Italia, ¿nuevo paraíso para los superricos? La tarifa plana fiscal atrae a grandes fortunas

El año pasado, el Gobierno de Matteo Renzi desató ríos de tinta al anunciar una nueva ley que permitiría pagar una tarifa plana de 100.000 dólares en impuestos a aquellos superricos que moviesen su residencia fiscal a Italia. La medida estaba pensada para atraer grandes fortunas que ayudasen a sanear las maltrechas arcas italianas, especialmente aquellas que se disponían a salir del Reino Unido a consecuencia del Brexit.

La iniciativa parece estar funcionando: según el jefe de la oficina del ministro de Economía y Finanzas, Fabrizio Pagani, unos 150 multimillonariosse han interesado por poner en práctica esta medida. “Tenemos personas del Reino Unido, Suiza, Rusia y de los EEUU”, ha indicado en una entrevista en Londres. “Pero también tenemos noruegos y algunos holandeses. Algunas de esas personas son coleccionistas de arte. Estamos hablando de gente muy, muy rica“, ha asegurado.

Los ‘superricos’ también emigran

La regulación, aprobada en marzo de 2017, aplica ese impuesto de 100.000 dólares anuales sobre los ingresos de ese contribuyente en todo el mundo, aunque no en Italia: las actividades económicas generadas por esa persona en el propio país están sujetas a la misma tasación que el resto de individuos. Para que esta cantidad le salga rentable, el individuo debe ser propietario de una riqueza por valor de al menos 15 millones de euros, según cálculos de Stephen Loconte, de la consultora británica Loconte & Partners.

La medida está pensada sobre todo para atraer capitales extranjeros, y no para italianos que hubiesen movido su residencia fiscal a otras latitudes para pagar menos impuestos. Por este motivo, aquellos compatriotas que deseen regresar al fisco italiano deben demostrar que han permanecido en el extranjero durante al menos nueve de los 10 años anteriores. La promulgación de esta ley no fue fortuita: se anunció poco antes de que Londres se dispusiese a recortar el régimen especial de muchas de sus grandes fortunas, a las que, en caso de haber permanecido en el Reino Unido durante más de 15 años, se permitía abonar una tarifa plana de 65.000 libras esterlinas por sus ingresos en el extranjero.

Otros beneficios

En Italia, los que se acojan a este régimen podrán beneficiarse de otros suplementos, como la exención de impuestos en donaciones y herencias relacionadas con activos y propiedades inmobiliarias en el extranjero o remesas económicas, según explica un documento analítico publicado por la asesoría legal BDO. Además, si el contribuyente quiere añadir también a otros miembros de su familia como residentes fiscales en Italia, debe abonar otros 25.000 dólares adicionales anuales por cada uno de ellos.

Los ricos ocultan su dinero durante sus divorcios

La medida ha generado polémica desde el primer momento: mientras figuras como el diseñador Gianni Versace la defendieron, asegurando que la llegada de riqueza termina por beneficiar a todo el mundo, otros, como el líder del Partido Comunista de Italia, Marco Rizzo, la calificó de “socialismo para los ricos”. “Competir con los ingleses tras el Brexit, intentando a cualquier precio la llegada de ricos, solo sirve para crear un mundo de desigualdades y alimentar el populismo”, afirmó por su parte el exministro de Finanzas progresista Vincenzo Fisco.

Pero Italia no quiere quedarse atrás frente a otros países como Portugal, donde se han aplicado con éxito medidas similares. Pagani ha asegurado que, igual que sucedió en la Administración lusa, el número de solicitantes atraídos por la medida “crecerá exponencialmente”. “150 es una cifra muy buena para el primer año”, ha subrayado

Fuente: Elconfidencial

El coste de la tarifa plana a autónomos asciende a 3.200 millones en 5 años

El coste de bonificar mediante la tarifa plana de 50 euros a todos los autónomos que inician su actividad ha supuesto desde su creación, en septiembre de 2013 hasta ahora, un coste de 3.200 millones de euros. Fuentes del Ministerio de Trabajo declaran que están analizando las cifras exactas, pero que sus cálculos preliminares apuntan en esa dirección, y ello cuando apenas el 15,5% de quienes se beneficiaron de la medida mantienen hoy su actividad en el sistema.

