Hacienda multará con 50.000 euros a los negocios que utilicen ‘caja B’

EL MINISTERIO ESPERA RECAUDAR 2.000 MILLONES CON ESTA MEDIDA.

El anteproyecto de Ley de Medidas de lucha contra el fraude fiscal establece un régimen sancionador con multas “fijas” de 50.000 euros por ejercicio para los autónomos, comercios y empresas que dispongan del ‘software de doble uso’, que permite desviar a una caja B las ventas e ingresos. Además, las empresas que fabriquen o comercialicen este tipo de programas se enfrentarán a sanciones que ascienden a 150.000 euros. Hacienda estima que 200.000 millones de euros se ocultan al fisco a través del ‘software de doble uso’.

Hacienda ha puesto el foco en el fraude de la ‘caja B’ empleada por algunos autónomos, comercios y empresas. El Anteproyecto de Ley (APL) de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal incorpora un nuevo artículo a la Ley General Tributaria que considera infracción “grave” el fabricar, comercializar o emplear el ‘software de doble uso’. Es decir, programas informáticos que permiten desviar a una caja B los ingresos y ventas reales de los negocios, y que se emplea con el objetivo de evadir impuestos (IVA y Sociedades). l Hacienda estima que unos 200.000 millones de euros se ocultan al fisco a través del ‘software de doble uso’

A este respecto, el APL recoge un régimen sancionador con multas de 50.000 euros para quienes, aunque no lo hayan empleado, dispongan de este tipo de sistemas electrónicos que permiten llevar una contabilidad en negro. Sanciones que se aplicarán por cada uno de los ejercicios que hayan transcurrido desde su adquisición. Estas “multas pecuniarias fijas”, tal y como se mencionan en el texto sacado a consulta pública la pasada semana, se elevarán hasta los 150.000 euros en el caso de los fabricantes o comercializadores.

Además, la Ley penalizará con 1.000 euros a los “productores, comercializadores y usuarios”  que no facturen o lleven la contabilidad de sus negocios con programas o sistemas debidamente certificados y garanticen “la integridad, conservación, trazabilidad e inviolabilidad” de los registros contables y su “legilibilidad” por parte de la inspección. Es más, Hacienda va un paso más allá y, en un futuro, podría decidir establecer una serie de requisitos y especificaciones que deberán incorporar las herramientas contables homologadas.

En cuanto al impacto económico de esta medida, las estimaciones del departamento que dirige María Jesús Montero y que han sido trasladadas a Bruselas junto con el Plan Presupuestario, concretan en 2.000 millones de euros la cantidad que se afloraría en concepto de bases imponibles no declaradas. En términos de recaudación ésto supondría 417,9 millones de euros más. De ellos 313,4 millones de euros procederían de las cuotas adicionales de IVAy 104,5 millones de euros del Impuesto de Sociedades.

No obstante, Hacienda reconoce que dichos cálculos son casi arbitrarios. Según aclara la memoria económica “tampoco cabe estimar la repercusión cuantitativa que en términos de mayor recaudación pueda derivarse de las sanciones que se impongan con ocasión de la aplicación del régimen sancionador específico que se fija en consonancia con dicha obligación”. Y es que las cifras anteriores parten de la premisa de que el 1% de los pagos en efectivo de los consumidores -que sumarían 200.000 millones de euros (50% del total)- son ocultados al fisco a través del ‘software de doble uso’.

Asimismo, el efecto de la medida será más disuasorio que recaudatorio “se estima que se va a producir un importante efecto inducido puesto que quienes utilizan este tipo de herramientaspara defraudar verán cómo se incrementa el riesgo fiscal derivado de su comportamiento al fijarse su erradicación como prioridad de la AEAT (Agencia Tributaria) y aumentar el riesgo de denuncias tributarias”, detalla la citada memoria económica.

Una trampa favorecida por las TPV

El uso de la ‘caja B’ no es exclusivo de los grandes patrimonios. La sustitución de las tradicionales cajas registradoras por TPV’s en los años 80 permitió a su vez la digitalización de los libros negros de contabilidad de los negocios.

Este tipo de programas informáticos dan la posibilidad de ocultar las ventas e ingresos reales sin que el cliente tenga consciencia de ello. De hecho el ticket que se entrega al consumidor cumple con todos los requisitos formales. Ahora bien, en los libros oficiales no queda constancia alguna de la operación.

La Agencia Tributaria ha abierto 16 grandes grandes operaciones desde 2013 para luchar contra este fraude. La última, la que se lanzó la pasada semana contra 75 locales de venta de frutas y verduras ubicados en 13 comunidades autónomas y que afectarían a un total de 80 contribuyentes (62 sociedades y 18 personas físicas). Cabe destacar que la restauración es uno de los sectores más vigilado por el uso de la ‘caja B’. De hecho, uno de los casos más sonados fue el del restaurante malagueño Los Mellizos, que en 2013 tuvieron que asumir una sanción de cerca de 3,5 millones de euros por emplear el ‘software de doble uso’. También cabe recordar, la operación Scarpe de 2014 sacó a la luz las prácticas 29 establecimientos del sector del calzado y del textil pertenecientes a 11 sociedades que llegaban a ocultar más del 30% de sus ventas empleando estos programas de actuación contable.

Desde 2014 hasta ahora, según los datos de la AEAT, se habrían levantado casi 17.000 actas de inspección el conjunto de operaciones en las que participan las unidades de auditoría informática habiéndose liquidado cuotas por importe superior a los 1.300 millones de euros. Parte de este importe se correspondería con la ‘caja B’ de los pequeños negocios.

Fuente: Autónomos y emprendedor.es