El pasado 3 de abril fue presentado por el Gobierno en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012. No exento de críticas por los diferentes partidos políticos con representación en la Cámara Baja, fija una reducción del déficit de la Administración central de 17.800 millones de euros así como eleva los ingresos por vía tributaria en 12.324 millones de euros.
El gasto de los Ministerios se reduce en un 16,9% y se limitan las ayudas procedentes de diferentes carteras.
Se introducen en la partida de ingresos, nuevas medidas fiscales que según el Proyecto aumentará la recaudación: el Impuesto de Sociedades en 5.350 millones de euros; el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 4.100 millones de euros tras el incremento de tipos que se llevó a cabo en febrero; y 2.500 millones de euros a través de gravámenes especiales.
Para ello, en el Impuesto de Sociedades, se limita la deducibilidad del Fondo de Comercio y de los gastos financieros; se elimina la libertad de amortización en determinadas circunstancias; se implanta un programa especial de regulación de activos ocultos con medidas como la aplicación de un gravamen especial del 8% para la repatriación de dividendos o incentivar la declaración de los activos.