Eduardo Abad, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, Upta, explica que la anterior ministra, la popular Fátima Báñez, cuantificó en unos 700 millones el gasto anual. Por su parte, Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, declara que “le encaja esa cifra de 700 millones”. Teniendo en cuenta que 2014 fue el primer ejercicio completo en que estuvo en marcha la tarifa y que en 2018 el coste se ha incrementado en 202,4 millones al ampliar de seis meses a un año la cotización de 50 euros, el montante total ronda esos 3.200 millones.

Los Presupuestos 2018 cuantifica en 455 millones la partida desagregada de las bonificaciones a autónomos

La dificultad para determinar el coste total de la factura de la tarifa plana se deriva de que el plan incluye bonificaciones -que sufraga el Estado a través del Ministerio de Empleo- y reducciones de cotizaciones -a cuenta de los presupuestos de la Seguridad Social-.

En los últimos Presupuestos del Estado de 2018 se contabiliza, por primera vez, la partida desagregada de las bonificaciones a los autónomos, cuantificada en 455 millones de euros frente a los 385 millones que se destinaron el pasado año, según se explica en las Cuentas. Aumento derivado de las mayores bonificaciones a partir del pasado 1 de enero a las que tendrán derecho unas 140.500 personas, según calculó Báñez. A abril ya se habían beneficiado 124.000 autónomos.

El resto del coste, hasta completar los 700 millones aproximados en que cifró la anterior ministra el gasto anual, procede de las reducciones de cotizaciones que asume la Seguridad Social directamente. Pero el dato exacto de la reducción de la cotización de los autónomos no aparece de forma detallada en las cuentas de la Seguridad Social. De aquí la dificultad para determinar el monto exacto del coste.

La efectividad de la tarifa plana genera controversia entre las propias asociaciones de autónomos y se ha puesto en revisión por parte del Ministerio de Empleo. En la reunión que mantuvo Magdalena Valerio con los máximos dirigentes de ATA y Upta les explicó que puesto que se va a modificar todo el sistema de cotización de los autónomos, ligando su aportación a la Seguridad Social a sus ingresos, se incluirá también una revisión de la tarifa plana. Una revisión que vendrá precedida de un análisis de la efectividad de la medida, pero que según explican los asistentes a la reunión no implica su eliminación.

La aparición de la tarifa plana ha permitido la creación neta de cotizantes al RETA

Tanto en ATA como en Upta están de acuerdo en someter a modificaciones el actual modelo de bonificación de los autónomos, aunque con matices. Lorenzo Amor deja claro que los cambios hay que abordarlos con “cabeza” y reconociendo que la tarifa plana de 50 euros ha tenido un impacto muy positivo en la creación de empleo. En ATA insisten en que antes de la crisis económica el sistema del RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) registraba unas 600.000 entradas, pero otras tantas salidas. Sin embargo, la aparición de la tarifa plana ha permitido la creación neta de cotizantes al RETA.

Una creación neta que según apunta la organización que preside Amor se explica en la continuidad de muchos de los autónomos que se han acogido a la tarifa plana y que una vez finalizado el derecho han seguido afiliados a la Seguridad Social, pagando al menos los 275 euros mensuales de la base mínima. En ATA señalan que la exministra Báñez cuantificó en un 57% el nivel de continuidad de los autónomos. Las fuentes del Ministerio de Trabajo aclaran que esa cifra se sitúa muy por debajo, en torno al 15,5%.

Abad comparte la tesis del nuevo Gobierno y considera que el nivel de continuidad ha sido casi nulo. “Si una mayoría de los 1,4 millones de beneficiados por la tarifa plana hubiese seguido cotizando, el número de afiliados al RETA se habría disparado”, declara. En los datos de la Seguridad Social, se contabiliza en julio 3.267.160 autónomos cotizando, 37.264 más que hace un año.

No obstante, en Upta no son partidarios de que desaparezca la tarifa plana. Pero no consideran que deba generalizarse a cualquier persona que se inicie como trabajador por cuenta propia. Abad es partidario de que la ayuda se concentre en los autónomos con una capacidad económica limitada. En ATA consideran que en la mayoría de los países se subvenciona el primer año de actividad sin diferenciaciones.

Large group of smiling workers people. Over white background

Casi 2.000 millones en apoyos a los contratos subvencionados

Los apoyos a la iniciación de la actividad de los autónomos son una parte de las políticas activas de fomento del empleo que el Gobierno canaliza a través de los Presupuestos Generales del Estado (las bonificaciones) y los Presupuestos de la Seguridad Social (las reducciones de la cotización). Solo en bonificaciones a cargo del Servicio Público de Empleo que transfiere los fondos a la Seguridad Social se emplearon este año 1.936 millones de euros -455 millones para la tarifa plana de los autónomos- que se destinan a bonificar la contratación de desempleados o conversión en indefinidos. Lo que supone un incremento de 110 millones de euros respecto al montante destinado en 2017.

