Hacienda se propone eliminar las rebajas a herencias que beneficiaron a 161.000 gallego

La ministra quiere establecer un tipo fijo para todas las comunidades ► La recaudación de la Xunta tras la exención fiscal para legados inferiores a 400.000 euros cayó un 20%.

Hacienda se propone tumbar la reforma fiscal de la Xunta que se exime del impuesto de Sucesiones a las herencias que no superen los 400.000 euros -solo en línea ascendente o descendente (padres, hijos o cónyuges)-. Desde la entrada en vigor de las rebajas fiscales en Galicia en enero de 2016, casi 161.000 contribuyentes gallegos no tributaron por Sucesiones o Donaciones -casi 63.000 el primer ejercicio y más de 98.000 el año pasado-, según datos facilitados por la Consellería de Facenda.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha rescatado el informe del comité de sabios sobre la financiación autonómica encargado por el departamento dirigido por Cristóbal Montoro durante la pasada legislatura y se ha quedado con algunas de las propuestas de los expertos. Entre ellas, la eliminación de bonificaciones para los herederos con un mínimo común de tributación para así evitar la actual brecha fiscal entre comunidades.

La nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, será la encargada de llevar hoy al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la reimplantación del impuesto de Sucesiones en toda España. Cuando era consejera de Hacienda en el Gobierno de Susana Díaz, Montero llegó a calificar a Madrid como un “paraíso fiscal” por su presión fiscal casi inexistente tras la muerte de un familiar. Pese a las protestas en contra de la factura fiscal que acarrea aceptar un testamento en Andalucía, la Junta se negó a bajar el impuesto, manteniéndose en los primeros puestos del ranking de las comunidades con tipos más gravosos para herencias.

El modelo propuesto por Hacienda recoge la aplicación de un mínimo común para todos los herederos (en la actualidad en Galicia, solo se paga por los legados de tíos, primos o hermanos fallecidos o sin parentesco alguno). Aunque comunidades puedan tener la capacidad de cambiar los tipos o las deducciones en el tributo de Sucesiones, deberán ceñirse al tipo mínimo y máximo que fije el Gobierno central.

El caso gallego

Los herederos en Galicia son, junto con madrileños o canarios, los que más sufrirían la nueva tributación que plantea la ministra de Hacienda. Y es que tras varios años en la parte alta del ranking tributario con uno de los impuestos en Sucesiones más gravoso, la reforma fiscal impulsada por la Xunta en 2016 dio un vuelco al mapa fiscal autonómico. De ser la sexta comunidad que más recaudaba por herencias -en 2014 batió récord de ingresos, con más de 250 millones de euros-, Galicia se ha convertido en uno de los territorios donde abrir un testamento en línea ascendente o descendente no supone un carga fiscal para el heredero, ya que los legados inferiores a 400.000 euros -excluida la vivienda habitual del fallecido- están exentos de tributación, lo que afecta al 99% de los herederos. Las previsiones de ingresos para este ejercicio, con una recaudación prevista por herencias de 125 millones, la comunidad gallega pasará al cuarto puesto por la cola, según destacan desde el departamento que dirige Valeriano Martínez, por detrás de Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia.

Durante el primer año de las bonificaciones aprobadas por la Xunta, casi 63.000 contribuyentes gallegos eludieron el impuesto de Sucesiones. Esta exención se tradujo en una merma en los ingresos de Facenda, con 149 millones recaudados en 2016, un 17,2% menos que los 181 millones de 2015. La tendencia se mantuvo a la baja el año pasado, con una factura fiscal de 145 millones, un 20% menos que el ejercicio anterior a la entrada en vigor de las rebajas tributarias y 60 millones por debajo de la media del período 2012-2015, que rondó los 205 millones anuales.

Desde hace ya más de dos años, los herederos mayores de 25 años en Galicia no tributan por cuotas líquidas inferiores a 400.000 euros. A partir de esa cantidad, el contribuyente en línea ascendente o descendente solo tiene que hacer frente al importe que quede por encima de esos 400.000 euros.

Antes de la reforma fiscal de la Xunta, el techo en la comunidad gallega estaba en 125.000 euros, con la particularidad de que si se sobrepasaba esa cuantía tan solo estaban exentos los primeros 18.000 euros. Un ejemplo basta para conocer el alcance entonces el impuesto de Sucesiones en Galicia: la factura fiscal por una herencia de un padre que deja dos pisos y 30.000 euros en el banco ascendía a 27.000 euros frente a los apenas 1.200 euros que tenía que pagar ese mismo contribuyente si residía en Madrid. Desde hace más de dos años, la tributación en Galicia por ese mismo testamento es cero.

