Los autónomos destinan el 40% de sus beneficios a pagar impuestos

Las pequeñas empresas de autónomos destinan un 40% de sus beneficios anuales a pagar impuestos. Así lo confirma el estudio de Sage ‘A Taxing Problem: the impact of tax on small businesses’. Esto hace que los dueños de un negocio tengan que adaptar sus precios para hacer frente a sus cargas impositivas, lo que afecta a sus clientes y proveedores.

Los impuestos restan casi la mitad del beneficio que obtiene un pequeño negocio. Así lo demuestra el estudio ‘A Taxing Problem: the impact of tax on small businesses’, que ha realizado Sage y en el que analiza el impacto directo e indirecto de la carga impositiva en 3.000 pequeñas y medianas empresas de 11 países distintos. El informe revela que la factura fiscal de las pequeñas empresas españolas ronda el 40% de su beneficio anual. .

“Por lo tanto, no es de extrañar que el reto fiscal sea uno de los más importantes. Lo es en la gran empresa, pero en los pequeños y medianos negocios tiene una importancia crítica. De ello no solamente dependen su supervivencia, sino también sus oportunidades de crecimiento”, señala Gonzalo García Abad, experto en fiscalidad, contabilidad, finanzas y derecho de Sage.

Las empresas sufren más los impuestos cuanto más pequeñas son

El estudio demuestra que a menor tamaño empresarial mayor carga impositiva. Un hecho que se acentúa más en España. De esta forma, las medianas empresas destinan un 30% de su beneficio a impuestos, mientras que en los pequeños negocios este porcentaje asciende hasta el 40%. “Además, los impuestos son un ladrón de tiempo en las empresas de menor tamaño” porque dedican el 2,5% de sus jornadas a organizar sus trámites impositivos.

“Pagar una elevada factura de impuestos puede contribuir a reducir el flujo de caja de las micro y pequeñas empresas, e incluso a que éste se vuelva negativo, lo que, a su vez, reduce su capacidad para pagar tanto al personal como a sus proveedores” dice García Abad. “Además, contar con elevadas tasas impositivas para las pequeñas empresas y startups podría contribuir a disuadir a empresarios potenciales a establecer nuevas empresas, ya que los rendimientos esperados pueden considerarse insuficientes frente a los riesgos”.

Teniendo en cuenta estos datos, a largo plazo podría verse reducida la tasa de emprendimiento, disminuyendo la cantidad de pequeños negocios en el tejido empresarial español y reduciendo, tanto el tamaño del mercado, como su productividad.

Los pequeños negocios tienen que adecuar su oferta y trabajo a los impuestos

Del análisis que Sage realiza de esta situación se pueden extraer dos conclusiones: en primer lugar, que los pequeños negocios, como sujetos pasivos de diversos impuestos, se ven obligados a organizar su trabajo de tal manera que puedan cumplir con un conjunto de obligaciones formales. “Y, por supuesto, tiene un impacto recaudatorio”. En segundo lugar, esa carga impositiva acaba por afectar a los precios.

“Así, por ejemplo, algunas pymes pueden realizar esa subida de precios sin temor a reducciones significativas en su demanda. Otras saben que circunstancias como la existencia de fuerte competencia internacional o una gran disponibilidad de sustitutivos les hace imposible aumentar los precios. En algunos casos también puede haber empresas que trasladen parte del impuesto a sus precios, pero a costa de significativas caídas de la demanda”, señala García Abad.

A este problema, hay que sumarle otro agravante. Del mismo modo que estos pequeños negocios sufren cargas impositivas que les llevan a aumentar sus precios, las pymes de su entorno se ven en la misma situación. Esto produce que, por ejemplo, las pequeñas empresas que abastecen a un negocio con problemas impositivos tendrán que aumentar el precio de los productos que ofrece. Lo que significa que el negocio no solo tendrá que aumentar los precios de su oferta por su carga impositiva, si no que ahora también tendrá que hacer frente a los sobrecostes derivados de la subida del proveedor.

Fuente: autónomos y emprendedores

Hacienda enviará avisos sobre cuentas en el exterior y alquileres turísticos en la Campaña de la Renta

El director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, ha avanzado este miércoles que la Administración Tributaria enviará avisos a los contribuyentes para informarles de que dispone de datos sobre sus cuentas en el exterior o sobre los arrendamientos turísticos en la Campaña de la Renta 2018, que comenzará el próximo 2 de abril.

Así lo ha señalado durante la clausura de la jornada Fiscalidad empresarial 2019, organizada por PwC y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), en la que Gascón ha subrayado la importancia de hacer un «gran esfuerzo» en transparentar la información de la que dispone la Administración Tributaria.

