LOTERIA DE NAVIDAD Y EL LOBO

Como todos lo años por estas fechas, casi todos los periodicos, televisiones e inclusos blogs de economia o tributacion, hacen alguna mencion o detalle sobre la tributacion que tendria usted si por alguna casualidad divina, fuese el agraciado del «Gordo de Navidad». Evidentemente, nosotros no ibamos a ser menos, y para no defraudar a nuestro querido publico, haremos lo que el resto de mortales, aunque intentando que, dichos comentarios, no les resten empeño en comprar loteria de navidad simplemente por tener que dejar un poquito de dicho premio en las arcas publicas del Estado, todo sea dicho, bastante necesitado. Leer más

COCTEL MOLOTOV, O COMO PONERSE A LOS PIES DE LOS CABALLOS

Contratos temporales, falseo del cuadrante del registro horario, amenazas de despido; en definitiva, un cumulo de barbaridades que han llevado a que un juzgado de lo Social de Ciudad Real en su fallo, obliga a una empresa a compensar con 1.090 euros a una trabajadora o readmitirla, además de abonarle el salario que no disfrutó desde el cese, en este caso el juez estima que pese a tener un contrato temporal que finalizaba en la fecha del cese, la indemnización por despido debe calcularse a tiempo completo, ya que  la empresa obligaba a sus trabajadores a rellenar sus registros horarios en jornada parcial, cuando en realidad trabajaban a tiempo completo. Leer más

El Supremo abre la puerta a una oleada de demandas de autónomos y pymes por el SII

Una sentencia del alto tribunal anula el plazo que se dio para renunciar al nuevo sistema de gestión del IVA

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La planificación financiera es vital para la liquidez y supervivencia de las empresas. La agenda de las compañías está fuertemente condicionada por los impuestos a los que tiene que hacer frente. El más presente en su día a día es el IVA, un impuesto que obliga a las entidades a mantener un continuo flujo de activos e información con la Agencia Tributaria. Cualquier modificación en el régimen de aplicación del impuesto obliga a una adaptación, y puede motivar decisiones estratégicas de las entidades. Pues bien, una reciente sentencia del Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso Cinco Días, abre la puerta a una oleada de reclamaciones de miles de autónomos y empresas (sociedades y grupos) por los daños y perjuicios causados por el Estado, que creó unas expectativas que ahora se ven frustradas tras el fallo.

El pasado mes de julio, la Sala de lo Contencioso del alto tribunal dictó una resolución (cuyo texto puede consultar aquí) que declaró nulo de pleno derecho el Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo, por el que se introdujo cierto régimen transitorio para 2017 en materia de IVA. La normativa, anulada por defectos formales, vino a posibilitar para determinados contribuyentes, a excepción de las grandes empresas, la renuncia al nuevo modelo de gestión: el llamado Suministro Inmediato de Información del IVA (SII), introducido en diciembre de 2016. El reglamento de 2017 ampliaba el plazo, hasta julio de ese año, para que las sociedades y autónomos pudieran rechazar el SII. Su entrada en vigor había cogido por sorpresa y sin margen de maniobra a muchos contribuyentes. Quedar excluido del nuevo sistema informatizado suponía, por otro lado, renunciar a los regímenes especiales que otorgaban una serie de ventajas a las compañías

La declaración de nulidad del citado real decreto supone que dicho plazo nunca existió y, por tanto, las renuncias formalizadas no han sido válidas. Como consecuencia, estos empresarios han quedado incluidos automáticamente en el SII en los ejercicios 2017, 2018 y 2019, con todo lo que ello comporta.

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Como explica Miguel Caamaño, letrado del asunto y abogado en Caamaño, Concheiro & Seoane (CCS Abogados), muchos empresarios, autónomos, sociedades y grupos de empresas, se vieron obligados a renunciar a sus regímenes especiales (que les ofrecían opciones para generar o bien un importante ahorro fiscal o la disponibilidad de recursos financiaros) ante la inminente entrada en vigor del nuevo sistema, que implicaba unos cambios organizativos y técnicos para los que no estaban preparadas. Ente otras modificaciones, señala el abogado, las empresas debían tener sobre alimentados sus servidores para suministrar información continua a través de la sede electrónica de la AEAT.

A título de ejemplo, apunta Caamaño, muchos empresarios causaron baja por efecto del Real Decreto 529/2017 en el Régimen de Devolución mensual (REDEME) y otros quedaron excluidos nada menos que del régimen especial del grupo de entidades del IVA.

Uno de los efectos más importantes de la sentencia del Tribunal Supremo, subraya Caamaño, es la posibilidad de que autónomos, sociedades y grupos de empresas reclamen los daños y perjuicios colaterales sufridos. La mayor trascendencia de la sentencia, explica el letrado, estriba en la responsabilidad patrimonial del Estado, “que deberá de hacer frente, previa demanda, a una importante cantidad para indemnizar a miles de contribuyentes españoles (autónomos, sociedades mercantiles y grupos)”. Son pérdidas cuantificables y demostrables, opina el experto fiscalista, por la renuncia a unos regímenes sobre la base de una norma estatal que ha sido declarada nula de pleno derecho. Pérdida de oportunidades, problemas de liquidez y otras decisiones han afectado a la caja de estos contribuyentes, que ahora pueden unirse en plataformas de afectados para reclamar al Estado

Fuente: CincoDías.