Fuente: El economista.es

Las millonarias pérdidas que generan los falsos autónomos

La figura del falso autónomo genera una pérdida de derechos laborales que afecta, principalmente, al trabajador que debiera ser contratado como asalariado y, sin embargo, está dado de alta como autónomo. Pero la proliferación de esta figura no solo es perjudicial para el trabajador en sí. También lo es para el Estado, que deja de ingresar una importante cantidad de dinero.

En concreto, y según un comunicado de prensa emitido por ATA, la Seguridad Social deja de ingresar entre 300 y 400 millones de euros al año, por el mal encuadramiento de los trabajadores en el Régimen de Autónomos, cuando deberían cotizar por cuenta ajena.

Para luchar contra este problema, y tal y como adelantamos en Territorio Pyme, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica la normativa de la Seguridad Social para garantizar la afiliación de los falsos autónomos en el Régimen General, tras la propuesta realizada por la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio.

Para la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), la lucha contra el fraude de las empresas que usan a falsos trabajadores autónomos es “positiva” y cualquier medida será “bienvenida”.

Fraude de ley

“El que haya falsos autónomos es sin duda un problema, un fraude de ley y hay que combatirlo. Desde ATA siempre hemos pedido mayor control, dado que esta forma encubierta de trabajo asalariado hace mucho daño a aquellas empresas que cumplen la ley. Es competencia desleal que hay que atajar”, ha añadido Lorenzo Amor, presidente de ATA.

A partir de la entrada en vigor de este nuevo decreto, si la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detecta el encuadramiento irregular de trabajadores en el Régimen de Autónomos cuando por su actividad laboral sean trabajadores por cuenta ajena iniciará un procedimiento de control e instará a la Seguridad Social (ITSS) para que, de oficio, dé de alta a estos trabajadores en el Régimen General, como medida previa hasta aclarar la situación.

Para la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos lo que hay que hacer es “dotar a la inspección de trabajo de todas las armas necesarias para que pueda actuar”,

“Desde ATA hemos reclamado que se dote de mayor protección al TRADE para evitar que haya empresas que en vez de utilizar esta figura lo hagan contratando falsos autónomos”, ha puntualizado Lorenzo Amor.

Las grandes empresas pagaron un tipo efectivo del 6,14% en el Impuesto de Sociedades en 2016

Las grandes empresas tributaron a un tipo efectivo sobre el resultado contable en el Impuesto de Sociedades del 6,14% en 2016, inferior al 7,54% por el que tributaron en 2015. La cifra publicada por la Agencia Tributaria se produce con el Gobierno de Sánchez intentando elevar la tributación mínima al 15%.

Este es el tipo que pagaron teniendo en cuenta el resultado contable, pero teniendo en cuenta la base imponible los grandes grupos consolidados pagaron un 19,01%, también por debajo del 19,91% del año 2015. En el caso del resto de empresas, el tipo efectivo sobre la base imponible alcanzó el 22,6%, por lo que el conjunto empresarial español pagó un tipo efectivo sobre la base imponible en 2016 del 21,24%.

Por su parte, CEOE estima que las grandes empresas españolas pagan un tipo efectivo del 19,2% en Sociedades, en línea con la presión fiscal por este gravamen en muchos países de la UE.

A su juicio, se usa de “manera incorrecta” el tipo sobre el resultado contable para tratar de medir la presión fiscal de las empresas, ya que el Impuesto de Sociedades se paga sobre la base imponible positiva. Por lo tanto, cree que es más correcto utilizar el otro tipo efectivo sobre base imponible, es decir, aquel que recoge la relación entre cuota y base imponible.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció a principios de julio que el Gobierno pretende “rediseñar” el Impuesto de Sociedades con el fin de que el tipo efectivo de las grandes empresas se acerque al tipo nominal (25%) y fijar una tributación real mínima del 15% para los grandes conglomerados empresariales.

