El Supremo abre la puerta a una oleada de demandas de autónomos y pymes por el SII

Una sentencia del alto tribunal anula el plazo que se dio para renunciar al nuevo sistema de gestión del IVA

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La planificación financiera es vital para la liquidez y supervivencia de las empresas. La agenda de las compañías está fuertemente condicionada por los impuestos a los que tiene que hacer frente. El más presente en su día a día es el IVA, un impuesto que obliga a las entidades a mantener un continuo flujo de activos e información con la Agencia Tributaria. Cualquier modificación en el régimen de aplicación del impuesto obliga a una adaptación, y puede motivar decisiones estratégicas de las entidades. Pues bien, una reciente sentencia del Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso Cinco Días, abre la puerta a una oleada de reclamaciones de miles de autónomos y empresas (sociedades y grupos) por los daños y perjuicios causados por el Estado, que creó unas expectativas que ahora se ven frustradas tras el fallo.

El pasado mes de julio, la Sala de lo Contencioso del alto tribunal dictó una resolución (cuyo texto puede consultar aquí) que declaró nulo de pleno derecho el Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo, por el que se introdujo cierto régimen transitorio para 2017 en materia de IVA. La normativa, anulada por defectos formales, vino a posibilitar para determinados contribuyentes, a excepción de las grandes empresas, la renuncia al nuevo modelo de gestión: el llamado Suministro Inmediato de Información del IVA (SII), introducido en diciembre de 2016. El reglamento de 2017 ampliaba el plazo, hasta julio de ese año, para que las sociedades y autónomos pudieran rechazar el SII. Su entrada en vigor había cogido por sorpresa y sin margen de maniobra a muchos contribuyentes. Quedar excluido del nuevo sistema informatizado suponía, por otro lado, renunciar a los regímenes especiales que otorgaban una serie de ventajas a las compañías

La declaración de nulidad del citado real decreto supone que dicho plazo nunca existió y, por tanto, las renuncias formalizadas no han sido válidas. Como consecuencia, estos empresarios han quedado incluidos automáticamente en el SII en los ejercicios 2017, 2018 y 2019, con todo lo que ello comporta.

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Como explica Miguel Caamaño, letrado del asunto y abogado en Caamaño, Concheiro & Seoane (CCS Abogados), muchos empresarios, autónomos, sociedades y grupos de empresas, se vieron obligados a renunciar a sus regímenes especiales (que les ofrecían opciones para generar o bien un importante ahorro fiscal o la disponibilidad de recursos financiaros) ante la inminente entrada en vigor del nuevo sistema, que implicaba unos cambios organizativos y técnicos para los que no estaban preparadas. Ente otras modificaciones, señala el abogado, las empresas debían tener sobre alimentados sus servidores para suministrar información continua a través de la sede electrónica de la AEAT.

A título de ejemplo, apunta Caamaño, muchos empresarios causaron baja por efecto del Real Decreto 529/2017 en el Régimen de Devolución mensual (REDEME) y otros quedaron excluidos nada menos que del régimen especial del grupo de entidades del IVA.

Uno de los efectos más importantes de la sentencia del Tribunal Supremo, subraya Caamaño, es la posibilidad de que autónomos, sociedades y grupos de empresas reclamen los daños y perjuicios colaterales sufridos. La mayor trascendencia de la sentencia, explica el letrado, estriba en la responsabilidad patrimonial del Estado, “que deberá de hacer frente, previa demanda, a una importante cantidad para indemnizar a miles de contribuyentes españoles (autónomos, sociedades mercantiles y grupos)”. Son pérdidas cuantificables y demostrables, opina el experto fiscalista, por la renuncia a unos regímenes sobre la base de una norma estatal que ha sido declarada nula de pleno derecho. Pérdida de oportunidades, problemas de liquidez y otras decisiones han afectado a la caja de estos contribuyentes, que ahora pueden unirse en plataformas de afectados para reclamar al Estado

Fuente: CincoDías.

Aclaración oficial: ¿es el coworking un gasto deducible?

El uso de espacios de trabajo compartidos se han convertido en una opción muy utilizada por pymes y autónomos. ¿Son deducibles?

Los espacios de coworking se han convertido en una opción recurrente para que pymes y autónomos desempeñen su actividad. Es un gasto aparentemente relacionado con la actividad por lo que, en principio, cabe pensar que sería deducible. Hemos querido confirmarlo, acudiendo a alguna de las dudas planteadas a Hacienda mediante la Dirección General de Tributos, encontrando respuesta oficial al tema. Aunque en principio sí se puede considerar como tal, es necesario establecer ciertos puntos clave para no cometer errores fiscales.