Aclaración oficial: ¿es el coworking un gasto deducible?

El uso de espacios de trabajo compartidos se han convertido en una opción muy utilizada por pymes y autónomos. ¿Son deducibles?

Los espacios de coworking se han convertido en una opción recurrente para que pymes y autónomos desempeñen su actividad. Es un gasto aparentemente relacionado con la actividad por lo que, en principio, cabe pensar que sería deducible. Hemos querido confirmarlo, acudiendo a alguna de las dudas planteadas a Hacienda mediante la Dirección General de Tributos, encontrando respuesta oficial al tema. Aunque en principio sí se puede considerar como tal, es necesario establecer ciertos puntos clave para no cometer errores fiscales.

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¿Computa el coworking como gasto?

Para dar respuesta a la cuestión encontramos la Resolución Vinculante V0656-19 de la D.G.T. En ella, se explica que para determinar el rendimiento neto de las actividades económicas debe tomarse como referencia las normas del impuesto sobre sociedades. En este caso, al tratase de una actividad en estimación directa, la deducibilidad de los gastos se condiciona por el principio de correlación con los ingresos.

De tal forma que si se acredita que se han ocasionado en el ejercicio de la actividad sí serían deducibles estos gastos, mientras que cuando no exista esta vinculación o no esté debidamente probada y justificada, no podrán someterse a una deducción fiscal.

En el caso de esta consulta, que es el alquiler de un espacio de coworking, sí sería deducible este gasto, puesto que justificó correctamente que se utilizó para desarrollar su actividad económica.

No obstante, este organismo también recuerda que sin perjuicio de lo anterior, la deducibilidad de un gasto está condicionado a su justificación mediante la factura normal o simplificada. También será necesario contabilizarlo en el libro-registro que obligatoriamente debe tener al día esta profesional. Es importante destacar que este caso concreto se refiere a una contribuyente en estimación directa, determinando la resolución dada por la DGT como vinculante y a tener en cuenta en próximos casos y circunstancias que se den con estas mismas bases.

Fuente: Diario Cinco días.

El Tribunal Constitucional anula la norma para calcular la pensión del trabajo a tiempo parcial

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado nulo el precepto presente en la Ley General de la Seguridad Social que calcula la pensión del trabajo a tiempo parcial, al establecer que crea una desigualdad en el cálculo de la base reguladora con respecto a los trabajadores a tiempo completo. Este hecho, además, es «discriminatorio para la mujer», ya que, según datos oficiales, ocupa el 70 % de estos empleos.

En una sentencia conocida este miércoles, el Pleno del Alto Tribunal estima una cuestión interna de inconstitucionalidad, y declara nulo el precepto que regula la cuantía de las pensiones que reciben los trabajadores a tiempo parcial por vulnerar éste el derecho a la igualdad.

Para el Constitucional, «no resulta justificado que se establezca una diferencia de trato entre trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial» respecto a la reducción adicional de la base reguladora mediante un porcentaje derivado de un «coeficiente de parcialidad» que reduce el número efectivo de días cotizados.

Para el tribunal, el inciso ahora anulado, incluido en la Ley General de la Seguridad Social, no sólo deja en situación de desigualdad a los empleados a tiempo parcial, sino que además «constituye una discriminación indirecta por razón del sexo», ya que «estadísticamente» la mayor parte de ellos son mujeres.

Según la resolución, dicho precepto obvia los requisitos de «justificación objetiva y razonable» al establecer diferencias entre los trabajadores; no obstante, señala que la declaración de nulidad no afectará a los conflictos individuales en los que ya exista sentencia firme.

El TJUE ya se pronunció en contra

Hace dos meses, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya dictó una sentencia en la que consideraba que una medida que implica una reducción del importe de una pensión de jubilación de un trabajador en una proporción mayor a la que corresponde por sus períodos de ocupación a tiempo parcial no puede considerarse objetivamente justificada por el hecho de que sea «la contraprestación de una prestación de trabajo de menor entidad».

Aunque el tribunal europeo remitía la decisión en aquel caso sobre la posible discriminación por género al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sí apuntaban que la normativa nacional colocaba a las mujeres en una posición menos ventajosa que la de los hombres. 

Ya entonces señalaba que la base reguladora aplicada para el cálculo de la pensión de los trabajadores que trabajan menos de dos tercios de la jornada de un trabajador a tiempo completo es proporcionalmente inferior a la base reguladora de los trabajadores a tiempo completo.

«Esta legislación tiene en la mayoría de los casos efectos desfavorables para los trabajadores a tiempo parcial respecto de los trabajadores a tiempo completo», señala el TJUE.

«Estos trabajadores, que representan el 65 por ciento de los trabajadores a tiempo parcial, sufren una desventaja como consecuencia de la aplicación de dicho porcentaje», subraya el Tribunal de Luxemburgo. «Aplicar adicionalmente un coeficiente de parcialidad relativo al trabajo a tiempo parcial va más allá de lo necesario para salvaguardar el sistema de seguridad social de tipo contributivo», concluye.

Fuente: Economista.es