Gascón ha adelantado que se van a incluir alertas en la Campaña de la Renta de este año para que los contribuyentes sepan que la AEAT ha recibido información de otros países sobre la existencia de cuentas en el exterior, con el fin de fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.

No obstante, ha explicado que la AEAT se encuentra en fase de «depuración» de información, ya que el volumen en bruto es «espectacular» y supera los 1,5 millones de registros, por lo que se está en la fase inicial para determinar el número de contribuyentes exacto a los que se les enviará avisos en la Campaña de la Renta 2018.

La información que recibe la AEAT sobre cuentas financieras de españoles en el exterior procede de los intercambios automáticos de información que se vienen produciendo en los últimos años por parte de la comunidad internacional, tras la introducción de la normativa Common Reporting Standard (CRS) en 2016, ha recordado Gascón, quien ha apuntado que entran «centenares de miles de reportes» de otros países a la Administración Tributaria española, y viceversa, de las que en «muchos casos» son declaradas y en otros no.

Respecto a la posibilidad de que se apliquen sanciones, ha dicho que hay que ver los casos, ya que aquellos contribuyentes que presenten una declaración de forma voluntaria y espontánea con el modelo 720 «en principio no tendría por qué tener consecuencias sancionadoras», caso distinto de aquellos contribuyentes a los que se les realiza una actuación de comprobación y se les practica una liquidación.

En todo caso, se ha referido a la complejidad en la comprobación de los datos recibidos sobre cuentas en el exterior, ya que en muchos países no se utiliza el NIF, lo que puede dar lugar a errores.

Arrendamientos turísticos

Igualmente, ha avanzado también que se incluirán alertas y avisos para que el contribuyente que vaya a presentar la declaración de la renta, y entre en el sistema Renta WEB, sepa que la AEAT dispone de determinados datos que tiene que tener en cuenta, como los arrendamientos turísticos, con el fin de que declare «mejor» los rendimientos de capital inmobiliario. Sobre este tema, ha valorado la «importante fuente de información» que supondrá la nueva declaración sobre arrendamientos turísticos que se presenta este mes de enero.

El director general de la Agencia Tributaria ha indicado que se están analizando más posibles avisos a incluir en la Campaña de la Renta y Patrimonio de 2018, que comenzará el próximo día 2 de abril para la presentación por Internet y por teléfono, y se prolongará hasta el próximo 1 de julio, según el calendario del contribuyente.

Fuente: Eleconomista

Así queda el sistema de módulos tras el nuevo Decreto. ¿Compensa?

El Gobierno da oficialidad al mantenimiento de los módulos en autónomos, mediante un Decreto-Ley a última hora de 2018. Así queda este sistema que analizamos para saber cuándo compensa adherirse a él y quién puede hacerlo.

 Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 28 de diciembre ha modificado las condiciones previstas en lo que a límite de autónomos se refiere. En realidad, ha mantenido los límites del año anterior, a pesar de que en un principio estaba prevista la reducción de estos. 

Según se explica en una información de EFE Empresas, la legislación vigente contemplaba que en 2019 se redujeran los umbrales a partir de los cuales un autónomo no puede tributar por el sistema de módulos, también llamado método de estimación objetiva.  Pero este Decreto revierte la situación.

Con todo ello, los profesionales por cuenta propia que tengan ingresos por debajo de los 250.000 eurospodrán acogerse a este sistema, que les permite llevar una contabilidad más sencilla y económica. La intención era rebajar ese límite en 100.000 euros, lo que supondría un perjuicio considerable en un alto número de trabajadores autónomos.

Cabe recordar que este sistema está sujeto a algunos colectivos y se calcula en función de aspectos como tamaño del local o metros de barra.

“El Real Decreto-ley modifica esta situación y mantiene inalterables los límites de exclusión. Los trabajadores por cuenta propia no podrán tributar por el método de estimación objetiva cuando el conjunto de sus actividades supere los 250.000 euros o cuando la facturación a otros empresarios o profesionales sobrepase los 125.000 euros”, se explica desde EFE Empresas.

Entonces, ¿quién puede tributar por módulos? ¿Compensa?

No todos los profesionales por cuenta propia pueden tributar por módulos, ya que existen algunos requisitos que te contamos a continuación. En primer lugar, el ya comentado límite de la facturación. El volumen de ventas del ejercicio anterior no puede ser superior a los 250.000 euros, o 125.000 euros en el caso en el que se expidan facturas a empresario o autónomos.

