La reforma del impuesto de sociedades: más ruido que nueces

Los expertos coinciden en que el establecimiento de un tipo mínimo efectivo, como plantea Hacienda, apenas tendrá impacto recaudatorio, puesto que las empresas ya tributan por encima de ese umbral. Los ingresos crecerán, dicen, cuando las empresas agoten los créditos fiscales por pérdidas pasadas

La crisis ya ha pasado. O esa es, al menos, la foto fija que ofrecen las estadísticas oficiales. Por ejemplo, la de la recaudación de impuestos: si no hay sorpresas, los ingresos de la Agencia Tributaria habrán cerrado el 2018 en niveles casi idénticos (si no superiores) a los del 2007, el último año de vino y rosas de la economía española. Claro que las cargas están ahora bastante más desequilibradas. Así, mientras que el impuesto sobre la renta, que grava principalmente las rentas del trabajo, marcó ya en el 2017 un récord de recaudación, el de sociedades, en el que tributan los beneficios empresariales (que han crecido muy por encima de los salarios en los últimos cinco años), apenas ingresa la mitad que antes del crac económico.

Para revertir esta situación y equilibrar la presión fiscal, el Gobierno anunció, nada más tomar posesión, una reforma del impuesto de sociedades que se ha plasmado en el proyecto de Presupuestos para el 2019 y que tiene, como eje principal, la imposición de un tipo mínimo efectivo que garantice un umbral mínimo de tributación (del 15 %, que se elevaría al 18 para bancos y petroleras), frente a la situación actual, en la que pese a haber un tipo nominal elevado (el general está en el 25 %), las empresas, sobre todo las más grandes, acaban reduciendo su factura fiscal aplicándose una catarata de exenciones y deducciones.

Esa batalla para reclamar a las grandes corporaciones una mayor contribución fiscal la inició, aunque solo dialécticamente, el ex ministro Cristóbal Montoro: «No es explicable que cuando cualquiera de nosotros tributa lo que tributa por el impuesto de la renta y una pyme lo hace al 18 %, las grandes empresas tengan un tipo efectivo de entre el 7 y el 8 %, no se puede aceptar», clamó en el Congreso. La Agencia Tributaria, por su parte, publicó el mes pasado un informe que cuantifica la aportación efectiva de las empresas de los diferentes sectores. Los bancos, según estas cifras, solo aportan al Estado, vía impuestos, un 5,24 % de sus beneficios, un porcentaje que se reduce a apenas un 2,8 % en el caso de los grandes grupos, que consolidan las ganancias de todas sus filiales y participadas en el mundo.

Argumentos que rebaten desde el sector financiero, el más señalado por el informe del fisco: «Me parece injusto, además de erróneo, decir que los bancos españoles apenas pagamos impuestos», remarcaba en Twitter el vicepresidente de Santander España, Juan Manuel Cendoya, que recordaba que una cosa es el resultado contable y otra, muy distinta, la base imponible, que es sobre la que hay que calcular el impuesto y que es mucho más reducida, gracias al sinfín de bonificaciones de las que se pueden beneficiar las grandes corporaciones. La principal, la exención sobre los dividendos y beneficios recibidos desde las filiales en otros países, que quedan libres de tributar en España, ya que se persigue evitar la doble imposición. Solo por esta vía, el beneficio declarado por las empresas (198.202 millones en el 2016) se reduce a menos de la mitad, ya que 105.332 se pueden acoger a esa exención.

Escaso margen de actuación

Hechos todos los ajustes, el tipo efectivo medio del impuesto de sociedades se eleva del 10,45 % (cuando se mide sobre las ganancias totales) a más del 21 % (sobre la base imponible). Por eso, los expertos coinciden, con independencia de su sesgo ideológico, en que la imposición de un umbral mínimo de tributación, en la horquilla que maneja el Gobierno, no tendrá apenas efectos sobre la recaudación, ya que la inmensa mayoría de las empresas ya lo superan.

«Tiene más impacto mediático que real», explica el economista Venancio Salcines, que cree que la recaudación del impuesto de sociedades está frenada porque las empresas aún pueden compensar las pérdidas en las que incurrieron en los años más duros de la crisis. Esa acumulación de créditos fiscales (por un importe cercano a los 100.000 millones de euros solo en las empresas del Ibex) es la que explica que el tributo haya perdido parte de su potencia recaudatoria, remarca Salcines, en línea con lo que ha advertido en muchas ocasiones la Autoridad Fiscal. Si la economía sigue creciendo y las empresas se van quedando sin esos comodines para reducir su factura fiscal, los ingresos volverán a aumentar, dice el economista, que cree que la reforma tributaria que se necesita en España debería hacerse sobre el IVA, eliminando los tipos reducidos, una medida que permitiría recaudar más de 20.000 millones de euros adicionales al año y que sería asumible para casi todos los contribuyentes, salvo para los de rentas muy bajas, a los que el Estado debería compensar, propone, con una transferencia de renta para amortiguar el sobrecoste que sufrirían en los productos básicos de la cesta de la compra.

Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales, cree también que no existe mucho margen de actuación sobre el impuesto de sociedades, que está homologado en tipos al de los países de nuestro entorno

Incluso desde Gestha, sindicato de los técnicos de Hacienda, reconocen que «no salen las cuentas» que hace el Gobierno sobre la inyección recaudatoria que se podría conseguir con la imposición de ese tipo mínimo efectivo. Por eso, desde la organización, explica su secretario general, José María Mollinedo, proponen una reforma más ambiciosa, que pasaría por modificar el régimen fiscal de esos dividendos repatriados de las filiales extranjeras.

Frente a la propuesta del Ejecutivo, que pasa por rebajar el exención del 100 al 95 % (lo que permitiría ingresar unos 750 millones más), desde Gestha apuestan por transformarla en una deducción, de forma que la cuota del impuesto en España se calcule sobre todo el beneficio de la sociedad, que luego podría descontar de la misma su contribución fiscal en los países de los que hayan repatriado parte de las ganancias, para evitar así la doble imposición. De esta forma se taponaría, dicen, el coladero que permite la actual ley (que solo exige que en esos terceros países haya fijado un tipo nominal de sociedades del 10 %, aunque luego en la práctica el tipo efectivo sea irrisorio) y se podría recaudar, como mínimo, unos 5.200 millones más.

Y es que, explica Mollinedo, detrás de este beneficio fiscal no hay una lógica fiscal, ya que «tiene que ver con cuestiones no tributarias, puesto que con él se quería favorecer la internacionalización de la empresa española», por lo que no tiene sentido, defiende, mantenerlo en su configuración actual.

Fuente. La Voz de Galicia

Hacienda eleva un punto la presión fiscal a costa de grandes empresas y rentas altas

Montero ve más conservadora que la del PP su previsión de alza de ingresos del 9,5%

No podemos aspirar a un Estado del bienestar de primera con unos ingresos de tercera”, defendió este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras entregar una copia del proyecto de Presupuestos Generales del Estado a la presidenta del Congreso, Ana Pastor. El objetivo del Ejecutivo, expuso la ministra, es elevar progresivamente la presión fiscal española, actualmente en el 34,5%, para acercarla al 41,4% que rige de media en la UE. Como primer paso, anunció, la reforma fiscal que incluyen sus cuentas de 2019 aumentará el esfuerzo tributario en un punto, hasta el 35,5%, a costa de elevar el gravamen a las grandes empresas y las rentas más altas. Un paso, subrayó, que se da “sin subir impuestos a las clases medias, a los trabajadores, a los autónomos ni a las pymes”.

Hacienda prevé que la recaudación tributaria de 2019 se incremente en 20.000 millones de euros, un 9,5% frente al cierre de 2018, hasta los 227.356 millones. La diferencia sería del 7,3% sin contar con el efecto del nuevo sistema automático de información (SII) del IVA, que ha ido retrasando un mes la liquidación del impuesto. De hecho, este efecto aportará 5.000 millones adicionales al Estado este año, de los que la mitad irá a compensar a las comunidades por los ingresos perdidos en 2017 y el resto será aprovechado por el Gobierno para compensar la tardía entrada en vigor, en el mejor de los casos, de sus nuevas figuras tributarias. Para evitar que esto siga ocurriendo, el Ministerio cerrará 10 días antes la liquidación del IVA de diciembre este año para computarlo en el mismo año fiscal.

En todo caso, este ambicioso incremento de la recaudación solo obtendrá 5.654 millones de las modificaciones impositivas planeadas por el Ejecutivo, mientras que Hacienda confía en lograr el resto gracias al buen tono de la economía.

Pese a ello, Montero aseveró a quien puso en duda sus previsiones que sus estimaciones son “más moderadas” que las de su antecesor, Cristóbal Montoro, cuyas cuentas se desviaron una media de 5.100 millones, dijo. “Montoro subió su previsión de ingresos un 7% bajando impuestos, nosotros los modificamos y creamos nuevos impuestos. El Presupuesto es más creíble que el de los años anteriores”, sentenció.

