoro, cuyas cuentas se desviaron una media de 5.100 millones, dijo. “Montoro subió su previsión de ingresos un 7% bajando impuestos, nosotros los modificamos y creamos nuevos impuestos. El Presupuesto es más creíble que el de los años anteriores”, sentenció.

La ministra remachó, además, que su política fiscal está dirigida a “redistribuir la riqueza” y se centra en unos pocos privilegiados. En primer lugar, se establece un tipo mínimo del 15% en Sociedades para las grandes empresas (para de acercar lo que pagan al 25% de tipo nominal sobre el que aplican deducciones), y del 18% para banca y petroleras (que parten de un 30%), a fin de recaudar 1.776 millones. La medida, ilustró, solo afectará a 10.092 compañías, el 0,7% del total, y ayudará elevar la recaudación de este impuesto un 14,1% hasta los 27.579 millones.

En paralelo, se rebajará del 25% al 23% el tipo para las 349.000 pymes que facturan menos de un millón, una cuarta parte el total.

A su vez, se eleva en dos puntos el tipo marginal del IRPF para rentas superiores a 130.000 euros, y en cuatro puntos para las de más de 300.000, lo que arrojará 328 millones de recaudación adicional a costa de solo 80.000 contribuyentes (el 0,4% del total). Además, se eleva en cuatro puntos el gravamen de las rentas del ahorro superiores a 140.000 euros para obtener 332 millones de 20.792 contribuyentes (el 0,1%) para 2020. De otra aparte, se elevan un 15,3% los beneficios fiscales sobre la renta por las mejoras de la reducción de rendimientos del trabajo y deducciones familiares aprobadas en 2018. Hacienda busca recaudar un 4,9% más por IRPF, hasta 86.454 millones.

El gravamen de Patrimonio se incrementa en un punto para fortunas de más de 10 millones de euros, que hoy se sitúa en el 2,5%. Se busca captar 339 millones de 2.550 personas.

Del lado del IVA se rebaja del 10% al 4% el tipo sobre los productos de higiene femenina (dejando de recaudar 18 millones); se pasa del 21% al 4% en el gravamen sobre libros y publicaciones electrónicas (-24 millones) y se reduce del 21% al 10% el impuesto sobre servicios veterinarios (-35 millones). Aún así, el IVA debería ingresar un 11,7% más en 2019, 78.307 millones.

Finalmente, se equipara la fiscalidad del diésel al de la gasolina (una medida medioambiental que captaría 670 millones y no afectará a los profesionales del transporte) y se gravan al 15% los beneficios no distribuidos de las Socimis.

Además, el Consejo de Ministros impulsará el viernes los proyectos de ley de creación del impuesto sobre las transacciones financieras (para cobrar 850 millones); el de negocios digitales (1.200 millones) y un paquete de medidas antifraude (por 828 millones).

Los impuestos especiales subirían un 11,8%, para arrojar 23.057 millones, y el resto un 16,4%, hasta los 11.959 millones.

A partir de ahí, en aras a ese progresivo incremento de la presión fiscal hacia la confluencia con Europa, Montero abrió la puerta a elevar el gravamen sobre empresas y bancos en 2020 una vez analizados los resultados cosechados en 2019.

Fuente: Cinco Días

Los autónomos creen que eliminar el impuesto de generación es una limosna

Las asociaciones de autónomos no ven bien la eliminación del impuesto de generación. En concreto, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), considera “una limosna” que el Gobierno suspenda solo el 7% de la generación eléctrica.

En unas declaraciones recogidas por la agencia de noticias Europa Press, el presidente de ATA, Lorenzo del Amor, ha alertado de que si no se toman medidas, más del 50% de los autónomos pagarán por el diésel o el incremento de la luz en 2019 tanto como lo que pagan por cotizaciones a la Seguridad Social.

Según ha apuntado, los autónomos están pagando entre 130 y 200 euros más cada mes por el incremento de los precios. En el ámbito de los suministros, él apuesta por aumentar de un 30% a un 50% la deducción sobre los gastos de suministros cuando el autónomo trabaje desde su domicilio.

Mantener el modelo 347 en febrero

Entre otras medidas que piden estos profesionales destaca la de mantener la presentación del modelo 347 a 28 de febrero o la de que continúen los límites actuales de facturación para los autónomos que tributan por módulos, ya que, para un total de 400.000 autónomos, si no se mantienen estos límites sufrirán un incremento de la factura fiscal de hasta 12.000 euros al año.

Para el colectivo también sería favorable que durante los dos primeros años de actividad los nuevos autónomos cuya facturación no supere los 30.000 euros anuales estén exentos de tributar en concepto de IVA por el importe resultante entre el IVA soportado y repercutido. Además, apuesta por rebajar el IVA al 13% a todas aquellas actividades que vieron subir este impuesto del 13% al 21%.