Montero aclaró que el Gobierno aprobará “lo antes posible” un paquete de medidas fiscales que contempla de forma “inminente” la reforma del Impuestos de Sociedades, para fijar un tipo mínimo del 15% a partir del cual no se podrán aplicar deducciones dirigido a “grandes corporaciones” y que no afectará a pequeñas y medianas empresas, y la creación del impuestos a los servicios digitales.

Según la CEOE, elevar el Impuesto sobre Sociedades sin reducir la presión fiscal total que soportan las empresas mediante la reducción de otros tributos, como las cotizaciones sociales, afectará negativamente a las empresas y podría lograrse un efecto contrario al deseado.

El resto de empresas pagaron un tipo efectivo del 15,4% y la media del conjunto de empresas pagó al 10,18% en 2017.

La recaudación tributaria aumentó un 4,1% en 2017, pero fue 7.012 millones inferior a la prevista por el Gobierno de Rajoy

El informe de la AEAT muestra que los ingresos tributarios alcanzaron los 193.951 millones de euros, lo que supone un 4,1% más que el año anterior. No obstante, la recaudación fue 7.012 millones inferior a los 200.963 millones de euros estimados por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, que proyectaba un aumento de los ingresos del 7,9%.

Según el informe, la evolución de los ingresos estuvo condicionada por la introducción del nuevo sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) en el IVA, ya que sin él los ingresos habrían crecido un 6,4%. Esto habría supuesto que la desviación de los ingresos con respecto a lo presupuestado habría sido del 1,4% (2.862 millones).

Asimismo, destaca que las bases imponibles de los principales impuestos crecieron en 2017 un 5,6%, tanto en las ligadas a las rentas como en las vinculadas al gasto, y se alcanzó un nivel próximo al de 2008 y al máximo de 2007.

La otra causa del crecimiento de los ingresos fue el resultado de las declaraciones anuales del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades con las que se liquidó el año 2016.

En concreto, la recaudación por IRPF creció un 6,4%, hasta los 77.038 millones de euros, por el aumento de las rentas brutas (+4,1%) y el positivo comportamiento de la cuota diferencial, si bien fue un 1,3% inferior a lo presupuestado.

Los ingresos tributarios por el Impuesto de Sociedades fueron un 6,8% superiores a los de 2016, al situarse en 23.143 millones de euros, también por debajo de los 24.399 euros previstos por el Ejecutivo en la ley de Presupuestos.

En el caso de la recaudación por IVA, ésta se elevó un 1,3%, hasta los 63.647 millones de euros, por debajo de los 67.463 millones contemplados en las cuentas públicas de 2017.

Por último, los ingresos por impuestos especiales aumentaron un 2,2%, hasta los 20.308 millones de euros, por el crecimiento de los consumos, la subida de tipos en alcohol y tabaco, y el ingreso en 2017 de los últimos devengos de 2016 en estos dos últimos impuestos.

Fuente: Euroa Press

El Gobierno adapta el Reglamento europeo de Protección de Datos a la normativa española

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, un Real Decreto-ley con medidas urgentes para adaptar el Derecho español al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), norma de la Unión Europea que al entrar en vigor el pasado 25 de mayo impuso importantes modificaciones en la legislación interna, cambios que fueron incorporados a un proyecto de ley orgánica que todavía no ha superado su tramitación parlamentaria.

La entrada en vigor del RGPD provocó, por tanto, un vacío legal que dificulta su aplicación en España, lo que podría dejar desprotegido el derecho fundamental de los ciudadanos a su privacidad. “Por eso era imprescindible y urgente la adopción de una norma con rango de ley que permita la adaptación del Derecho español al reglamento europeo en algunas cuestiones cuya regulación no está reservada a ley orgánica”, aseguran fuentes del Ministerio de Justicia. El Real Decreto-ley aprobado este viernes realiza dicha adaptación y tendrá vigencia sólo hasta el momento en el que las Cortes aprueben el proyecto de ley cuya tramitación parlamentaria sigue pendiente.

El Real Decreto-ley regula aspectos relacionados con la inspección, el régimen sancionador y el procedimiento de instrucción que son relevantes para la garantía efectiva del derecho a la protección de los datos personales, dado que aportan la seguridad jurídica necesaria sin cuya existencia el modelo europeo de supervisión queda debilitado y, con él, las opciones de los ciudadanos de hacer valer su privacidad.

En este sentido, el Real Decreto-ley fija cuál es el personal competente para realizar las labores de investigación previstas en el RGPD y regula el modo en que podrán desarrollar su actividad de inspección. Asimismo, determina el régimen aplicable al personal de las autoridades de supervisión de otros Estados miembros de la Unión Europea que participen en actuaciones conjuntas de investigación.

