Los autónomos creen que eliminar el impuesto de generación es una limosna

Las asociaciones de autónomos no ven bien la eliminación del impuesto de generación. En concreto, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), considera “una limosna” que el Gobierno suspenda solo el 7% de la generación eléctrica.

En unas declaraciones recogidas por la agencia de noticias Europa Press, el presidente de ATA, Lorenzo del Amor, ha alertado de que si no se toman medidas, más del 50% de los autónomos pagarán por el diésel o el incremento de la luz en 2019 tanto como lo que pagan por cotizaciones a la Seguridad Social.

Según ha apuntado, los autónomos están pagando entre 130 y 200 euros más cada mes por el incremento de los precios. En el ámbito de los suministros, él apuesta por aumentar de un 30% a un 50% la deducción sobre los gastos de suministros cuando el autónomo trabaje desde su domicilio.

Mantener el modelo 347 en febrero

Entre otras medidas que piden estos profesionales destaca la de mantener la presentación del modelo 347 a 28 de febrero o la de que continúen los límites actuales de facturación para los autónomos que tributan por módulos, ya que, para un total de 400.000 autónomos, si no se mantienen estos límites sufrirán un incremento de la factura fiscal de hasta 12.000 euros al año.

Para el colectivo también sería favorable que durante los dos primeros años de actividad los nuevos autónomos cuya facturación no supere los 30.000 euros anuales estén exentos de tributar en concepto de IVA por el importe resultante entre el IVA soportado y repercutido. Además, apuesta por rebajar el IVA al 13% a todas aquellas actividades que vieron subir este impuesto del 13% al 21%.

El decálogo también apuesta por corregir la imposibilidad de deducirse los gastos de nóminas que los familiares colaboradores pudiesen tener en la actividad del autónomo que tributa por IRPF y por establecer la exención de tributación de las indemnizaciones por extinción de contratos para los trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE).

Fuente: CincoDías

España deja de ingresar casi 2.000 millones anuales por fraude en el IVA

 

La cantidad defraudada se ha reducido del 12% al 4% desde el año 2013, según la Comisión Europea

España dejó de ingresar 1.966 millones de euros del IVA en 2016, lo que supone un 3% de los 70.591 millones de euros de lo que finalmente se recaudó por este concepto, según un informe realizado por la Comisión Europea. Esta cifra es un punto inferior a lo que se dejó de ingresar en el año 2015, cuando los 2.900 millones de euros que se defraudaron suponían un 4% de los 68.600 millones de euros recaudados por el IVA. Para la institución comunitaria, España, al igual que el resto de países miembros, «ha trabajado mucho» por mejorar la recaudación del impuesto, aunque considera necesario reformar el actual sistema para enfocarlo a una mayor cooperación en toda la Unión.

Parte de este esfuerzo realizado por España se ha visto reflejado en la disminución que ha registrado la «brecha fiscal» del IVA en los últimos años. Si en el ejercicio 2013, hasta un 12% de lo finalmente recaudado era defraudado, un año más tarde, esta cifra se redujo hasta el 9% y hasta el 4% un año después. En concreto, hace cinco años, el sistema tributario español perdía más de 8.000 millones de euros por el fraude en el IVA, por lo que finalmente la cantidad recaudada ascendía a cerca de 61.000 millones de euros.

Sin embargo, en el año 2016, la recaudación total ascendió a 70.591 millones de euros, gracias, en parte, a la reducción de la brecha fiscal de más de nueve puntos en relación con lo que se dejó de ingresar cuatro años antes.

En el conjunto de la Unión Europea, la cantidad total perdida ascendió a 147.100 millones de euros, lo que supuso una reducción de 10.500 millones respecto al año 2015, cuando la «brecha fiscal» suponía un 13,2% del total recaudado, frente al 12,3% del 2016. En términos brutos, Italia fue el país que más dejó de ingresar por IVA, al contabilizar un importe perdido de casi 36.000 millones de euros, seguido de Alemania, donde la brecha fue de cerca de 23.000 millones,y Reino Unido.

Fuente: Diario información

El canal de denuncias contra el blanqueo de capitales se convierte en obligatorio

Todos los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales -incluidos los abogados, procuradores y otros profesionales independientes en aquellas cuestiones que les afactan- deberán contar a partir de ahora con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad para permitir el cumplimiento de la misma.

También las Administraciones

Así se establece en el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, que transpone la Cuarta Directiva europea sobre la materia, y que extiende la obligación de crear canales de denuncia a las Administraciones Públicas para que puedan recibir avisos sobre potenciales incumplimientos por los sujetos obligados sobre las exigencias de la normativa de prevención del blanqueo.

En un amplio informe sobre esta norma, que publica la revista digital Buen Gobierno y RSC de elEconomista, se explica que los sujetos obligados por esta normativa deben establecer procedimientos internos para que sus empleados, directivos o agentes puedan comunicar, incluso anónimamente, información relevante sobre posibles incumplimientos de esta ley, su normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados, cometidos en el seno del sujeto obligado.