El volumen de compras, por su parte y sin incluir inversiones, no debe superar los 250.000 euros, así como tampoco podrá realizar otras actividades que tributen en estimación directa.

Los sectores de actividad que pueden acogerse a este sistema son la agricultura, la ganadería, la pesca, el comercio minorista, la hostelería, la industria del pan y la hostelería, así como peluquerías, autoescuelas, tintorerías o empresas de mudanza, entre otras.

A la hora de entender cómo se tributa por módulos, cabe explicarse que la Agencia Tributaria no puede contabilizar con exactitud el volumen de ventas de determinados negocios, como los taxis, las panaderías o los bares. En este caso, se utiliza este sistema de tributación por módulos, que se rigen por unos parámetros como los metros del local, los metros de barra de un bar o el número de sillas.

También influyen otros factores como la duración de la temporada o la población del municipio.

En función de todo esto se determina el tramo que te corresponderá pagar cada tres meses (abril, julio, octubre y enero. El modelo para ello será el 131 y hablamos de un pago fraccionado.

Posteriormente, en la declaración de la renta se calculará el cómputo real anual y si has pagado de más la Agencia Tributaria te devolverá la diferencia.

¿Compensa?

Para los expertos de Tu asesoría personal online, al inicio de una actividad es más usual tener más gastos que ingresos, por lo que al menos durante el primer año es interesante el sistema de estimación directa, de manera que el sistema de módulos te resulte más conveniente cuando empieces a generar más ingresos que gastos. No obstante, no podrás renunciar al sistema de estimación directa para acogerte al sistema de módulos, por lo que si prevés ingresos en los primeros tres años es mejor que te abones a la segunda opción, según recomienda esta asesoría en una nota publicada en su web.

Fuente: CincoDías

La reforma del impuesto de sociedades: más ruido que nueces

Los expertos coinciden en que el establecimiento de un tipo mínimo efectivo, como plantea Hacienda, apenas tendrá impacto recaudatorio, puesto que las empresas ya tributan por encima de ese umbral. Los ingresos crecerán, dicen, cuando las empresas agoten los créditos fiscales por pérdidas pasadas

La crisis ya ha pasado. O esa es, al menos, la foto fija que ofrecen las estadísticas oficiales. Por ejemplo, la de la recaudación de impuestos: si no hay sorpresas, los ingresos de la Agencia Tributaria habrán cerrado el 2018 en niveles casi idénticos (si no superiores) a los del 2007, el último año de vino y rosas de la economía española. Claro que las cargas están ahora bastante más desequilibradas. Así, mientras que el impuesto sobre la renta, que grava principalmente las rentas del trabajo, marcó ya en el 2017 un récord de recaudación, el de sociedades, en el que tributan los beneficios empresariales (que han crecido muy por encima de los salarios en los últimos cinco años), apenas ingresa la mitad que antes del crac económico.

Para revertir esta situación y equilibrar la presión fiscal, el Gobierno anunció, nada más tomar posesión, una reforma del impuesto de sociedades que se ha plasmado en el proyecto de Presupuestos para el 2019 y que tiene, como eje principal, la imposición de un tipo mínimo efectivo que garantice un umbral mínimo de tributación (del 15 %, que se elevaría al 18 para bancos y petroleras), frente a la situación actual, en la que pese a haber un tipo nominal elevado (el general está en el 25 %), las empresas, sobre todo las más grandes, acaban reduciendo su factura fiscal aplicándose una catarata de exenciones y deducciones.

Esa batalla para reclamar a las grandes corporaciones una mayor contribución fiscal la inició, aunque solo dialécticamente, el ex ministro Cristóbal Montoro: «No es explicable que cuando cualquiera de nosotros tributa lo que tributa por el impuesto de la renta y una pyme lo hace al 18 %, las grandes empresas tengan un tipo efectivo de entre el 7 y el 8 %, no se puede aceptar», clamó en el Congreso. La Agencia Tributaria, por su parte, publicó el mes pasado un informe que cuantifica la aportación efectiva de las empresas de los diferentes sectores. Los bancos, según estas cifras, solo aportan al Estado, vía impuestos, un 5,24 % de sus beneficios, un porcentaje que se reduce a apenas un 2,8 % en el caso de los grandes grupos, que consolidan las ganancias de todas sus filiales y participadas en el mundo.