La ministra remachó, además, que su política fiscal está dirigida a “redistribuir la riqueza” y se centra en unos pocos privilegiados. En primer lugar, se establece un tipo mínimo del 15% en Sociedades para las grandes empresas (para de acercar lo que pagan al 25% de tipo nominal sobre el que aplican deducciones), y del 18% para banca y petroleras (que parten de un 30%), a fin de recaudar 1.776 millones. La medida, ilustró, solo afectará a 10.092 compañías, el 0,7% del total, y ayudará elevar la recaudación de este impuesto un 14,1% hasta los 27.579 millones.

En paralelo, se rebajará del 25% al 23% el tipo para las 349.000 pymes que facturan menos de un millón, una cuarta parte el total.

A su vez, se eleva en dos puntos el tipo marginal del IRPF para rentas superiores a 130.000 euros, y en cuatro puntos para las de más de 300.000, lo que arrojará 328 millones de recaudación adicional a costa de solo 80.000 contribuyentes (el 0,4% del total). Además, se eleva en cuatro puntos el gravamen de las rentas del ahorro superiores a 140.000 euros para obtener 332 millones de 20.792 contribuyentes (el 0,1%) para 2020. De otra aparte, se elevan un 15,3% los beneficios fiscales sobre la renta por las mejoras de la reducción de rendimientos del trabajo y deducciones familiares aprobadas en 2018. Hacienda busca recaudar un 4,9% más por IRPF, hasta 86.454 millones.

El gravamen de Patrimonio se incrementa en un punto para fortunas de más de 10 millones de euros, que hoy se sitúa en el 2,5%. Se busca captar 339 millones de 2.550 personas.

Del lado del IVA se rebaja del 10% al 4% el tipo sobre los productos de higiene femenina (dejando de recaudar 18 millones); se pasa del 21% al 4% en el gravamen sobre libros y publicaciones electrónicas (-24 millones) y se reduce del 21% al 10% el impuesto sobre servicios veterinarios (-35 millones). Aún así, el IVA debería ingresar un 11,7% más en 2019, 78.307 millones.

Finalmente, se equipara la fiscalidad del diésel al de la gasolina (una medida medioambiental que captaría 670 millones y no afectará a los profesionales del transporte) y se gravan al 15% los beneficios no distribuidos de las Socimis.

Además, el Consejo de Ministros impulsará el viernes los proyectos de ley de creación del impuesto sobre las transacciones financieras (para cobrar 850 millones); el de negocios digitales (1.200 millones) y un paquete de medidas antifraude (por 828 millones).

Los impuestos especiales subirían un 11,8%, para arrojar 23.057 millones, y el resto un 16,4%, hasta los 11.959 millones.

A partir de ahí, en aras a ese progresivo incremento de la presión fiscal hacia la confluencia con Europa, Montero abrió la puerta a elevar el gravamen sobre empresas y bancos en 2020 una vez analizados los resultados cosechados en 2019.

Fuente: Cinco Días

Así quedan todas las cotizaciones de los autónomos desde enero próximo

Cotizaciones de los autónomos a partir de Enero 2019

La cuota mínima mensual sube cinco euros en 2019 hasta 283 euros al mes, a cambio de varias mejoras de prestaciones

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, selló ayer finalmente, con las asociaciones más representativas de los trabajadores autónomos (ATA, UPTA, Uatae y CEAT), el acuerdo que fija cuánto cotizarán los miembros de este colectivo a la Seguridad Social el próximo año. Este pacto ya quedó cerrado hace unas semanas tras numerosos desencuentros, pero ayer se escenificó la firma del acuerdo, que ha quedado recogido legalmente en el proyecto de Real Decreto-Ley en materia de Seguridad Social que aprobará el próximo viernes el último Consejo de Ministros del año.

Las bases mínimas de cotización de los autónomos subirán un 1,25% en 2019, hasta los 944,40 euros al mes. Esta subida se decidió después de que las asociaciones que representan a estos trabajadores presionaran para que no se trasladara la subida del salario mínimo a las bases de los autónomos como dice la ley.

Junto a esto, también subirá el tipo mínimo de cotización general del 29,80% a un tipo obligatorio del 30% en 2019. Este nuevo tipo, además de la incapacidad temporal incluye las cotizaciones por cese de actividad y formación.

