- El Gobierno abordará pronto la reforma de la ley 30/2015 para flexibilizarla
- Fuentes sindicales resaltan que actualmente hay un remanente de 2.500 millones
Los agentes sociales, tanto empresarios como sindicatos, llevan un par de años reclamando la reforma de la Ley 30/2015 por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral por su excesiva rigidez. La exigencia de someter a control posterior las acciones formativas está provocando que el 20% de las cuotas que cada año aportan las empresas para formación queden sin cubrir, según señala Sebastián Pacheco, secretario de Formación de UGT.
Cada ejercicio, las empresas aportan con sus cuotas alrededor de 2.500 millones de euros -varía anualmente, pues depende del número de afiliados a la Seguridad Social-, de los que más o menos quedan si utilizar unos 500 millones. Puesto que la ley establece que estos fondos solo puedan ser empleados para la formación de los empleados, el remanente sube a unos 2.500 millones de euros sin gastar, según denuncia Pacheco.
Año y medio o dos años
En opinión del miembro del Comité Ejecutivo del sindicato, la exigencia de que el 40% de las subvenciones que reciben las empresas o los centros formativos quede en suspenso para ulteriores comprobaciones está en el fondo de que se queden recursos sin utilizar.
La ley 30/2015, aprobada por el Partido Popular, establece que se «podrán» hacer entregas de fondos con carácter previo de la actividad formativa con un máximo del 25% del importe de la subvención concedida. También «podrá» preverse el pago de hasta un 35% adicional una vez acreditado el inicio de la actividad formativa.
Pero, establece que «como mínimo» el 40% del importe concedido se hará efectivo una vez finalizado y «justificado» la actividad formativa subvencionada. Lo que puede significar demoras de año y medio e incluso dos años. «Muchas empresas o centros formativos no pueden asumir semejante coste financiero», lo que redunda en un menor uso de los fondos destinados a formación, dice Pacheco. Según el sindicalista, la primera convocatoria después de la entrada de la ley, la correspondiente a 2016, fue un desastre por la escasa afluencia de peticiones.
Ante esta situación, el Gobierno se ha comprometido a modificar la ley 30/2015 para reducir la burocracia y dotarla de mayor atractivo y flexibilidad. Y lo ha hecho por partida doble, con los compromisos del Ministerio de Educación y del Ministerio de Trabajo, pues con el nuevo Gobierno, el primero ha adquirido competencias en la formación para el empleo en todo lo referente a la cualificación, dejando para el ministerio de Yolanda Díaz la parte referida a los certificados profesionales.
Pacheco resalta que están esperando el borrador de la futuro ley para empezar a negociar las nuevas reglas que han de regir las subvenciones para la formación de los ocupados. Parte del trabajo ya está hecho, pues hace dos años presentaron un informe conjunto los sindicatos con las patronales.
Igualmente, el Ministerio de Educación se ha comprometido a presentar modificaciones de la Ley de Formación Profesional. Todo ello se enmarca en el objetivo del Ejecutivo de Sánchez de impulsar la Formación Profesional, según anunció este verano el presidente en una acto lleno de simbolismo en La Moncloa donde presentó el Plan de Modernización de la FP que está dotado con 1.500 millones de euros.
Tiempo y metodología
Aunque ni el Ministerio de Educación ni el de Trabajo han adelantado las líneas de la reforma de la ley 30/2015 a los agentes sociales, más allá de una mayor flexibilidad a la hora de recibir los fondos de las subvenciones, también abordará cuestiones como el tiempo de la formación, la situación de muchos trabajadores que tienen varios trabajos precarios que no le abren las puertas al reciclaje o la metodología de la teleformación, antes más denostada, pero que cobra vigencia con el teletrabajo.
La formación profesional para el empleo se financia por cuatro vías: la principal proviene de las cuotas de formación profesional, un 0,7% en contingencias comunes 0,6% aportado por la empresa y 0,1% por el trabajadores; aportación del Estado, aportación de las comunidades autónomas y del Fondo Social Europeo (FSE). Según datos de 2016, el 86% de la financiación provino de las cuotas, el 8% de los Presupuestos Generales del Estado y un 5% del FSE.
Según los datos recogidos en la web de la Fundae (heredera del Forcem), responsable de gestionar los fondos para formación, el presupuesto de 2019, con el que se gestiona la formación de este año, es de 2.414 millones de euros, 2.100 millones procedentes de cuotas y 312 de aportaciones del Estado. Es la prórroga del 2018. En 2017, fue algo inferior, 2.405 millones de euros.
Fuente: elEconomista.es