Argumentos que rebaten desde el sector financiero, el más señalado por el informe del fisco: «Me parece injusto, además de erróneo, decir que los bancos españoles apenas pagamos impuestos», remarcaba en Twitter el vicepresidente de Santander España, Juan Manuel Cendoya, que recordaba que una cosa es el resultado contable y otra, muy distinta, la base imponible, que es sobre la que hay que calcular el impuesto y que es mucho más reducida, gracias al sinfín de bonificaciones de las que se pueden beneficiar las grandes corporaciones. La principal, la exención sobre los dividendos y beneficios recibidos desde las filiales en otros países, que quedan libres de tributar en España, ya que se persigue evitar la doble imposición. Solo por esta vía, el beneficio declarado por las empresas (198.202 millones en el 2016) se reduce a menos de la mitad, ya que 105.332 se pueden acoger a esa exención.

Escaso margen de actuación

Hechos todos los ajustes, el tipo efectivo medio del impuesto de sociedades se eleva del 10,45 % (cuando se mide sobre las ganancias totales) a más del 21 % (sobre la base imponible). Por eso, los expertos coinciden, con independencia de su sesgo ideológico, en que la imposición de un umbral mínimo de tributación, en la horquilla que maneja el Gobierno, no tendrá apenas efectos sobre la recaudación, ya que la inmensa mayoría de las empresas ya lo superan.

«Tiene más impacto mediático que real», explica el economista Venancio Salcines, que cree que la recaudación del impuesto de sociedades está frenada porque las empresas aún pueden compensar las pérdidas en las que incurrieron en los años más duros de la crisis. Esa acumulación de créditos fiscales (por un importe cercano a los 100.000 millones de euros solo en las empresas del Ibex) es la que explica que el tributo haya perdido parte de su potencia recaudatoria, remarca Salcines, en línea con lo que ha advertido en muchas ocasiones la Autoridad Fiscal. Si la economía sigue creciendo y las empresas se van quedando sin esos comodines para reducir su factura fiscal, los ingresos volverán a aumentar, dice el economista, que cree que la reforma tributaria que se necesita en España debería hacerse sobre el IVA, eliminando los tipos reducidos, una medida que permitiría recaudar más de 20.000 millones de euros adicionales al año y que sería asumible para casi todos los contribuyentes, salvo para los de rentas muy bajas, a los que el Estado debería compensar, propone, con una transferencia de renta para amortiguar el sobrecoste que sufrirían en los productos básicos de la cesta de la compra.

Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales, cree también que no existe mucho margen de actuación sobre el impuesto de sociedades, que está homologado en tipos al de los países de nuestro entorno

Incluso desde Gestha, sindicato de los técnicos de Hacienda, reconocen que «no salen las cuentas» que hace el Gobierno sobre la inyección recaudatoria que se podría conseguir con la imposición de ese tipo mínimo efectivo. Por eso, desde la organización, explica su secretario general, José María Mollinedo, proponen una reforma más ambiciosa, que pasaría por modificar el régimen fiscal de esos dividendos repatriados de las filiales extranjeras.

Frente a la propuesta del Ejecutivo, que pasa por rebajar el exención del 100 al 95 % (lo que permitiría ingresar unos 750 millones más), desde Gestha apuestan por transformarla en una deducción, de forma que la cuota del impuesto en España se calcule sobre todo el beneficio de la sociedad, que luego podría descontar de la misma su contribución fiscal en los países de los que hayan repatriado parte de las ganancias, para evitar así la doble imposición. De esta forma se taponaría, dicen, el coladero que permite la actual ley (que solo exige que en esos terceros países haya fijado un tipo nominal de sociedades del 10 %, aunque luego en la práctica el tipo efectivo sea irrisorio) y se podría recaudar, como mínimo, unos 5.200 millones más.

Y es que, explica Mollinedo, detrás de este beneficio fiscal no hay una lógica fiscal, ya que «tiene que ver con cuestiones no tributarias, puesto que con él se quería favorecer la internacionalización de la empresa española», por lo que no tiene sentido, defiende, mantenerlo en su configuración actual.

Fuente. La Voz de Galicia

Hacienda eleva un punto la presión fiscal a costa de grandes empresas y rentas altas

Montero ve más conservadora que la del PP su previsión de alza de ingresos del 9,5%

No podemos aspirar a un Estado del bienestar de primera con unos ingresos de tercera”, defendió este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras entregar una copia del proyecto de Presupuestos Generales del Estado a la presidenta del Congreso, Ana Pastor. El objetivo del Ejecutivo, expuso la ministra, es elevar progresivamente la presión fiscal española, actualmente en el 34,5%, para acercarla al 41,4% que rige de media en la UE. Como primer paso, anunció, la reforma fiscal que incluyen sus cuentas de 2019 aumentará el esfuerzo tributario en un punto, hasta el 35,5%, a costa de elevar el gravamen a las grandes empresas y las rentas más altas. Un paso, subrayó, que se da “sin subir impuestos a las clases medias, a los trabajadores, a los autónomos ni a las pymes”.