El decálogo también apuesta por corregir la imposibilidad de deducirse los gastos de nóminas que los familiares colaboradores pudiesen tener en la actividad del autónomo que tributa por IRPF y por establecer la exención de tributación de las indemnizaciones por extinción de contratos para los trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE).

Fuente: CincoDías

España deja de ingresar casi 2.000 millones anuales por fraude en el IVA

 

La cantidad defraudada se ha reducido del 12% al 4% desde el año 2013, según la Comisión Europea

España dejó de ingresar 1.966 millones de euros del IVA en 2016, lo que supone un 3% de los 70.591 millones de euros de lo que finalmente se recaudó por este concepto, según un informe realizado por la Comisión Europea. Esta cifra es un punto inferior a lo que se dejó de ingresar en el año 2015, cuando los 2.900 millones de euros que se defraudaron suponían un 4% de los 68.600 millones de euros recaudados por el IVA. Para la institución comunitaria, España, al igual que el resto de países miembros, «ha trabajado mucho» por mejorar la recaudación del impuesto, aunque considera necesario reformar el actual sistema para enfocarlo a una mayor cooperación en toda la Unión.

Parte de este esfuerzo realizado por España se ha visto reflejado en la disminución que ha registrado la «brecha fiscal» del IVA en los últimos años. Si en el ejercicio 2013, hasta un 12% de lo finalmente recaudado era defraudado, un año más tarde, esta cifra se redujo hasta el 9% y hasta el 4% un año después. En concreto, hace cinco años, el sistema tributario español perdía más de 8.000 millones de euros por el fraude en el IVA, por lo que finalmente la cantidad recaudada ascendía a cerca de 61.000 millones de euros.

Sin embargo, en el año 2016, la recaudación total ascendió a 70.591 millones de euros, gracias, en parte, a la reducción de la brecha fiscal de más de nueve puntos en relación con lo que se dejó de ingresar cuatro años antes.

En el conjunto de la Unión Europea, la cantidad total perdida ascendió a 147.100 millones de euros, lo que supuso una reducción de 10.500 millones respecto al año 2015, cuando la «brecha fiscal» suponía un 13,2% del total recaudado, frente al 12,3% del 2016. En términos brutos, Italia fue el país que más dejó de ingresar por IVA, al contabilizar un importe perdido de casi 36.000 millones de euros, seguido de Alemania, donde la brecha fue de cerca de 23.000 millones,y Reino Unido.

Fuente: Diario información

El canal de denuncias contra el blanqueo de capitales se convierte en obligatorio

Todos los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales -incluidos los abogados, procuradores y otros profesionales independientes en aquellas cuestiones que les afactan- deberán contar a partir de ahora con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad para permitir el cumplimiento de la misma.

También las Administraciones

Así se establece en el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, que transpone la Cuarta Directiva europea sobre la materia, y que extiende la obligación de crear canales de denuncia a las Administraciones Públicas para que puedan recibir avisos sobre potenciales incumplimientos por los sujetos obligados sobre las exigencias de la normativa de prevención del blanqueo.

En un amplio informe sobre esta norma, que publica la revista digital Buen Gobierno y RSC de elEconomista, se explica que los sujetos obligados por esta normativa deben establecer procedimientos internos para que sus empleados, directivos o agentes puedan comunicar, incluso anónimamente, información relevante sobre posibles incumplimientos de esta ley, su normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados, cometidos en el seno del sujeto obligado.

Estos procedimientos podrán integrarse en los sistemas de compliance establecidos para la comunicación de informaciones sobre la comisión de actos o conductas que puedan ser contrarios a la restante normativa aplicable. A estos sistemas y procedimientos se les debe aplicar lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal para los sistemas de información de denuncias internas.

También deberán los sujetos obligados adoptar medidas para garantizar que los empleados, directivos o agentes que informen de las infracciones cometidas en la entidad sean protegidos frente a represalias, discriminaciones y cualquier otro trato injusto.

No obstante, el RD-L advierte que este mecanismo no sustituye la existencia necesaria de mecanismos específicos e independientes de comunicación interna de operaciones sospechosas de estar vinculadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo por parte de empleados.

Por otra parte, la normativa extiende el tratamiento de las medidas de diligencia reforzada a todas las personas con responsabilidad pública, tanto nacionales como extranjeras. Hasta ahora, solo las personas con responsabilidad pública extranjeras eran objeto de aplicación automática de estas medidas.

Registros centralizados

En otro orden de cosas, se refuerza la eficacia de las Unidades de Información Financiera (UIF) y se establece la obligación de crear registros centralizados de cuentas bancarias o sistemas de recuperación de información para una mejor orientación de las solicitudes.

Unas normas más estrictas sobre la cooperación entre las autoridades competentes, incluidas las autoridades supervisoras, permitirán un intercambio de información eficaz. Se detallará, además, en mayor grado el contenido de las medidas reforzadas de debida diligencia con respecto al cliente que se aplicarán para los terceros países con un nivel de riesgo elevado, con el fin de establecer un enfoque más armonizado en este sentido.

 

Fuente: El Economista.es