El Tribunal Constitucional anula la norma para calcular la pensión del trabajo a tiempo parcial

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado nulo el precepto presente en la Ley General de la Seguridad Social que calcula la pensión del trabajo a tiempo parcial, al establecer que crea una desigualdad en el cálculo de la base reguladora con respecto a los trabajadores a tiempo completo. Este hecho, además, es «discriminatorio para la mujer», ya que, según datos oficiales, ocupa el 70 % de estos empleos.

En una sentencia conocida este miércoles, el Pleno del Alto Tribunal estima una cuestión interna de inconstitucionalidad, y declara nulo el precepto que regula la cuantía de las pensiones que reciben los trabajadores a tiempo parcial por vulnerar éste el derecho a la igualdad.

Para el Constitucional, «no resulta justificado que se establezca una diferencia de trato entre trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial» respecto a la reducción adicional de la base reguladora mediante un porcentaje derivado de un «coeficiente de parcialidad» que reduce el número efectivo de días cotizados.

Para el tribunal, el inciso ahora anulado, incluido en la Ley General de la Seguridad Social, no sólo deja en situación de desigualdad a los empleados a tiempo parcial, sino que además «constituye una discriminación indirecta por razón del sexo», ya que «estadísticamente» la mayor parte de ellos son mujeres.

Según la resolución, dicho precepto obvia los requisitos de «justificación objetiva y razonable» al establecer diferencias entre los trabajadores; no obstante, señala que la declaración de nulidad no afectará a los conflictos individuales en los que ya exista sentencia firme.

El TJUE ya se pronunció en contra

Hace dos meses, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya dictó una sentencia en la que consideraba que una medida que implica una reducción del importe de una pensión de jubilación de un trabajador en una proporción mayor a la que corresponde por sus períodos de ocupación a tiempo parcial no puede considerarse objetivamente justificada por el hecho de que sea «la contraprestación de una prestación de trabajo de menor entidad».

Aunque el tribunal europeo remitía la decisión en aquel caso sobre la posible discriminación por género al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sí apuntaban que la normativa nacional colocaba a las mujeres en una posición menos ventajosa que la de los hombres. 

Ya entonces señalaba que la base reguladora aplicada para el cálculo de la pensión de los trabajadores que trabajan menos de dos tercios de la jornada de un trabajador a tiempo completo es proporcionalmente inferior a la base reguladora de los trabajadores a tiempo completo.

«Esta legislación tiene en la mayoría de los casos efectos desfavorables para los trabajadores a tiempo parcial respecto de los trabajadores a tiempo completo», señala el TJUE.

«Estos trabajadores, que representan el 65 por ciento de los trabajadores a tiempo parcial, sufren una desventaja como consecuencia de la aplicación de dicho porcentaje», subraya el Tribunal de Luxemburgo. «Aplicar adicionalmente un coeficiente de parcialidad relativo al trabajo a tiempo parcial va más allá de lo necesario para salvaguardar el sistema de seguridad social de tipo contributivo», concluye.

Fuente: Economista.es

Elecciones Generales – Permisos Laborales para Votar

¿Qué y cómo se articulan los Permisos laborales para votar los trabajadores con jornada de trabajo efectiva durante las elecciones 2019?

Si bien es cierto que las jornadas electorales en nuestro país se celebran en domingo, existen algunos sectores hostelería, comercio, fábricas de producción intensiva que se ven abocados a trabajar en dicha jornada y les puede surgir dudas en relación a los permisos regulados por nuestra normativa para el ejercicio del derecho al voto en las futuras elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado del 28 de abril, así como las posteriores elecciones locales, autonómicas y europeas del 26 de mayo.

En este sentido debemos partir de la idea de que acudir a votar o formar parte de una mesa electoral son deberes inexcusables de carácter público, y que el hecho de tener trabajo ese día no son excusas admisibles para prohibir el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber. Igualmente recordarles que no se puede obligar a nadie a votar por correo aunque exista dicha posibilidad si el trabajador ciudadano no ha ejercido en plazo la opción o incluso la ha rechazado de antemano.

La empresa deberá cumplir el papel que la normativa electoral le ha reservado, concediendo los permisos retribuidos que sean necesarios para que su plantilla pueda ejercer, tanto su derecho al voto (de forma presencial o por correo), como atender las mesas electorales si así les ha tocado por sorteo e incluso actuar voluntariamente como apoderados o interventores de las formaciones políticas que se presentan. Leer más

Las reclamaciones de deuda de Hacienda pueden quedar sin efecto si no avisa por e-mail

Un tribunal admite recurrir fuera de plazo un aviso que no fue alertado por correo electrónico

Las notificaciones y reclamaciones tributarias que remite Hacienda a los contribuyentes pueden quedar sin efectos si la administración rompe el hábito adquirido de avisar al interesado mediante el envío de un correo electrónico de alerta. Así lo acaba de dictaminar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un fallo que promete dar un margen de actuación adicional a miles de contribuyentes a los que la Agencia Tributaria les haya impuesto cargas sin notificarlo debidamente.