Hacienda prevé que la recaudación tributaria de 2019 se incremente en 20.000 millones de euros, un 9,5% frente al cierre de 2018, hasta los 227.356 millones. La diferencia sería del 7,3% sin contar con el efecto del nuevo sistema automático de información (SII) del IVA, que ha ido retrasando un mes la liquidación del impuesto. De hecho, este efecto aportará 5.000 millones adicionales al Estado este año, de los que la mitad irá a compensar a las comunidades por los ingresos perdidos en 2017 y el resto será aprovechado por el Gobierno para compensar la tardía entrada en vigor, en el mejor de los casos, de sus nuevas figuras tributarias. Para evitar que esto siga ocurriendo, el Ministerio cerrará 10 días antes la liquidación del IVA de diciembre este año para computarlo en el mismo año fiscal.

En todo caso, este ambicioso incremento de la recaudación solo obtendrá 5.654 millones de las modificaciones impositivas planeadas por el Ejecutivo, mientras que Hacienda confía en lograr el resto gracias al buen tono de la economía.

Pese a ello, Montero aseveró a quien puso en duda sus previsiones que sus estimaciones son “más moderadas” que las de su antecesor, Cristóbal Montoro, cuyas cuentas se desviaron una media de 5.100 millones, dijo. “Montoro subió su previsión de ingresos un 7% bajando impuestos, nosotros los modificamos y creamos nuevos impuestos. El Presupuesto es más creíble que el de los años anteriores”, sentenció.

La ministra remachó, además, que su política fiscal está dirigida a “redistribuir la riqueza” y se centra en unos pocos privilegiados. En primer lugar, se establece un tipo mínimo del 15% en Sociedades para las grandes empresas (para de acercar lo que pagan al 25% de tipo nominal sobre el que aplican deducciones), y del 18% para banca y petroleras (que parten de un 30%), a fin de recaudar 1.776 millones. La medida, ilustró, solo afectará a 10.092 compañías, el 0,7% del total, y ayudará elevar la recaudación de este impuesto un 14,1% hasta los 27.579 millones.

En paralelo, se rebajará del 25% al 23% el tipo para las 349.000 pymes que facturan menos de un millón, una cuarta parte el total.

A su vez, se eleva en dos puntos el tipo marginal del IRPF para rentas superiores a 130.000 euros, y en cuatro puntos para las de más de 300.000, lo que arrojará 328 millones de recaudación adicional a costa de solo 80.000 contribuyentes (el 0,4% del total). Además, se eleva en cuatro puntos el gravamen de las rentas del ahorro superiores a 140.000 euros para obtener 332 millones de 20.792 contribuyentes (el 0,1%) para 2020. De otra aparte, se elevan un 15,3% los beneficios fiscales sobre la renta por las mejoras de la reducción de rendimientos del trabajo y deducciones familiares aprobadas en 2018. Hacienda busca recaudar un 4,9% más por IRPF, hasta 86.454 millones.

El gravamen de Patrimonio se incrementa en un punto para fortunas de más de 10 millones de euros, que hoy se sitúa en el 2,5%. Se busca captar 339 millones de 2.550 personas.

Del lado del IVA se rebaja del 10% al 4% el tipo sobre los productos de higiene femenina (dejando de recaudar 18 millones); se pasa del 21% al 4% en el gravamen sobre libros y publicaciones electrónicas (-24 millones) y se reduce del 21% al 10% el impuesto sobre servicios veterinarios (-35 millones). Aún así, el IVA debería ingresar un 11,7% más en 2019, 78.307 millones.

Finalmente, se equipara la fiscalidad del diésel al de la gasolina (una medida medioambiental que captaría 670 millones y no afectará a los profesionales del transporte) y se gravan al 15% los beneficios no distribuidos de las Socimis.

Además, el Consejo de Ministros impulsará el viernes los proyectos de ley de creación del impuesto sobre las transacciones financieras (para cobrar 850 millones); el de negocios digitales (1.200 millones) y un paquete de medidas antifraude (por 828 millones).

Los impuestos especiales subirían un 11,8%, para arrojar 23.057 millones, y el resto un 16,4%, hasta los 11.959 millones.

A partir de ahí, en aras a ese progresivo incremento de la presión fiscal hacia la confluencia con Europa, Montero abrió la puerta a elevar el gravamen sobre empresas y bancos en 2020 una vez analizados los resultados cosechados en 2019.

Fuente: Cinco Días