Fuente: R.Prieto

Montero abre la vía para armonizar Sucesiones y Donaciones

El Gobierno se prepara para impulsar la armonización del impuesto de Sucesiones y Donaciones entre las comunidades autónomas, uno de los tributos que más peleas suscita entre gobiernos regionales por las diferencias abismales en cuanto a tipos y bonificaciones. Así lo hará saber este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el seno del Consejo de Política Fiscal, después de que el nuevo Ejecutivo haya sugerido en varias ocasiones en privado que desea dar este paso, respaldado con mayor o menor entusiasmo por dirigentes autonómicos socialistas de la talla de Javier Lambán, Emiliano García Page o Susana Díaz.

Montero se servirá, además, del documento que el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hizo llegar a las regiones con los consensos y desacuerdos en materia de financiación autonómica. “Se considera deseable, en línea con lo argumentado por la Comisión de Expertos y respaldado ampliamente en el Comité Técnico Permanente de Evaluación del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se trate de avanzar en la coordinación fiscal entre las CCAA a través del impulso de una armonización de la normativa tributaria”, señala el citado informe, conocido el pasado 22 de mayo.

El de Sucesiones y Donaciones es un tributo cedido al 100% a las autonomías, y el Ejecutivo no pretende en ningún caso imponer una decisión. Tendrá que producirse con suficiente consenso, hecho improbable. Madrid, con las mayores bonificaciones en el tributo, y Canarias, con el gravamen más bajo de toda España, se van a oponer fieramente a renunciar a su capacidad de gestión del mismo.

Por determinar aún, la posición que adopten Andalucía, Extremadura y Aragón , que han rebajado el tributo con intensidad este mismo año y que podrían reclamar la igualdad en el tributo con menor ahínco que hace un tiempo, cuando denunciaban la política “desleal” del Gobierno madrileño.

Hacienda también comunicará este jueves los nuevos límites de deuda y déficit de las autonomías hasta 2021, con la novedad de que el desvío presupuestario del año próximo podrá ser del 0,3%, dos décimas más que antes. El Ejecutivo de Sánchez otorgará así un margen de 2400 millones  con el gasto a las regiones poco antes de las elecciones autonómicas de mayo.

Según informó el martes el departamento de la ministra Montero, el Consejo de Política Fiscal también servirá para informar del techo de gasto de 2019 y para aprobar la propuesta de creación de un grupo de trabajo que aborde la coordinación de la tributación propia regional.

Por último, Montero trasladará a las comunidades los trabajos preparatorios de la futura financiación autonómica.

Fuente: Jose Luis Bajo Benayas

Las grandes empresas tributarán al menos al 15% en un nuevo diseño del Impuesto de Sociedades

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el Congreso que pretende “rediseñar” el Impuesto de Sociedades con el fin de que el tipo efectivo de las grandes empresas se acerque al tipo nominal y fijar una tributación real mínima del 15% para los grandes conglomerados empresariales.

“Eso se llama justicia social y es lo que va a aprobar y por lo que va a apostar el nuevo Gobierno”, ha asegurado Sánchez, durante su comparecencia ante el Pleno, al que ha acudido este martes para exponer las líneas generales de la política que aplicará su Ejecutivo.

FISCALIDAD AMBIENTAL E IMPUESTO FINALISTA PARA PAGAR PENSIONES

Asimismo, Sánchez ha confirmado que el nuevo sistema fiscal tendrá “en cuenta el impacto de las grandes compañías tecnológicas que no pagan impuesto”, incluirá “figuras tributarias” para “desincentivar prácticas que perjudiquen el medioambiente” y un impuesto finalista al sector financiero para pagar las pensiones.

Así, Sánchez ha asegurado que esta “figura impositiva finalista” estará “vinculada al sector financiero” y servirá para complementar las cotizaciones, como vía de ingresos a la Seguridad Social, y contribuirá “a sostener el sistema público de pensiones y la dignidad de las jubilaciones de los mayores”.