Estos procedimientos podrán integrarse en los sistemas de compliance establecidos para la comunicación de informaciones sobre la comisión de actos o conductas que puedan ser contrarios a la restante normativa aplicable. A estos sistemas y procedimientos se les debe aplicar lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal para los sistemas de información de denuncias internas.

También deberán los sujetos obligados adoptar medidas para garantizar que los empleados, directivos o agentes que informen de las infracciones cometidas en la entidad sean protegidos frente a represalias, discriminaciones y cualquier otro trato injusto.

No obstante, el RD-L advierte que este mecanismo no sustituye la existencia necesaria de mecanismos específicos e independientes de comunicación interna de operaciones sospechosas de estar vinculadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo por parte de empleados.

Por otra parte, la normativa extiende el tratamiento de las medidas de diligencia reforzada a todas las personas con responsabilidad pública, tanto nacionales como extranjeras. Hasta ahora, solo las personas con responsabilidad pública extranjeras eran objeto de aplicación automática de estas medidas.

Registros centralizados

En otro orden de cosas, se refuerza la eficacia de las Unidades de Información Financiera (UIF) y se establece la obligación de crear registros centralizados de cuentas bancarias o sistemas de recuperación de información para una mejor orientación de las solicitudes.

Unas normas más estrictas sobre la cooperación entre las autoridades competentes, incluidas las autoridades supervisoras, permitirán un intercambio de información eficaz. Se detallará, además, en mayor grado el contenido de las medidas reforzadas de debida diligencia con respecto al cliente que se aplicarán para los terceros países con un nivel de riesgo elevado, con el fin de establecer un enfoque más armonizado en este sentido.

 

Fuente: El Economista.es

Montero avanza que el gravamen para rentas superiores a 140.000 podría llegar al 52%

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado hoy que la subida del tipo del IRPF que se está estudiando para rentas a partir de 140.000 o 150.000 euros es de “tres o cuatro puntos”, con lo que el tipo máximo subiría al 51% o el 52%.

En declaraciones a la Cadena COPE, Montero ha explicado que en la actualidad el tipo más alto -que es del 45 % a partir de 60.000 euros de renta- alcanza el 48 % en las comunidades que han llevado el tramo autonómico al máximo, y que es a ese 48% a lo que se está planteando sumar tres o cuatro puntos.

Montero ha negado que un tipo del 52% sea confiscatorio y ha recordado que el contribuyente de IRPF no tributa toda la renta ganada por el último tramo, sino que a cada intervalo de renta se le aplica el tipo marginal correspondiente.

En la actualidad, ha explicado la ministra, las rentas que llegan al tipo marginal máximo pagan una media o tipo efectivo de IRPF de “en torno al 31%, al 32% o al 33%”.

Fuentes del Ministerio de Hacienda han explicado que con los tipos actuales las rentas de entorno a 80.000 euros pagan una media de IRPF del 30%, mientras que las de 140.000 euros están en una media del 37% como consecuencia de la progresividad del impuesto.

Montero ha incidido en que todavía se están ajustando los detalles de un subida que afectará a “un colectivo que no llega al 0,5 % de los contribuyentes”.

“El rango es pequeño y la recaudación no es significativa, no tiene afán recaudatorio está más en el marco de la negociación con Unidos Podemos(…) para ellos era importante plantear que las grandes rentas también van a contribuir más”, ha afirmado.

Fuente: Cinco Dias

Hacienda estudia rebajar Sociedades para pymes del 25% al 23%

  Hacienda estudia rebajar el tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades para pymes del 25% al 23%. Así lo analiza dentro de la negociación presupuestaria con Podemos, según trasladan fuentes de la negociación. Fuentes oficiales de Hacienda declinan pronunciarse. Con esta medida, se acabaría con la unificación del tipo nominal de Sociedades que estableció el Gobierno de Mariano Rajoy.

Con la reforma fiscal de Cristóbal Montoro, se estableció que en 2015 el tipo nominal sería del 28% para todas las empresas, y del 25% a partir de 2016 también para todas. Se quería así impedir que el tipo más bajo fuera un incentivo para que las empresas no crecieran.

Hasta 2014, con un tipo nominal del 30% en el Impuesto, las pymes con una cifra de negocio de menos de 5 millones y una plantilla de menos de 25 empleados tributaban al 20% en su parte de base imponible hasta 300.000 euros, y el resto, al 25%. Y las empresas de reducida dimensión con una cifra de negocio de menos de 10 millones de euros tributaban al 25% en su parte de base imponible hasta 300.000 euros, y el resto al 30%. Las entidades de nueva creación también tenían la posibilidad de tributar al 15% y al 20%.

En 2015, cuando eliminó el tipo reducido para pymes, Hacienda creó dos deducciones para estas empresas, las reservas de nivelación y de capitalización.

Hacienda y Podemos también estudian una subida del Impuesto sobre Sociedades con un tipo mínimo del 15% para empresas con una facturación de más de 8 millones, entre otras alzas fiscales.

De momento, Hacienda y Podemos sólo plantean esta rebaja de impuestos para pymes, junto con una disminución del IVA a productos de higiene femenina por determinar.

Fuente: Expansión.