El comité de expertos no logra un acuerdo sobre el factor de sostenibilidad de la Seguridad Social

El grupo de expertos al que el Ejecutivo encargó la realización de un informe sobre la reforma del sistema de pensiones, que debería haber alcanzado ayer, última reunión que en principio tenía prevista, un consenso para presentar su trabajo, tuvo que darse más plazo para lograrlo ante la falta de acuerdo, acordando reunirse de nuevo, sin fijar una fecha pero en todo caso esta semana, por concluir el plazo que les dio el Gobierno.

Seguridad Social

Al parecer el grupo se divide entre una mayoría de nueve miembros, que comparte la opinión inicial de Presidencia relativa a que el sistema público de pensiones no tiene asegurado el equilibrio presupuestario, y una minoría formada por Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada; José Luis Tortuero, catedrático de Derecho del Trabajo (ambos propuestos por el PSOE), y Miguel Ángel Tortuero, que dirige el gabinete de estudios de CCOO, que sostienen —al menos los dos primeros— que la reforma no es una necesidad inmediata y que habría que evaluar primero cómo funciona la reforma de 2011 que retrasa (de forma paulatina hasta 2027) la edad de jubilación ordinaria hasta los 67 años.

En cuanto al principal objeto de la reforma, el factor de sostenibilidad, grupo mayoritario defiende una doble fórmula: una que calcule las nuevas pensiones tomando en cuenta la esperanza de vida y otra que vincule la actualización anual de las pensiones a la situación de las cuentas de la Seguridad Social en lugar de al IPC como en la actualidad.

Para la minoría de tres expertos citada, proponer esta doble vía excede el alcance del grupo de expertos, puesto que la reforma de 2011, que introduce el factor de sostenibilidad, establece que éste debe consistir en una fórmula que relacione el cálculo con la esperanza de vida, mientras que la propuesta mayoritaria añade la vinculación a la situación económica de la Seguridad Social, afectando a los jubilados actuales (aunque es cierto que el informe provisional contempla que “por razones de justicia y prudencia el factor de sostenibilidad debe aplicarse a los jubilados actuales y a los futuros en grados y bajo modalidades distintas”).

El plazo dado por el Ejecutivo para que el grupo de expertos le remita sus conclusiones finaliza esta semana. Cuando se logre cerrar esta fase, existe el compromiso del Ministerio de Empleo  de enviarlo al Pacto de Toledo, a la comisión parlamentaria que negocia la reforma de las pensiones y a los agentes sociales.

Fuente: LEXNOVA