LEY PARA EVITAR NUEVAS AMNISTÍAS

Por otro lado, ha avanzado que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude, con la que incluir a los responsables solidarios en la lista de morosos, modificar la lista de paraísos fiscales y asegurar que no vuelva a haber una nueva amnistía fiscal.

Sánchez ha confirmado también que no publicará la lista de personas que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012, como exigió estando en la oposición, justificando tal renuncia a que, al declarar su nulidad, el Tribunal Constitucional “se pronunció expresamente sobre su irretroactividad”.

“Desgraciadamente, no es posible revisar los casos y esa imposibilidad afecta a la publicación de los nombres de las personas que se acogieron a la misma. Desafortunadamente, no podemos modificar un pasado ya sentenciado. Ya me gustaría, créanme”, ha aseverado.

Fuente: Europa Press

¿Que piden los autónomos al gobierno?

 

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) presentará este mismo mes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una batería de nuevas medidas para apoyar la actividad del colectivo . Lo hará por boca de su presidente, Lorenzo Amor, en el primer encuentro del sector con el jefe del Ejecutivo socialista. Estas son las principales reivindicaciones de los trabajadores por cuenta propia.

IVA del 21% al 10%

Reducir el impuesto a sectores como peluquerías, veterinarios y gimnasios. En 2012 vieron subir el tributo desde el 8% al 21%, incremento que les «ha hecho mucho más daño que al cine», sostiene la organización de autónomos.

Impagos

Para aquellos que dilatan los plazos de pago sin justificación económica objetiva, recargos del 5% si el retraso es menor a 30 días, del 10% si es menor de 60 días y del 20% si supera los 60 días. Piden también un buzón de lucha contra la morosidad.

Deducciones

Permitir las deducciones de pagos electrónicos. Fomentar su uso como medio de verificación de gastos deducibles, especialmente en lo relativo a pagos en los que no existe un emisor de tarjeta físico en el momento del gasto ( gasolineras , parking…).

Módulos

Mantener el límite actual de módulos para sectores como el transporte y no reducirlos a la mitad el próximo año. Esto significaría expulsar del sistema a muchos autónomos con bajos ingresos, lo que dañaría #su actividad.

Falsos autónomos

Registro de autónomos económicamente dependientes (Trade). Se tendrán que registrar a través del sistema Red, indicando en cada caso los datos de la empresa o grupo de empresas que suponga al menos el 75% de su facturación.

Segunda oportunidad

Establecer mecanismos que permitan una segunda oportunidad para los autónomos que fracasan y quieren volver a iniciar una actividad, así como medidas que faciliten el relevo generacional y la sucesión empresarial.

Tributación simplificada

Fijar una forma jurídica de tributación simplificada compatible con la asociación de dos o más autónomos, evitando así el mal uso de figuras como cooperativas o las comunidades de bienes para fines no previstos.

Mantener pagos

Mantener el 28 de febrero la presentación del modelo 347 (compras y ventas de más de 3.000 euros) que la Agencia Tributaria quiere adelantar al 31 de enero. Gestores, asesores fiscales y autónomos están en pie de guerra contra el Fisco.

Fuente: Susana Alcelay (ABC)

La Inspección de Trabajo hará visitas nocturnas, en fin de semana y festivos

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizará visitas de inspección en horario especial (horas nocturnas, fin de semana y festivos) para evitar que prolifere el trabajo no declarado, según se recoge en el borrador del Plan Director 2018-2020.

Para llevar a cabo estas visitas, los funcionarios de la Inspección de Trabajo contarán con la colaboración activa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, según el borrador del Plan al que ha tenido acceso Europa Press.

También, continuarán los refuerzos temporales de la inspección tanto en Baleares como en Canarias para incrementar las actuaciones de inspección durante la temporada alta de turismo con el objetivo asegurar que la mano de obra empleada se ajuste a las condiciones establecidas por la norma vigente.

Respecto a los ‘falsos autónomos’, el Gobierno quiere que los inspectores incidan en su control, tanto desde el punto de vista de la planificación de actuaciones como en lo que respecta al número de visitas de inspección. Además, desarrollará campañas de inspección focalizadas a los sectores más afectados por este fenómeno.

El Gobierno pretende poner en marcha en el mes de agosto, en el marco del Plan Director contra la Explotación Laboral 2018-2020, un plan de lucha contra el fraude en la contratación temporal y otro contra los abusos en la contratación a tiempo parcial.