El fallo judicial versa sobre un buzón virtual oficial del que Hacienda se sirve a menudo para remitir a los contribuyentes sus notificaciones. Se trata de la llamada Dirección Electrónica Habilitada (DEH), que es de obligado uso para determinados colectivos, fundamentalmente empresas. Una vez depositadas en el DEH, estas comunicaciones se tienen por notificadas al contribuyente en el plazo de 10 días, aunque este no haya accedido en ese tiempo al buzón virtual.

Para dar garantías adicionales, la administración permite a los interesados inscribir también un correo electrónico al que se remite un aviso cuando haya nuevas notificaciones en el DEH. Hacienda venía defendiendo que no está obligada a realizar esta comunicación adicional por lo que si el sistema falla y el aviso no se envía al correo del contribuyente, la notificación se daba por válida pasados los citados 10 días, limitando, por ejemplo, el plazo efectivo para recurrir.

Recientemente además, el Tribunal Constitucionalha declarado, con relación a las notificaciones remitidas por Lexnet, que la falta de remisión del correo electrónico no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. Y ahí es donde entra en juego la reciente sentencia del alto tribunal de Cataluña

La sentencia afecta a una empresa constructora a la que Hacienda remitió una reclamación económico–administrativa a través del DEH en mayo de 2015 exigiéndole un pago correspondiente a la liquidación del impuesto de Sociedades del ejercicio 2011, pero sin avisarle por mail como solía.

El tribunal ha dictaminado que aunque Hacienda no tenga la obligación de remitir un correo electrónico al contribuyente advirtiéndole de que hay una notificación tributaria pendiente de revisión en el DEH, el hecho de que haya venido enviándolo con regularidad en ocasiones anteriores sí le compromete a seguir haciéndolo en virtud del “principio de confianza legítima”, que también defiende el Constitucional.

“Esa confianza legítima motivó que el obligado no entrara en su buzón electrónico, a la vista de que no había recibido un aviso en su dirección de correo, como siempre había ocurrido hasta ese momento. Es decir, era una actitud esperable en el obligado tributario, sin que pueda tildarse de negligente la falta de acceso a su buzón”, explica el abogado José María Salcedo, socio del bufete Ático Jurídico.

Como consecuencia del fallo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña permite a la empresa presentar un recurso, sobre 28.231 euros de la deuda reclamada, que el Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) se había negado a admitir alegando que estaba ya fuera de plazo para hacerlo.

Fuente: CincoDías


No olviden seguir usando sus vales guardería, la DGT confirma su compatibilidad con la nueva deducción por gastos de guardería

Mucho se ha escrito durante las últimas semanas acerca de la nueva deducción por gastos de guardería. Este nuevo beneficio, aprobado por la Ley de Presupuestos de 2018, permite a las madres trabajadoras que tengan gastos por guardería incrementar hasta un máximo de 1.000 euros la ya existente deducción por maternidad.

Aunque se trata de una medida aparentemente sencilla, la realidad es que esta deducción ha suscitado abundante debate y controversia. Y, especialmente, ante la llegada del plazo de presentación del nuevo modelo 233 que impone a las guarderías (no a los padres) la obligación de informar del importe de gasto por guardería satisfecho en el ejercicio 2018.

Entre los temas que han suscitado más polémica a este respecto se encuentra el de la compatibilidad de esta nueva deducción con la utilización de los vales guardería. Y ello, porque la redacción de la nueva deducción establece que los gastos satisfechos en guardería no podrán tener la consideración de rendimientos del trabajo exentos, consideración que, con carácter general, merecen los vales de guardería.

Ante tanto revuelo, y puesto que era necesario determinar en qué medida la deducción era compatible o no con la utilización de vales guardería, la DGT ha emitido una consulta vinculante en la que se establece un régimen de compatibilidad casi total. Y decimos casi porque, evidentemente, lo que en ningún caso puede admitirse es que el importe de gasto de guardería que se beneficia de la deducción quede asimismo exento.

¿En qué consiste por tanto este régimen de compatibilidad confirmado por la DGT?

Por un lado, en que se permita seguir aplicando la exención de los vales guardería por el importe que exceda de la deducción. De esta forma, si, por ejemplo, el importe de la deducción asciende a 1.000 euros y el importe anual de guardería es de 2.500 euros anuales, la cantidad de 1.500 euros podrá seguir beneficiándose de la exención por pago mediante vales guardería.