De esta forma, la cuota mensual mínima de que pagaban la mayoría de los autónomos en 2018 (278 euros) aumentará cinco euros desde el 1 de enero hasta 283 euros al mes (64 euros más al año). Por su parte, la cuota mínima mensual de los autónomos societarios se elevará en 6,89 euros al mes (83 al año)

Al hacer obligatoria la cotización por todas las contingencias con un tipo del 30% hay alrededor de medio millón de autónomos que verán incluso rebajado su tipo de cotización ya que ahora, para reunir voluntariamente todas estas contingencias (IT, cese de actividad y contingencias profesionales) cotizaban cerca del 33%, según cálculos de la asociación de autónomos ATA.

Se da la circunstancia de que, por primera vez la base mínima de cotización del autómo será inferior a la del asalariado del Régimen General (fijada en 1.050 euros al mes). Para evitar que haya un trasvase de asalariados a falsos autónomos, Trabajo aprobará una nueva infracción laboral, sancionada con entre 3.126 y 10.000 euros para el empresario que de de baja a un empleado y lo mantenga como falso autónomo. Si bien desde el Ministerio de Trabajo sugirieron ayer que podría extender también esta infracción a todos los falsos autónomos y no solo a los que procedan del Régimen General.

Autónomos de 47 años y más

Autónomos de mas de 47 años

Además de esta cotización general, la ley establece todos los años unos límites máximos de cotización para los autónomos de más edad, con el fin de evitar la ‘compra’ de pensiones si se les perimitiese elevar cuanto quisieran su base de cotización en los úlitmos años de vida laboral.

Así, el Real Decreto-Ley que se aprobará el viernes especifica que sólo los autónomos que el 1 de enero de 2019 tengan menos de 47 años podrán elegir libremente su base de cotización entre la base mínima (944,40 euros) y la máxima (4.070 euros). También tendrán esa libertad de elección aquellos de 47 años cuya base de cotización de diciembre de 2018 fuera igual o superior a 2.052 euros al mes. De lo contrario, su base máxima de cotización será de 2.077,80 euros al mes, salvo que eleven su base por encima de los citados 2.052 euros antes del 30 de junio de 2019.

48 o más años

La base de cotización de los autónomos que a 1 de enero de 2019 tengan cumplidos 48 o más años estará comprendida entre los 1.018,50 y 2.077,80 euros mensuales en líneas generales. Hay una excepción: que se trate del cónyuge supérsite del titular del engocio que como consecuencia del fallecimiento de este, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este régimen especial con 45 o más años de edad. Solo en este caso las bases de cotización se podrán elegir entre un mínimo de 944,40 euros y 2.077,80 euros.

En el caso de que el autónomo, con anterioridad a los 50 años, hubiera cotizado cinco o más años en algún otro sistema de Seguridad Social podrán elegir la base entre 944,40 euros mensuales y 2.077,80 euros, siempre que su última base de cotización fuera igual o inferior a 2.052 euro.

Pero si su última base fue superior a esa cantidad, el autónomo podrá cotizar por una base de entre los 944,40 euros y su última base de cotización incrementada en un 7%, siempre con el tope de la base máxima (4.070 euros al mes).

Tarifa plana

La tarifa plana durante los 12 primeros meses de actividad de los nuevos autónomos o aquellos que no hayan estado de alta en el Regimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en los últimos 24 meses y vuelvan a darse de alta, pasará de 50 a 60 euros, incluyendo la cotización por incapacidad temporal causada por contigencias comunes y profesionales, pero no la cobertura de cese de actividad ni la de formación.

Pluriactividad

Pluriactividad

Aquellos autónomos que también coticen de forma simultánea en el Régimen General de trabajadores asalariados tendrán derecho al reintegro del 50%  del exceso en que sus cotizaciones por contingencias comunes –contabilizando las aportaciones del empresario y el trabajador por cuenta ajena y las del autónomo– superen la cuantía que se establezca a tal efecto por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio, con el tope del 50 por ciento de las cuotas ingresadas en este régimen especial en razón de su cotización por las contingencias comunes.

MEJORAS SOCIALES A CAMBIO DE CINCO EUROS MÁS AL MES

El aumento de las bases y los tipos de cotización de los autónomos, por el que pagarán cinco euros más al mes a partir de enero del año que viene, está destinado a financiar una mejora de las prestaciones sociales .