El diseño y ejecución de estos dos planes tiene “muy en cuenta” planes similares que han tenido buenos resultados, como el puesto realizado por el Gobierno de las Islas Baleares.

No obstante, estas no serán las dos únicas iniciativas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez llevará a cabo para erradicar el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, puesto que dentro de este Plan Director se incluyen medidas tanto inmediatas como a medio plazo.

El objetivo del Gobierno, según el borrador del Plan, es estar más presente en los centros de trabajo y utilizar las medidas sancionadoras y correctivas legalmente previstas para disuadir estos comportamientos en las empresas.

Revisión del cuadro de infracciones y sanciones

Además, el Plan pretende que las reformas de la legislación laboral sustantiva que deriven del diálogo político y del diálogo social estén acompañadas también de una revisión del cuadro de infracciones y sanciones de orden social, particularmente de las sanciones.

Esta revisión se hará con carácter general, pero con particular intensidad y agilidad en determinados ámbitos. Según el borrador, es “necesario reforzar las sanciones asociadas a la contratación temporal abusiva, no tanto con un carácter punitivo, sino con la finalidad de garantizar su carácter coercitivo y disuasorio”.

Así, se apuesta por un modelo que establezca un equilibrio adecuado entre el efecto disuasorio de la sanción y el efecto de la actuación inspectora y porque se siga fomentando la conversión de los contratos temporales en indefinidos.

En general, el Gobierno cree que debe ponerse fin a la situación actual en la que las actuaciones inspectoras no llevan aparejada una sanción y solo dan lugar, en la mayoría de los casos, a la conversión de contratos temporales en indefinidos, porque ello “puede conducir a prácticas fraudulentas en determinadas empresas en materia de contratación temporal y desincentivar la realización de contratos indefinidos iniciales para cubrir necesidades permanentes de las empresas”.

Diez grandes medidas contra el fraude

El Plan Director se articula en torno a 10 grandes medidas operativas que velan por luchar contra el abuso y el fraude en la utilización de los contratos temporales, contra los abusos en la contratación a tiempo parcial, los excesos de jornadas y las horas no pagadas o por corregir los incumplimientos en materia salarial y los derivados de la externalización de actividades.

También apuesta por frenar la discriminación de género, sobre todo la retributiva, y el acoso, por impulsar acciones contra la vulneración de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, por reforzar la lucha contra la economía irregular o por afrontar las nuevas modalidades de prestación del trabajo en el ámbito digital.

El plan también recoge medidas para regularizar la situación de los trabajadores que se encuentren bajo la figura del “falso becario”, para reforzar las actuaciones para reducir la siniestralidad laboral y para garantizar los derechos sindicales para luchar contra la explotación laboral.

Para hacer todo esto posible, el Ejecutivo reforzará los medios humanos y materiales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Así, considera que es evidente reforzar las plantillas mediante la realización de ofertas de empleo público para este año y los dos próximos (2019-2020) que superen “notablemente” las realizadas hasta ahora que “apenas han servido para cubrir la tasa de reposición”.

Por ello, el Ejecutivo incluirá un número de plazas de inspectores y subinspectores que se situará por encima del 100% de la tasa de reposición con el objetivo de permitir un incremento “neto y sostenido” de efectivos.

Asimismo, pondrá en marcha el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, constituirá el Consejo Rector del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en septiembre de este año y el Consejo General “inmediatamente después”.

El Gobierno pretende realizar un seguimiento y evaluación del plan a través de la Comisión Permanente del Consejo Rector y de la Comisión Permanente del Consejo General del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Además, se realizará un seguimiento del plan en enero de 2019, con particular atención a los resultados de los planes de choque contra la temporalidad fraudulenta y la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial; en julio de 2019 y en enero de 2020.

Planes de choque

El Gobierno pretende aprobar “de manera inmediata” tanto el plan de choque contra el fraude en la contratación temporal y a tiempo parcial en colaboración con las comunidades autónomas para actuar contra el fraude implantado tanto en estas dos contrataciones.

El objetivo en general de estos dos planes es el de afrontar y regularizar el fraude en estas dos materias y el de generar un efecto disuasorio en aquellos que promueven estos tipos de fraude que producen precarización y posibles situaciones de “explotación laboral”. Además, supondrán un reforzamiento sustancial de las actuaciones inspectoras entre los meses de agosto y diciembre de este año.

Fuente: Cinco Dias