Por otro lado, la DGT ha confirmado que no es necesario para poder beneficiarse de la deducción que se sustituya el pago del gasto de guardería mediante vales guardería por un pago dinerario. Si el importe de los vales guardería equivalente a la deducción es considerado como una retribución dineraria ordinaria no exenta sujeta a retención, podrán simultanearse ambas medidas (deducción y utilización de los vales guardería) no solo por el exceso de la deducción, sino por el total del gasto. De este modo, si la deducción asciende a 1.000 euros y el importe anual de guardería es de 2.500 euros anuales, podrá seguir realizándose el pago mediante vales guardería por el total de 2.500 euros, siempre y cuando los 1.000 euros que coinciden con el importe de la deducción se consideren no como una retribución en especie, sino como una mediación en el pago (sujeta y no exenta de tributación).

Si bien este doble tratamiento del vale guardería como mediación en el pago (renta sujeta) y retribución en especie (renta exenta) podría plantear algunas cuestiones de complejidad práctica de cara a los usuarios de estos vales, la Administración ya ha resuelto internamente cómo obtener esta información de los contribuyentes.

Así, a finales de 2018 se aprobó una modificación del modelo 190 (resumen anual de retenciones de IRPF) que, entre otras cuestiones, añadía una nueva clave de identificación en el caso de entrega a los trabajadores de vales guardería exentos del IRPF. Con la información que las guarderías reporten en el modelo 233 y la que las empresas empleadoras consignen en el nuevo modelo 190, la Administración tendrá un control absoluto de qué madres van a poder beneficiarse de la deducción.

Valoramos muy positivamente este pronunciamiento y consideramos que llega justo en el momento en el que tanto madres, como guarderías, empresas y emisores de vales guardería vivían con incertidumbre cómo articular el pago de guarderías para este ejercicio 2019.

Parece, por tanto, que las dudas acerca de la compatibilidad de la nueva deducción por gastos de guardería y vales guardería ha quedado resuelta. Esperemos que este pronunciamiento de la DGT ayude a conseguir que este beneficio para las madres trabajadoras que llevan a sus hijos a la guardería potencie la aplicación de la deducción y, efectivamente, sea un paso más en el avance de la sociedad en un asunto tan relevante como lo es la política familiar.

Fuente: Expansión

Hacienda pierde ante la justicia el 50% de los pleitos que plantea el contribuyente

Los asesores fiscales denuncian el ‘gatillo fácil’ de la Agencia Tributaria y advierten de que hay más de 300.000 asuntos pendientes de resolución.

Cuando la Agencia Tributaria presenta los datos correspondientes a los resultados de la lucha contra el fraude, que últimamente viene arrojando unos 15.000 millones de recaudación extra al año, omite un dato esencial. Muchas de esas actas de liquidación que se levantan a los contribuyentes decaen tiempo después en los tribunales porque se basaban en presupuestos no acordes a la ley.

La Asociación Española de Asesores Fiscales ha denunciado este jueves que los contribuyentes ganan el 50% de los pulsos que echan a Hacienda en los tribunales. Y no son pocos. Los últimos datos indican que hay 300.000 asuntos fiscales pendientes de resolución en las diferentes instancias judiciales.

«Hacienda pierde el 40% de los litigios en la instancia económico-administrativa y una tercera parte de los casos que superan esa criba se fallan a favor de los contribuyentes en instancia judicial», ha explicado Javier Gómez Taboada, asesor fiscal y responsable del área de estudios de Aedaf.

Para el presidente de la organización, José Ignacio Alemany, el dato es heredero de la situación de grave inseguridad jurídica que se vive en el ámbito fiscal, alimentada por una hiperproducción de normas fiscales – Aedaf ha detectado épocas de norma tributaria aprobada por semana- y el espíritu combativo de la Agencia Tributaria frente a los contribuyentes, que se concreta en la resolución por la vía de la sanción de las discrepancias fiscales que surgen en su relación con los contribuyentes. «Creemos que la sociedad española no es consciente de cómo está siendo vapuleada en términos tributarios».

Las críticas de los asesores se centran en la inestabilidad del marco fiscal, en la aplicación punitiva de criterios intuitivos o pseudo-morales en la aplicación de las normas fiscales y en una política fiscal que «se ha convertido en una suerte de ariete ideológico utilizado con fines electoralistas y recaudatorios».

Resolviendo los casos de los 90

Un cóctel al que se agrega la falta de especialización de los tribunales en la resolución de muchos de los casos que deben analizar y la exasperante lentitud en resolver. Los asesores fiscales ilustran la situación con una reciente sentencia de la Audiencia Nacional que ha resuelto un litigio sobre el ejercicio fiscal de 1996.

Aedaf reclama la creación de tribunales específicos en materia fiscal con jueces especializados en materia tributaria no solo para desembalsar los cientos de miles de asuntos pendientes de resolución -una acumulación, recuerdan, que no es ajena a la combatividad del Fisco español- y proporcionar certidumbre y seguridad jurídica a los agentes económicos.

También reivindican la habilitación de canales de mediación y arbitraje independientes para impedir que todas las discrepancias entre contribuyentes y Hacienda Pública terminen en los tribunales.

Fuente: Bruno Pérez