Una de las principales mejoras de las que podrán beneficiarse es del cobro de la prestación por cese de actividad por el doble de tiempo –de dos a cuatro meses el mínimo y de 12 a 24 meses el máximo–. El proyecto de Real Decreto-Ley que aprobará el viernes el Consejo de Minstros establece una nueva escala que permite cobrar un mínimo de cuatro meses de esta prestación si se han cotizado entre 12 y 17 meses por cese de actividad y un máximo de 24 meses de cobro si se han cotizado de 48 meses en adelante (cuatro años). A los asalariados les cuesta seis años cobrar el máximo de 24 meses de prestación por desmpleo.

Asimismo, se intentará facilitar el acceso a esta prestación, ya que actualmente las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social rechazan la mayoría de las solicitudes. El Gobierno aprobará el viernes la creación de comisiones gestoras donde estará un rerpresentante de la mutua, otro del autónomo y otro de la Seguridad Social para dirimir si se tiene derecho o no a esta prestación. El informe será vinculante y recurrible a los tribunales.

Entre el resto de mejoras sociales está que tendrán derecho a cobrar la prestación por accidente de trabajo o enfermedad profesional desde el primer día de baja. Además, podrán no abonar la cuota a la Seguridad Social a partir del segundo mes en caso de baja por enfermedad o incapacitación temporal hasta el momento del alta. Y las madres autónomas, dentro de los 24 meses posteriores a la prestación por baja de maternidad, podrán acceder a la tarifa plana de 60 euros durante un año sin cesar su actividad.

Fuente: Cinco Días

Trabajo planea encarecer un 40% la cotización de los contratos de cinco días o menos

La medida pretende disuadir al empresario de la realización de estos contratos y aumentar la recaudación de la Seguridad Social

El último Consejo de Ministros del año, que se celebrará pasado mañana, tiene previsto aprobar un Real Decreto-Ley de los denominados escoba –por la cantidad y diversidad de medidas que incluye– en materia de Seguridad Social. Este texto, aún provisional, al que ha tenido acceso Cinco Días, recoge varias novedades en materia de cotizaciones y prestaciones para los trabajadores.

Este encarecimiento no se aplicará, no obstante, a los contratos encuadrados en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, precisa este texto.

Se trata de una medida que no se había anunciado hasta ahora y que según este texto legal, “va a tener una incidencia positiva en los ingresos del sistema de la Seguridad Social, ya que implicará una mayor recaudación, a la vez que puede ser desincentivadora para que el empresario recurra a este tipo de contratos”.

Además, se modificará la Ley de Seguridad Social para aplicar a los días efectivamente trabajados y cotizados un “coeficiente de temporalidad”, que permitirá al trabajador reunir un mayor número de días en alta para el acceso a las prestaciones del sistema de la Seguridad Social.

En concreto, la norma indicará que “a efectos de acreditar los periodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, maternidad y paternidad, de los contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea igual o inferior a cinco días, regulados en el artículo 151 de esta ley, cada día de trabajo se considerará como 1,4 días de cotización”. Se trata de un mecanismo similar al de los contratos a tiempo parcial.

Esta medida no es del todo novedosa, ya que en la actualidad, los contratos de duración inferior a siete días ya tienen un recargo en la cotización del 36%. Por lo que, ahora, se tratará de encarecer cuatro puntos más los de duración igual o inferior a cinco días.

Según los últimos estudios realizados, en la actualidad aproximadamente uno de cada cuatro contratos que se firman (el 26%) tiene una duración inferior a los siete días. Mientras que hace diez años el peso de estos contratos de corta duración era del 15% del total.

Multas por falsos autónomos

El proyecto de Real Decreto-Ley incluye más medidas que repercutirán sobre las decisiones de contratación de los empresarios. Así, la ley creará una nueva infracción con sus correspondientes sanciones para aquellos que usen la figura del falso autónomo.

En concreto, Trabajo pretende evitar que, debido a que por primera vez la base mínima de cotización de los asalariados es mayor que la de los autónomos, se produzca un trasvase el Régimen General al de Trabajadores por cuenta propia, convirtiendo a empleados en falsos autónomos.

Para disuadir de esta posible maniobra fraudulenta empresarial se crea una nueva infracción “muy grave” con su correspondiente sanción en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el orden social. Por tanto, el empresario que cometa esta infracción será multado con entre 3.126 y 10.000 euros –dependiendo de la gravedad de la infracción—por cada trabajador afectado.

De esta forma, y según este texto aún provisional, cometerán esta nueva infracción quien “comunique la baja en un régimen de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta ajena pese a que continúen la misma actividad laboral o mantengan idéntica prestación de servicios, sirviéndose de un alta indebida en un régimen de trabajadores por cuenta propia. A estos efectos se considerará una infracción por cada uno de los trabajadores afectados”.