Régimen sancionador

El reglamento europeo establece un régimen sancionador aplicable en España, pero no regula cuestiones tan esenciales como los plazos de prescripción o las sanciones, al considerar que deben fijarse en el ordenamiento interno de los Estados. Esos dos factores son básicos para garantizar la seguridad jurídica de los procedimientos abiertos y proteger de manera efectiva los derechos de los ciudadanos.

De no acometer cuanto antes su regulación, sería muy complicado aplicar el régimen sancionador, lo que también debilitaría el sistema de protección de datos y generaría el riesgo de que la Comisión Europea estudiase emprender acciones contra España por incumplimiento de su reglamento general.

El Real Decreto-ley asume el novedoso régimen sancionador del RGPD y reemplaza los tipos infractores previstos en la todavía vigente Ley Orgánica 15/1999. Y ratifica el régimen actual en cuanto a la duración de los procedimientos sancionadores, que será de seis meses, aunque podrán incluir actuaciones previas de investigación durante un plazo máximo de doce meses.

En cuanto a la prescripción de las sanciones, el Real Decreto-ley opta por mantener los mismos tiempos que actualmente establece la Ley Orgánica de Protección de Datos, por lo que fija un plazo de un año para las inferiores a 40.000 euros, dos años para las comprendidas entre 40.000 y 300.000 euros y tres años para las superiores a dicha cuantía. Por otra parte, el reglamento crea un procedimiento de cooperación entre los países de la Unión Europea en los supuestos de tratamientos denominados transfronterizos, con la participación de todas las autoridades implicadas, pero no regula el modo en que el Derecho interno de los Estados habrá de verse afectado como consecuencia de los trámites previstos en la propia norma europea para estos procedimientos.

Procedimientos transfronterizos

La aplicación del RGPD exige en muchos casos recabar el criterio de las autoridades de protección de datos de otros Estados miembros de la Unión Europea para actuar de forma coordinada en aquellos supuestos que afecten a varios países.

Según los datos de la Agencia Española de Protección de Datos, en las dos primeras semanas de aplicación del RGPD se abrieron 17 procedimientos transnacionales referidos, sobre todo, al ejercicio del derecho al olvido, el tratamiento de datos o la política de privacidad y los términos de servicio de grandes entidades tecnológicas. Dichos expedientes tienen un potencial impacto en millones de ciudadanos europeos. Las autoridades de protección de datos de la UE estiman que el número de estos procedimientos transfronterizos podría situarse entre 13.000 a 16.000 al año.

Según Justicia, “era necesario incorporar a la normativa española las especificidades de estos procedimientos transfronterizos y prever aspectos como su suspensión o la interrupción de los plazos de prescripción mientras las autoridades correspondientes revisan dichos procedimientos”.

El reglamento europeo distingue en la práctica tres tipos de tratamientos a los que aplica distintas normas procedimentales: los tratamientos transfronterizos, los transfronterizos con relevancia local en un Estado miembro y aquéllos exclusivamente nacionales. En el caso de los dos primeros supuestos, la regulación europea establece la obligación de que la autoridad principal someta los distintos proyectos de decisión a las restantes autoridades, que dispondrán de plazos tasados para la emisión de “observaciones pertinentes motivadas”, y prevé el sometimiento de la resolución al Comité Europeo de Protección de Datos en caso de no alcanzarse un acuerdo entre todas ellas.

Justicia asegura que todo ello imponía la necesidad de incorporar al procedimiento por presuntas infracciones fases específicas como la admisión a trámite de las reclamaciones o la posibilidad de archivo provisional del expediente en los supuestos en que la Agencia Española de Protección de Datos no tramite la reclamación, pero pueda tener que resolver sobre la misma.

El Real Decreto-ley incluye la previsión de suspender los procedimientos cuando sea necesario recabar el parecer de las autoridades de otros Estados europeos. “De no hacerlo así, esos expedientes podrían caducar, con las consecuencias negativas que ello conlleva no sólo respecto de la aplicación en España del reglamento europeo, sino para la garantía del derecho fundamental de los ciudadanos europeos en su conjunto a su privacidad en aquellos casos en que la Agencia Española de Protección de Datos tuviera la condición de autoridad de control principal”, sostienen fuentes del Minsiterio de Justicia.

Fuente: El Economista.es