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¿Computa el coworking como gasto?

Para dar respuesta a la cuestión encontramos la Resolución Vinculante V0656-19 de la D.G.T. En ella, se explica que para determinar el rendimiento neto de las actividades económicas debe tomarse como referencia las normas del impuesto sobre sociedades. En este caso, al tratase de una actividad en estimación directa, la deducibilidad de los gastos se condiciona por el principio de correlación con los ingresos.

De tal forma que si se acredita que se han ocasionado en el ejercicio de la actividad sí serían deducibles estos gastos, mientras que cuando no exista esta vinculación o no esté debidamente probada y justificada, no podrán someterse a una deducción fiscal.

En el caso de esta consulta, que es el alquiler de un espacio de coworking, sí sería deducible este gasto, puesto que justificó correctamente que se utilizó para desarrollar su actividad económica.

No obstante, este organismo también recuerda que sin perjuicio de lo anterior, la deducibilidad de un gasto está condicionado a su justificación mediante la factura normal o simplificada. También será necesario contabilizarlo en el libro-registro que obligatoriamente debe tener al día esta profesional. Es importante destacar que este caso concreto se refiere a una contribuyente en estimación directa, determinando la resolución dada por la DGT como vinculante y a tener en cuenta en próximos casos y circunstancias que se den con estas mismas bases.

Fuente: Diario Cinco días.

El Tribunal Constitucional anula la norma para calcular la pensión del trabajo a tiempo parcial

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado nulo el precepto presente en la Ley General de la Seguridad Social que calcula la pensión del trabajo a tiempo parcial, al establecer que crea una desigualdad en el cálculo de la base reguladora con respecto a los trabajadores a tiempo completo. Este hecho, además, es «discriminatorio para la mujer», ya que, según datos oficiales, ocupa el 70 % de estos empleos.

En una sentencia conocida este miércoles, el Pleno del Alto Tribunal estima una cuestión interna de inconstitucionalidad, y declara nulo el precepto que regula la cuantía de las pensiones que reciben los trabajadores a tiempo parcial por vulnerar éste el derecho a la igualdad.

Para el Constitucional, «no resulta justificado que se establezca una diferencia de trato entre trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial» respecto a la reducción adicional de la base reguladora mediante un porcentaje derivado de un «coeficiente de parcialidad» que reduce el número efectivo de días cotizados.

Para el tribunal, el inciso ahora anulado, incluido en la Ley General de la Seguridad Social, no sólo deja en situación de desigualdad a los empleados a tiempo parcial, sino que además «constituye una discriminación indirecta por razón del sexo», ya que «estadísticamente» la mayor parte de ellos son mujeres.

Según la resolución, dicho precepto obvia los requisitos de «justificación objetiva y razonable» al establecer diferencias entre los trabajadores; no obstante, señala que la declaración de nulidad no afectará a los conflictos individuales en los que ya exista sentencia firme.

El TJUE ya se pronunció en contra

Hace dos meses, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya dictó una sentencia en la que consideraba que una medida que implica una reducción del importe de una pensión de jubilación de un trabajador en una proporción mayor a la que corresponde por sus períodos de ocupación a tiempo parcial no puede considerarse objetivamente justificada por el hecho de que sea «la contraprestación de una prestación de trabajo de menor entidad».

Aunque el tribunal europeo remitía la decisión en aquel caso sobre la posible discriminación por género al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sí apuntaban que la normativa nacional colocaba a las mujeres en una posición menos ventajosa que la de los hombres. 

Ya entonces señalaba que la base reguladora aplicada para el cálculo de la pensión de los trabajadores que trabajan menos de dos tercios de la jornada de un trabajador a tiempo completo es proporcionalmente inferior a la base reguladora de los trabajadores a tiempo completo.

«Esta legislación tiene en la mayoría de los casos efectos desfavorables para los trabajadores a tiempo parcial respecto de los trabajadores a tiempo completo», señala el TJUE.

«Estos trabajadores, que representan el 65 por ciento de los trabajadores a tiempo parcial, sufren una desventaja como consecuencia de la aplicación de dicho porcentaje», subraya el Tribunal de Luxemburgo. «Aplicar adicionalmente un coeficiente de parcialidad relativo al trabajo a tiempo parcial va más allá de lo necesario para salvaguardar el sistema de seguridad social de tipo contributivo», concluye.