Sin bonificaciones por baja siniestralidad

Otra de las vías por las que la Seguridad Social pretende aumentar sus ingresos, es suspendiendo las bonificaciones a las empresas que reduzcan su siniestralidad laboral.

Para ello el Real Decreto “suspende la aplicación del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral, prevista en el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, para las cotizaciones que se generen durante el año 2019”.

Según la argumentación de la Seguridad Social, esta medida se toma “una vez comprobadas las distorsiones y desproporcionada disminución de ingresos” que las nuevas bonificaciones aprobadas en 2017 generaban en la recaudación de la cuota de contingencias profesionales. Es más, esta medida añade que la intención del Gobierno no es solo suspender estas bonificaciones sin que “además, durante el año 2019 se procederá a la reforma del real decreto antes citado” y que fijaba esas bonificaciones.

Alza de bases de cotización

Tras varias especulaciones en las últimas semanas por parte de la Autoridad Fiscal Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y de distintos miembros del Gobierno sobre cuánto subirían en 2019 las bases máximas de cotización a la Seguridad Social, este Real Decreto confirma que se incrementarán un 7%.

Así, la norma indica que “durante el año 2019, la cuantía del tope máximo de la base de cotización a la Seguridad Social en aquellos regímenes que lo tengan establecido y de las bases máximas de cotización aplicables en cada uno de ellos, se establece en 4.070,10 euros mensuales”.

Mientras que el texto confirma también que la base mínima de cotización “subirá lo mismo que el salario mínimo interprofesional”. Esto es que el incremento será del 22%, con lo que dicha base mínima quedará así fijada en 1.050 euros al mes (12.600 euros al año).

Tarifa plana de autónomos

Este proyecto de Real Dreceto-Ley recoge también el acuerdo entre Trabajo y las asociaciones de autónomos para, entre otras cosas incrementar la base mínima de cotización del colectivo un 1,25% con lo que queda fijada en 944,40 euros mensuales. Asimismo, el tipo global de cotización de estos trabajadores será del 30% en 2019, incluyendo contengencias comunes, profesionales y cese de actividad, que pasan a ser todas obligatorias. Con ello se aplican también las mejoras de prestaciones acordadas entre el Gobierno y los autónomos.

Otra novedad para los autónomos es que la tarifa plana durante los primeros 12 meses de actividad para los trabajadores que ya la estuvieran pagando y para los nuevos que se den de alta en 2019 pasa a ser de 60 euros al mes desde el 1 de enero próximo. Cotizarán así por contingencias profesionales pero no por cese de actividad ni por formación.

Además, Trabajo extiende esta tarifa plana a los trabajadores por cuenta propia agraria, que hasta ahora no la disfrutaban.

Para lo que tendrán que esperar los autónomos es para cotizar a tiempo parcial, ya que este Real Decreto aplaza una vez más esta posibilidad.

Cotización de los cuidadores 

El Gobierno recupera en esta norma la financiación con dinero público de la Administración General del Estado de las cuotas del convenio especial de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia.

Igualmente, se recupera la prestación por desempleo en los contratos para la formación y el aprendizaje suscritos con alumnos trabajadores en los programas públicos de empleo y formación, incluyendo los programas de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo.

Las medidas incluidas en este texto de la Secretaría de Estado de Seguridad Social –cuya urgencia justifica el Gobierno por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para 2019 en la mayoría de los casos– no serán definitivas hasta su aprobación por el Consejo de Ministros. De hecho, el Gobierno se lo ha enviado a la patronal y a los sindicatos, que harán sus alegaciones entre hoy y mañana.

Una de esas novedades incluidas en el borrador de este Proyecto de Real Decreto-Ley pretende luchar contra el empleo precario, “y más concretamente contra el abuso en la celebración de contratos temporales de corta duración”. Para eso, el Ministerio de Trabajo ha decidido que “en los contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea igual o inferior a cinco días, la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes se incrementará en un 40%”.

Fuente: Cinco Días.

Hacienda modifica el sistema de declaraciones informativas

La Agencia Tributaria (Aeat) ha establecido que la próxima campaña de declaraciones informativas 2018 -a presentar a partir del 1 de enero de 2019- implicará una modificación sustancial en la parte técnica de remisión de la información. Según la Aeat, se va a sustituir el sistema actual de TGVI – que consiste en la presentación de grandes volúmenes de información con validación en un momento posterior- por el nuevo TGVI online, que supone la presentación de la información con validación previa de la misma.

Leer más