Fuente: Economista.es

Consecuencias para el autónomo que pague tarde la cuota en 2019

Penalizaciones que Seguridad Social mantiene activas frente a autónomos que se retrasen al pagar su cotización mensual

Los autónomos deben abonar a final de mes sus cuotas a la Seguridad Social. La mayoría de los profesionales tienen domiciliado el pago en su propia cuenta bancaria, de manera que la institución extraen los últimos días de cada mes la cantidad correspondiente. Incluso bajo esta metodología pueden surgir problemas. Por ejemplo, si hay un cambio de cuenta, que no ha sido advertido a la Seguridad Social. O si, por cualquier circunstancia, no hay fondos para afrontar dicho pago.

Estos u otro problemas, derivados de otras fórmulas de pago permitidas, pueden generar retrasos en el pago a la Seguridad Social. Sea cual sea la causa, no afrontarlo en el momento marcado genera penalizaciones, que repasamos a continuación

Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo

La última Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo determina una serie de recargos para las cuotas que se abonen fuera de plazo, activándose un sistema de recargos al transcurrir el plazo para el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Si el abono se produce dentro del primer mes tras el vencimiento, se aplicará una reducción del 10% del recargo. Mientras que si se deja pasar dos meses el recargo ascendería al 20% de la deuda.

Los recargos pueden ser incluso superiores cuando sea la Seguridad Social quien reclame la deuda. Se mantendrán en el 20% de la deuda, si el autónomo paga las cuotas antes del plazo que marque en su acta de liquidación de deuda.

Sin embargo, el recargo puede ascender hasta el 35% si se pagara la cantidad adeudada más allá del plazo dictaminado en el acta, según queda recogido en el Artículo 1 de la mencionada  Ley de Reformas Urgentes, que modifica el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social que regula esta cuestión.

Diferencias con los aplazamientos

Es importante destacar que este tipo de consecuencias no tendrán lugar si hay un aplazamiento acordado con la Seguridad Social para pagar las cuotas en fecha posterior. Existen mecanismos para que el autónomo, en ciertas situaciones, pueda aplazar el pago de cuotas, siempre y cuando lo comunique pertinentemente a la Seguridad Social, y reciba una respuesta positiva aprobando la solicitud de aplazamiento.

Fuente: Cincodías.

Hacienda obligará a los padres a devolver lo desgravado por cuotas a los colegios concertados porque no son donativos

La ministra de Hacienda asegura que ha sido siempre así la interpretación de la Agencia Tributaria, por lo que no hay un ‘cambio de criterio’ al respecto.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado este martes que aquellas familias que se hayan desgravado en el IRPF las cuotas satisfechas a los colegios concertados donde estudian sus hijos deberán devolverlo mediante una declaración complementaria porque no se trata de donativos con derecho a deducción, y añadió que esta ha sido siempre la interpretación de la Agencia Tributaria, por lo que no hay un «cambio de criterio» al respecto.

Montero, en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, indicó que algunas familias se han desgravado estas cuotas al considerarlas como una donación, cuando en realidad se trata de «un dinero que se entrega a cambio de una prestación» y, por tanto, «no puede seguir estos parámetros».

La ministra apuntó que la «mayoría de las familias» han consignado estas cuotas «adecuadamente» y no ha habido «ningún problema», y añadió que en el caso de los padres que han declarado las cantidades como donación, le corresponderá a la Agencia Tributaria decidir si ha habido una «clara interpretación de la norma» y si no es así, se le pedirá a la familia que haga una declaración complementaria para devolver lo desgravado.

Fuentes de la Agencia Tributaria precisaron a Europa Press que no existe una campaña de inspección sobre los donativos a colegios concertados, pero sí admitieron que se vienen realizando «controles puntuales desde hace tiempo en distintos puntos del territorio», y aseguran que estas cuotas no son deducibles en el IRPF. Lo que sí se puede desgravar, añaden desde Hacienda, son los donativos que se hacen a fundaciones de los colegios concertados.

La regularización, explica la Agencia Tributaria, se produce cuando se detecta una contraprestación por ese pago, es decir, cuando el supuesto donativo financia una actividad ordinaria del colegio que repercute en el alumno. «En este caso no es un donativo y se elimina la deducción en el IRPF», subraya.

1.000 millones de euros

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha señalado este martes en el Congreso que corresponde al Ministerio de Hacienda la revisión de las desgravaciones a los padres de la escuela concertada y apunta que, según «sus noticias», el cómputo de esas deducciones supera los 1.000 millones de euros.

Celaá respondía así, durante su comparecencia en la Cámara baja, a las preguntas de la portavoz de Ciudadanos en materia de Educación, Marta Martín. La diputada cuestionaba a la ministra la decisión del Ejecutivo de revisar las deducciones a los padres de la concertada por considerar que se trata un «hachazo» a la clase media, ya que «podría suponer hasta 3.000 euros por familia».

Fuente: Cincodías